Recomendación del Consejo, de 21 de junio de 2002, sobre las orientaciones generales de política económica para los Estados miembros y la Comunidad.

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 2 de su artículo 99,

Vista la Recomendación de la Comisión,

Visto el debate celebrado por el Consejo Europeo el 21 de junio de 2002 en Sevilla,

Considerando que el Parlamento Europeo ha adoptado una Resolución sobre la Recomendación de la Comisión.

RECOMIENDA LO SIGUIENTE:

ÍNDICE

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I. ORIENTACIONES GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA

1. INTRODUCCIÓN

La Unión Europea dispone de una estrategia de política económica claramente definida y orientada a unas políticas macroeconómicas basadas en la estabilidad y el crecimiento, capaces de responder satisfactoriamente a la evolución económica a corto plazo, y a una mejora de la capacidad a largo plazo que permita un crecimiento duradero, creador de empleo y no inflacionista. Las Orientaciones generales de política económica de 2002 (OGPE) adaptan y actualizan esta estrategia teniendo en cuenta las orientaciones dadas en el Consejo Europeo de Barcelona (15-16 de marzo de 2002), así como la elaboración de la estrategia de desarrollo sostenible. Las Orientaciones se establecen con motivo del examen de la aplicación de las OGPE 2001 y de la evaluación de la situación y las perspectivas económicas expuesta en las Previsiones económicas de primavera del 2002 de la Comisión.

En la sección 2 se resume el contexto económico de las Orientaciones y se abordan los principales desafíos en materia de política económica. En la sección 3 se formulan recomendaciones generales dirigidas a todos los Estados miembros y a la Comunidad. Dentro de la estrategia general, hay algunas variaciones en cuanto a prioridades según los Estados miembros, debido a sus diferencias en resultados, perspectivas económicas o características específicas de estructuras e instituciones. Atendiendo debidamente a todos estos factores, la parte II del documento presenta las orientaciones económicas específicas a cada país.

En consonancia con el permanente intento de aprender de la experiencia con vistas a una coordinación reforzada y en respuesta a la petición del Consejo Europeo de Barcelona en el sentido de racionalizar los procesos correspondientes y centrarse en las acciones encaminadas a la ejecución en lugar de la elaboración anual de orientaciones, es posible que la presentación y la frecuencia de las OGPE cambien a partir de 2003. Por ello, las OGPE de 2002 optan por la continuidad con respecto a la edición del año pasado.

2. PRIORIDADES Y REQUISITOS PRINCIPALES

2.1. Inicio de la recuperación económica

La economía de la Unión Europea se caracterizó en 2001 por una acusada e imprevista deceleración de la actividad económica. Las políticas macroeconómicas se vieron puestas a prueba y se produjo una deceleración en el crecimiento del empleo.

Sin embargo, se observan cada vez más indicios de que la economía se ha estabilizado y empieza a recuperarse. La respuesta de la política económica, los fundamentos sanos, la mejora de la confianza y de la demanda externa, unidos a la disipación del impacto de una serie de sacudidas económicas adversas, han creado la base para esta recuperación. La satisfactoria introducción del euro en 1999 y de los billetes y monedas en 2002 supuso un buen impulso a la estabilidad y la confianza.

Pese a los riesgos de sobreestimación y a la persistente incertidumbre, cabe esperar que la economía de la Unión Europea cobre fuerza hasta alcanzar una tasa de crecimiento cercana o superior al potencial en el segundo semestre de 2002 y en 2003, momento en que deberán aplicarse las recomendaciones de las presentes Orientaciones.

Dado que la evolución del mercado de trabajo refleja la situación económica con cierto retraso, no es probable que las tendencias de empleo y desempleo mejoren visiblemente antes de 2003. Se espera poder contener las presiones inflacionistas a medio plazo y que, a lo largo de 2002, la inflación del IPCA se estabilice en niveles en torno al 2 %.

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2.2. Principales desafíos

El principal desafío para la política económica de la Unión reside en mejorar el bienestar de sus ciudadanos actuales y futuros. A tal fin, las políticas deben orientarse a la consecución de un desarrollo equilibrado y sostenible de la actividad económica. El Consejo Europeo de Lisboa reflejó este gran desafío al fijar el objetivo global de hacer de Europa la economía del conocimiento más competitiva y dinámica en el año 2010, capaz de un crecimiento sostenible, con más y mejor empleo y mayor cohesión social.

Unos fundamentos sanos, unas políticas económicas adecuadas y la ausencia de grandes desequilibrios colocan a la economía de la Unión en buena situación de partida. El avance de las reformas estructurales hasta la fecha ha contribuido a que los resultados económicos y la creación de empleo hayan mejorado en los últimos años. El reto que ahora se plantea es generalizar estos logros y afianzar más aún las bases para el futuro crecimiento. La inminencia de la ampliación hace más acuciante para la Unión la necesidad de ser lo suficientemente dinámica y flexible.

Pese a los avances realizados, el índice de crecimiento potencial debe incrementarse con objeto de dar a la economía el margen necesario para alcanzar la plena recuperación antes de que factores ligados a la capacidad generen presiones al alza de los precios. Por otra parte, a largo plazo, cuando el impacto del envejecimiento de la población se refleje en un encogimiento de la oferta de trabajo, el índice de crecimiento potencial tenderá a bajar a no ser que se adopten medidas que aceleren la productividad o aumenten la participación de la mano de obra y el empleo.

Es preciso intensificar el ritmo de la reforma económica a fin de lograr resultados económicos más sólidos, responder a los desafíos de la agenda de Lisboa y restablecer las condiciones para un pleno empleo. Habrá que centrarse en cuatro áreas: i) preservar y consolidar el marco macroeconómico, ii) fomentar más y mejores puestos de trabajo, aumentar la tasa de participación de la mano de obra y combatir el persistente desempleo, iii) afianzar las condiciones para un alto crecimiento de la productividad, y iv) fomentar el desarrollo sostenible en interés de las generaciones actuales y futuras.

i) Preservar y consolidar el marco macroeconómico

Preservar y consolidar el marco macroeconómico facilita un control económico adecuado de todas las circunstancias económicas, creando así un entorno en el cual esté garantizado un crecimiento macroeconómico duradero y estable, los ciclos económicos se suavicen y el dinamismo y la capacidad de adaptación internos se vean reforzados. Este entorno favorece el crecimiento a medio plazo, así como una cultura de la iniciativa empresarial y la innovación, e incrementa la prosperidad, a medida que la economía se beneficia plenamente del avance de las reformas económicas.

La reciente deceleración económica ha puesto de relieve la importancia de un marco de acción claro y de una transición rápida hacia las situaciones presupuestarias a medio plazo acordadas en el Pacto de estabilidad y crecimiento (PEC).

Un marco vigoroso de política macroeconómica

El objetivo primordial de la política monetaria en la zona del euro es mantener la estabilidad de los precios. Sin perjuicio de este objetivo, dicha política respalda las políticas económicas generales de la Comunidad. Al mantener la estabilidad de los precios, la política monetaria desempeña un papel importante, tanto por estabilizar la producción en torno a su tipo tendencial como por crear un entorno que fortalece la oferta y el crecimiento potencial. El compromiso por la estabilidad de precios ha creado una cultura de la estabilidad, la cual ha reducido la incertidumbre y creado condiciones favorables para la moderación salarial, lo que permite sentar las bases para un entorno propicio a la inversión. Prueba de ello es la gran estabilidad de las expectativas de inflación, inferiores al 2 %.

Una política presupuestaria sana es el segundo pilar del marco macroeconómico en la Unión Europea. Como principio general, es importante que las políticas presupuestarias se orienten a evitar medidas procíclicas que puedan exacerbar las oscilaciones en la actividad económica, dar lugar a equilibrios estructurales insostenibles y menoscabar la orientación de la política monetaria común hacia la estabilidad de precios. Dados los riesgos e incertidumbres de los ajustes fiscales, en particular por lo que respecta a su oportunidad, eficacia y carácter irreversible, la norma para las políticas presupuestarias debe consistir en permitir el juego simétrico de los estabilizadores automáticos a lo largo del ciclo económico, respetando el límite de déficit del 3 % del PIB. Unas situaciones presupuestarias a medio plazo próximas al equilibrio o en superávit, además de dar margen de maniobra a los estabilizadores automáticos, que pueden así actuar libremente y de manera simétrica, permiten la continua reducción de la deuda pública y los pagos de intereses en relación con el PIB, lo que refuerza la sostenibilidad de las finanzas públicas y la capacidad de responder a los retos presupuestarios, en particular los que plantea el envejecimiento de la población. Además, los Estados miembros que quieran recurrir a una política discrecional tendrán que crear el necesario margen de maniobra. La filosofía básica de esta política se fundamenta en el Pacto de estabilidad y crecimiento, que facilita la tarea de la política monetaria de mantener la estabilidad de los precios y, por lo tanto, fomenta unas circunstancias propicias para el crecimiento económico y la constante creación de empleo.

Una estrecha coordinación de las políticas económicas entre los responsables políticos y un diálogo permanente y fructífero entre el Consejo, el Grupo del euro y el Banco Central Europeo (BCE), con la participación de la Comisión y respetando todos los aspectos de la independencia del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), son fundamentales para fomentar una evolución económica armoniosa. La participación de los interlocutores sociales mediante el diálogo macroeconómico desempeña también un importante papel.

La creciente interdependencia entre las economías de la zona del euro exige que los métodos y procedimientos de coordinación de las políticas económicas se revisen periódicamente, con objeto de reforzar su aplicación y mejorar la transparencia.

Llevar a término la transición hacia unas finanzas públicas sanas

Llevar a término la fase de transición hacia situaciones presupuestarias a medio plazo próximas al equilibrio o en superávit es condición indispensable para aprovechar plenamente las ventajas de la UEM y de los mecanismos de coordinación presupuestaria previstos en el PEC. Hasta entonces, y dada la necesidad de no superar el valor de referencia del 3 %, en circunstancias económicas desfavorables podrá darse una conciliación entre, por un lado, el saneamiento presupuestario para alcanzar las situaciones previstas a medio plazo y, por otro, la estabilización de las fluctuaciones de la producción mediante el pleno juego de los estabilizadores automáticos. Por tanto, todos los Estados miembros deben redoblar los esfuerzos para lograr cuanto antes, y a más tardar para 2004, unas situaciones presupuestarias próximas al equilibrio o en superávit. Además de permitir el libre juego de los estabilizadores automáticos, las políticas presupuestarias deben guiarse por la necesidad de aumentar la calidad y sostenibilidad de las finanzas públicas. El tiempo restante hasta que los efectos del envejecimiento de la población empiecen a notarse con mayor claridad debe aprovecharse para alcanzar situaciones presupuestarias sanas.

ii) Fomentar más y mejor empleo, incrementar la tasa de empleo y remediar el desempleo

El análisis del crecimiento del empleo en la Unión a medio plazo pone de manifiesto que los resultados han sido muy satisfactorios. Además de unas condiciones macroeconómicas favorables, la vigorosa creación de empleo observada desde 1997 también es resultado de las reformas del mercado de trabajo emprendidas por los Estados miembros, en particular, en el contexto de la Estrategia europea para el empleo y de las Orientaciones generales de política económica. Entre ellas se hallan medidas para reducir los costes laborales, aumentar la adaptabilidad de la mano de obra, mantener la moderación salarial, mejorar la flexibilidad de los salarios reales, así como reformas de los regímenes fiscales y, en menor medida, de los sistemas de prestaciones sociales. Los mercados de trabajo también tienden a ser más flexibles, como indica la amplia contribución del empleo a tiempo parcial y el empleo eventual a la creación global de puestos de trabajo.

Pese a este mejor rendimiento en el segundo lustro de los noventa, en la Unión Europea los recursos humanos siguen infrautilizados y persisten los problemas estructurales. El desempleo -sobre todo el de larga duración- es aún elevado en varios Estados miembros, y debe evitarse que el aumento cíclico del desempleo previsto en 2002 provoque a su vez un aumento del desempleo estructural. El problema se concentra a menudo en las regiones más pobres y entre los colectivos de trabajadores más vulnerables. Sin embargo, en varios Estados miembros, se presentan situaciones en las que el elevado desempleo coincide con escasez de mano de obra, y las condiciones del mercado de trabajo a menudo varían considerablemente entre unas y otras regiones, lo que indica un desfase entre la oferta y la demanda de mano de obra que en parte obedece a los obstáculos a la movilidad geográfica y profesional, así como a una falta de las cualificaciones necesarias y de diferenciación en la evolución salarial.

Por otra parte, la tasa de participación de la mano de obra, sobre todo de las mujeres trabajadoras y de los trabajadores de más edad, es insatisfactoriamente baja, y es necesario trabajar con denuedo para aumentar los niveles de empleo hasta los establecidos como objetivo en Lisboa y Estocolmo, con objeto de prepararse también para las consecuencias del envejecimiento de la población. Conseguir los objetivos de Lisboa implica un aumento de aproximadamente 15 millones de puestos de trabajo en la Unión entre 2002 y 2010. Para prepararse al impacto del envejecimiento, el Consejo Europeo de Barcelona ha abogado por aumentar la edad efectiva de jubilación de la Unión en alrededor de cinco años antes de 2010.

Es pues preciso mantener con decisión una política dirigida a la reducción del desempleo y una estrategia completa encaminada a aumentar las tasas de participación, conforme a lo aprobado por el Consejo Europeo de Barcelona. Esto supone la reforma de los regímenes fiscales y de los sistemas de prestaciones sociales, así como otras medidas para modernizar los mercados de trabajo, reforzar los incentivos para la incorporación al mundo laboral, permitir que las personas participen en el mercado de trabajo, mejorar la información sobre oportunidades de empleo, acompañar la reincorporación de los desempleados de larga duración de políticas activas del mercado de trabajo, promover el espíritu empresarial y mejorar las condiciones en las cuales las empresas pueden gozar de ventajas por emplear a más trabajadores. A este respecto, el fomento de la formación del capital humano a fin de ofrecer niveles de cualificación más elevados y adaptables durante todo el ciclo de vida del trabajador, puede, al contribuir a una mayor calidad en el trabajo, actuar como catalizador. Se están desarrollando otros indicadores de calidad en el trabajo dentro del contexto de los indicadores estructurales.

iii) Reforzar las condiciones para un alto crecimiento de la productividad

A medida que la proporción de la población en edad laboral empieza a disminuir debido al aumento de la longevidad, el mantenimiento de altos niveles de vida dependerá cada vez más de que aumente la productividad. En la Unión Europea, la productividad laboral crece con relativa lentitud (de hecho, retrocedió medio punto porcentual, por término medio, entre la primera y la segunda mitad de los noventa, debido esencialmente a un crecimiento más rico en empleo en un contexto de reforma estructural) y se ha visto notablemente afectado por una mayor presencia en el mercado de trabajo de trabajadores poco cualificados y de otros trabajadores cuyo potencial productivo es inferior a la media. Últimamente se registra un bajo crecimiento de la productividad laboral que, de mantenerse así, no permitirá alcanzar los índices de crecimiento sostenibles del PIB del 3 % que se consideran necesarios para cumplir la agenda de Lisboa.

La inversión y la innovación del sector privado pueden verse beneficiadas por un entorno más competitivo y emprendedor, incrementando a su vez la productividad por trabajador y, por ende, el nivel de vida. Existen considerables perspectivas para mejorar el entorno de la inversión mediante reformas estructurales en los mercados de productos, capital y trabajo. No menos importantes son un entorno normativo adecuado, unos servicios públicos e industrias de red eficaces, la inversión en formación y educación, así como la adaptabilidad de la mano de obra.

Pese al prometedor avance logrado hasta ahora, amplios segmentos de los mercados europeos de productos no están aún lo suficientemente integrados para hacer de la Unión un punto atractivo para la inversión. Nuevas reformas son necesarias para integrar las redes energéticas y de comunicaciones en toda Europa. Para facilitar la prestación transfronteriza de servicios, especialmente en el sector de la distribución, y para incrementar la movilidad cada vez mayor de los trabajadores tanto especializados como no especializados, debe aumentar la coordinación entre políticas comunitarias y nacionales. En materia de servicios financieros y mercados de capitales, la unión económica y monetaria (UEM) ya ha creado nuevas oportunidades de aumentar la eficiencia. Sin embargo, tanto las autoridades nacionales como los agentes privados del mercado deben asumir su responsabilidad de lograr una mayor integración financiera, al tiempo que queda una extensa agenda por realizar, tal como indican varios pasajes de las presentes Orientaciones. El fomento de la competencia dentro del mercado interior halla su lógico complemento en una mayor competencia a nivel mundial. La Unión Europea deberá por tanto seguir adoptando una política exterior común que favorezca un comercio mundial abierto e insistir en que todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) cumplan las normas de la Organización.

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iv) Fomentar el desarrollo sostenible en interés de las generaciones actuales y futuras

Si se atiende a las necesidades de las generaciones actuales y futuras, incluida la sostenibilidad medioambiental y la cohesión social y regional, se garantizará que las medidas de impulso a la prosperidad contribuyan plenamente a un mayor bienestar de sus ciudadanos. Las políticas económicas pueden contribuir significativamente a este objetivo, pero normalmente su realización exige acometer en varios ámbitos importantes actuaciones políticas que suelen trascender las meras consideraciones de política económica.

Por ejemplo, las políticas económicas pueden contribuir mucho a una mayor sostenibilidad del medio ambiente si permiten contabilizar los efectos exteriores de las actividades económicas en el mismo. Las políticas económicas pueden también crear condiciones para lograr la eficacia en el uso de los recursos y la energía, fomentando así la innovación y la creación de empleo. Asimismo, las políticas económicas pueden contribuir de forma notable a una adecuada preparación ante los desafíos del envejecimiento de las sociedades, sobre todo en cuanto a la participación en el mercado de trabajo y sus consecuencias financieras. El objetivo es conseguir una interacción positiva entre las políticas económicas y sociales que posibilite una vida laboral sostenible a largo plazo, haciendo al mismo tiempo un uso óptimo del potencial de recursos humanos y logrando una mayor cohesión social.

Por último, las políticas económicas pueden contribuir de diversas maneras a la cohesión social y económica. Unos buenos resultados económicos ayudan a crear empleo, que es la mejor garantía contra la pobreza y la exclusión social. Un estado del bienestar moderno y activo, que anima a las personas a trabajar, también sería importante a este respecto. Un marco macroeconómico orientado al crecimiento y a la estabilidad, unido a mercados eficientes de productos, capital y trabajo, son de importancia determinante para alcanzar un nivel homogéneo tanto en el ámbito nacional como en el regional. Las políticas económicas pueden perfeccionarse en algunos ámbitos si atienden mejor a condiciones locales específicas. Facilitar el ajuste del mercado de trabajo, impulsando el proceso de formación de salarios para que refleje las diferencias entre las circunstancias locales, en particular por lo que respecta a los niveles de productividad y cualificación, y reduciendo los factores que desincentivan la movilidad laboral geográfica, es un paso importante en el que debe perseverarse. Además, ha de seguir reflexionándose en el modo de aumentar la eficacia del gasto público con incidencia regional mediante la mejora de los sistemas públicos de asignación y concesión de ayudas.

3. RECOMENDACIONES

3.1. Adoptar políticas macroeconómicas orientadas al crecimiento y la estabilidad

Las políticas macroeconómicas desempeñan un papel fundamental de apoyo al crecimiento y al empleo y de mantenimiento de la estabilidad de precios. Su objetivo debe ser respaldar una expansión económica equilibrada y materializar el potencial de crecimiento actual, y deben contribuir a crear las condiciones que permitan fomentar niveles de ahorro e inversión adecuados, a fin de poner la economía en una senda de empleo y crecimiento sostenible, más vigoroso y no inflacionista.

Los Estados miembros deben lograr y mantener una situación presupuestaria sana según lo acordado en el Pacto de estabilidad y crecimiento. Todos los Estados miembros deben velar por que, de conformidad con el PEC, las situaciones presupuestarias ajustadas al ciclo alcancen o mantengan en los próximos años una situación próxima al equilibrio o de superávit.

Balanza general de las administraciones públicas

previsiones de primavera comparadas a los programas de estabilidad y convergencia

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((Las balanzas de las administraciones públicas de 2000, 2001 y 2002 excluyen los ingresos procedentes de la venta de licencias de UMTS.

Los importes de UMTS en porcentaje del PIB serían, conforme a las previsiones de primavera de 2002.

en 2000: D: 2,5 %, E: 0,1 %, I: 1,2 %, NL: 0,7 %, A: 0,4 %, P: 0,3 %, zona del euro: 1,1 %, UK: 2,4 % y UE-15:1,2 %. en 2001: B: 0,2 %, EL: 0,5 %, E: 0,0 %, F: 0,1 %, zona del euro: 0 %, DK: 0,2 % y UE-15: 0 %. en 2002: E: 0,0 %, F: 0,1 %, IRL: 0,2 %, zona del euro: 0 % y UE-15: 0 %.

En el programa de estabilidad alemán el objetivo para 2004 se fijó en - 1 % del PIB pero en el Consejo Ecofin de febrero el Gobierno alemán se comprometió a alcanzar un presupuesto cercano al equilibrio antes de 2004.

Para Francia, las cifras tienen en cuenta los ajustes realizados por las autoridades francesas en el programa de estabilidad para 2001 mediante carta remitida a la Comisión el 22 de enero de 2002.)):

Por lo que respecta a la zona del euro, el objetivo primordial de la política monetaria del BCE es mantener la estabilidad de los precios. Sin perjuicio de este objetivo, respalda las políticas económicas generales de la Comunidad.

En general, los Estados miembros de la zona del euro deben:

i) orientar y aplicar sus políticas presupuestarias al objetivo de alcanzar o mantener situaciones presupuestarias próximas al equilibrio o en superávit a lo largo del ciclo económico; si aún no se han alcanzado situaciones presupuestarias próximas al equilibrio o en superávit, tomar todas las medidas necesarias -a la hora de aplicar los presupuestos para 2002 y elaborar los correspondientes al 2003- para garantizar que se respeten estos objetivos a medio plazo a más tardar en 2004,

ii) garantizar que se financien adecuadamente las reformas fiscales a fin de cumplir el compromiso de unas finanzas públicas sanas; evitar políticas fiscales procíclicas, contribuyendo así a una combinación adecuada de políticas macroeconómicas a nivel nacional y de la zona del euro; permitir que los estabilizadores automáticos actúen plenamente a medida que se inicia la recuperación; garantizar una ejecución rigurosa de sus presupuestos para evitar apartarse de los objetivos de los programas de estabilidad, y

iii) reforzar aún más las finanzas públicas a fin de asegurar su sostenibilidad a largo plazo, aprovechando el plazo de que se dispone antes de que se asienten las transformaciones demográficas.

En lo que respecta a los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro, la política monetaria en Dinamarca se basa en un tipo de cambio fijo con el euro en el marco del MTC2, que se considera útil para lograr la estabilidad de precios. En Suecia y el Reino Unido, las políticas monetarias pretenden mantener la estabilidad de precios actuando sobre la inflación. Si tienen éxito, contribuirán a crear las condiciones para la estabilidad de los tipos de cambio.

