Decisión del Parlamento Europeo, de 4 de abril de 2001, relativa al cierre de cuentas en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 1999; sección I: Parlamento Europeo, anexo: Defensor del Pueblo.

Vigente Decisión Unión Europea
BOE:
DOUE-L-2001-81506
Número oficial:
DOUE-L-2001-81506
Publicación:
15/06/2001
Departamento:
Comunidades Europeas

EL PARLAMENTO EUROPEO,

Visto su Reglamento y, en particular, el apartado 3 de su artículo 184,

Visto el artículo 77 del Reglamento financiero y el artículo 13 de las normas internas de ejecución del presupuesto del Parlamento Europeo,

Vistos la cuenta de gestión y el balance financiero relativos al ejercicio 1999 [SEC(2000) 539 - C5-0312/2000],

Visto el acuerdo de cooperación administrativa celebrado entre el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo Europeo el 22 de septiembre de 1995 y prorrogado hasta el 7 de diciembre de 1999,

Vista el Informe anual del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 1999, y las respuestas de las instituciones (C5-0617/2000) (1),

Vista la declaración de fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones presentada por el Tribunal de Cuentas de conformidad con el artículo 248 del Tratado CE (C5-0617/2000),

Vista su Decisión de 6 de julio de 2000 sobre la que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 1998; sección I: Parlamento Europeo, anexo: Defensor del Pueblo (2) y, en particular, el apartado 3 de la misma, en el que se pedía a la Comisión de Control Presupuestario que incluyera entre los asuntos relativos a la gestión para 1999 los procedimientos de adjudicación de contratos, la política inmobiliaria, la política de personal y el inventario de los bienes muebles del Parlamento,

Visto el Informe de la Comisión de Control Presupuestario (A5-0099/2001),

Parlamento Europeo

1. Toma nota de las cifras con que se cerraron las cuentas del Parlamento Europeo para el ejercicio 1999 sobre la base de los importes siguientes:

TABLA OMITIDA EN PÁGINAS 25 A 26

Ejecución presupuestaria

2. Comprueba la mejora de la ejecución presupuestaria en lo que respecta a:

- un alto índice de utilización de los créditos disponibles durante el ejercicio 1999 (98,97 %),

- un importante aumento de la utilización de los créditos transferidos del ejercicio 1998 (un 91,96 % frente a un 79,80 % de 1997 a 1998),

- una plena utilización de los créditos no transferidos automáticamente del mismo ejercicio.

Política de personal

3. Sigue otorgando la máxima prioridad a la formación profesional continua y sistemática de los Ordenadores y, en particular, de los Administradores de créditos, con objeto de seguir mejorando la gestión presupuestaria del Parlamento; expresa, no obstante, su satisfacción por las medidas adoptadas hasta la fecha (seminarios de información, circulares sobre el riguroso cumplimiento de las disposiciones del Reglamento financiero, etc.) y cree que la recurrencia de lagunas como la no presentación al Interventor de propuestas de asunción de gastos para visado justifica una intensificación de la correspondiente formación.

4. Toma nota de que, de conformidad con el apartado 14 de su Decisión, de 7 de octubre de 1998, por la que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto para el ejercicio 1996, sección I: Parlamento Europeo, anexo: Defensor del Pueblo (3), con respecto a la necesidad de celebrar concursos regulares para el personal con capacitación informática o experto en técnicas de contabilidad y auditoría, el Parlamento ha organizado, conjuntamente con otras instituciones, algunos concursos de este tipo (EUR/A/154, EUR/B/164).

5. Toma nota de que el Secretario General va a presentar a la Mesa, para su reunión de abril, un informe sobre la política de personal, que incluirá las medidas relativas a la movilidad del personal; pide a la Mesa que introduzca elementos de flexibilidad, cualificaciones y resultados en la política del Parlamento en materia de movilidad del personal, con el fin de promover el objetivo de la eficiencia.

6. Expresa su satisfacción por la clara tendencia a disminuir el número global y el coste de las misiones de los funcionarios entre los tres lugares de trabajo del Parlamento y, en particular, entre Luxemburgo y Bruselas:

TABLA OMITIDA EN PÁGINA 26

Apoya cualquier medida de organización racional de los servicios de la institución (como, por ejemplo, el acuerdo al que llegaron recientemente el Gobierno de Luxemburgo y el Parlamento sobre el traslado de 99 puestos de Luxemburgo a Bruselas), ya que ello contribuye a reducir las misiones; señala, a este respecto, que todos los servicios directamente relacionados con las actividades de los diputados (a saber, DG II, DG III, intérpretes, un número suficiente de ujieres, conductores, etc.) tienen que estar basados en el lugar en que se desarrollan dichas actividades; aprueba el esfuerzo por reducir los gastos de funcionamiento del Parlamento, incluidos los gastos de misión, si bien considera que ello no debe poner en peligro la calidad de los trabajos de la institución; pide que se estudie la posibilidad de utilizar ampliamente el método de la videoconferencia para la colaboración entre el personal de Luxemburgo y de Bruselas, con el fin de reducir en lo posible los desplazamientos y los gastos consiguientes.

7. Toma nota de la Decisión de la Mesa, de 11 de diciembre de 2000, por la cual se definen las condiciones y se establecen las justificaciones necesarias para las misiones "fuera del organigrama"; señala asimismo que el 12 de marzo de 2001 la Mesa adoptó una decisión similar respecto de las misiones "dentro del organigrama" que deberá aplicar el Secretario General de acuerdo con el Comité de personal; solicita al Secretario General que presente un