En general, los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro también mantendrán situaciones presupuestarias saneadas conforme al Pacto de estabilidad y crecimiento. En general, deben:

i) orientar y aplicar sus políticas presupuestarias al objetivo de alcanzar o mantener situaciones presupuestarias próximas al equilibrio o en superávit a lo largo del ciclo económico,

ii) garantizar que las reformas fiscales se financien adecuadamente a fin de cumplir el compromiso de unas finanzas públicas sanas; evitar políticas fiscales procíclicas, contribuyendo así a una combinación adecuada de políticas macroeconómicas a nivel nacional; permitir que los estabilizadores automáticos actúen plenamente a medida que toma forma la recuperación; garantizar una ejecución rigurosa de sus presupuestos para evitar apartarse de los objetivos de los programas de convergencia, y

iii) reforzar las finanzas públicas a fin de asegurar su sostenibilidad a largo plazo aprovechando el plazo de que se dispone antes de que se asienten las transformaciones demográficas.

Las evoluciones salariales en los Estados miembros deben reflejar las diferentes situaciones económicas y de empleo. Los Gobiernos deben fomentar un marco adecuado para las negociaciones salariales entre los interlocutores sociales. Para que las evoluciones salariales contribuyan a un conjunto de políticas favorables al empleo, los interlocutores sociales deben mantener una trayectoria responsable y celebrar acuerdos salariales en los Estados miembros conforme a los principios generales establecidos en las Orientaciones generales de política económica. Es preciso:

i) que el incremento de los salarios nominales sea compatible con la estabilidad de precios,

ii) que el incremento de los salarios reales no exceda el crecimiento de la productividad laboral, teniendo en cuenta la necesidad de consolidar, en su caso, y posteriormente mantener, la rentabilidad del aumento de capacidades y de las inversiones creadoras de empleo, y

iii) que las instituciones laborales nacionales y los sistemas de negociación colectiva, respetando la autonomía de los interlocutores sociales, atiendan a la relación entre las evoluciones salariales sectoriales y locales y las condiciones del mercado de trabajo, permitiendo así una evolución salarial acorde, entre otras cosas, con la productividad y los diferenciales de cualificaciones. Esto también contribuirá a garantizar la competitividad de la Unión Europea y a mejorar el empleo en toda la gama de cualificaciones y zonas geográficas.

3.2. Mejorar la calidad y sostenibilidad de las finanzas públicas

Para optimizar la contribución de las finanzas públicas al crecimiento y al empleo y lograr los objetivos acordados en Lisboa y Estocolmo, todos los Estados miembros deben alcanzar y mantener situaciones presupuestarias sanas. Este objetivo es aún más importante en aquellos países que aún no hayan alcanzado situaciones presupuestarias "próximas al equilibrio o en superávit", tal como exige el Pacto de estabilidad y crecimiento. Debe encontrarse el buen equilibrio entre reducir la deuda pública, recortar los impuestos y seguir financiando las inversiones públicas en sectores clave. Los países cuya deuda pública sea elevada, o que aún no hayan logrado el objetivo presupuestario a medio plazo contemplado en el Pacto, deben dar prioridad al saneamiento presupuestario: ello les ayudará a prepararse para los costes presupuestarios adicionales del envejecimiento de la población. La evaluación de la sostenibilidad de la hacienda pública según los programas de estabilidad y convergencia actualizados confirma que, si no se acometen ambiciosas reformas, numerosos Estados miembros corren el riesgo de sufrir en el futuro desequilibrios presupuestarios debidos al envejecimiento.

Con este fin, los Estados miembros deben:

i) proseguir los esfuerzos por que los sistemas de impuestos y prestaciones sociales sean más favorables al empleo, en su caso reduciendo la presión fiscal global, mediante reformas específicas de los sistemas de impuestos y prestaciones, especialmente para los empleos peor remunerados, manteniendo al mismo tiempo la consolidación fiscal y mejorando también la eficiencia de los regímenes tributarios (véase la sección 3.3),

ii) mejorar la calidad del gasto público reorientando los fondos a la acumulación de capital físico y humano y a la investigación y desarrollo,

iii) aumentar la eficacia del gasto público mediante reformas institucionales y estructurales; en particular, introducir o perfeccionar mecanismos que permitan evaluar y controlar el gasto, en particular procedimientos presupuestarios,

iv) potenciar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas mediante la amplia estrategia en tres frentes (aumento de las tasas de empleo, reducción de la deuda pública y adaptación de los sistemas de pensiones) acordada en el Consejo Europeo de Estocolmo. Esto implica una combinación adecuada de medidas, que deben determinar los Estados miembros, destinadas a reducir rápidamente la deuda pública, modernizar los mercados de trabajo para aumentar los niveles de empleo (especialmente entre las mujeres y trabajadores de más edad), así como reformar los sistemas de pensiones y los sistemas de salud para las personas de edad avanzada con vistas a ponerlos en condiciones financieras sanas. En ese contexto, los fondos públicos de reservas de pensiones podrían también contribuir a mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas, a condición de que reciban contribuciones sustanciales. Los Estados miembros deberían reforzar su capacidad de evaluar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas e introducir este factor de análisis en los procesos de planificación presupuestaria a medio plazo. Esto ayudará a perfeccionar el examen incluido en la vigilancia multilateral, tal como solicitó el Consejo Europeo de Barcelona,

v) reformar las políticas de pensiones, adaptándolas a los grandes objetivos comunes acordados por los Consejos de Gotemburgo y Laeken, a fin de garantizar la sostenibilidad financiera, mantener la suficiencia de las pensiones y subvenir a unas necesidades sociales en transformación; desarrollar una estrategia global, que tenga en cuenta el equilibrio entre estos objetivos generales y los desafíos a que se enfrenta cada país; en particular, introducir medidas que permitan aumentar la edad de jubilación efectiva; también debería estudiarse una mayor fiabilidad de la financiación, y

vi) proseguir la coordinación fiscal, a fin de evitar una competencia fiscal perniciosa, y aplicar eficazmente el acuerdo del Consejo de noviembre de 2000 sobre el paquete fiscal a fin de cumplir el plazo de diciembre de 2002 para un acuerdo.

Al igual que los Estados miembros, la Comunidad debería poner en práctica una estricta disciplina presupuestaria. Esto debería aplicarse a todas las categorías de las perspectivas financieras, respetando el Acuerdo interinstitucional sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario; debería aprovecharse una asignación flexible de los recursos comunitarios para mejorar la repercusión económica del presupuesto de la Unión Europea.

3.3. Vigorizar los mercados de trabajo

Pese al impacto de la deceleración cíclica, la situación del mercado de trabajo siguió mejorando en 2001, si bien no se repitió la evolución muy favorable registrada el año anterior. La tasa de desempleo media, de un 7,6 %, fue un 0,5 % inferior a la media de 2000 (véase el gráfico sobre la tasa de desempleo). En 2001 se lograron nuevos avances en cuanto a los objetivos de empleo establecidos por los Consejos Europeos de Lisboa y Estocolmo, pero fueron más modestos que el año pasado. La tasa de empleo total se sitúa actualmente en el 64 %, la de empleo femenino es del 55 % y la de los trabajadores de más edad (de 55 a 64 años), del 38 % (véanse los gráficos correspondientes a las distintas categorías).

Los avances obtenidos en los años anteriores mediante las reformas estructurales de los mercados de trabajo, y también en el contexto de la estrategia europea de empleo, se han traducido en un crecimiento más creador de empleo. El mantenimiento de la moderación salarial ha permitido que el empleo aumente claramente y que el desempleo disminuya, sin por ello impulsar la inflación; el mayor recurso a contratos temporales y de tiempo parcial ha contribuido a crear mercados de trabajo más flexibles e inclusivos; las reducciones fiscales efectuadas en el extremo inferior de la escala salarial han aumentado los incentivos para aceptar un empleo; y los Estados miembros comienzan a pasar de medidas pasivas a medidas activas del mercado de trabajo. Por desgracia, el ritmo de reformas del mercado de trabajo parece haber disminuido en 2001: debe intensificarse para lograr los objetivos de Lisboa.

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Siguen existiendo importantes desafíos que deben afrontarse mediante nuevas reformas. De acuerdo con lo expuesto en la sección 2.2 ii), cabe citar entre dichos desafíos:

- fomentar más y mejores puestos de trabajo,

- lograr niveles mayores de participación, especialmente en el caso de las mujeres y los trabajadores de mayor edad, a fin de cumplir los objetivos de empleo fijados en Lisboa y Estocolmo y prepararse para las consecuencias del envejecimiento de la población,

- reducir las altas tasas de desempleo,

- reducir el desfase entre la demanda y la oferta de trabajo en las diversas regiones y tipos de empleos,

- promover la inserción social.

Estos desafíos deben tomarse en consideración junto con los demás retos directamente relacionados con el mercado de trabajo, tales como la formación de salarios, el espíritu empresarial y la educación y formación, abordados respectivamente en las secciones 3.1, 3.6 y 3.7. El 18 de febrero de 2002, el Consejo adoptó unas directrices detalladas sobre políticas de empleo para el año 2002, acordes con las prioridades en las Orientaciones generales de política económica de 2001, así como recomendaciones específicas para cada Estado miembro. Para llevar a cabo las reformas del mercado de trabajo, los Estados miembros deben aplicar con rigor las directrices sobre empleo y las recomendaciones a ellos dirigidas.

Los Estados miembros deben, en particular, adoptar las medidas siguientes:

i) adaptar sus regímenes de impuestos y prestaciones, a fin de hacer más ventajoso trabajar, y animar a la búsqueda de empleo; reducir los elevados tipos marginales efectivos de imposición, en particular para los salarios más bajos, y reducir las trampas del desempleo; estudiar los efectos incentivadores de los sistemas de prestaciones, tales como la condicionalidad de las prestaciones, la admisibilidad, duración, índice de sustitución, prestaciones vinculadas al ejercicio de un empleo y recurso al crédito fiscal para hacer estos sistemas más favorables al empleo; reexaminar los sistemas administrativos y el rigor de la gestión; reducir los incentivos a la jubilación anticipada; intensificar los esfuerzos por aumentar las posibilidades de que los trabajadores de más edad permanezcan en el mercado de trabajo, a fin de retrasar en cerca de cinco años la edad media de jubilación en la Unión para el 2010, aumentando así su participación en el mercado de trabajo,

ii) reforzar las políticas de activación del mercado de trabajo, aumentando su eficacia tanto en el uso de recursos como en términos de mayor empleo estable, entre otras cosas mediante la modernización de los servicios de empleo. Esto implica, entre otras cosas, orientarlas mejor a los grupos más expuestos al riesgo de desempleo a largo plazo, haciendo hincapié en las medidas que hayan resultado más eficaces, y atender a las exigencias del mercado de trabajo. En este contexto, también es necesaria una política activa y preventiva de adopción de medidas que ofrezcan incentivos para la reincorporación al mercado de trabajo de grupos e individuos que se hallan en situación de riesgo o de desventaja,

iii) reducir los obstáculos a la movilidad dentro de los Estados miembros y entre los mismos. En la línea del plan de acción sobre cualificaciones y movilidad, fomentar el reconocimiento de cualificaciones, facilitar la transmisibilidad de derechos de seguridad social y pensiones, mejorar la información y la transparencia de las posibilidades de empleo y velar por que los sistemas de impuestos y prestaciones, así como los mercados inmobiliarios, no obstaculicen la movilidad,

iv) mantener la empleabilidad de los trabajadores mediante la formación y el reciclaje, así como facilitar la movilidad profesional, mejorando la formación a lo largo de la vida en diálogo con los interlocutores sociales y contribuyendo a una mayor calidad del trabajo y una mayor productividad,

v) fomentar, en concertación con los interlocutores sociales, una organización más flexible del trabajo y revisar las normativas aplicables a los contratos de empleo y, si procede, a sus costes conexos, a fin de fomentar la creación de empleo y crear un buen equilibrio entre flexibilidad y seguridad. Garantizar que una reducción del tiempo de trabajo total no implique un aumento de los costes salariales unitarios, y atender plenamente a las futuras necesidades de la oferta de trabajo, y vi) suprimir los obstáculos a la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo y esforzarse, de acuerdo con las pautas nacionales en materia de prestaciones, por prestar para el 2010 servicios de acogida al menos al 90 % de los niños de edad comprendida entre los tres años y la edad de escolarización obligatoria, y al menos al 33 % de los niños de menos de tres años; aplicar medidas dirigidas a los factores subyacentes que determinan las diferencias de remuneración entre géneros e impulsar políticas orientadas a la familia con objeto de conciliar la vida laboral y familiar.

3.4. Reactivar las reformas estructurales en los mercados de productos

La aplicación de la agenda de reforma económica prevista en la estrategia de Lisboa ha avanzado de forma irregular. Se observan progresos en la transposición de las directivas sobre el mercado interior en cuanto a legislación nacional, apertura de la contratación pública, refuerzo de las facultades de las autoridades de competencia y reducción de las ayudas estatales. La liberalización de los mercados de telecomunicaciones y electricidad empieza a traducirse en bajadas de precios. Del mismo modo, se esperan efectos positivos del mayor acceso a las redes de transporte de mercancías por ferrocarril. Sin embargo, las perspectivas de nuevas reducciones de precios corren el riesgo de tropezar con puntos físicos de congestión, con la insuficiencia de las estructuras reglamentarias, con una lenta apertura del mercado y con las elevadas cuotas de mercado que se encuentran en manos de las empresas tradicionales en estos sectores. Esto demuestra que, para crear un mercado interior plenamente integrado y eficaz, son precisas nuevas reformas de los mercados de productos (bienes y servicios) y, en particular, en los ámbitos en que los progresos han sido demasiado lentos. Pese a la creciente integración de los mercados de productos, las diferencias que aún subsisten en cuanto a normas y reglamentaciones siguen obstaculizando las actividades transfronterizas. Por otra parte, la creación de un mercado interior de servicios avanza con lentitud. Por ello, los Estados miembros deben:

i) poner plenamente en práctica el mercado interior:

- redoblar los esfuerzos por aumentar al 98,5 % el índice de transposición de las Directivas del mercado interior; transponer íntegramente antes del Consejo Europeo de primavera de 2003 las directivas cuya aplicación tenga un retraso superior a dos años, y velar por la buena aplicación de la legislación relativa al mercado interior,

- poner mayor empeño en eliminar los obstáculos técnicos al comercio, acelerando la elaboración de nuevas normas sobre productos y mejorando la aplicación del principio de reconocimiento mutuo por las administraciones nacionales,

- crear un mercado interior de servicios que funcione eficazmente, eliminando los obstáculos a los intercambios transfronterizos y a la entrada en el mercado, y

- seguir abriendo y hacer más transparentes los mercados de contratación pública, entre otras cosas, poniéndolos en línea en 2003 y adoptando cuanto antes en 2002 el paquete legislativo relativo a este sector.

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ii) garantizar una competencia efectiva, que reporte beneficios reales a los consumidores:

- velar por una independencia efectiva y una capacidad y eficacia suficientes por parte de las autoridades de competencia y reglamentarias, promover la cooperación entre las autoridades de competencia y las de reglamentación y hacer más coherente la aplicación de las normas de competencia por parte de la Comisión y las autoridades nacionales de competencia, y

- garantizar una menor cantidad y mayor calidad de las ayudas estatales en relación con el PIB, reorientando las ayudas a objetivos horizontales de interés común y deficiencias comprobadas del mercado; aumentar la transparencia de las políticas de ayudas estatales y evaluar su eficacia.

iii) acelerar las reformas en las industrias de red, haciendo al mismo tiempo hincapié en la importancia que reviste, para los ciudadanos y para la cohesión territorial y social, el acceso a los servicios de interés económico general:

- fomentar la entrada en el mercado y aumentar las opciones de los consumidores en los mercados liberalizados, en particular, aplicando plenamente para julio de 2003 el nuevo conjunto de normas de telecomunicaciones,

- en los sectores de la electricidad y el gas, garantizar la libre elección de proveedor a partir de 2004 para todos los consumidores no residenciales (que representan al menos un 60 % del total del mercado) y crear una función de reglamentación nacional. En la electricidad, llegar a un acuerdo en 2002 respecto de un sistema arancelario transparente y no discriminatorio para las operaciones transfronterizas. El nivel de las interconexiones eléctricas entre Estados miembros debe representar, en 2005, al menos el 10 % de su capacidad de producción instalada. Corresponde fundamentalmente a las empresas interesadas subvenir a las necesidades financieras,

- garantizar un uso eficiente de la infraestructura existente y ofrecer incentivos a la construcción de nuevas infraestructuras donde sean necesarias, adoptando decisiones antes de finales de 2002 sobre la revisión de las orientaciones y complementando las normas financieras sobre las redes transeuropeas de energía y transportes, y - en transportes, tomar decisiones antes de finales de 2002 sobre las propuestas referentes a contratos de asignación de franjas horarias en los aeropuertos, servicios de puerto y contratos de servicios públicos, estudiar activamente la adhesión de la Comunidad a Eurocontrol y crear un "cielo único" antes de 2004; abrir a la competencia la red transeuropea de transporte de mercancías por ferrocarril antes del 15 de marzo de 2003 y continuar los trabajos sobre el segundo paquete ferroviario.

3.5. Fomentar la eficacia e integración del mercado de servicios financieros de la Unión Europea

Ante todo, las reformas deben tratar de acelerar la integración de los mercados financieros y de aprovechar plenamente las ventajas de una canalización eficaz del ahorro, reduciendo los costes del capital entrante para fomentar la inversión en la Unión Europea. El elemento central de esta labor es el plan de acción sobre servicios financieros (PASF), que habrá de aplicarse de aquí a 2005, y todas las partes interesadas harán todo lo posible por lograr un mercado de valores integrado para el final de 2003. En este contexto, también existe la necesidad de mejorar la eficacia de las disposiciones en materia de compensación y liquidación transfronterizas a nivel europeo.

El plan de acción sobre capital-riesgo (PACR) debería aplicarse para 2003. Recoge un conjunto de medidas (muchas en común con el PASF) sobre financiación privada (capital riesgo y adquisición) que fomentan la integración del mercado, consagran la reforma estructural en ámbitos tales como reglamentación, fiscalidad, derecho de quiebra, y estimulan una cultura de la empresa.

La integración incrementará la estabilidad financiera en la Unión, siempre y cuando las disposiciones institucionales para la cooperación y coordinación en materia de supervisión prudencial sean las adecuadas. En respuesta a la consolidación en curso en los sectores financieros y entre los mismos, varios Estados miembros han reformado o están reformando sus disposiciones en materia de supervisión. Las disposiciones elegidas varían entre los Estados miembros, lo que probablemente aumenta la necesidad de procedimientos claros de cooperación transfronteriza entre las diversas autoridades nacionales de supervisión.

Recientes acontecimientos con repercusión en los mercados financieros han puesto de manifiesto la necesidad de una mejor administración de la empresa. La Unión Europea, a raíz del mandato otorgado por el Consejo Europeo de Barcelona, ha ampliado las atribuciones de grupos de trabajo ya existentes y tiene el propósito de adoptar otras medidas para mejorar el actual marco institucional en este ámbito.

Para acelerar el progreso de integración financiera, será necesario:

i) velar por que todas las partes interesadas -el Consejo, el Parlamento Europeo, la Comisión y los Estados miembros- redoblen los esfuerzos por garantizar una aplicación íntegra del PASF de aquí a 2005, y de la legislación sobre el mercado de valores de aquí a 2003; por estas razones, y tal como destacó el Consejo Europeo de Barcelona, el Consejo y el Parlamento Europeo deben adoptar cuanto antes en 2002 las propuestas de directivas sobre garantías, abuso de mercado, indemnizaciones de seguros, comercialización a distancia de servicios financieros, conglomerados financieros, prospectos y fondos de pensiones, junto con el reglamento sobre las normas internacionales de contabilidad. Además, en Oviedo el Consejo acordó que cada medida concreta cumpla los objetivos de integración y eficacia; los Estados miembros deben garantizar cuanto antes la aplicación de la legislación ya adoptada por el Consejo,

ii) intensificar los esfuerzos por aplicar el PACR de aquí a 2003, reformando los procedimientos de quiebra para ofrecer un mejor equilibrio entre la actividad de las empresas y la protección de los inversores, y elaborar un marco fiscal más favorable a la inversión y el espíritu empresarial, y

iii) seguir mejorando, a nivel nacional, comunitario e internacional, los mecanismos que permitan una cooperación, coordinación e intercambio de información transfronterizos e intersectoriales eficaces con fines prudenciales, y

iv) fomentar decididamente la eliminación de obstáculos a una compensación y liquidación transfronterizas eficaces, así como supervisar su avance.

3.6. Fomentar el espíritu empresarial

Para mejorar la productividad y elevar el nivel del crecimiento potencial de la economía europea es necesario que las empresas inviertan más y de forma más productiva. Establecer un entorno competitivo, apoyado en una infraestructura pública adecuada y una administración moderna y eficaz, es fundamental para fomentar la creación y la expansión de las empresas. Todos los Estados miembros son conscientes de esta necesidad, como lo demuestran las diversas medidas adoptadas para reducir la carga reglamentaria sobre las empresas, estimular su creación y facilitar el acceso de las PYME a la financiación. El estatuto europeo de las pequeñas empresas aprobado en el Consejo Europeo de Feira (junio de 2000) también contribuirá a apoyar a este sector. Sin embargo, las diferencias en cuanto a entornos empresariales entre los Estados miembros -y, en particular, en el ámbito fiscal- siguen siendo importantes. Esto ofrece amplio margen para aprender de las buenas prácticas. Los Estados miembros deben:

i) crear un entorno favorable a la empresa:

- mejorar y simplificar sus regímenes de impuesto sobre las sociedades y el entorno reglamentario; limitar al mínimo estricto los obstáculos al espíritu empresarial, entre otras cosas reduciendo los plazos y costes habituales para la creación de empresas y reduciendo las cargas administrativas,

- incrementar la eficacia de los servicios públicos, entre otras cosas, mediante un mayor uso de la contratación pública y la evaluación comparativa, una mayor participación del sector privado y una mayor competencia entre operadores de servicios públicos, velando al mismo tiempo por que los diversos proveedores de servicios compitan en condiciones de igualdad, y hacer que los servicios de las administraciones públicas estén disponibles en línea, y

- reducir los obstáculos a la actividad económica transfronteriza debidos, en particular, a las disparidades entre Estados miembros en cuanto a normas contables, normas sobre gobernanza de empresas, fiscalidad de las sociedades e IVA;

ii) traducir en acciones los compromisos acordados según el estatuto europeo para la pequeña empresa.

iii) fomentar la asunción de riesgos mediante un mejor acceso a la financiación, en particular, para las PYME en fases iniciales. La oferta de capital asociada a conocimientos técnicos sobre gestión es de especial importancia para las PYME (véase también la sección 3.5).

3.7. Potenciar la economía del conocimiento

Pese a avances recientes, la Unión Europea sigue a la zaga de Estados Unidos tanto en desarrollo como en difusión de nuevas tecnologías. Por otra parte, hay entre los Estados miembros diferencias importantes, tanto de gasto en I + D en porcentaje del PIB como de número de solicitudes de patentes per cápita. Se requieren mayores y mejores inversiones en capital humano, I + D y TIC, sobre todo por parte del sector privado, a fin de consolidar la competitividad europea. El proyecto de radionavegación por satélite de la Unión Galileo, recientemente aprobado, es digno de señalar en este sentido. Debe animarse a las empresas, a los interlocutores sociales y a los ciudadanos a aprovechar las oportunidades que ofrece la economía del conocimiento. Los sistemas de educación y formación deben adaptarse mejor a las necesidades de las personas más propensas a verse desfavorecidas en el mercado de trabajo. Esto supone que los Estados miembros deben:

i) estimular la I + D y la innovación:

- crear unas condiciones marco propicias para aumentar el gasto global en I + D en la Unión Europea con el fin de acercarse al 3 % del PIB antes de 2010 e incrementar la eficacia de la I + D. Dos tercios de esta inversión deben proceder del sector privado. Esto implica mejorar los incentivos para que las empresas inviertan en I + D, a través de una estrategia integrada con vistas a aumentar el nivel de competencia en los mercados de productos, proporcionar mejor acceso al capital de riesgo, proteger mejor los derechos de propiedad intelectual (incluida la creación de una patente comunitaria asequible), asegurando a la vez una difusión más rápida de las nuevas tecnologías y empleando con eficacia los incentivos fiscales y otros incentivos financieros,

- mejorar los vínculos entre universidades y empresas a fin de facilitar la transferencia de los conocimientos y la comercialización de los resultados de la I + D.

Establecer prioridades claras y coherentes de investigación pública,

- mejorar la colaboración en investigación e innovación en toda Europa, y

- adoptar el sexto programa marco de investigación;

ii) fomentar el acceso y utilización de las TIC:

- garantizar la competencia efectiva en las redes de telecomunicaciones locales (el "bucle local") con vistas a acelerar el desarrollo de la red de banda ancha europea, y - estimular, en particular mediante la definición de un nuevo plan de acción e-Europa 2005, el uso de Internet en todos los estratos de la sociedad (en los hogares, las escuelas, las empresas y las administraciones públicas) y, en particular, aumentar la proporción de ordenadores con conexión a Internet a uno por cada quince alumnos.

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iii) redoblar los esfuerzos de educación y formación:

- tanto públicos como privados, a fin de aumentar la oferta de investigadores con experiencia y el número de expertos cualificados en el ámbito de las TIC, y mejorar el nivel general de estudios de la población a fin de asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a unas competencias básicas,

- aumentar las capacidades de los sistemas de educación y formación para responder adecuadamente a los cambios en los requisitos de formación, y, sobre todo, para cubrir las necesidades de los colectivos que suelen verse desfavorecidos en el mercado de trabajo, tales como las mujeres, los trabajadores de más edad o quienes no terminan sus estudios, e

- introducir instrumentos que garanticen la transparencia de los diplomas y cualificaciones.

3.8. Fomentar el desarrollo sostenible

La protección de recursos ambientales tales como el aire, el agua y el suelo, el mantenimiento de la biodiversidad y la lucha contra las amenazas ambientales a la salud pública requieren una política medioambiental activa, que permita asegurar un uso responsable de recursos naturales escasos y un desarrollo económico, ambiental y socialmente sostenible a largo plazo. Los compromisos contraídos a nivel internacional, especialmente en el campo del cambio climático, también requieren actuación política.

El Consejo Europeo de Estocolmo abogó por integrar el fomento del desarrollo sostenible en las Orientaciones generales de política económica. Tal como subrayó a su vez el Consejo Europeo de Gotemburgo, el desarrollo sostenible es un concepto que trasciende una evaluación meramente económica y aspira a lograr mejoras en la calidad de vida mediante medidas coherentes y basadas en una evaluación global de las dimensiones económica, social y ambiental. De este modo, adopta un planteamiento a largo plazo, que atiende al bienestar de las generaciones tanto presentes como futuras. Por consiguiente, es preciso analizar de forma adecuada y exhaustiva, en cada ámbito, los costes y beneficios sociales, económicos y medioambientales de las medidas políticas.

Se han definido acciones prioritarias concretas en los distintos ámbitos. La presente sección se centra en la integración de los aspectos ambientales en la política económica y, en especial, en el uso de instrumentos basados en el mercado como medio para impulsar el desarrollo sostenible.

La actuación del Gobierno se ve a menudo demorada por la inquietud ante las posibles consecuencias a corto plazo de las políticas de protección del medio ambiente sobre el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de las empresas, los sectores y los Estados miembros. Unos objetivos claros y estables de desarrollo sostenible podrían presentar posibilidades económicas mediante un potencial de innovación e inversión en tecnología, con la consiguiente generación de crecimiento y empleo. En este contexto, los Estados miembros deben hacer mayor uso de instrumentos económicos. Estos instrumentos ofrecen a la industria flexibilidad para reducir la contaminación de manera rentable y fomentar la innovación tecnológica. Además, son a menudo los medios más eficaces para contener los efectos externos negativos, ya que permiten la internalización de los costes externos en los precios. Son por tanto una manera de aplicar de manera regular y productiva el principio de "quien contamina paga". A este respecto, es importante una mejor información a los ciudadanos y las empresas interesadas y una evaluación adecuada de los instrumentos.

Los Estados miembros deben establecer objetivos y calendarios claros para sus políticas, tales como los aprobados por el Consejo Europeo de Gotemburgo, y aplicarlos de manera consecuente, de modo que las empresas y los consumidores puedan adaptarse sin problemas. Es necesaria una actuación continua cada año a fin de desligar gradualmente el crecimiento económico del uso de los recursos y, en especial, el crecimiento del transporte y el consumo de energía y el crecimiento del PIB. Unos cambios coordinados y graduales, pero constantes y creíbles, en el nivel y la estructura de los tipos impositivos, hasta que reflejen plenamente los costes externos en los precios, permitirían reducir al mínimo los problemas de ajuste estructural y favorecerían la adaptación y la introducción de soluciones innovadoras por parte de las empresas. Este planteamiento también reduciría al mínimo las exenciones poco rentables para las empresas o sectores más afectados. Este tipo de exenciones reduce la eficacia ambiental de la medida, falsea la estructura fiscal y resulta a menudo difícil de eliminar más tarde. El establecimiento de un marco para coordinar el uso de instrumentos económicos a nivel comunitario podría ayudar a evitar este tipo de distorsiones y a apoyar el mercado interior.

Por consiguiente,

i) los Estados miembros y la Comunidad deben tratar de facilitar, dentro de sus respectivas competencias, análisis de impacto en los que se estudien las consecuencias sociales y medioambientales de las medidas,

ii) con objeto de lograr una mayor eficacia de los instrumentos basados en el mercado, deberá incrementarse la competencia mediante la desregulación y la conexión de los mercados y mediante la disminución de los obstáculos de entrada y salida,

iii) los Estados miembros deben instaurar y reforzar unas políticas basadas en instrumentos económicos tales como los impuestos, cánones de usuario y de contaminador, regímenes de seguros y responsabilidad civil, compromisos voluntarios y derechos de emisión comercializables. Un sector clave para esta política es el del transporte, en sus diversos modos, que aún carece un sistema coherente e integrado de derechos de uso e impuestos que permita integrar adecuadamente las externalidades y reflejar la utilización de recursos,

iv) para cumplir de manera rentable los requisitos del protocolo de Kioto, los Estados miembros deben prepararse para la introducción del comercio de derechos de emisión a nivel de la Unión Europea, asegurándose, entre otras cosas, de que dispongan de procedimientos suficientemente sólidos para supervisar, informar y verificar las emisiones. Los Estados miembros que ya hayan establecido sistemas de comercio de derechos de emisión para los gases de efecto invernadero, o que prevean hacerlo, deben asegurarse de que sus sistemas sean compatibles con el sistema comunitario que actualmente se debate en el Consejo. Los Estados miembros deben estudiar el modo de asignar los permisos de emisión. En un sentido más general, los Estados miembros deben preparar las medidas y políticas adecuadas para cumplir sus obligaciones adquiridas en Kioto, en particular con objeto de lograr una mayor eficacia en la gestión de las demandas de energía y transporte,

v) los Estados miembros deben fomentar la difusión de información sobre el medio ambiente en las cuentas anuales de las empresas, conforme a la Recomendación de la Comisión de 30 de mayo de 2001,

vi) los Estados miembros, siempre que ello sea coherente con los objetivos del desarrollo sostenible, deben reducir las subvenciones sectoriales, las exenciones fiscales y demás medidas, que tienen consecuencias negativas para el medio ambiente,

vii) los Estados miembros deben, paralelamente al acuerdo sobre la apertura de los mercados de la energía, llegar a un acuerdo, a más tardar en diciembre de 2002, sobre un marco adecuado para la fiscalidad de la energía a nivel europeo, y

viii) para que la Unión Europea "muestre avances sustanciales en la mejora de la eficacia energética para 2010", tal como solicitaba el Consejo Europeo de Barcelona, los Estados miembros deben seguir aplicando medidas sobre la utilización de la energía, en particular en el sector del transporte.

II. ORIENTACIONES ESPECÍFICAS POR PAÍSES

1. BÉLGICA

La actividad económica belga experimentó una aguda deceleración en 2001, con un crecimiento real del PIB del 1 %, tras un excepcional 2000 en el que la economía creció un 4 %; la deceleración del comercio mundial y el consiguiente deterioro de la confianza empresarial fueron las principales razones de esta evolución. Actualmente se espera que la actividad económica se recupere poco a poco en los primeros trimestres de 2002 y más en el segundo semestre del año, con mayor dinamismo en los volúmenes tanto de exportación como de importación; sin embargo, no se espera que el crecimiento real del PIB en término medio supere los resultados del año anterior. En 2003, la economía registrará un crecimiento algo inferior al 3 %, gracias a un comercio internacional más constantes y una demanda interior más firme. La inflación medida por el IPC, que fue del 2,5 % en 2001, descenderá claramente por debajo de un 2 % en 2002 y se mantendrá moderada en 2003. Se espera que el empleo crezca en 2003, si bien a ritmo menos rápido que recientemente; el desempleo aumentará ligeramente en 2002, antes de descender nuevamente en 2003. El nuevo acuerdo marco que se firmará a finales de 2002 para el período 2003-2004 mantendrá la moderación salarial.

Pese a disminuir, el coeficiente de deuda pública en porcentaje del PIB es aún muy alto en Bélgica y requiere un ulterior ajuste presupuestario, sobre todo a fin de asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas en un contexto de envejecimiento demográfico. Debe continuar la reforma de las pensiones complementarias ya en curso, en particular por lo que respecta a la normativa conducente a la jubilación anticipada y a las pensiones complementarias, con objeto de hacer frente a este desafío. El bajo nivel de empleo, las grandes diferencias regionales en materia de desempleo, la insuficiente competencia en sectores de servicios específicos, las cargas administrativas sobre las empresas y la insuficiente eficacia de la administración pública son otros tantos ámbitos que requieren atención.

Política presupuestaria

Pese a la acusada deceleración de la actividad económica en 2001, los presupuestos del Estado estaban en equilibrio (o en superávit del 0,2 % del PIB si se incluyen los ingresos por las licencias de UMTS); el elevado superávit primario permitió mantener el equilibrio de la balanza de las administraciones públicas, en un 6,6 % del PIB, logrado gracias a la reducción del gasto primario y los altos ingresos tributarios; otros factores específicos, tales como las ventas inmobiliarias, contribuyeron en cerca del 0,3 % del PIB a estos resultados. La actualización de 2001 del programa de estabilidad aspira a un equilibrio de las administraciones públicas en 2002 y a un superávit del 0,5 % del PIB en 2003. El mantenimiento de elevados superávits primarios, del orden de un 6 % del PIB al año, sigue siendo elemento esencial de la estrategia de ajuste presupuestario dado el nivel aún muy elevado de deuda pública y los problemas que planteará a largo plazo el envejecimiento demográfico. El límite del crecimiento real del gasto de la entidad I (que agrupa a la autoridad federal y la seguridad social) al 1,5 % al año se considera adecuado para alcanzar este objetivo. El coeficiente de deuda pública apenas disminuyó en 2001, debido principalmente al escaso crecimiento del PIB nominal y a otros factores específicos; según las proyecciones, a finales de 2003 caerá de nuevo justo por debajo del 100 % del PIB. En este contexto, y dado que Bélgica forma parte de la zona del euro, la política presupuestaria debe contemplar los objetivos siguiente:

i) evitar en 2002 un deterioro de la hacienda pública con respecto a 2001, en particular, limitando el gasto público corriente,

ii) proseguir la consolidación presupuestaria en 2003 y alcanzar un superávit de las administraciones públicas del 0,5 % del PIB, cumpliendo el límite del 1,5 % del crecimiento real del gasto para la entidad I y mediante una estricta vigilancia presupuestaria por parte de todas las instancias públicas, e

iii) intensificar la actual estrategia con objeto de prepararse para las consecuencias presupuestarias del envejecimiento de la población, concretamente reduciendo aún más el nivel de deuda y prosiguiendo la reforma del sistema de pensiones, abordando mejor el problema de la baja edad efectiva de jubilación y cuantificando con mayor claridad los recursos presupuestarios que deben asignarse anualmente al fondo destinado al envejecimiento.

Mercado de trabajo

El mercado de trabajo belga se vio afectado por el debilitamiento del crecimiento económico en 2001. La rápida disminución de la tasa de desempleo registrada en los dos últimos años terminó por detenerse, y ahora se espera que aumente ligeramente en 2002. Si bien la tasa de empleo global aumentó continuamente a lo largo de la segunda mitad de los años noventa, pasando del 56,3 % en 1996 a aproximadamente 61 % a finales de 2000, es aún inferior a la media de la Unión Europea, debido principalmente a las tasas relativamente bajas de trabajadores jóvenes (29 % de 15 a 24 años), trabajadores de más edad (tan sólo el 24 % de 55 a 64 años) y mujeres (51,5 %). Dentro de la introducción de un "Estado del bienestar activo", el paso gradual de medidas pasivas a medidas activas y preventivas de lucha contra el desempleo continuó en 2001. Sin embargo, y a pesar de las medidas ya aplicadas, la dependencia con respecto a las prestaciones sociales es aún relativamente grande en algunos segmentos del mercado de trabajo, y podrían adoptarse nuevas medidas para eliminar las últimas "trampas del desempleo" y animar a los pensionistas en edad de trabajar, aún muy numerosos, sobre todo en el caso de las personas de edad, a retomar una actividad. Siguen siendo grandes las disparidades regionales. El nivel de empleo en Flandes (alrededor del 64 % en 2000) es aún un 8-9 % superior al de Valonia y la región de Bruselas. Esto refleja una inadecuada movilidad laboral y una insuficiente flexibilidad salarial. Las barreras lingüísticas, los altos costes de la vivienda (debido a los fuertes impuestos de registro), la creciente congestión del tráfico y una inadecuada red de transportes públicos son los principales obstáculos a la movilidad. Como elemento adicional, un mejor uso de la legislación existente, que permite que los empleados sean partícipes de los resultados financieros de sus respectivas empresas, podría contribuir a la lucha contra estas diferencias. Teniendo en cuenta todo lo anterior, y además de aplicar rigurosamente todas las recomendaciones sobre empleo adoptadas por el Consejo en febrero de 2002, las principales prioridades para Bélgica deben ser:

i) reforzar las recientes medidas de reforma de los sistemas de impuestos y prestaciones a fin de reducir la dependencia con respecto a las prestaciones y hacer que "compense trabajar", en particular, eliminando los últimos aspectos que disuaden a las personas de mayor edad de permanecer activas o de reincorporarse al mercado de trabajo,

ii) adoptar medidas para aumentar la movilidad de la mano de obra, en particular animando a los interlocutores sociales a hacer posible que los mecanismos existentes de formación de salarios reflejen mejor las condiciones y cualificaciones locales del mercado de trabajo, manteniendo al mismo tiempo la moderación salarial,

iii) fomentar un equilibrio apropiado entre la flexibilidad y la seguridad y seguir de cerca el impacto en la oferta de mano de obra de las recientes iniciativas a fin de aumentar la flexibilidad de los horarios y, en especial, el nuevo sistema de "crédito de horario", e

iv) intensificar los esfuerzos por aumentar el nivel de empleo de las mujeres, eliminando los factores que disuaden de su entrada o reincorporación al mercado de trabajo.

Mercados de productos, espíritu empresarial y economía del conocimiento

La apertura de la economía belga estimula la competencia en los mercados de productos, lo que lleva a altos niveles de productividad laboral y a unos precios al consumo situados en la media de la Unión Europea. El índice de transposición de directivas del mercado interior alcanzó el objetivo de marzo de 2002, de un 98,5 %. Pese a la ausencia de competencia efectiva en el bucle local, la liberalización del sector de las telecomunicaciones continúa de manera satisfactoria, y la utilización de Internet por banda ancha crece rápidamente gracias a los bajos costes de acceso. En cambio, los vínculos entre colectividades locales y socios privados carecen aún de transparencia, y en algunos sectores de servicios, como el de la energía, la liberalización está menos avanzada. En particular, el retraso en la creación de un operador independiente de sistemas de transmisión de electricidad y la ausencia de autorización reglamentaria de las tarifas de transmisión impiden la entrada en el mercado. Por lo tanto, la competencia sigue limitada en estos sectores, y las tarifas son elevadas. Los gastos en I + D y TIC se ajustan, por término medio, a las normas de la Unión Europea, pero se concentran en determinados sectores y sociedades. Se han emprendido importantes reformas a fin de reducir las cargas administrativas y aumentar la eficacia de los servicios públicos, y ya empiezan a dar resultados. Sin embargo, las trabas administrativas siguen siendo grandes, y los ferrocarriles siguen recibiendo grandes ayudas del Estado. Así, Bélgica debe favorecer las prioridades siguientes:

i) aumentar la competencia en los sectores de electricidad y gas, designando oficialmente a un operador independiente del sistema de transportes sin participación significativa de los operadores tradicionales (desagregación de la propiedad) y tomar medidas de estímulo a nuevos proveedores al por menor garantizando un acceso equitativo a las redes,

ii) incrementar la transparencia de los vínculos entre los sectores público y privado a nivel local y provincial, en especial el papel de las administraciones locales y sus asociaciones en distintos sectores, como el de la energía, con objeto de evitar distorsiones de la competencia y conflictos de intereses, y

iii) adoptar nuevas medidas a fin de reducir las cargas administrativas sobre las empresas, en particular, por lo que respecta a los plazos y gastos de registro de nuevas sociedades, y potenciar la administración en línea.

2. DINAMARCA

En 2001, el crecimiento económico se ralentizó hasta situarse en un 0,9 %, debido fundamentalmente a la acusada deceleración del crecimiento de la inversión y al deterioro del crecimiento de la demanda exterior. Se prevé que el crecimiento de la producción alcance un 13/4 % este año y acelere hasta cerca de un 21/2 % en 2003, principalmente por el impulso de la demanda nacional. En 2002, los factores que sostendrán el crecimiento serán el consumo privado, que se espera aumente al ritmo de los salarios netos reales, y la inversión, que se recuperará ante unas perspectivas más favorables. Se prevé que las exportaciones danesas aumenten en general al ritmo de la demanda exterior y que las importaciones evolucionen siguiendo la demanda final, de modo la contribución de las exportaciones netas al crecimiento será de nuevo negativa este año. En 2003, la demanda nacional se afianzará más aún, mientras que la contribución de las exportaciones netas al crecimiento será en general neutra. La inflación (IPCA), que aumentó un 2,3 % en 2001, permanecerá en torno a ese nivel también este año, dado que los aumentos de los precios en el sector del vestido compensarán los efectos de unos precios del petróleo algo inferiores y de la "congelación fiscal" introducida por el nuevo Gobierno, antes de caer ligeramente en 2003. La situación seguirá siendo satisfactoria en el mercado de trabajo. Se espera que el empleo aumente marginalmente este año y en cerca de 1/2 punto en 2003. Pese a la deceleración de la economía, el desempleo registrado se mantiene en un nivel muy bajo y cabe esperar una ligera disminución de la tasa de desempleo en 2003, a medida que se remonte el crecimiento.

La economía danesa, que funciona actualmente en un nivel próximo al potencial, debe aumentar su potencial de producción concentrándose en una serie de aspectos. En primer lugar, deben reducirse las trabas que limitan la oferta de trabajo, lo que también ayudaría a frenar la fuerte subida de los salarios. La competencia sigue siendo insuficiente en diversos sectores importantes y, dado el tamaño del sector público, la eficacia del mismo debe aún mejorar. Por último, sigue siendo fundamental una verdadera restricción del consumo público, máxime tras la "congelación fiscal", a fin de que las administraciones públicas dispongan de superávit holgados a medio plazo.

Política presupuestaria

En 2001, el superávit de las administraciones públicas fue del 2,8 % del PIB, excluidos los ingresos de licencias UMTS, que representan un 0,2 %. Se espera que el superávit presupuestario disminuya a un 2,1 % del PIB este año y aumente posteriormente a un 2,4 % del PIB en 2003. La reducción del superávit en 2002 se debe fundamentalmente a que la propuesta de modificación del régimen especial de ahorro-jubilación se ha incorporado a los años objeto de previsión, lo que reduce por razones técnicas el superávit en cerca de 1/2 punto porcentual del PIB(1). La última actualización del programa de convergencia danés mantiene la estrategia basada en una lenta reducción del gasto primario y de los impuestos en proporción del PIB. Como ya ha ocurrido a menudo, el aumento real del consumo público en 2001 rebasó el objetivo fijado por el Gobierno anterior. En cambio, el actual, que entró en funciones en noviembre de 2001, introdujo un nuevo elemento al comprometerse a no aumentar los tipos de imposición tanto directa como indirecta. Además, se ha establecido un límite al impuesto sobre el valor nominal de propiedad de la tierra. Esta "congelación fiscal" no está limitada en el tiempo. Según las previsiones a largo plazo del programa actualizado, la hacienda pública alcanzará superávit de un 1,5 a un 2,5 % del PIB hasta 2010 a fin de poder hacer frente a las consecuencias financieras del envejecimiento. En este contexto, la política presupuestaria debe contemplar los objetivos siguientes:

i) velar por el cumplimiento del objetivo gubernamental de limitar el ritmo de crecimiento real del consumo público a un 1 % anual por término medio, lo que implica que el aumento previsto por las autoridades para 2003 permanezca preferiblemente por debajo del 0,7 % a fin de compensar la subida del 1,3 % prevista en el presupuesto 2002,

ii) velar por el cumplimiento de la congelación fiscal por todos los niveles de administración, en su caso obteniendo compromisos vinculantes por parte de las colectividades locales en el marco de los acuerdos sobre el presupuesto 2003.

Mercado de trabajo

El mercado de trabajo danés es el más potente de la Unión Europea. En 2001 registró un porcentaje de empleo total del 76 %, de un 72 % de mujeres y de un 56 % de trabajadores de más edad. La tasa de desempleo siguió disminuyendo ligeramente en 2001, al 4,3 %, y la situación siguió siendo buena en el mercado de trabajo. No se emprendieron nuevas reformas en 2001. Sin embargo, las reformas anteriores siguen teniendo efectos restrictivos en el número de jubilaciones anticipadas y de asignaciones de pensiones de incapacidad, y los tipos de imposición marginal se reducirán en 2002 conforme al paquete de medidas de Pentecostés de 1999. El nuevo Gobierno anunció recientemente una congelación fiscal. Pese a las reformas anteriores, ha habido una clara tendencia a la negociación de horarios de trabajo más cortos, y la retirada del mercado de trabajo es relativamente alta. La proporción de personas en edad laboral en los regímenes de prestaciones (incluidos los subsidios de desempleo) y los programas activos del mercado de trabajo es del 21 %, lo que contribuye en parte a los persistentes obstáculos a la oferta de mano de obra. Podría fomentarse una nueva expansión de la oferta, necesaria ante el envejecimiento de la población, mediante reformas de los regímenes de impuestos y prestaciones, de modo que la estructura subyacente a dicho régimen sea más favorable al empleo. Teniendo en cuenta lo anterior, y aplicando al mismo tiempo con rigor todas las Recomendaciones sobre Empleo adoptadas por el Consejo en febrero de 2002, la prioridad principal para Dinamarca debe ser:

i) procurar que "compense trabajar" prosiguiendo los cambios en los sistemas de transferencias y reducir la presión fiscal sobre el trabajo, en particular sobre los salarios medios y bajos.

Mercados de productos, espíritu empresarial y economía del conocimiento

La economía danesa presenta un grado de apertura (comercio total en relación al PIB) inferior a la mayoría de los demás pequeños Estados miembros, lo que, junto a unos precios relativamente elevados, se debe en parte a la ausencia de competencia en algunos sectores. Por el contrario, son escasas las ayudas estatales ad hoc y sectoriales, y el historial de transposición de las directivas del mercado interior es excelente. Se ha avanzado en cuanto a la liberalización de los mercados de telecomunicaciones y electricidad, así como en la apertura de los contratos públicos. Menos éxito ha habido en la apertura de los mercados del gas a la competencia. La penetración de las TIC es elevada y el gasto en I + D, superior a la media de la Unión Europea. Sin embargo, en el ámbito de la I + D, Dinamarca va a la zaga de los demás Estados miembros nórdicos, debido en particular a la menor contribución de las empresas privadas y a una explotación comercial menos rentable. Además, según una investigación de la OCDE, Dinamarca combina un importante presupuesto destinado a la enseñanza pública con unos resultados relativamente pobres en este ámbito. Por ello, Dinamarca debe favorecer los objetivos siguientes:

i) intensificar los esfuerzos por introducir la competencia en los sectores donde ésta es aún insuficiente,

ii) fomentar la competencia en los servicios públicos a nivel local mediante una mayor participación del sector privado y la competencia entre operadores, y

iii) completar la plena apertura de los mercados de electricidad y gas y garantizar un acceso equitativo a las redes.

3. ALEMANIA

El PIB alemán aumentó un 0,6 % en 2001. En el consumo privado, las reducciones del impuesto sobre la renta introducidas en enero limitaron la disminución de la tasa de crecimiento debida al aumento de los precios de los carburantes petroleros y al empeoramiento del entorno internacional con su efecto negativo en el desempleo, que empezó a aumentar levemente a lo largo del año. En cambio, la inversión sufrió una fuerte caída en un entorno caracterizado por las escasas perspectivas de crecimiento. La reducción de inventarios también tuvo repercusiones en la economía. Por ello, la demanda interior se estancó en 2001. Así pues, el crecimiento obtenido procede sobre todo de las exportaciones netas. Para 2002, los principales indicadores apuntan a una mejoría a mediados de año gracias a la recuperación de la inversión; el consumo, en cambio, seguirá sufriendo las consecuencias del aumento del desempleo. No obstante, y pese a la fuerte mejora esperada, el índice de crecimiento medio del PIB seguirá siendo inferior al 1 % en 2002 debido a un efecto de base estadístico muy negativo a principios de año. La subida media de los precios al consumo alcanzó un 2,4 % en 2001, en un contexto de aumento mayor de lo previsto de los precios del petróleo y la alimentación. La inversión prevista de estos efectos ejercerá presión en favor de unos precios más bajos y mantendrá la inflación en CPI por debajo del 2 %, uno de los niveles más bajos de la zona del euro. El empleo empezó a disminuir en 2001 y, pese a aceleración prevista en la actividad económica, será por término medio más bajo en 2002. Por consiguiente, cabe prever que el desempleo sea en 2002 por término medio algo más alto que en 2001.

Como consecuencia de la reforma fiscal y de la deceleración económica, el déficit público de Alemania alcanzó un 2,7 % del PIB en 2001. Es por ello primordial acelerar el saneamiento de la hacienda pública y velar por la estricta aplicación del programa de estabilidad, procurando, en particular, que el déficit público en 2002 siga siendo inferior al valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado. Si bien la actual deceleración cíclica se debe esencialmente a factores exógenos, el potencial de crecimiento de la economía alemana también se ve limitado por las consecuencias indirectas de la reunificación, incluida la crisis del sector de la construcción, y por la lentitud de las reformas estructurales. La máxima prioridad debe ser incrementar y aprovechar plenamente el potencial de crecimiento. Aplicadas en un marco macroeconómico orientado hacia el crecimiento y la estabilidad, las reformas deben tener como finalidad reducir la tasa persistentemente elevada de desempleo, a reducir las disparidades regionales en este ámbito, así como a mejorar la eficacia de las políticas activas del mercado de trabajo. Este esfuerzo debe ir acompañado de medidas a fin de aumentar la tasa de empleo, en particular reformando los regímenes de prestaciones, de modo que compense trabajar, y eliminando los factores que disuaden a los trabajadores, y más concretamente a las mujeres, de incorporarse o permanecer en el mercado de trabajo. Con las reformas efectuadas por Alemania en los regímenes fiscales y las pensiones, últimamente se ha ido avanzando en este sentido. Aun cuando la reciente reforma de las pensiones es un importante paso en la buena dirección, es posible que sean necesarias reformas adicionales en el futuro. Las mejoras en el entorno empresarial en general, sobre todo mediante ulteriores reformas de los mercados de productos, capital y trabajo, también contribuirán a reforzar el potencial de crecimiento económico de Alemania.

Política presupuestaria

Según las últimas estimaciones de la Oficina estadística federal, el déficit de las administraciones públicas alcanzó un 2,7 % del PIB en 2001. Este deterioro con respecto a los resultados de 2000 (-1,3 % del PIB, excluidos los ingresos por las licencias UMTS) y a las proyecciones del programa de estabilidad actualizado de octubre de 2000 (que preveía un déficit del 1 1/2 % del PIB) se debe principalmente a una disminución del crecimiento más acentuada de lo previsto y a una serie de revisiones estadísticas. Sin embargo, se produjo cierto rebasamiento del gasto en el sector general de la sanidad y también en los presupuestos de algunos Estados federados. Este año, dado el escaso crecimiento del PIB y el aumento de algunas prestaciones sociales, no cabe esperar que el déficit se reduzca con respecto al año pasado, pese al aumento de algunos impuestos.

En la reunión del Consejo Ecofin de 12 de febrero de 2002, el Gobierno alemán se comprometió a respetar el valor de referencia de un 3 % del PIB para el déficit de las administraciones públicas en 2002 y se comprometió a recuperar una situación presupuestaria próxima al equilibrio en 2004. Tal compromiso se reafirmó a través del acuerdo alcanzado entre la Federación y los Estados federados en la sesión especial del Consejo de planificación financiera (Finanzplanungsrat) celebrada el 21 de marzo de 2002. Teniendo en cuenta lo anterior, y dado que Alemania es miembro de la zona del euro, la política presupuestaria debe tener por objetivos:

i) velar por que no se supere el valor de referencia del 3 % del PIB para el déficit de las administraciones públicas y utilizar todos los potenciales dividendos del crecimiento para reducir el déficit por debajo del límite máximo del 2 1/2 % del PIB establecido para 2002 en el último programa de estabilidad actualizado,

ii) en 2003, encaminarse a una reducción del déficit que sea suficiente para alcanzar una situación próxima al equilibrio o en superávit en 2004. Con este fin, seguir conteniendo el gasto y velar por que todo posible margen de maniobra presupuestario se destine a reducir el déficit,

iii) llevar a cabo la necesaria reforma del sistema sanitario a fin de reducir las presiones sobre el gasto y contribuir a la mejora de la calidad y sostenibilidad de las finanzas públicas, mejorando la calidad y la eficacia económica de la atención sanitaria, y

iv) adoptar en el actual período de sesiones parlamentarias las modificaciones acordadas en la ley del presupuesto (Haushaltsgrundsätzegesetz) y velar por un control efectivo de los acuerdos alcanzados en la sesión especial del Finanzplanungsrat del 21 de marzo 2002.

Mercado de trabajo

El mercado de trabajo alemán sufrió las consecuencias de la deceleración económica en 2001, año en que el crecimiento del empleo se detuvo y el desempleo empezó de nuevo a aumentar. El nivel de empleo global, de un 65 % en 2000, es superior a la media de la Unión Europea. El paro juvenil es relativamente bajo. Sin embargo, el desempleo, la mitad del cual es de larga duración, sigue siendo alto, de un 7,9 %, ligeramente por encima de la media de la Unión. Las tasas de desempleo regionales siguen variando considerablemente. Pese a una reciente flexibilización de las negociaciones salariales, la diferenciación y la movilidad salariales no son suficientes para contribuir adecuadamente a una reducción clara del diferencial regional. Se han adoptado medidas adecuadas (como la ley de empleo AQTIV y el llamado "modelo de Maguncia" para el subsidio de los puestos de trabajo con bajos salarios) a través de una nueva legislación destinada a racionalizar las políticas activas del mercado de trabajo, pero es preciso dar mayor eficacia a los grandes programas de medidas activas en las regiones con desempleo elevado. Por otra parte, la participación en el mercado de trabajo de los trabajadores poco cualificados es muy escasa, y su riesgo de desempleo es un 60 % superior a la media. Todo aumento adicional de los niveles de empleo dependerá fundamentalmente de superar los aún fuertes factores desintencivadores y los obstáculos a la participación en el mercado de trabajo de los trabajadores menos cualificados, las mujeres y los trabajadores de edad más avanzada. Teniendo en cuenta lo anterior, y aplicando al mismo tiempo con rigor todas las Recomendaciones sobre empleo adoptadas por el Consejo en febrero de 2002, las principales prioridades para Alemania deben ser:

i) intensificar los esfuerzos por que "compense trabajar", reformando los regímenes de impuestos y prestaciones, en particular en el caso de las mujeres y los trabajadores de más edad; son candidatos para la reforma: los criterios y condiciones de atribución de prestaciones, su duración y tasa de sustitución, así como su retirada en caso de contratación; es preciso reducir las cotizaciones de seguridad social, en particular en el extremo inferior de la escala salarial, respetando al mismo tiempo la necesidad de mantener unas finanzas públicas saneadas,

ii) mejorar la eficacia de los programas de medidas activas del mercado de trabajo, en particular, cuando se aplican a gran escala, y seguir desarrollando la ayuda a la búsqueda de empleo haciéndola al mismo tiempo más eficaz; orientar mejor estos programas a fin de beneficiar a los colectivos más expuestos al desempleo de larga duración y responder a las necesidades del mercado de trabajo,

iii) respetando la autonomía de los interlocutores sociales, fomentar instituciones y sistemas de negociación colectiva que atiendan al vínculo entre la evolución salarial y la situación en el mercado de trabajo, lo que permitiría a los salarios evolucionar en función de la productividad y las divergencias de calificaciones, con vistas a aumentar el empleo en todas las cualificaciones y regiones, manteniendo al mismo tiempo evoluciones salariales orientadas a la estabilidad y el empleo,

iv) promover una organización del trabajo más flexible y revisar la normativa en materia de contratos laborales con objeto de fomentar la creación de más puestos de trabajo y lograr un equilibrio adecuado entre flexibilidad y seguridad, y

v) eliminar las barreras a la participación femenina en el mercado de trabajo, fomentando, entre otras cosas, la disponibilidad de las instalaciones de cuidado de niños.

Mercados de productos, espíritu empresarial y economía del conocimiento

La economía alemana está relativamente abierta para tratarse de una economía de gran tamaño (coeficiente total entre comercio y PIB), y los niveles de precios al consumo se encuentran cerca de la media de la Unión Europea. Las ayudas estatales van disminuyendo poco a poco. Los requisitos de tiempo y costes para crear sociedades anónimas de responsabilidad limitada se sitúan alrededor de la media de la Unión Europea y son mínimos en el caso de las sociedades unipersonales. Alemania ocupa una posición fuerte en cuanto a economía del conocimiento: gasto de las empresas en I + D, solicitudes de patentes y proporción de trabajadores que cuentan al menos con educación secundaria superior. El progreso en relación con el mercado interior (transposición de directivas del mercado interior, apertura de la contratación pública) ha sido limitado. En parte debido a las medidas nacionales destinadas a lograr objetivos medioambientales, los niveles de precios de la electricidad (hogares) y el gas siguen muy por encima de la media de la Unión, y los antiguos monopolistas regionales siguen disfrutando de una posición fuerte en las actividades de suministro. Por último, el éxito académico de los alumnos de 15 años y la proporción de estudiantes de bachillerato con respecto a los universitarios están por debajo de la media de la Unión Europea. Dos tercios de los alumnos de esta edad inician un programa especial de formación profesional dual, que tiene un efecto positivo en el desarrollo de la juventud y que mantiene el desempleo de este grupo de edad en un nivel relativamente bajo en comparación con otros Estados miembros. Teniendo en cuenta lo anterior, las principales prioridades para Alemania deben ser:

i) garantizar la competencia efectiva en los mercados de la electricidad y el gas con vistas a reducir los niveles y las diferencias regionales de los cánones cobrados por el uso de redes de distribución energéticas; establecer una función reglamentaria del sector de energía a fin de asegurar el control efectivo de las condiciones de determinación de tarifas,

ii) emprender las iniciativas necesarias para mejorar el nivel escolar de los estudiantes en general y, en particular, aumentar la proporción de jóvenes que ingresan en la Universidad, y

iii) incrementar el índice de transposición de la legislación del mercado interior con vistas a alcanzar el objetivo del 98,5 % de directivas del mercado interior y aumentar el valor de las licitaciones públicas en el Diario Oficial.

4. GRECIA

A raíz del deterioro de la economía mundial, la actividad económica en Grecia disminuyó un tanto en 2001, pero se vio sostenida por factores internos. La inversión se vio beneficiada por la considerable reducción de los tipos de interés debido a la entrada en la zona del euro en 2001 y al aumento de las transferencias de los fondos estructurales de la Unión, sumados a los destinados a los preparativos de los Juegos Olímpicos de 2004. Al mismo tiempo, el auge del crédito al consumidor y el aumento de la renta disponible real potenciaron el gasto en consumo. Por el contrario, el comercio exterior tuvo efectos negativos en el crecimiento del PIB real debido al peso de las importaciones en la demanda interior y la insuficiencia de los aumentos de competitividad. Es probable que esta pauta de crecimiento se mantenga en 2002, pero en 2003 se prevé una mejora gracias a la recuperación de la demanda exterior. La situación en el mercado de trabajo mejoró lentamente a lo largo de los últimos años, y el empleo creció a ritmo relativamente escaso en el conjunto de la economía pese a los numerosos empleos creados en los servicios y la construcción. Las tensiones inflacionistas surgidas a principios de 2001 por el efecto retrasado del aumento de los precios del petróleo en 2000 empezaron a remitir en el segundo semestre de 2001. Las negociaciones sobre los salarios del sector privado han llegado a término. En el acuerdo se contempla un aumento nominal del 5,4 y del 3,9 % para 2002 y 2003, respectivamente.

Pese a los avances realizados en los últimos años, los retos a medio plazo a que se enfrenta la economía griega hacen necesario mejorar su funcionamiento. En los últimos años se corrigieron los desequilibrios fiscales, pero el cociente de deuda pública sigue siendo muy elevado y exige mantener un fuerte saneamiento presupuestario, máxime dado el serio riesgo de desequilibrios presupuestarios que puede representar a largo plazo el envejecimiento demográfico. La fase actual de crecimiento del PIB real ofrece posibilidades de acelerar las reformas estructurales a fin de elevar el aún bajo nivel de productividad, aumentar la eficiencia del mercado de trabajo y los mercados de productos y crear un ambiente más favorable a las empresas. Por último, la reducción de la elevada tasa de desempleo estructural y el aumento de las tasas de empleo siguen siendo retos fundamentales.

Política presupuestaria

En 2001, las cuentas de las administraciones públicas registraron un déficit del 0,4 % del PIB, pero se equilibraron si se incluyen los ingresos no presupuestados por las licencias UMTS. La actualización para 2001 del programa de estabilidad prevé un superávit público del 0,8 % del PIB en 2002 y del 1 % en 2003; estas proyecciones presupuestarias se basan en un fuerte crecimiento del PIB real en todo este período (hasta llegar a alrededor un 4 % al año). La estrategia presupuestaria sigue orientada a la obtención de elevados superávits primarios, que no obstante se espera disminuyan durante este período; en realidad, la mejora de los saldos presupuestarios públicos obedece enteramente a un continuo descenso de los pagos de intereses; el gasto primario corriente, en cambio, apenas disminuirá. La ratio de la deuda pública pasará de un 99,6 % del PIB en 2001 a un 94,4 % en 2003, dado que su reducción se vio limitada por factores imprevisibles, a saber, grandes operaciones financieras. Por ello, y dado que Grecia forma parte de la zona del euro, la política presupuestaria debe tener por objetivos:

i) procurar que las orientaciones adoptadas en 2002 y 2003 no contribuyan a exacerbar las tensiones inflacionistas, teniendo también en cuenta el próximo acuerdo nacional sobre los salarios del sector privado, que se espera concluir en 2002,

ii) atenerse a la recomendación ya formulada en las Orientaciones generales de política económica para 2000 de aplicar normas claras y vinculantes para el aumento del gasto corriente en términos reales,

iii) procurar que la reducción del cociente de la deuda pública en el PIB guarde relación con la reducción prevista del déficit público y el aumento del PIB nominal y limitar el recurso a operaciones financieras que repercutan negativamente en el nivel de deuda pública, y

iv) acelerar la reforma de los regímenes de seguridad social y, en particular, reformar el sistema de jubilación a partir de 2002 con vistas a evitar los graves desequilibrios presupuestarios que podría causar el envejecimiento demográfico en los próximos años.

Mercado de trabajo

La recuperación económica de Grecia en los últimos años vino acompañada de un crecimiento del empleo (sin embargo inferior a la media de la zona del euro). Esta creación de empleo, aunque inicialmente compensada por aumentos de la oferta de mano de obra, permite desde hace uno o dos años una leve reducción de la tasa de desempleo, sobre todo en 2000. Con todo, el mercado de trabajo griego aún se caracteriza por un bajo nivel de empleo (el 55,7 % en 2000) y un alto nivel de desempleo estructural. Por otra parte, el mercado se encuentra muy segmentado, con altos índices de desempleo juvenil y femenino y una elevada proporción de desempleo de larga duración. En 2001 las medidas del mercado de trabajo se centraron en aplicar el paquete de reformas del mercado de trabajo de diciembre de 2000 y en la reforma de la oficina pública de empleo y el sistema de formación educativa y profesional. Pese a las medidas recientes, el mercado de trabajo aún presenta una serie de problemas: una reglamentación prolija; una insuficiente diferenciación salarial; un falseamiento de los incentivos al trabajo en el sector formal, incorporado en los derechos de pensión y en el sistema impositivo. Existe un fuerte grado de progresividad en los impuestos sobre la renta de las personas físicas y una elevada carga sobre los trabajadores por cuenta ajena en comparación con los autónomos, si bien la presión fiscal media es reducida. Por otra parte, el sistema educativo y de formación profesional debe reforzarse a fin de adaptarse mejor a los requisitos del mercado de trabajo. Teniendo en cuenta lo anterior, y aplicando enérgicamente todas las Recomendaciones sobre empleo adoptadas por el Consejo en febrero de 2002, las principales prioridades para Grecia deben ser:

i) llevar a cabo con urgencia la reforma de los derechos de pensiones a fin de animar a los trabajadores de más edad a trabajar y permanecer activos,

ii) seguir mejorando los sistemas de formación educativa y profesional a fin de aumentar las cualificaciones de la mano de obra y cubrir las necesidades del mercado de trabajo,

iii) seguir avanzando en la eliminación de las principales distorsiones sobre los incentivos al trabajo debidas a la interacción de las cotizaciones a la seguridad social y las rigideces del mercado de trabajo,

iv) impulsar la adaptación de los sistemas de formación de salarios para que reflejen mejor las diferencias de productividad y las condiciones locales del mercado de trabajo velando, en particular, por que las excepciones previstas en los pactos territoriales de empleo puedan aplicarse en la práctica, y

v) aplicar íntegramente los programas de reforma del mercado de trabajo y supervisar su impacto en el funcionamiento del mismo a fin de maximizar los efectos positivos. En especial, construir sobre estos esfuerzos flexibilizando la restrictiva legislación de protección de empleo con objeto de garantizar un adecuado equilibrio entre flexibilidad y seguridad y acelerando la reestructuración de la oficina pública del empleo.

Mercados de productos, espíritu empresarial y economía del conocimiento

Debido en parte a su situación geográfica, la economía griega está menos abierta que la de los demás Estados miembros (según el coeficiente total comercio/PIB). La aplicación efectiva de las normas de competencia es por ello muy importante para garantizar altos niveles de competencia en los mercados nacionales de productos y para estimular los aumentos de productividad. Efectivamente, el nivel de productividad laboral, que se ha incrementado mucho en los últimos años, sigue siendo el segundo más bajo de la Unión. El déficit de transposición de la normativa del mercado interior se redujo a menos de la mitad, pero el índice de transposición sigue por debajo del objetivo de marzo de 2002 del 98,5 %. Se realizan esfuerzos por mejorar el entorno empresarial y el rendimiento de la administración pública, pero los costes de crear una nueva empresa siguen siendo elevados y el sistema de fiscalidad de las empresas es sumamente complejo y es posible que limite los incentivos al crecimiento de las empresas. Debido también a que la liberalización es reciente, la posición en el mercado de los operadores tradicionales en las industrias de red sigue siendo fuerte. Los bajos niveles medios de estudios de la población siguen planteando problemas y figuran entre los factores responsables de un nivel en general bajo -aunque cada vez mayor- de difusión de las TIC en Grecia (la penetración de la banda ancha es la más baja en la Unión) y el muy pobre rendimiento de la I + D y la innovación. Teniendo en cuenta lo anterior, las principales prioridades para Grecia deben ser:

i) acentuar los esfuerzos por aumentar la oferta de mano de obra cualificada, fomentar la participación de las empresas en la I + D y la innovación y seguir trabajando por una mejor difusión de las TIC,

ii) seguir racionalizando las normas y procedimientos administrativos, mejorando la eficacia de la administración pública y haciendo que el sistema de fiscalidad de las empresas sea neutro en cuanto a la forma de organización de las sociedades,

iii) fomentar la competencia efectiva en las industrias de red liberalizadas y, en particular, en el suministro eléctrico y los servicios de transporte marítimo, y

iv) mantener los progresos en el índice de transposición de la legislación del mercado interior a fin de lograr el objetivo de transponer el 98,5 % de las Directivas del mercado interior.

5. ESPAÑA

Después de aumentar alrededor del 4 % en 1999 y 2000, el crecimiento de la producción se debilitó significativamente en 2001 debido a la moderación de la demanda nacional, sobre todo por el acusado descenso de la inversión en bienes de equipo, y la gradual deceleración de las exportaciones a lo largo del año. En 2002, en gran medida debido a la deceleración registrada en el segundo semestre del año anterior, se espera que el crecimiento del PIB se ralentice más por término medio, si bien registrará una recuperación que irá adquiriendo fuerza a lo largo del año. Esta recuperación debería provenir de una mejora gradual de los componentes de la demanda nacional y de un renovado dinamismo de las exportaciones. En 2003, junto con las mejores perspectivas internacionales y sostenido por la recuperación del gasto nacional, el PIB debe crecer de acuerdo con las posibilidades estimadas.

Tomando como base esta situación macroeconómica, el crecimiento del empleo debería ralentizarse en 2002 para recuperar fuerzas al año siguiente, lo que supone una tasa de desempleo en descenso de alrededor del 12 % en 2003. Se espera que la inflación caiga a alrededor del 2,5 % por término medio en 2002, comparado con el 3,6 % el año anterior. Este alivio de las presiones inflacionistas se apoyaría en el acuerdo salarial nacional firmado el año pasado para preservar la moderación salarial, y en unos precios moderados de importación. En 2003, la inflación podía ralentizarse más, acercándose al 2,0 % por término medio.

Aunque España ha avanzado en la aplicación de las recomendaciones de las Orientaciones generales de política económica de 2001, y las perspectivas de la economía española sean positivas, siguen pendientes ciertos problemas. Debe abordarse de manera especial la sostenibilidad a largo plazo de la hacienda pública mediante una reforma global del sistema de pensiones, ya que el acuerdo de abril de 2001 entre el Gobierno y los interlocutores sociales no resultó ser un paso significativo para abordar los desequilibrios subyacentes. En segundo lugar, la tasa de desempleo, aunque es inferior en más de 10 puntos al máximo de 1994 y sigue disminuyendo, sigue siendo alta con respecto a otros países de la Unión Europea, presentando grandes disparidades entre regiones y bajos índices de ocupación, especialmente de la mujer. Por último, pese al alivio de las presiones inflacionistas, la inflación subyacente sigue arrojando unas tasas de crecimiento relativamente altas, mientras que el crecimiento aparente de la productividad laboral sigue siendo lento. Este rendimiento puede indicar un grado insuficiente de competencia en algunos sectores y un retraso en el desarrollo de la economía basada en el conocimiento.

Política presupuestaria

Pese a la debilitación del crecimiento, en 2001 prosiguió el proceso de consolidación fiscal y el sector general de la administración alcanzó por primera vez en los últimos 25 años el equilibrio presupuestario, a partir del déficit del 0,3 % registrado en 2000. Según el programa de estabilidad actualizado 2002-2005, se espera que la administración mantenga un presupuesto equilibrado en 2003 y alcance en 2005 un pequeño superávit del 0,2 % del PIB. La estrategia fiscal resumida en la actualización se mantiene sin cambios con respecto a programas anteriores. Se basa en una restricción de los gastos corrientes primarios, apoyada por una disminución de los pagos de intereses, lo que permite incrementar la inversión de capital. A su vez, el programa prevé una nueva reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que debe entrar en vigor en 2003, en consonancia con el mantenimiento de la consolidación fiscal. El programa introduce el nuevo sistema financiero para los Gobiernos autonómicos, que conlleva la descentralización de poderes fiscales y de gasto. Paralelamente al inicio de este nuevo sistema se aprobó la Ley de estabilidad presupuestaria, cuyo objetivo era asegurar el compromiso de todos los subsectores de la Administración de cumplir el objetivo de alcanzar un presupuesto próximo al equilibrio. Esto contribuirá a mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas en España.

El programa de estabilidad actualizado de 2002-2005 no facilita información detallada sobre las medidas para abordar el envejecimiento de la población; por otro lado, la anunciada intención de realizar la reforma del régimen de pensiones carece de un calendario concreto. Esto puede ser motivo de preocupación, dado que las proyecciones demográficas de España son, según Eurostat, especialmente negativas. En el pasado reciente, las principales medidas adoptadas para abordar el envejecimiento han consistido, en primer lugar, en el fondo de la seguridad social creado en 2000 para financiar futuros compromisos y cuyos activos se preveía que alcanzaran el 1 % del PIB en 2004, según el último programa de estabilidad. (A principios de abril, las autoridades españolas anunciaron que este objetivo se alcanzaría en 2002.) Además, se han creado algunos incentivos para elevar la edad de jubilación efectiva. En vista de lo anterior, y habida cuenta de que España forma parte de la zona del euro, la política presupuestaria de España debería aspirar a:

i) asegurar la restricción de los gastos corrientes primarios según lo previsto, a fin de mantener la posición de equilibrio presupuestario de conformidad con el programa de estabilidad actualizado,

ii) asegurarse de que la reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que debe legislarse en 2002, incrementa los incentivos de empleo y ahorro, y no hace peligrar los objetivos de estabilidad a medio plazo, y

iii) realizar una revisión a fondo del régimen público de pensiones para promover su viabilidad a largo plazo. Dar prioridad a la creación de incentivos para elevar la edad de jubilación efectiva y al uso de los superávits registrados en el subsector de la seguridad social para incrementar aún más el fondo de reserva de las pensiones.

Mercado de trabajo

La mejora del rendimiento del mercado laboral registrada en los últimos años significa que, en cuanto a las cifras de empleo, España está alcanzando rápidamente el nivel de otros Estados miembros de la Unión Europea. El nivel de ocupación global pasó del 52,3 % en 1999 al 54,7 % en 2000. El nivel de ocupación femenina se incrementó en tres puntos, dando un 40,3 %. El paro ha seguido disminuyendo hasta situarse en un 13,0 % y el paro femenino sigue siendo el doble que el masculino. Las disparidades regionales del desempleo siguen siendo grandes, registrándose en la península una variación de los índices entre el 6,3 % y el 22,3 % (último trimestre de 2001). Entre los problemas estructurales de fondo cabe citar la incapacidad de ajustar los costes laborales a la productividad y a las condiciones locales del mercado de trabajo, así como la escasa movilidad laboral, debida en parte a rigideces del mercado inmobiliario y al funcionamiento de determinados regímenes regionales de prestaciones. Las reformas de marzo de 2001 parecen abordar las rigideces en el campo de los contratos laborales. Queda aún más por hacer para aumentar la inversión global en formación y para adoptar medidas que aseguren la eficacia de las políticas activas del mercado laboral. Deberán dedicarse mayores esfuerzos a incrementar la participación del mercado laboral y poder mantener la impresionante trayectoria de los últimos años. Visto lo anterior, además de aplicar con rigor todas las Recomendaciones sobre empleo adoptadas por el Consejo en febrero de 2002, las principales prioridades para España deben ser:

i) tomar mayores medidas hacia la reforma de la formación de salarios, de modo que los salarios reflejen mejor las diferencias regionales y evolucionen de acuerdo con los avances de la productividad y las diferencias de cualificación,

ii) ir suprimiendo los obstáculos a la movilidad laboral, entre otras cosas, a través de mejoras del funcionamiento del mercado inmobiliario y de la reforma de los regímenes regionales de prestaciones sociales, y promover condiciones que conduzcan a la creación de empleo en las regiones menos favorecidas,

iii) asegurar que las medidas activas del mercado laboral son eficaces y se adaptan a las necesidades de los más propensos al riesgo de paro de larga duración o a los que tienen un menor porcentaje de actividad (la mujer), así como a las demandas del mercado laboral,

iv) tomar otras medidas para fomentar una mayor participación de la masa laboral, especialmente de la mujer, y fijar objetivos para disponer de regímenes adecuados de atención a la infancia y otras personas a cargo, y

v) garantizar un equilibrio apropiado entre la flexibilidad y la seguridad observando atentamente el efecto de las recientes reformas de los contratos laborales y tomando, en su caso, nuevas medidas para avanzar cuanto antes hacia la reducción de los contratos de duración determinada, así como hacia un mayor uso de los contratos por horas.

Mercados de productos y economía del conocimiento

En estos últimos años ha venido incrementándose la apertura de la economía española. Los avances logrados en la transposición de la legislación del mercado interior son de los mejores de la Unión Europea. Sin embargo, la deceleración del crecimiento de la productividad se percibe como un problema para la pujante economía española. Ha proseguido en 2001 la aplicación del ambicioso plan de liberalización lanzado por el Gobierno en junio de 2000, pero los operadores tradicionales de telecomunicación fija y del gas siguen ostentando elevadas cuotas de mercado, y el mercado al por mayor de la electricidad sigue en manos de un reducido número de operadores privados. Además, algunos sectores no comercializables como los hipermercados mantienen aún normativas sectoriales que inciden restrictivamente en la competencia. El Gobierno ha adoptado iniciativas para incrementar el número de usuarios de las TIC y para estimular la I + D, y se espera cosechar resultados en breve. El bajo gasto en I + D, tanto público como de la empresa, junto con el número relativamente escaso de solicitudes de patentes, siguen siendo los principales puntos débiles en relación con otros Estados miembros.

El gasto público en educación está por debajo de la media de la Unión Europea, y el nivel de estudios es bajo. Por último, el marco regulador de las PYME sigue siendo relativamente complejo, lo cual incide en la duración y los elevados costes de los trámites de creación de nuevas empresas. Teniendo en cuenta lo hasta aquí expuesto, las principales prioridades para España deben ser:

i) insistir en las políticas dirigidas a garantizar un espacio equitativo para los operadores de telecomunicaciones y los sectores energéticos, reduciendo la cuota de mercado de los operadores tradicionales para potenciar la competencia efectiva en esos sectores, y fomentar la entrada en el mercado al por mayor de la electricidad,

ii) seguir tomando medidas para imponer una competencia real en la distribución al por menor,

iii) redoblar esfuerzos para aumentar el capital humano experto, la implicación de la empresa en la I + D y la innovación, y la difusión de las TIC, y

iv) adoptar una estrategia de reducción de la carga administrativa de la empresa, incluidos el tiempo y el coste requeridos para la creación de una nueva empresa.

6. FRANCIA

Después de tres años de firme crecimiento, que ha dado lugar a una fuerte creación de empleo, la actividad económica se redujo notablemente a partir de principios de 2001, acusando el impacto del deterioro de la economía mundial. La fuerte desaceleración de las exportaciones obligó al ajuste de las existencias y se pospusieron los proyectos de inversión. Por el contrario, el consumo privado, que se benefició de un firme crecimiento de la renta disponible y de un mercado laboral resistente, mantuvo su dinamismo, permitiendo que la economía evitara una deceleración más dura. Las perspectivas para 2002 y 2003 son más favorables; como la economía no arrastra ningún desequilibrio importante, la mejora de la confianza y la aceleración de la demanda exterior deben propiciar a lo largo de 2002 una recuperación del crecimiento del PIB. El ligero deterioro de la situación del mercado laboral observado desde mayo de 2001 debe llegar a su fin en el curso de 2002 y se espera que la tasa de desempleo recupere su tendencia a la baja. Ello no debe alterar sustancialmente la evolución de los salarios, para los que se prevé un aumento moderado. Finalmente, en los próximos dos años la inflación debe permanecer claramente por debajo del 2 %, uno de los niveles más bajos de la zona del euro. Con respecto a otros países de la zona del euro, la economía francesa ha resistido con relativa firmeza la reciente sacudida de la demanda exterior. Ello puede atribuirse en parte a la fuerza del mercado laboral y a una baja inflación, así como a los efectos positivos de los recortes fiscales previstos con anterioridad. Sin embargo, se debe seguir avanzando en este sentido. En el mercado laboral, el desafío fundamental aún por resolver es el incremento de la participación en el mercado laboral y la reducción del alto índice de desempleo estructural. Por otra parte, debe abordarse la reforma sanitaria y de las pensiones, para asegurar así la viabilidad de las finanzas públicas. Debe tratarse de asegurar el control del gasto público, en especial en el sector de la sanidad. Finalmente, para aumentar a medio plazo el rendimiento de la economía, deben acelerarse las reformas estructurales, entre ellas la liberalización de las industrias de red.

Política presupuestaria

En 2001 se calcula que el déficit de las administraciones públicas ha aumentado al 1,5 % del PIB (el 1,4 % con los ingresos de UMTS), en comparación con el 1,3 % en 2000. El hecho de que no se haya alcanzado el objetivo de alcanzar un déficit del 1 % del PIB, fijado en la Ley de finanzas de 2001, debe atribuirse en parte a las condiciones cíclicas, que redujeron la recaudación tributaria, y en parte a un aumento de los gastos nominales mayor de lo previsto. Sobre la base de los supuestos macroeconómicos del programa de estabilidad para 2001 actualizado, teniendo en cuenta la aplicación de los recortes fiscales y el aumento previsto de los gastos reales, el déficit de las administraciones públicas debe alcanzar el 1,9 % del PIB en 2002, para luego descender en 2003, aunque sólo levemente. El nuevo Gobierno acaba de emprender una auditoría de las finanzas públicas. Continuar el esfuerzo de consolidación con arreglo al programa de estabilidad actualizado de 2001 es un paso necesario teniendo en cuenta los desafíos a medio plazo de las finanzas de la administración debido al envejecimiento de la población. Reducir el nivel impositivo general también es importante para mejorar el potencial de crecimiento sin poner en peligro la consolidación fiscal. Habida cuenta de lo que antecede, y dado que Francia pertenece a la zona del euro, la política presupuestaria debe tener por objetivos:

i) asegurarse de que el valor de referencia del 3 % del PIB de déficit público general no se superará en 2002; a tal fin, el gobierno controlará estrechamente la evolución presupuestaria y garantizará que toda reducción fiscal futura no afecte al déficit,

ii) aspirar a una reducción suficiente del déficit de 2003 para garantizar que pueda lograrse en 2004 una situación próxima al equilibrio, y

iii) llevar a cabo sin tardanza una política global de reformas estructurales destinada a realzar el potencial de crecimiento y a reducir a medio plazo el nivel general de gasto público; en particular, definir sin demora una reforma global del régimen de pensiones que permita asegurar su sostenibilidad en el contexto del envejecimiento de la población.

Mercado de trabajo

Después de una serie de años impresionantes, debido a la deceleración en la actividad económica se redujo el crecimiento del empleo, poniendo fin a la fase de disminución gradual de la tasa de desempleo. Pese al buen rendimiento de años anteriores, el nivel de empleo en Francia sigue siendo relativamente bajo (62,0 % en 2000), y muy bajo el de trabajadores de mayor edad. La tasa de desempleo es aún alta, con altos índices de paro juvenil, a pesar de los numerosos mecanismos públicos dedicados a la creación de empleo para los jóvenes. Las medidas políticas de 2001 han sido: seguir con la aplicación de la legislación relativa a la jornada laboral de 35 horas, especialmente en período de transición para la pequeña y mediana empresa (PYME); la introducción de un nuevo sistema de ayuda a los parados a encontrar empleo (PARE); la introducción gradual del crédito de impuesto sobre la renta; y finalmente la adopción de una nueva ley sobre la modernización social que ha consolidado la legislación de protección del empleo. Por otra parte, los sistemas públicamente subvencionados de creación de empleo han representado una proporción sustancial de la creación neta de empleo en estos últimos años. Sin embargo, a pesar de las medidas recientes, persisten los problemas de desincentivos originados por el régimen fiscal y de prestaciones sociales, particularmente para los trabajadores de bajo salario y de mayor edad. La transición a una semana laboral más corta podría también resultar más problemática para las PYME, a pesar de las medidas que permiten a estas empresas una aplicación más relajada. Además, la prolongada aplicación de la semana laboral más corta ha dado lugar a la existencia de varios mínimos salariales, algunos de los cuales han subido rápidamente por la interacción del mecanismo de indexación de mínimos horarios, con aumentos automáticos en los salarios por horas. Por último, no está claro el impacto que tendrá la reciente consolidación de la legislación de protección de empleo en la dinámica del mercado laboral. Visto lo anterior, además de aplicar con rigor todas las Recomendaciones sobre empleo adoptadas por el Consejo en febrero de 2002, las principales prioridades para Francia deben ser:

i) consolidar las reformas recientes del régimen fiscal y de prestaciones sociales para mejorar los incentivos para obtener empleo y para permanecer en el mismo, y para fomentar la búsqueda de empleo. En primer lugar, deberían reforzarse los incentivos para que los trabajadores de mayor edad permanezcan en su empleo, en especial reduciendo las oportunidades de jubilación anticipada, y reformando el sistema global de pensiones. En segundo lugar, debe prestarse atención a los trabajadores con salarios bajos, los desincentivos del trabajo a tiempo parcial, y los sistemas mínimos de ingresos garantizados,

ii) supervisar de cerca la puesta en práctica de la semana laboral de 35 horas, y tomar las medidas necesarias para abordar cualquier efecto adverso a medio plazo sobre los costes salariales y la oferta de empleo, fomentando al mismo tiempo la plena explotación de las oportunidades para una organización más flexible del trabajo,

y iii) reformar la legislación de protección del empleo para alcanzar un equilibrio razonable entre una mayor flexibilidad y seguridad para facilitar el acceso al empleo. Evitar cualquier efecto negativo en la dinámica del mercado laboral de los recientes cambios de las normativas laborales,

Mercados de productos y economía del conocimiento

La economía francesa está abierta a la competencia internacional y está bien integrada en los mercados europeos. La productividad laboral es relativamente alta y el nivel de precios ha caído hacia la media europea. En los últimos dos años se han hecho progresos en la transposición de las Directivas del mercado interior y se ha reducido notablemente la ayuda estatal ad hoc. Sin embargo, los mercados del gas y la electricidad se están liberalizando lentamente, y el nivel de Francia en la transposición de las directivas del mercado interior está aún considerablemente por debajo del objetivo del 98,5 %, de marzo de 2002. Por otra parte, a pesar de algunas mejoras, la carga administrativa de la empresa sigue siendo de las más altas de la Unión Europea. Finalmente, aunque se hayan tomado medidas para fomentar el desarrollo de una sociedad del conocimiento, Francia está aún por detrás de la mayor parte de los Estados miembros, especialmente en cuanto al uso de Internet. Teniendo en cuenta lo anterior, las principales prioridades para Francia deben ser:

i) acelerar la liberalización de los sectores del gas y la electricidad aplicando sin demora la Directiva actual del gas, abriendo a la competencia los mercados de los consumidores no residenciales y fomentando la entrada en el mercado para estimular una competencia efectiva,

ii) aumentar el índice de transposición de las Directivas del mercado interior con el fin de alcanzar el objetivo del 98,5 % de las Directivas de mercado interior,

iii) perseverar en los esfuerzos para reducir la carga administrativa de la empresa, especialmente acortando el tiempo requerido para registrar una nueva sociedad limitada, y

iv) tomar medidas para facilitar el acceso a Internet de los hogares, pequeñas empresas y escuelas.

7. IRLANDA

Después de un crecimiento medio del 9,9 % en el período 1996-2000, la economía irlandesa experimentó una aguda deceleración a lo largo de 2001. El debilitamiento de la actividad se debió a la interacción de las restricciones de la capacidad, a las precauciones sobre la fiebre aftosa y a los baches de la economía internacional en general y del sector de las TIC en particular, a los cuales Irlanda está mucho más expuesta que otros países de la Unión Europea. Los indicadores de confianza y el índice de compra de los directivos sugieren que se prepara una recuperación desde finales del 2001, previéndose una fuerte recuperación hacia mediados de 2002. En 2003 la economía debe haber alcanzado una tasa de crecimiento viable a medio plazo de aproximadamente el 5 al 6 %. Mientras que el mercado laboral demostró ser extraordinariamente resistente en 2001, en 2002 parece inevitable un nuevo aumento del desempleo, que alcanzará el 4,5 %. No obstante, se espera que el mercado laboral siga siendo bastante tenso. Como consecuencia, debe esperarse una cierta desviación de las disposiciones salariales del acuerdo nacional y es improbable que se reduzcan las tensiones inflacionistas de origen interno. Debido a varios aumentos de los impuestos indirectos, la inflación media en 2002 probablemente supere el 4,0 % registrado en 2001, aunque la tendencia general a partir del primer trimestre de 2002 debe inclinarse a la baja.

La cooperación social ha sido una piedra angular de la política económica irlandesa desde 1987. El actual acuerdo trienal, que expira al final de 2002, preveía unos aumentos de la renta después de impuestos del 25 % o más, que se alcanzarían mediante una combinación de aumentos salariales nominales y la reducción de los impuestos directos. Un desafío clave es adaptar el actual proceso de fijación de salarios y los compromisos fiscal y de gasto de los acuerdos nacionales al nuevo entorno caracterizado por una situación próxima al pleno empleo y por unos recursos presupuestarios más limitados. El crecimiento del gasto discrecional ("votado") ha sido de dos cifras en estos últimos años, lo cual no es viable en el contexto de un crecimiento económico más lento a medio plazo, si bien cabe señalar que la proporción del gasto es actualmente baja en Irlanda. Otro objetivo clave debería ser el desarrollo de las políticas necesarias para dirigir el gasto público de acuerdo con los recursos a medio plazo y la mejora del control del gasto (sin dejar de atender a las infraestructuras clave y a otras prioridades para un continuo crecimiento económico). Mientras que Irlanda ha tomado medidas para aumentar la competencia en algunos mercados, persiste en algunos sectores un grado insuficiente de competencia. Por ejemplo, puede incrementarse la competencia en sectores como los servicios profesionales, la distribución al por menor y las industrias de red.

Política presupuestaria

En 2001, un amplio déficit fiscal dio lugar a un superávit de la Administración del 1,7 % del PIB, unos 2,5 puntos por debajo del objetivo. Éste es el superávit más bajo desde 1997. El programa de estabilidad 2002-2004 fija un pequeño superávit para 2002 y prevé la vuelta a un (ligero) déficit en 2003-2004. Sin embargo, en caso de que no se utilicen las amplias provisiones para contingencias incorporadas en los objetivos para 2003-2004, se registraría en cada año un pequeño superávit, respetándose ampliamente el requisito del Pacto de estabilidad y crecimiento de una situación presupuestaria próxima al equilibrio. En lo que respecta a la deuda, el programa de estabilidad prevé la casi estabilización del coeficiente de deuda al bajo nivel del 34 % del PIB. Teniendo en cuenta lo anterior, y dado que Irlanda forma parte de la zona del euro, la política presupuestaria debe tener por objetivo:

i) asegurarse de que la situación presupuestaria para 2002 es ampliamente neutra,

ii) asegurarse que se sigue cumpliendo después de 2002 el requisito de situación presupuestaria próxima al equilibrio, del Pacto de estabilidad y crecimiento, y

iii) mejorar el control del gasto mediante el establecimiento de normas y velar por que, en los presupuestos de 2003 y siguientes, se fijen como objetivos de las prioridades del gasto y de la generación de recursos unos resultados presupuestarios y económicos sostenibles.

Mercado de trabajo

El crecimiento del empleo se mantuvo bien durante 2001 a pesar de la deceleración económica, con una moderación de la creación de empleo pero manteniendo una media de alrededor del 3 % a lo largo del año. El nivel de empleo global es superior a la media de la Unión Europea, y el crecimiento del empleo femenino sigue superando el masculino, aunque debe aún mejorar. El desempleo se incrementó ligeramente durante la segunda mitad de 2001, pero a fin de año el índice seguía próximo al 4 %.

Mientras que es probable que este índice se incremente un tanto en 2002, se espera que se mantenga la situación próxima al pleno empleo. Los datos disponibles indican que el crecimiento de la renta sigue bastante alto, superando el 7,5 % de aumento de los salarios de 2001 previsto por el acuerdo nacional. Persisten los retos de un mercado laboral rígido en relación con la movilización del trabajo y de los futuros procesos de fijación de salarios. Visto lo anterior, además de aplicar con rigor todas las Recomendaciones sobre empleo adoptadas por el Consejo en febrero de 2002, las principales prioridades para Irlanda deben ser:

i) fomentar la fijación de salarios de acuerdo con los progresos de la productividad y las diferencias de cualificaciones, y coherente con el mantenimiento de la competitividad y de la estabilidad de los precios, y

ii) seguir centrándose en las medidas para incrementar la participación de la mujer en el mercado laboral.

Mercados de productos y economía del conocimiento

Irlanda está muy expuesta a la competencia internacional, y su productividad laboral está muy por encima de la media de la Unión Europea. El nivel de precios de Irlanda fue en 2000 superior en un 5 % a la media de la Unión Europea y ha venido incrementándose con respecto a ella en estos últimos años. Prosigue la liberalización de las industrias de red, aunque los operadores tradicionales estatales cuentan aún con altas cuotas de mercado en estos sectores. Si bien la reglamentación afecta al nivel de competencia en ciertos sectores de servicios, como las profesiones liberales y la distribución al por menor, el peso de los trámites legales sobre la empresa es, por lo general, escaso. En marzo de 2002 el índice de transposición de las Directivas del mercado interior (97,9 %) seguía por debajo del objetivo del 98,5 %. La ayuda estatal ad hoc y la ayuda sectorial es baja, aunque la ayuda estatal total (en % del PIB) es de las mayores de la Unión Europea. La producción de las TIC de Irlanda (en % de la producción total) es la más alta de la Unión Europea, en parte debido a la presencia de un gran número de empresas de alta tecnología de propiedad extranjera. Sin embargo, el gasto en I + D está por debajo de la media de la Unión Europea, sobre todo de la I + D pública, cuestión que está siendo abordada con medidas recientes. Teniendo en cuenta lo anterior, las principales prioridades para Irlanda deben ser:

i) aplicar medidas para incrementar la competencia efectiva en los sectores locales de las telecomunicaciones, la electricidad, el gas y los transportes, en particular para hacer frente a las altas cuotas de mercado de los operadores tradicionales estatales o privados,

ii) abordar la reglamentación gubernamental, que puede afectar a la competencia en ciertos sectores del mercado, como las profesiones liberales y la distribución al por menor, y

iii) aumentar el índice de transposición de las Directivas del mercado interior con el fin de alcanzar el objetivo del 98,5 %,

8. ITALIA

En 2001 el crecimiento real del PIB bajó al 1,8 %, propiciado por un descenso de la aportación exterior y, posteriormente, por un debilitamiento de la demanda nacional. Después de pasar el bache de noviembre, se espera que la actividad económica se recupere poco a poco a principios de 2002, gracias a las mejores perspectivas generales y a la recuperación de la confianza. Es probable que la mejora llegue a ser más acusada a mediados de año. Se prevé que la inversión, en particular, se acelere con vistas a un sistema temporal de incentivos fiscales que debe concluir a fin de año. Debido a que el punto de partida heredado de 2001 era ya muy bajo, el crecimiento real del PIB seguirá estando en 2002 muy por debajo del 2 %, y se espera que en 2003 aumente a alrededor del 2,75 %. Es probable que el crecimiento del empleo se debilite en 2002 debido al desfase con respecto a la producción. Se prevé que el rendimiento del mercado laboral mejorará de nuevo en 2003, y el índice de desempleo probablemente se sitúe por debajo del 9 %. Sin presión significativa de los precios de importación y de los salarios, y una diferencia de producción aún negativa hasta final de año, se espera en 2002 un alivio de la inflación. Sin embargo, debido a una presión inflacionaria que ha aumentado en los cuatro primeros meses de 2002 por causas coyunturales, la inflación media anual queda situada por encima del 2 %. En 2003 se prevé que la inflación ceda un poco en el conjunto del año, pero probablemente se mantendrá en el 2 %, debido a una presión de la demanda que irá en aumento como consecuencia de la recuperación económica.

En los próximos años, la política fiscal pretende simultáneamente conseguir una reducción significativa de la presión fiscal y al mismo tiempo respetar el objetivo a medio plazo de un presupuesto en equilibrio o con superávit. Por lo tanto, sigue teniendo una importancia decisiva mejorar el control y la calidad del gasto público. Aunque se ha reducido algo en 2001, las amplias diferencias de desempleo entre el norte y el sur persisten como el principal problema regional y laboral. Se unen a ello la legislación restrictiva sobre protección del empleo y el escaso desarrollo de la red de seguridad del desempleo. Para impulsar el objetivo de pasar a una velocidad superior en la economía, a alrededor del 3 % anual, la política económica tiene que ocuparse de los bajos niveles de empleo y acelerar la hasta ahora lenta transición a la sociedad del conocimiento en lo que respecta a educación, recursos humanos expertos y rendimiento de la I + D. En el mismo contexto político, es necesario mejorar el entorno de la empresa y fomentar la competencia en los mercados de productos.

Política presupuestaria

El déficit de la administración en relación con el PIB de 2000, previamente calculado en el 1,5 % (el 0,3 % del PIB con los ingresos de la venta de las licencias del UMTS), se revisó al 1,7 % del PIB (el 0,5 % con los ingresos por UMTS). Principalmente a consecuencia de esta revisión, el resultado general de la administración arrojó en 2001 un déficit del 1,4 % del PIB, cuando la proyección del Gobierno era del 1,1 % del PIB. Las cuentas públicas se beneficiaron en 2001 de operaciones puntuales de alrededor del 0,6 % del PIB (ventas de activos públicos inmobiliarios del 0,4 % del PIB, en gran parte a través de un proceso de titulización, y del 0,2 % del PIB de la titulización de futuros ingresos netos de la lotería del Estado). Los gastos corrientes primarios se mantuvieron ampliamente estables en el 37,5 % del PIB, después de bajar 0,3 puntos del PIB entre 1999 y 2000. El déficit ajustado cíclicamente, según cálculos de la Comisión, mejoró ligeramente con respecto a 2000, pero la posición presupuestaria subyacente no mejora si se calculan en cifras netas las operaciones puntuales de los dos años. El coeficiente de deuda bajó 1,2 puntos del PIB, situándose en el 109,4 %, marcando una clara deceleración en el proceso de reducción continua. Contribuyeron principalmente a esta deceleración las dificultades relacionadas con el mercado para lograr los objetivos de privatización y un crecimiento menor del esperado.

En noviembre de 2001 la actualización del programa de estabilidad se centra en una reducción importante del coeficiente de déficit, fijándolo en el 0,5 % del PIB en 2002 y un presupuesto equilibrado en 2003, mientras que el coeficiente de deuda debe ser inferior al 100 % del PIB antes de 2004. Las autoridades italianas se enfrentan al desafío de garantizar reducciones adicionales y duraderas del gasto primario en relación con el PIB, mejorar la calidad del gasto, reducir la presión fiscal y alcanzar y mantener el objetivo presupuestario requerido por el Pacto de estabilidad y crecimiento. Teniendo en cuenta lo anterior, y dado que Italia pertenece a la zona del euro, la política presupuestaria debe tener por objetivos:

i) asegurar en 2002 y 2003 una trayectoria constante de reducción del déficit, para alcanzar el objetivo de un presupuesto próximo al equilibrio en 2003 asegurando los superávits primarios a los altos niveles previstos en el programa de estabilidad actualizado, especialmente gracias a un mejor control del gasto,

ii) asegurarse de que la coordinación y el alcance de la reforma fiscal, resumida en la ley presentada al Parlamento y dirigida a la reducción de la presión fiscal, la simplificación tributaria y a reducir la presión fiscal, sean coherentes con la realización y el mantenimiento de una posición presupuestaria próxima al equilibrio o en superávit, y

iii) asegurarse de que los cambios del régimen de la seguridad social, para los que el Gobierno ha pedido poderes delegados del Parlamento, abordan los aspectos críticos del actual régimen de pensiones; y poner en práctica las medidas dirigidas a promover sistemas de pensión complementarios, de financiación privada, aclarando los posibles costes presupuestarios correspondientes.

Mercado de trabajo

La situación del mercado laboral italiano continuó mejorando en 2001, con un índice de desempleo en descenso, desde el 10,4 % a la tasa todavía elevada del 9,5 % y un aumento de la ocupación de la mujer. Por término medio, el empleo casi creció un 2,1 %, para dar una previsión del 54,6 %, y la tasa general de ocupación subió al 60,4 % (un 59,9 % en 2000). Además de la moderación salarial, la mayor dimensión laboral del crecimiento durante los últimos años se debe también a la cada vez mayor flexibilidad "marginal" del mercado laboral, permitiendo un mayor uso de contratos nuevos y más flexibles (trabajos por horas y temporales, contratos a plazo fijo, nuevo aprendizaje). Las medidas diseñadas a reducir los costes laborales para empleados permanentes siguieron incidiendo de manera significativa en el crecimiento del empleo a lo largo de 2001. Sin embargo, el mercado laboral italiano tiene aún muchos puntos débiles, especialmente un nivel de empleo persistentemente bajo, sobre todo para la mujer (alrededor del 40 %) y los trabajadores de mayor edad (solamente un 28 % en la franja de 55-64 años). Las grandes disparidades regionales en el rendimiento del mercado laboral generan aún una gran ineficacia. La tasa de desempleo en el sur es del 19,3 %, lo que contrasta con el 7,4 % en el centro y solamente el 3,8 % en el norte. Los interlocutores sociales deberían acordar un sistema más descentralizado de convenio salarial para permitir una mayor diferenciación salarial. A consecuencia de una protección más estricta de los trabajadores con empleos permanentes en empresas medias y grandes y del grado aún relativamente bajo de protección de los trabajadores desempleados y trabajadores "atípicos", el mercado laboral sigue caracterizado por una marcada dualidad. El sistema de subsidio de desempleo sigue siendo de alcance limitado y desigual, con distintos sistemas y disparidades en las condiciones de las prestaciones (criterios de nivel, duración y elegibilidad). Aunque la presión fiscal sobre los costes laborales se ha reducido en los últimos años, sobre todo en el caso de los trabajadores de salario bajo, sigue siendo relativamente alta. Visto lo anterior, además de aplicar con rigor todas las Recomendaciones sobre empleo adoptadas por el Consejo en febrero de 2002, las principales prioridades para Italia deben ser:

i) animar a los interlocutores sociales a que permitan que los mecanismos de fijación de salarios reflejen mejor a productividad y las condiciones locales del mercado laboral, manteniendo al mismo tiempo la moderación salarial,

ii) garantizar la plena aplicación del reciente paquete de reformas del mercado laboral para incrementar la flexibilidad del mercado laboral, limitar el dualismo del mercado, promover una mayor adaptabilidad al lugar de trabajo, ampliar la cobertura y eficacia del sistema de prestaciones por desempleo y reforzar las políticas activas del mercado de trabajo,

iii) tomar medidas para fomentar una mayor participación de la mano de obra, especialmente de la femenina, y fijar objetivos para disponer de regímenes adecuados de atención a la infancia y otras personas a cargo; y entre los trabajadores de mayor edad, acrecentar y consolidar los incentivos al retraso de la jubilación de los trabajadores, y

iv) mantener los esfuerzos para reducir la presión fiscal sobre el trabajo, especialmente el de los asalariados menos favorecidos, con vistas a mantener los objetivos de igualdad y aumentando los incentivos al trabajo, dentro del marco de la consolidación fiscal en curso.

Mercados de productos y economía del conocimiento

La economía italiana está relativamente menos abierta (según indica la ratio total comercio-PIB) que otras economías de la Unión Europea del tamaño similar. La productividad laboral está por encima de la media de la Unión Europea, pero recientemente ha disminuido ligeramente en términos relativos. El índice de transposición de las Directivas del mercado interior, si bien se halla en el promedio de la Unión Europea, no alcanza el objetivo de marzo de 2002 del 98,5 %, y el número de casos de infracción por la violación de las normas del mercado interior es de los más altos de la Unión Europea. Los esfuerzos por mejorar el entorno de la empresa han empezado a dar fruto, pero los trámites administrativos siguen siendo relativamente complejos, y la competencia en el sector servicios se consolida con bastante lentitud. Las recientes medidas deberían contribuir a incrementar la competencia en el sector de la energía, donde los operadores tradicionales mantienen una posición muy fuerte en el mercado y los precios siguen siendo de los más altos de la Unión Europea; lo cual puede explicarse en parte porque la combinación de combustibles se basa fundamentalmente en los derivados del petróleo. La transición de Italia a la sociedad del conocimiento puede verse lastrada por el hecho de que la educación tiene unos bajos niveles de realización y por la débil base de I + D y de innovación en la economía. La penetración de Internet en los hogares y escuelas está por debajo de la media de la Unión Europea, aunque la primera sube con rapidez. El desarrollo del comercio electrónico es relativamente lento. Teniendo en cuenta lo anterior, las principales prioridades para Italia deben ser:

i) seguir consolidando la base de educación y cualificación general de la población, incrementar la implicación del sector privado en la I + D y la innovación, y promover una mayor adopción de TIC,

ii) aumentar la competencia efectiva en el sector de los servicios, particularmente de los servicios profesionales, y ejecutar todas las reformas para ampliar la apertura del mercado y acrecentar más la competencia en del sector de la energía, y permitir la transferencia de los beneficios de la liberalización a los usuarios finales, incluidos los usuarios domésticos y la pequeña empresa,

iii) perseverar en los esfuerzos emprendidos para reducir la carga administrativa de la empresa, incluido el tiempo y el coste necesario para registrar una nueva empresa, y

iv) seguir incrementando el índice de transposición de la legislación del mercado interior con el fin de alcanzar el objetivo del 98,5 %, y reducir el número de procedimientos de infracción.

9. LUXEMBURGO

El crecimiento real del PIB se desaceleró en el transcurso de 2001 pero aún alcanzó el 3,5 % de media anual según las primeras estadísticas de la contabilidad nacional. La demanda nacional se mantuvo firme: el consumo privado se benefició de los recortes fiscales aplicados a principios de año, el consumo público continuó aumentando a un ritmo bastante rápido y la inversión fue dinámica. Las exportaciones aumentaron más del 2,5 % durante el año, y las importaciones crecieron al menos con la misma rapidez, las importaciones de mercancías mantuvieron su dinamismo en línea con la demanda nacional. El empleo continuó aumentando más del 5 %, un poco menos que en 2000, aunque se ralentizó a lo largo del año, mientras que el desempleo comenzó a subir a finales del año. Los salarios siguieron al alza en 2001, subiendo alrededor del 5,5 %, después del 4,6 % en 2000. Por el contrario, los precios se ralentizaron en 2001, y el IPCA alcanzó el 2,4 % en comparación con el 3,8 % de 2000. Sin embargo, la inflación subyacente siguió acelerándose, alcanzando el 3,3 % en el segundo semestre de 2001.

El aumento de los bajos niveles nacionales de participación y empleo, especialmente de los trabajadores de mayor edad, sigue siendo un reto fundamental. Por otra parte, la evolución de los salarios y los costes laborales requiere atención, y en los próximos años tienen que mantenerse en línea con el resto de la zona euro. A tal fin, el proceso de formación de salarios requiere un ajuste. Finalmente, deberían emprenderse esfuerzos para acelerar la puesta en marcha de la legislación de reforma de la competencia y facultar a la autoridad de competencia para aplicar el Derecho comunitario.

Política presupuestaria

En 2001, el superávit de la administración bajó situándose por debajo del 4 % del PIB, en parte a consecuencia de la actividad de desaceleración y de los recortes fiscales aplicados en el marco de la reforma fiscal del 1 de enero de 2001; pero el principal factor de la disminución fue un notable aumento del gasto público, que alcanzó el 1,7 % del PIB. En 2002 se espera una nueva disminución del superávit debido a factores cíclicos y a una segunda fase de la reforma fiscal; además, el gasto público seguirá aumentando a un ritmo muy rápido, la inversión pública, particularmente en infraestructuras, se espera que alcance el 4,6 % del PIB en 2002, el más alto porcentaje de toda la Unión Europea. En 2003 se espera que la recuperación en la actividad propicie un incremento renovado aunque moderado del déficit del Gobierno. Sin embargo, los gastos públicos actuales seguirán creciendo considerablemente. Teniendo en cuenta lo anterior, y dado que Luxemburgo forma parte de la zona del euro, la política presupuestaria debe tener por objetivos:

i) contener el gasto público actual en 2003 para asegurarse de que el aumento no supera el gasto presupuestario total y, con este fin, esforzarse por superar las rigideces en los tipos concretos de gastos corrientes.

Mercado de trabajo

En general, el mercado laboral de Luxemburgo ofreció un buen rendimiento en 2001. La tasa de desempleo se mantuvo muy baja y el crecimiento del empleo siguió firme, gracias en gran medida a la disponibilidad de trabajadores transfronterizos. Sin embargo, los niveles de empleo nacionales siguen siendo bajos y el mercado laboral ha cobrado rigidez, tal como revelan los fuertes aumentos salariales nominales. Esto subraya la necesidad de aprovechar mejor el potencial laboral propio del país, según indican los bajos niveles nacionales de ocupación de los trabajadores de mayor edad (27 %) y de la mujer (50 %). En 2001, el Gobierno hizo un cierto esfuerzo para restringir el acceso al régimen de pensiones de invalidez y aumentar los incentivos para prolongar el tiempo de vida activa mediante un aumento del índice de acumulación de los derechos de pensión de vejez con respecto a los años adicionales trabajados más allá de los 55 años. Además se fomentó la participación de la mujer y la flexibilidad en el trabajo, permitiendo el acceso voluntario al trabajo a tiempo parcial de los trabajadores a tiempo completo. Pese a estas reformas, los incentivos para permanecer en el puesto de trabajo podrían mejorarse con otras reformas del régimen de pensiones de jubilación anticipada, prejubilación e incapacidad. Visto lo anterior, además de aplicar con rigor todas las Recomendaciones sobre empleo adoptadas por el Consejo en febrero de 2002, las principales prioridades para Luxemburgo deben ser:

i) redoblar esfuerzos para aumentar el nivel de empleo nacional: especialmente de los trabajadores de mayor edad, mediante una reducción de los incentivos a la jubilación anticipada, y aumentando los incentivos para permanecer en el empleo en los regímenes de prejubilación e incapacidad; y para la mujer, suprimiendo obstáculos para su entrada o reingreso en el mercado laboral (entre otras cosas, aumentando la oferta de instalaciones de atención a la infancia).

Mercados de productos y economía del conocimiento

El alto grado de apertura de la economía de Luxemburgo estimula la competencia en los mercados de productos, dando una elevada productividad y unos precios por debajo de la media de la Unión Europea. Se están liberalizando progresivamente las industrias de red, y progresa adecuadamente la difusión de las TIC. Sin embargo, algunos elementos del marco de la competencia, como la anticuada legislación sobre precios, son susceptibles de restringir la competencia en los mercados de productos. Por otra parte, la falta de atribuciones de la autoridad de la competencia hace difícil asegurar la ejecución efectiva de la normativa comunitaria de la competencia. En marzo de 2002 el índice de transposición de las Directivas del mercado interior (97,7 %) seguía por debajo del objetivo del 98,5 %. Teniendo en cuenta lo anterior, la principal prioridad para Luxemburgo debe ser:

i) ejecutar la anunciada reforma de la legislación de competencia, incluida la abolición de los precios fijos y controlados, las facultades de la autoridad de competencia para aplicar el Derecho comunitario de competencia, y la reforma de la legislación de la contratación pública,

ii) tomar medidas para reducir la carga administrativa de la empresa, incluidos el tiempo y el coste requeridos para registrar una nueva empresa, y para desarrollar la administración pública electrónica, y

iii) aumentar el índice de transposición de las Directivas del mercado interior con el fin de alcanzar el objetivo del 98,5 %.

10. PAÍSES BAJOS

El crecimiento real del PIB se ralentizó a principios de 2001, alcanzando solamente una media anual del 1,1 % en comparación con el 3,5 % de 2000. Las exportaciones y las importaciones disminuyeron sustancialmente tras el declive del comercio internacional; se redujo también la demanda nacional, la inversión privada bajó a partir del segundo semestre de 2000 y el consumo reaccionó de manera anormal al fuerte aumento de la renta familiar disponible, impulsada por los rápidos aumentos salariales y los efectos de la reforma fiscal de principios de año. Se espera que el crecimiento real del PIB se recupere a lo largo de 2002, ya que el consumo privado debe acelerarse y las exportaciones deberían seguir la recuperación del comercio internacional: la expansión podría alcanzar alrededor del 1,5 % en 2002 y el 2,75 % en 2003. El empleo siguió aumentando rápidamente en 2001, aunque se ralentizó en el segundo semestre. A consecuencia de una considerable retención de la mano de obra, disminuyó la productividad laboral y el desempleo se mantuvo estable hasta el fin de 2001. El aumento del empleo debería ralentizarse perceptiblemente en 2002 para recuperarse modestamente en 2003, motivando en ambos años una subida sustancial del desempleo, cuyo nivel, sin embargo, debe seguir siendo mucho más bajo que en los países vecinos. Por otra parte, es probable que los mercados laborales sigan siendo muy tensos. Es, pues, improbable que desaparezca de un día para otro la actual presión al alza de los salarios. La inflación, que se había acelerado perceptiblemente en 2000 hasta alrededor del 3 % a fin de año, en parte debido al aumento de los precios del petróleo, subió al 5 % en 2001 debido a una subida de los impuestos indirectos, en el marco de la reforma fiscal, y también a que los salarios seguían subiendo rápidamente; se espera que los aumentos de precios aminoren la marcha en los próximos años, aunque gradualmente.

Sigue siendo un reto decisivo el incremento de la participación en el mercado laboral mediante la captación de personas inactivas. Por otra parte, debido a la aceleración sustancial de los salarios registrada en los últimos años, se ha perdido una parte de los muy significativos progresos de la competitividad conseguidos a lo largo de casi 15 años. Ello podría reducir los beneficios que la economía neerlandesa puede recoger de la recuperación mundial y perjudicar las futuras perspectivas de crecimiento. Un segundo desafío clave para mantener la competitividad de la economía es pues asegurarse que se vuelve lo antes posible a la moderación salarial y abordar el crecimiento relativamente lento de la productividad laboral.

Política presupuestaria

El superávit de la administración bajó del 1,5 % del PIB en 2000 al 0,2 % del PIB en 2001 (sin los ingresos por UMTS), principalmente a consecuencia de una reducción significativa de los ingresos presupuestarios. La amplia reforma fiscal, que entró en vigor el 1 de enero de 2001, propició una reducción de la recaudación del Gobierno del impuesto sobre la renta y de las cuotas de la seguridad social, solamente compensadas en parte por el aumento de los impuestos indirectos (concretamente la subida del tipo normal del IVA, del 17,5 al 19 %). Este efecto se agravó a finales del año por el impacto sobre la recaudación tributaria de la desaceleración cíclica de la economía. Por otra parte, el balance de la unión económica y monetaria se deterioró en 0,3 puntos a causa de un gasto puntual por la compra de la participación de DSM en EBN. Esta adquisición se inscribe en el proceso de liberalización del mercado holandés del gas. Aunque en la primavera de 2001 se reasignó parte del gasto a áreas prioritarias de la atención sanitaria, educación y seguridad, se respetaron los techos de gasto gracias a que los pagos de intereses y los gastos de la seguridad social fueron más bajos de lo esperado. En ausencia de medidas discrecionales, dejando actuar plenamente los estabilizadores automáticos, actualmente se prevé que las cuentas de Gobierno estén ampliamente en equilibrio en 2002 y registren en 2003 un déficit moderado que podría alcanzar el 0,4 % del PIB, según los pronósticos de primavera de la Comisión. Teniendo en cuenta lo anterior, y dado que los Países Bajos pertenecen a la zona del euro, la política presupuestaria debe tener por objetivos:

i) asegurarse de que la situación presupuestaria en 2002 no contribuye a presiones inflacionistas, en caso de que persistieran sobre todo a consecuencia de aumentos salariales excesivos, y

ii) evitar un deterioro de la balanza del Gobierno en 2003 y, con este fin, contener el gasto público actual con techos claramente definidos, expresados en términos reales.

Mercado de trabajo

El mercado laboral neerlandés continúa funcionando muy bien, con la tasa de desempleo más baja de la Unión Europea y unos niveles de empleo que ya superan los objetivos de Lisboa para toda la Unión Europea. A pesar de la ralentización cíclica y del crecimiento aún firme del empleo en 2001, la tirantez del mercado laboral continuó siendo una fuerza impulsora importante por detrás de los fuertes aumentos salariales. Las nuevas mejorías de los niveles de empleo dependerán del crecimiento continuo de la participación de la mujer y de una reactivación más firme de las personas de mayor edad y de las minorías. Por otra parte, existe una sustancial reserva de trabajo desaprovechado entre quienes perciben el subsidio de desempleo, por ejemplo, el 7 % de la mano de obra recibe subsidios sociales y de desempleo, y el 11 % recibe subsidios de incapacidad (aunque algunos de los que tienen incapacidades parciales están trabajando). Se introdujeron algunas medidas, y se adecuaron algunas de las ya existentes, para consolidar los incentivos de trabajo para los beneficiarios del subsidio, trabajadores de mayor edad y de bajo salario. Sin embargo, el debate sobre una reforma del régimen de incapacidad todavía no ha dado resultados tangibles; y el efecto acumulativo de las prestaciones, incluidas las subvenciones locales, continúa creando trampas de inactividad. Visto lo anterior, además de aplicar con rigor todas las Recomendaciones sobre empleo adoptadas por el Consejo en febrero de 2002, las principales prioridades para los Países Bajos deben ser:

i) hacer que el trabajo sea rentable mediante la reforma de los criterios para disfrutar de subsidios, de las condiciones y las normas para la acumulación de subsidios. Realizar y ejecutar la reforma del régimen de incapacidad, teniendo en cuenta el tamaño de la masa de beneficiarios, prestando atención a la afluencia a estos regímenes y a la activación de los que reciben ya el subsidio.

Mercados de productos y economía del conocimiento

La economía neerlandesa está muy abierta (según muestra la ratio comercio total-PIB). Esto asegura un nivel alto de competencia y unos niveles de precios relativamente bajos en los sectores que producen bienes y servicios comercializables. La liberalización del mercado ha contribuido a unos precios relativamente bajos para las llamadas telefónicas y el uso de la electricidad. El índice de transposición de las Directivas del mercado interior cumplió el objetivo del 98,5 % de marzo de 2002. Se han tomado medidas para fomentar el uso de las TIC y para resolver la escasez de expertos en TIC. Sin embargo, el crecimiento de la productividad laboral ha sido relativamente lento debido, entre otras cosas, al crecimiento rápido del empleo en los servicios, el bajo nivel de competencia en algunos sectores de servicios más protegidos (por ejemplo, los notarios, las guarderías, los taxis e Internet de banda ancha), y una insuficiente inversión empresarial, particularmente en I + D. A pesar de los esfuerzos realizados para estimular la investigación y la innovación, los gastos de la empresa en I + D, en porcentaje del PIB, siguen por debajo de la media de la Unión Europea, lo cual puede asociarse con la falta de una mano de obra de orientación científica y tecnológica. El tiempo y los costes habituales requeridos para crear una sociedad limitada están por encima de la media de la Unión Europea. Teniendo en cuenta lo anterior, las principales prioridades para los Países Bajos deben ser:

i) crear las condiciones para un mayor aumento de la inversión empresarial en I + D, tomando medidas para aumentar el número de licenciados en ciencia y tecnología que entran en la población activa y promoviendo una educación de orientación más tecnológica,

ii) estudiar las normativas de los mercados que pueden dar lugar a distorsiones de la competencia en el sector de los servicios, como los notarios, las guarderías, los taxis e Internet de banda ancha, y

iii) adoptar otras medidas para desarrollar la administración pública electrónica y para reducir la carga administrativa de la empresa, incluidos el tiempo y el coste requeridos para la creación de una nueva empresa.

11. AUSTRIA

El crecimiento de la producción se ralentizó en 2001 a alrededor del 1 %, tras una actividad económica boyante en el período 1998-2000. La debilidad de la demanda, la falta de confianza empresarial y los excesos de capacidad propiciaron una caída de la inversión en bienes de equipo, al mismo tiempo que se hundió la inversión en la construcción. Además, la demanda nacional se vio contenida por la consolidación presupuestaria. Aunque las exportaciones bajaron simultáneamente con la ralentización de la actividad económica de sus principales socios comerciales, la contribución al crecimiento de las exportaciones netas se mantuvo francamente positiva debido a una fuerte desaceleración en el crecimiento de las importaciones. En 2002 se espera que la demanda nacional se recupere un tanto, compensando así un nuevo declive del crecimiento de las exportaciones. Como consecuencia, el aumento del PIB por término medio debería mantenerse más o menos estable. En 2003, la mejora prevista del comercio exterior y de la demanda nacional debería hacer que la expansión de la producción se acerque a su potencial, es decir, a alrededor del 2,5 %. La evolución del precio del petróleo y los aumentos de los impuestos especiales hicieron subir los precios hasta mayo de 2001. La subida del coste de la vivienda se sumó también a la presión de los precios. En 2002, por el contrario, la esperada relajación de los precios de las importaciones debería dominar la evolución de los precios al consumo. En 2003 se espera que el aumento del IPCA se mantenga al nivel de 2002. La expansión de la plena ocupación se detuvo en 2001. Se prevé que el empleo baje ligeramente en 2002, aunque el crecimiento del empleo debe reanudarse en 2003. El desempleo empezó a incrementarse en 2001 y se espera que siga subiendo en 2002 a alrededor del 4,0 % de la mano de obra, para luego invertir la tendencia en 2003.

Aunque la situación presupuestaria mejoró considerablemente en 2001, son necesarios esfuerzos para asegurar la continuidad en una perspectiva a más largo plazo dada la esperada fuerte presión de gasto, motivada por el envejecimiento de la población. En particular, la baja edad preceptiva para tener derecho a la pensión y los altos niveles de prestación siguen ejerciendo una significativa presión ascendente sobre los gastos públicos de las pensiones. Aunque las reformas de régimen de pensiones y las subidas moderadas de las prestaciones han abordado estos problemas en años recientes, queda mucho por hacer para dar una base sólida al régimen de pensiones. El crecimiento de la producción en Austria se ha basado firmemente en un factor de expansión, mientras que el crecimiento total de la productividad sigue siendo bastante moderado. Por otra parte, la debilidad de la base tecnológica obstaculiza la transición directa a una economía del conocimiento. Aunque se han emprendido diversas iniciativas a este respecto, como un aumento del gasto en I + D o el refuerzo de los vínculos entre la empresa y la universidad, queda por ver si estas medidas son suficientes para ayudar a Austria a alcanzar a otros países más avanzados de la Unión Europea en términos de economía del conocimiento.

Política presupuestaria

La consolidación presupuestaria en 2001 fue impresionante. Las finanzas de las administraciones públicas partían de un déficit del 1,9 % del PIB (1,5 % contando los ingresos por UMTS), pasando en un año a una posición de equilibrio. Como esto se logró en contra de un crecimiento de la producción muy por debajo de la tendencia, la mejora en la posición ajustada cíclicamente fue incluso más fuerte. El crecimiento del gasto se mantuvo a raya gracias a los efectos de la reforma del sistema de pensiones y de la administración pública. Sin embargo, el resultado favorable de 2001 se debió principalmente a un fuerte aumento de la recaudación tributaria. Por consiguiente, la presión alcanzó un récord máximo. El programa de estabilidad prevé también un presupuesto equilibrado para los años 2002 y 2003. Para lograr los objetivos del programa, se necesitarán medidas de ahorro estructural en los Estados federados que se comprometieron a superávit considerables en el marco de un pacto nacional de estabilidad. A pesar de las recientes reformas estructurales, la sostenibilidad del sistema de pensiones no está asegurada teniendo en cuenta la acusada subida del coeficiente de dependencia de la edad en las próximas décadas. Por tanto, y teniendo en cuenta que Austria forma parte de la zona del euro, la política presupuestaria deberá procurar:

i) aplicar medidas que propicien un ahorro del gasto estructural, especialmente a los niveles inferiores de la administración, a fin de cumplir el objetivo de un presupuesto equilibrado en 2002 y 2003, fijado en el programa de estabilidad actualizado de diciembre de 2001,

ii) asegurarse de que la reducción prevista de la elevada presión fiscal potencie los incentivos para el empleo y la inversión y no entre en conflicto con el objetivo de mantener el equilibrio presupuestario; ello requiere un esfuerzo adicional de ahorro a todos los niveles de la administración, y

iii) revisar el sistema público de pensiones para asegurar la viabilidad de las finanzas públicas, abordando en especial la baja edad media real de jubilación y la reducción de los incentivos a la prejubilación.

Mercado de trabajo

El rendimiento global del mercado laboral austríaco siguió una evolución muy satisfactoria en 2001. Aunque ha empezado a sentirse la ralentización económica y el desempleo ha empezado a aumentar, la tasa de desempleo, con el 3,6 %, se encuentra aún entre las más bajas de la Unión Europea. Es probable que las diferencias de cualificaciones en el sector de las TIC, de fabricación y de servicios, se vean atenuadas por la actual ralentización. Aunque el nivel de ocupación total, del 68 % en 2000, está por encima de la media, el nivel de empleo de los trabajadores de mayor edad está estancado en un nivel muy bajo, el 29 %. Esto es problemático teniendo en cuenta la alta carga motivada por el envejecimiento de la población. Tras la reforma de las pensiones de 2000, parece alentadora la menor afluencia a la jubilación registrada en 2001, pero es aún demasiado pronto para valorar todas las repercusiones que pueda tener sobre la edad media real de jubilación. En 2001 se han consolidado o adecuado varias medidas activas que resultaron acertadas en el pasado. Sin embargo, persisten los desincentivos para permanecer en activo después de la edad mínima para la jubilación anticipada, y es probable que la prolongación de la pensión para los trabajadores de mayor edad produzca efectos adversos, debilitando por tanto la incidencia de la reforma de la jubilación anticipada, de la que es una medida de acompañamiento. Visto lo anterior, además de aplicar con rigor todas las Recomendaciones sobre empleo adoptadas por el Consejo en febrero de 2002, las principales prioridades para Austria deben ser:

i) acelerar la reforma de los regímenes fiscal y de prestaciones sociales para suprimir los desincentivos para que los trabajadores de mayor edad sigan activos en el mercado laboral.

Mercados de productos y economía del conocimiento

A pesar de la menor exposición de Austria a la competencia internacional que otros pequeños Estados miembros, la productividad laboral y los niveles de precios coinciden con la media de la Unión Europea. Se están tomando medidas importantes para liberalizar rápidamente las industrias de red y para designar reguladores sectoriales. Las mejoras del marco normativo impulsarían la competencia e incrementarían la presión a las empresas para que innoven. En marzo de 2002 el índice de transposición de las Directivas del mercado interior (98,1 %) seguía por debajo del objetivo del 98,5 %. El retraso de Austria en I + D de empresa y en patentes de alta tecnología contribuye también a la debilidad relativa de su base tecnológica, lo cual amenaza con retrasar su transición a la economía del conocimiento. Los requisitos habituales de tiempo y costes para crear una sociedad limitada privada son relativamente altos. A la vista de lo anterior, las principales prioridades para Austria deben ser:

i) seguir aplicando medidas dirigidas al fomento y difusión de las TIC y de la I + D en la empresa, para aumentar el gasto empresarial en I + D como porcentaje del PIB,

ii) mejorar la integración de Austria en el mercado interior acelerando la transposición de las Directivas del mercado interior y alcanzar el objetivo del 98,5 %, y asegurar la plena aplicación por los poderes públicos de las normas comunitarias sobre la contratación pública a todos los niveles,

iii) mejorar el marco normativo aumentando los poderes reales de la autoridad de reglamentación de las telecomunicaciones, y iv) aplicar nuevas medidas para reducir la carga administrativa de la empresa,

incluido el tiempo y el coste requeridos para la creación de una nueva sociedad limitada.

12. PORTUGAL

El crecimiento económico se ralentizó en 2001, pasando a alrededor del 1,75 %, pues la aguda ralentización de la demanda nacional solamente se vio compensada en parte por una mejora de las exportaciones netas. Termina así un prolongado período de crecimiento impulsado por la demanda nacional. Se espera que los esfuerzos de los agentes del sector privado para reequilibrar sus balances, tras la acusada subida de los niveles de endeudamiento en estos últimos años, limiten también el crecimiento de la demanda nacional en 2002-2003, cuyo promedio se estima en el 1,25 %. Con la perspectiva de una débil demanda exterior en el primer semestre de 2002, el crecimiento de la producción seguirá también moderado, pero debería reavivarse con la recuperación de la demanda mundial a finales del año. Habida cuenta de la proyección estadística negativa de principios de 2002, se espera que en 2002 el crecimiento anual del PIB alcance solamente alrededor del 1,5 %, antes de pasar a una tasa de crecimiento del 2,25 % en 2003. Después de un aumento de la inflación en 2000 y 2001, debido en parte a factores temporales, las presiones inflacionistas han amainado desde el segundo trimestre de 2001. Se prevé que la inflación IPCA prosiga su desaceleración a corto plazo, alcanzando en 2003 un valor de alrededor del 2,5 % de media anual. Se espera que la relajación de la tensa situación laboral, junto con los bajos aumentos salariales previstos en el sector público tenga un impacto moderador de la evolución salarial y, posteriormente, de la inflación de los precios. Se prevé que el crecimiento del empleo se retrase ostensiblemente en 2002-2003, después de una expansión del 1,6 % en 2001, mientras que el desempleo debe incrementarse un tanto, con una tasa media de desempleo de alrededor del 5 % en 2003.

El nuevo Gobierno juró su cargo el 6 de abril de 2002. La consolidación de las finanzas públicas será un desafío político importante para este Gobierno a lo largo de su mandato. La consolidación fiscal se mostró vacilante en 2001 debido también a significativos déficits de ingresos. Sin embargo, visto durante un período más largo, es la fuerte dinámica del gasto público la que al parecer motiva la lentitud del proceso de consolidación presupuestaria. La inversión de la rápida tendencia al alza del gasto de la administración es, por lo tanto, una cuestión prioritaria en el empeño por conseguir unas finanzas públicas más sólidas. La economía portuguesa ha perdido competitividad en estos últimos años, según evidencia también su amplio déficit comercial. Varios factores han contribuido a ello, en especial el bajo crecimiento de la productividad laboral junto con los acuerdos salariales al alza. El nivel y crecimiento insatisfactorios de la productividad laboral se asocian, entre otras cosas, al bajo nivel de estudios de la mano de obra, lo que persiste como uno de los problemas estructurales más significativos. Los progresos en pro de mayores niveles de productividad también se ven dificultados por la insuficiente competencia en los mercados de productos. Portugal es uno de los países de la Unión Europea más expuestos a las repercusiones presupuestarias del envejecimiento de la población. Varias reformas recientes han abordado este problema. Aunque estas reformas mejoren a más largo plazo el equilibrio financiero del régimen de pensiones, se requieren nuevas medidas para asegurar la viabilidad de las finanzas públicas. Por otra parte, la fuerte dinámica del gasto en atención sanitaria sugiere que debe perseverarse con determinación en el actual proceso de reforma para la mejora del control y la eficacia del gasto en el sector sanitario.

Política presupuestaria

La consolidación fiscal se detuvo en 2001, aumentando el déficit de la administración a un 2,75 % del PIB (el 2,25 % en 2000, sin los ingresos por UMTS), lo que contrasta con el objetivo inicial del 1,1 %. Esta cifra es mucho mayor de la esperada en diciembre de 2001, cuando las autoridades presentaron su actualización del programa de estabilidad. El crecimiento económico más lento de lo previsto es un factor importante si se suma al resultado presupuestario de 2001, mucho peor de lo estimado. Sin embargo, detrás de ello hay también otros factores, especialmente una subestimación de las pérdidas de ingresos motivadas por la reforma de los impuestos directos lanzada en 2001, y una menor eficacia de lo previsto en la recaudación y la administración tributaria. Por otra parte, pese al paquete restrictivo adoptado en junio, los gastos corrientes primarios superaron el objetivo.

Por último, la fuerte revisión al alza entre diciembre de 2001 y abril de 2002 fue motivada por unos déficit mayores de lo previsto al nivel de la administración local y a una reclasificación estadística de ciertas operaciones de capitales entre el Gobierno y las empresas públicas. En diciembre de 2001 la actualización del programa de estabilidad mantiene el objetivo de equilibrar el presupuesto del Estado para 2004. En la reunión del Consejo de Economía y Finanzas del 12 de febrero de 2002, el Gobierno portugués se comprometió a respetar del valor de referencia del 3 % del PIB para el déficit de la administración en el año en curso y reiteró su compromiso de alcanzar en 2004 una posición de equilibrio. Teniendo en cuenta el fuerte deterioro del déficit en 2001, se requiere en el período 2002-2004 una política fiscal de consolidación notablemente más ambiciosa. Dado que el resultado presupuestario para 2001 es mucho peor de lo esperado, y dada la insatisfactoria ejecución del presupuesto inicial para 2002, el nuevo gobierno adoptó el 15 de mayo de 2002 un presupuesto rectificativo que incluía medidas correctivas correspondientes a un 6 % del PIB. Visto lo anterior, y teniendo en cuenta que Portugal forma parte de la zona euro, la política presupuestaria debe tener por objetivos:

i) garantizar que no se sobrepase el valor de referencia de 3 % del PIB para el déficit público general en 2002; aplicar estrictamente con este fin el presupuesto rectificativo que tiene por objetivo un déficit del 2,8 % del PIB y aprovechar todas las oportunidades para lograr un resultado presupuestario que supere las expectativas consolidando asimismo la vigilancia presupuestaria a todos niveles de la administración,

ii) alcanzar una posición próxima al equilibrio presupuestario en 2004, lo cual requerirá medidas discrecionales además de las ya incluidas en el programa de estabilidad actualizado en 2001,

iii) aplicar con determinación las medidas anunciadas en el presupuesto rectificativo para 2002 para frenar el gasto, con objeto de reducir la dinámica de gasto de la administración, y

iv) continuar con el proceso de reforma de las pensiones, aplicando medidas que se sumen a las contempladas en la reforma de 2001, para asegurar a medio y largo plazo la viabilidad del régimen de pensiones; introducir medidas eficaces para contener el ritmo insostenible del gasto sanitario, particularmente en el consumo de productos farmacéuticos.

Mercado de trabajo

La situación del mercado laboral seguía siendo favorable en Portugal en 2001, pese al acusado declive de la actividad económica. La tasa de desempleo se mantuvo entre la más bajas de la Unión, ligeramente por encima del 4 %. El empleo creció un 1,5 % y los niveles de ocupación están todos ellos (general, femenino o de trabajadores de mayor edad) por encima de la media de la Unión Europea. Los niveles salariales y los costes laborales siguen siendo de los más bajos de la Unión, pero la situación tensa del mercado laboral en algunos sectores y los fuertes aumentos salariales en el sector público han disparado el crecimiento salarial nominal por encima del 6 % en 2000-2001. En línea con el modesto aumento de la productividad laboral, los costes laborales unitarios reales han aumentado aproximadamente un 1,3 % en 2000-2001, muy por encima del nivel básicamente sin cambios observado para la Unión Europea en conjunto. Además, el nivel de productividad laboral es bajo en Portugal, lo que en parte se explica por unos niveles muy bajos de estudios (también en las edades más jóvenes). Por término medio, el porcentaje de la población que había superado al menos la educación secundaria superior era solamente del 21 % en 1999 (comparado con el 59 % de media en la Unión Europea).

Aunque en estos últimos años Portugal ha incrementado sustancialmente el gasto en educación, la alta incidencia de abandono escolar temprano y la necesidad de simplificar y aligerar el gran número de medidas indica una utilización relativamente ineficaz de los recursos. La proporción de trabajadores con contratos temporales casi se ha duplicado en los últimos cinco años, en parte a consecuencia de la legislación más rigurosa de protección del empleo para los trabajadores con contratos regulares. Visto lo anterior, además de aplicar con rigor todas las Recomendaciones sobre empleo adoptadas por el Consejo en febrero de 2002, las principales prioridades para Portugal deben ser:

i) mejorar los sistemas de educación y formación en el marco de una estrategia mejor articulada de formación continua para aumentar las posibilidades de empleo y la adaptabilidad de la mano de obra y aumentar la productividad laboral,

ii) promover una evolución salarial coherente con el mantenimiento de la competitividad y de la estabilidad de los precios de modo que los salarios reales no crezcan por encima de la productividad del trabajo, y

iii) modernizar las instituciones del mercado laboral, entre otras cosas mediante una adaptación de las normativas de los contratos laborales que tenga en cuenta la necesidad de un equilibrio apropiado entre flexibilidad y seguridad.

Mercados de productos y economía del conocimiento

En parte debido a su posición geográfica, la economía portuguesa está relativamente menos abierta (según la ratio comercio total-PIB) que otros Estados miembros de tamaño comparable. La productividad laboral es la más baja de la Unión Europea y está creciendo sólo lentamente. Entre los determinantes de la baja productividad y de la competitividad en general de la economía, se cuentan el bajo nivel de estudios de la mano de obra y la muy débil participación del sector empresarial en la I + D y la innovación. Se han tomado varias medidas para promover la difusión de las TIC, incrementar la actividad de la I + D y reducir la carga administrativa de la empresa. Se ha avanzado en la liberalización de las industrias de red, pero queda aún margen para aumentar la competencia, pues los operadores tradicionales han ocupado posiciones fuertes en el mercado y los precios siguen siendo relativamente altos. El nivel de Portugal en la transposición de Directivas del mercado interior está por debajo del objetivo del 98,5 %, de marzo de 2002. La competencia en los mercados generales de productos se beneficiaría considerablemente de la puesta en práctica del anunciado firme compromiso institucional para la aplicación de la política de la competencia y el control de la ayuda estatal sectorial y ad hoc, que sigue siendo la segunda más alta de la Unión Europea y sólo está disminuyendo lentamente. Teniendo en cuenta lo anterior, las principales prioridades de Portugal deben ser:

i) perseverar en la consolidación de la base general de educación y cualificación de la población y fomentar una mayor implicación de la empresa en la I + D y la innovación, así como una mayor utilización de las TIC,

ii) aumentar la competencia efectiva en los servicios públicos liberalizados, y especialmente en el sector de la energía, para reducir los precios para los usuarios,

iii) controlar la rentabilidad de los regímenes sectoriales de ayuda estatal con vistas a su posible reducción, y

iv) aumentar el índice de transposición de las Directivas del mercado interior con el fin de alcanzar el objetivo del 98,5 % 13.

FINLANDIA

Debido a una acusada disminución del crecimiento de las exportaciones, acompañada de un fuerte desalmacenamiento, la economía finlandesa experimentó una ralentización aguda en 2001, con un crecimiento del PIB estimado en el 0,7 %, tras registrar el 5,6 % el año anterior. Se espera una recuperación gradual de la aportación exterior al crecimiento que restablezca la actividad económica en 2002-2003. Además, el consumo privado debería cobrar resistencia debido a los continuos recortes de los impuestos sobre la renta, a la moderada inflación y al mantenimiento de unas condiciones monetarias favorables. Sin embargo, en el contexto de un bajo índice de utilización de la capacidad de fabricación y de una prevista disminución de la demanda de nuevas viviendas y locales comerciales, se prevé que la inversión va a ser débil. La inflación (IPCA) se alivió un tanto al 2,7 % en 2001, ya que el impacto de los altos precios del petróleo y los alimentos se desvaneció hacia finales del año. Sin embargo, los precios de los servicios aumentaron notablemente y se espera que este factor supondrá un obstáculo al descenso de la inflación en 2002-2003. El empleo siguió creciendo en 2001, aunque a un ritmo en continuo declive. En 2002 se espera que el empleo disminuya habida cuenta del crecimiento muy mermado en el sector de fabricación orientado a la exportación y de que el crecimiento del empleo tan sólo se circunscribe al sector de servicios. Por lo tanto, se prevé que el desempleo subirá en 2002, esperándose su recuperación sólo en 2003.

Con el 9,1 % de la mano de obra, la tasa de paro se mantuvo en 2001 claramente por encima de la media de la zona del euro. El desempleo parece ser en su mayor parte de naturaleza estructural. Aunque se han hecho esfuerzos para fijar mejor los objetivos y adecuar las medidas activas del mercado laboral (ALMP), y ayudar a la ocupación de los desempleados de colocación más difícil, aunque se establecieron criterios más rigurosos para acogerse al subsidio, otras medidas como el aumento de los subsidios de desempleo son contrarias al objetivo de aumentar los incentivos para el empleo. Finlandia es uno de los Estados miembros más expuestos a las consecuencias del envejecimiento de la población. El Gobierno está comprometido con la reforma de las pensiones con objeto de alcanzar unas finanzas públicas viables a largo plazo. Varios de los pasos de la reforma van en la dirección correcta, pero varias medidas tienen un período previsto de puesta en práctica indebidamente largo. Finlandia sigue siendo uno de los países con el nivel de precios más alto de la Unión Europea. Esto se debe en parte a la insuficiente competencia en ciertos sectores, que hace necesarios mayores esfuerzos en este sentido.

Política presupuestaria

Se calcula que las finanzas de Gobierno central se han debilitado, pasando de un superávit del 1,9 % del PIB en 2001 al 1 % en 2002. El objetivo del Gobierno de lograr un superávit estructural en las finanzas del Gobierno central de 1,5- 2 % del PIB a medio plazo parece ahora muy difícil de conseguir, y más aún ya que, para impulsar la creación de empleo, el Gobierno podría decidir reducir aún más los coeficientes de los impuestos sobre la renta. En el contexto del objetivo del Gobierno de prepararse para las próximas presiones sobre el gasto motivadas por la edad, los recortes fiscales deben ir acompañados por una moderación del gasto. En estos últimos años, el gasto del Gobierno central ha superado repetidamente las directrices de gasto a medio plazo. Además de debilitarse las finanzas de Gobierno central, el equilibrio financiero de las administraciones locales ha sido persistentemente deficitario desde 1997, con la excepción de 2000, en que los impuestos de sociedades fueron especialmente boyantes. La disciplina presupuestaria de la administración podría potenciarse con la legislación recientemente adoptada que requiere a las administraciones locales que alcancen el equilibrio presupuestario a medio plazo a partir de 2002. Sin embargo, en ausencia de un mecanismo de aplicación en la legislación, es incierto que esta normativa alcance los resultados previstos. Teniendo en cuenta lo anterior, y teniendo en cuenta que Finlandia forma parte de la zona del euro, la política presupuestaria debe tener por objetivos:

i) evitar una desviación significativa de las directrices a medio plazo de mantener el gasto de la administración al nivel de 1999 en términos reales; con este fin, suscribir firmemente el objetivo presupuestario de gasto para 2002 y adoptar las medidas necesarias para la reducción del gasto en el presupuesto de 2003,

ii) mejorar la disciplina presupuestaria a nivel de las administraciones locales, estableciendo un mecanismo de vigilancia de la normativa recientemente adoptada que requiere a las administraciones locales que alcancen el equilibrio presupuestario en sus finanzas a medio plazo, y

iii) proseguir firmemente el actual proceso de reforma de las pensiones, en especial adoptar y llevar a cabo en una fase temprana los cambios previstos en la fórmula de pensiones, teniendo en cuenta la cada vez mayor esperanza de vida y ampliando el período de cálculo de los ingresos con derecho a jubilación a toda la vida activa.

Mercado de trabajo

El rendimiento del mercado laboral finlandés fue irregular en 2001. Mientras el empleo siguió subiendo y el desempleo bajando, los costes laborales unitarios reales aumentaron y la productividad laboral bajó debido a una aguda ralentización del crecimiento económico. Como consecuencia de ello, se espera que el crecimiento del empleo se detenga en 2002. La tasa de desempleo se mantiene en un nivel alto, el 9,1 % en 2001, y se espera que crezca en 2002. El desempleo es predominantemente de tipo estructural, con grandes diferencias regionales. Las respuestas del Gobierno a problemas del mercado laboral entre 1997 y 2002 se han centrado insistentemente en la reducción general de los impuestos sobre el trabajo. Sin embargo, estas reducciones han sido fundamentalmente proporcionales, siendo por tanto poco efectivas para reparar la posición relativa de los trabajadores de bajo salario, sobre todo con respecto a los tipos impositivos efectivos, marginalmente altos. En 2001, las medidas introducidas por el Gobierno para mejorar la eficacia de los programas activos de mercado laboral (ALMP), para impedir que quedaran excluidos del mercado laboral los desempleados de difícil colocación y para reformar los regímenes de pensiones con el objetivo de incrementar la flexibilidad en la edad preceptiva de jubilación y aumentar los incentivos para permanecer en el lugar de trabajo. Sin embargo, el número de personas en edad de trabajar en los diversos regímenes de prestaciones y ALMP sigue siendo alto, y la tardía aplicación de las últimas reformas debilita su incidencia en la generación del auge de los nacimientos y amenaza con retrasar la consecución del objetivo del Gobierno de aumentar la edad preceptiva para la jubilación efectiva. Además, las medidas ya decididas para aumentar el nivel de los subsidios de desempleo en 2002 son contrarias a la finalidad del incremento de los incentivos para el trabajo y reducen los efectos de los recortes fiscales y de las ALMP. Visto lo anterior, además de aplicar con rigor todas las Recomendaciones sobre empleo adoptadas por el Consejo en febrero de 2002, las principales prioridades para Finlandia deben ser:

i) rentabilizar el trabajo para reducir el alto nivel de desempleo estructural. Las reformas deberían cubrir los regímenes de prestaciones, incluidos los sistemas de jubilación anticipada a fin de reducir los tipos impositivos efectivos marginales relativamente altos, sobre todo para los trabajadores de bajo salario. Deberían también revisarse los criterios para poder acogerse a subsidios y la legislación de protección del trabajo, y

ii) aumentar la eficacia de los programas activos del mercado laboral y redirigirlos a las necesidades de los más proclives al riesgo de paro de larga duración.

Mercados de productos y economía del conocimiento

Debido a su situación periférica en la Unión Europea, la economía finlandesa está potencialmente menos expuesta a la competencia internacional que la mayor parte de los demás Estados miembros. Los niveles de precios al consumo están entre los más altos de la Unión Europea, lo que en parte se debe al grado relativamente alto de concentración de mercados en algunos sectores, como los medios de comunicación y la distribución al por menor. El índice finlandés de transposición de las Directivas del mercado interior está entre los más altos de la Unión Europea, y se han liberalizado completamente los mercados de telecomunicaciones y de electricidad. Aunque se han aumentado los recursos y las facultades de las autoridades de la competencia, Finlandia es uno de los pocos Estados miembros que no ha tomado medidas para facultar a la autoridad nacional de competencia a aplicar directamente la legislación comunitaria de la competencia. Por otra parte, aunque recientemente se han realizado mejoras, el valor de la contratación pública que es objeto de publicidad está por debajo de la media europea, y la participación del sector privado en la prestación de servicios públicos es bajo, sobre todo en el ámbito local. Se han tomado medidas para promover el espíritu de empresa, pero el tiempo requerido para registrar una empresa privada es de los más largos de la Unión Europea. Por último, Finlandia es uno de los países más aplicados de la Unión Europea en lo que respecta a la transición a la economía del conocimiento. Teniendo en cuenta lo anterior, las principales prioridades para Finlandia deben ser:

i) aumentar la competencia en la prestación de servicios públicos en el ámbito local incrementando la participación del sector privado y la competencia entre operadores de servicios públicos,

ii) facilitar la creación de empresas reduciendo más el tiempo requerido para registrar una nueva empresa, y iii) facultar a la autoridad finlandesa de la competencia para aplicar los artículos 81 y 82 del Tratado CE.

14. SUECIA

Suecia experimentó una aguda ralentización en 2001, y el crecimiento real del PIB se redujo al 1,2 %, desde el 3,6 % de 2000, en gran medida influida por la ralentización mundial y, en especial, por la depresión en el sector de las TIC. Sin embargo, la esperada aceleración gradual de la economía mundial en 2002 y 2003 deberá suponer un aumento de la demanda exterior. Los fundamentos económicos relativamente favorables de Suecia deberían también contribuir a una recuperación de la demanda nacional en 2002 y 2003. En general, se espera que el PIB real crezca alrededor del 1,7 % en 2002, y alrededor del 2,8 % en 2003. La inflación IPCA aumentó sustancialmente en 2001, con una media del 2,7 %, en parte debido a factores temporales. Sin embargo, las indicaciones apuntan a que las presiones inflacionistas disminuirán a partir del segundo trimestre de 2002 y se mantendrán próximas al 2 % en 2003. El crecimiento del empleo ha sido firme en estos últimos años y era aún del 2 % en 2001, lo que ha contribuido a una caída sustancial de la tasa de desempleo al 5,2 % en 2001. Sin embargo, se esperan algunos efectos retardados de la ralentización de la actividad económica en 2001, y en 2002 se espera un ligero incremento del desempleo. Esto debería invertirse cuando la economía cobre impulso en 2003.

El aumento del potencial de crecimiento de la economía sigue siendo un desafío clave, pues la productividad por persona ha caído en estos últimos años comparada con la media de la EU-15. Debería concederse alta prioridad a las políticas dirigidas a la consolidación del espíritu de empresa y al crecimiento de las empresas, así como a los esfuerzos para mejorar los incentivos para el empleo. Aunque las cifras de Suecia son altas en cuanto a los niveles de empleo, sigue constituyendo un desafío clave a medio plazo incrementar la participación de la mano de obra y el fomento del empleo si se quiere abordar la cuestión del envejecimiento de la población. Se podría fomentar una nueva expansión de la oferta de mano de obra mediante la continuación de las reformas encaminadas a lograr que la estructura subyacente de impuestos y prestaciones resulte más favorable al empleo. Por otra parte, es preciso supervisar la eficacia de los programas del mercado laboral. Las medidas para aumentar la competencia en algunos sectores y para aumentar la eficacia del sector público son desafíos clave para abordar los altos niveles de precios y la baja productividad laboral.

Política presupuestaria

En 2001, el superávit de la administración se incrementó notablemente en 1 punto, cifrándose en el 4,8 % del PIB. Según el proyecto de ley de política fiscal de primavera de 2002, se esperan amplios superávits del 1,8 % del PIB en 2002 y 2003. La política presupuestaria a medio plazo sueca tiene tres puntos: i) techos nominales en el gasto de la administración, fijados anualmente para los tres próximos años, ii) una obligación de equilibrio presupuestario a medio plazo para las administraciones locales, y iii) el objetivo de superávit de un 2 % del PIB por término medio sobre el ciclo económico para las finanzas de la administración. El margen obtenido al lograr superávit más altos que los previstos se ha utilizado en parte para la reducción impositiva y en parte para la reducción de la deuda. La deuda bruta cayó en 2000 por debajo del 60 % del PIB, y se espera que siga bajando y alcance el 48,3 % del PIB en 2004, según el proyecto de ley de política fiscal de primavera de 2002. Esta reducción de la deuda, junto con la reforma del régimen de pensiones, constituye un aspecto importante de la estrategia de Suecia para hacer frente al envejecimiento de la población. Teniendo en cuenta lo anterior, la política presupuestaria debería aspirar a:

i) proseguir con la estrategia de reducir los impuestos de los asalariados de nivel bajo y medio en 2002 y asegurar al mismo tiempo que se cumple el techo de gastos de la administración, y

ii) lograr en 2003 un superávit de la administración conforme al objetivo a medio plazo del 2 % del PIB sobre el ciclo para las finanzas públicas, al tiempo que se mantiene un control estricto del gasto.

Mercado de trabajo

El mercado laboral sueco continuó mejorando en 2001, a pesar del retraso sustancial en el crecimiento económico. El desempleo disminuyó a alrededor del 5 % de la población activa, mientras que el empleo creció casi el 2 %, impulsando aún más los ya altos niveles de empleo. En particular, el nivel de ocupación de los trabajadores de mayor edad (55-64 años), de casi el 65 % en 2000, es considerablemente más alto que en los demás Estados miembros. La "reserva laboral" para un nuevo aumento de la oferta de empleo a medio plazo es, pues, limitada. De hecho, los aumentos salariales nominales, relativamente altos en 2001 (comparados con el modesto rendimiento de la productividad laboral), por ejemplo en el sector de los servicios y de la construcción, indican una cierta escasez e inadecuación del empleo. Esto se alivia en parte en Suecia por el énfasis puesto en la formación, donde casi el 5 % de la mano de obra participa en diversos programas activos del mercado laboral (ALMP) o en el programa temporal de educación especial, lo que contribuye a mejorar la adaptabilidad de la mano de obra. Sin embargo, las evaluaciones recientes de algunos tipos de ALMP dan un resultado relativamente irregular (en cuanto a la creación neta de empleo), subrayando la importancia de seguir mejorando su eficacia. A pesar de las recientes medidas, la presión fiscal sobre el empleo y, en especial, sobre los asalariados con baja remuneración, sigue siendo una de la más alta en la Unión. Los niveles relativamente generosos de las prestaciones contribuyen a los altos índices netos de sustitución, pero los criterios relativamente estrictos de concesión de subsidios (en combinación con la política activa de empleo) reducen el riesgo de paro de larga duración en Suecia. Visto lo anterior, además de aplicar con rigor todas las Recomendaciones sobre empleo adoptadas por el Consejo en febrero de 2002, las principales prioridades para Suecia deben ser:

i) proseguir con las reformas de los regímenes fiscal y de prestaciones sociales para promover incentivos de empleo, y

ii) mejorar la eficacia de los programas activos del mercado laboral (ALMP) y focalizarlos en los más expuestos al riesgo de paro de larga duración, así como a cubrir las demandas del mercado laboral.

Mercados de productos y economía del conocimiento

La apertura de Suecia (según la ratio comercio total-PIB) es más alta que la de las demás economías nórdicas, y aumentó especialmente en los años noventa, pero los niveles de precios siguen siendo altos y la productividad laboral está por debajo de la media de la Unión Europea. El nivel de transposición de las Directivas del mercado interior es excelente, la ayuda estatal está entre las más bajas en la Unión Europea, y la reforma de las industrias de red está bien avanzada. Sin embargo, la competencia en la prestación de servicios públicos es aún insuficiente en el ámbito local. La competencia es también insuficiente en algunos sectores, como el mercado al por menor de productos farmacéuticos, monopolio de propiedad estatal, y en el comercio de alimentos. Suecia tiene el gasto total en I + D más fuerte de la Unión Europea, aunque está altamente concentrado en algunos sectores de conocimiento intensivo. La absorción de las TIC por la población está avanzando a un alto ritmo y la proporción de la industria de las TIC en la producción total es grande si se la compara con la de otros Estados miembros. Teniendo en cuenta lo anterior, las principales prioridades para Suecia deben ser:

i) aumentar la competencia en la prestación de servicios públicos en el ámbito local, y

ii) redoblar esfuerzos para imponer la competencia en los sectores en los que se considera inadecuada, como por ejemplo el mercado al por menor de productos farmacéuticos y el de alimentos.

15. REINO UNIDO

En conjunto, la actividad económica del Reino Unido se mantuvo firme en 2001. La depresión de las exportaciones netas en conjunción con la debilidad de la economía mundial fueron compensadas por el crecimiento excepcionalmente fuerte del consumo privado. El PIB se incrementó en un 2,2 % en el conjunto del año. Se espera que en 2002 el crecimiento sea algo inferior, de alrededor del 2 %, a consecuencia de la ralentización mundial. Sin embargo, en 2002 se prevé que se recupere el crecimiento a medida que crece la economía mundial y la demanda nacional sostiene la economía, en parte debido a la relajación monetaria de 2001 y del aumento previsto del gasto de la administración y de la inversión de capital. En 2003 se espera que el crecimiento esté ligeramente por encima de la tendencia, pues los mercados de exportación británicos crecen de manera respetable. Se estima que la inflación seguirá moderada en 2002 y 2003, ya que la producción se mantiene cerca del potencial. En particular, no se espera que surjan presiones salariales, pese a que el desempleo sigue estando bajo, en sólo el 5,5 %. La inflación del IPCA se calcula en una media inferior al 2 % en 2002 y 2003.

El nivel relativamente bajo de productividad sigue siendo un desafío clave. La productividad por persona empleada está por debajo de la media de la Unión Europea, aunque la diferencia ha venido disminuyendo desde 1995. En cuanto al mercado laboral, un desafío clave es la alta concentración de desempleo e inactividad en ciertos municipios. Si bien el desempleo se ha reducido en todas las regiones y países del Reino Unido, sigue habiendo zonas concretas con altas tasas de desempleo El tercer desafío clave es mejorar la calidad de los servicios públicos británicos, especialmente en el sector del transporte.

Política presupuestaria

El excedente del Gobierno fue del 0,9 % del PIB en 2001. Las proyecciones del programa de convergencia muestran que las finanzas de la administración registrarán un pequeño déficit del 0,2 % del PIB en el ejercicio presupuestario 2001-2002, para luego subir a un déficit del 1,1 % del PIB en 2002-2003 y se mantendrán alrededor de ese nivel en los años restantes del programa, 2006-2007. Ahora surge un déficit de alrededor del 1 % del PIB, un año antes que en la anterior actualización, en gran parte debido a factores económicos temporales (por ejemplo, un nivel más bajo del PIB que el proyectado previamente, y menores beneficios financieros de la empresa). Este déficit del 1 % PIB persiste en las proyecciones, tanto en las no ajustadas como en las ajustadas cíclicamente, a consecuencia de una suposición muy prudente del crecimiento de la tendencia del 2,25 % anual, y por abordar el bajo nivel de inversión del estado, tal como indican las Orientaciones generales de política económica de 2001. La deuda bruta en relación con el PIB fue en 2001 del 39 %. En el programa de convergencia se prevé que baje al 36,3 % antes de 2006-2007. Con una baja relación deuda-PIB, el Reino Unido está en buenas condiciones de hacer frente a las consecuencias del envejecimiento de la población y las finanzas públicas son viables con las políticas actuales. Teniendo en cuenta estos progresos, entre ellos las cautas previsiones de crecimiento, y teniendo en cuenta la exigencia de una posición "próxima al equilibrio o con superávit a medio plazo" que figura en el Pacto de estabilidad y crecimiento, la política presupuestaria debe:

i) permitir que la inversión pública, libre de depreciación, se incremente con respecto a 2001-02, según lo proyectado en el programa de convergencia, y tal como recomiendan las OGPE para 2001, y

ii) prestar atención a cualquier deterioro de las finanzas públicas que pudiera desviarlas de los términos del Pacto de estabilidad y crecimiento y, si fuera necesario, remediar la situación.

Mercado de trabajo

El mercado laboral británico permanece entre los de mejor ejecutoria de la Unión Europea. En 2000, el Reino Unido alcanzó todos los objetivos de empleo de Lisboa y de Estocolmo, con una tasa global de ocupación del 71,5 %, un nivel de empleo femenino del 64,8 % y un nivel de empleo para los trabajadores de mayor edad del 50,8 %. El desempleo se ha incrementado ligeramente en estos últimos meses (al 5,1 %, corregido estacionalmente, en diciembre de 2001) pero está cerca de su nivel más bajo en más de dos décadas, al igual que el paro de larga duración, que continúa bajando con respecto al total. Se ha refinado la gama de medidas activas dirigidas a abordar el paro y la inactividad de larga duración, mientras que las recientes reformas del régimen de prestaciones sociales introducirán un planteamiento más concentrado en el empleo para los que perciben prestaciones de enfermedad e incapacidad y que pueden trabajar. Sin embargo, el número de personas en edad laboral que reclaman prestaciones de baja laboral por enfermedad o incapacidad ha seguido aumentando hasta casi 2,6 millones en mayo 2001, un aumento del 2,6 % con respecto al año anterior. De esa cifra, más de 2 millones han recibido prestaciones durante un año o más. Si bien el desempleo se ha reducido en todas las regiones y países del Reino Unido sigue habiendo zonas concretas con altas tasas de desempleo Las disparidades regionales relativas en el desempleo han seguido incrementándose, aunque las diferencias dentro de las regiones sigan siendo más grandes que las diferencias entre ellas. Las concentraciones locales de paro e inactividad en varias zonas de la nación siguen siendo preocupantes. Visto lo anterior, además de aplicar con rigor todas las Recomendaciones sobre empleo adoptadas por el Consejo en febrero de 2002, las principales prioridades para el Reino Unido deben ser:

i) fortalecer las medidas activas dirigidas a aquellas comunidades y personas más propensas al riesgo de paro o inactividad de larga duración concentrado, y

ii) reformar los regímenes de prestaciones de enfermedad e incapacidad para proporcionar a las personas que pueden trabajar las oportunidades y los incentivos para hacerlo.

Mercados de productos y economía del conocimiento

El entorno económico del Reino Unido es favorable al espíritu de empresa, con bajos niveles de reglamentación y unos impuestos de sociedades relativamente bajos. La ayuda estatal es de las más bajas de la Unión Europea, y la liberalización de las industrias de red está bien avanzada. Sin embargo, el nivel de productividad británico sigue siendo relativamente bajo, lo que en parte se debe a factores como una escasa competencia en algunos sectores (por ejemplo, las actividades bancarias al por menor, los servicios postales y las profesiones liberales), a deficiencias de cualificación y a una inversión insuficiente en la economía, en servicios públicos como los ferrocarriles. El Gobierno británico ha anunciado un aumento sustancial de la inversión en el sector de transportes mediante su plan de diez años para el transporte. Tras el estudio independiente realizado por Wanless sobre la financiación a largo plazo de la sanidad, el Gobierno ha anunciado una inversión adicional importante en el Servicio Nacional de Salud. Con este aumento el gasto sanitario total en el Reino Unido pasará de un 7,7 % del PIB en el año en curso a 9,4 % del PIB en 2007-2008. Con un 98,7 %, el índice británico de transposición de las Directivas del mercado interior había superado en marzo de 2002 el objetivo del 98,5 %. En cuanto a la economía del conocimiento, el gasto en TI (en % del PIB) y el nivel de acceso a Internet están por encima de la media de la Unión Europea, aunque la adopción de Internet de banda ancha es relativamente baja en el Reino Unido.

Teniendo en cuenta lo anterior, las principales prioridades para el Reino Unido deben ser:

i) continuar mejorando la competencia, utilizando las medidas políticas existentes, en sectores como las actividades bancarias al por menor, los servicios postales y las profesiones liberales, y

ii) realizar la inversión anunciada de infraestructuras en los ferrocarriles, establecer una nueva empresa de infraestructuras ferroviarias y mejorar la normativa del sector ferroviario.

Hecho en Sevilla, el 21 de junio de 2002.

Por el Consejo

El Presidente

R. de Rato y Figaredo

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1) El nuevo Gobierno ha propuesto que el régimen especial de ahorro para pensiones (SP) pase de ser régimen de redistribución fiscal a régimen de pensiones obligatorio e individual, con validez a partir de 2001. La propuesta cuenta con la mayoría necesaria en el Parlamento. El cambio reducirá el superávit de las administraciones públicas en aproximadamente 1/2 punto porcentual del PIB a partir del 2002, ya que estos ahorros, tras el cambio, se considerarán como ahorro privado y no público en la contabilidad nacional. Esto concuerda con el informe sobre déficit y deuda de 28 de febrero de 2002.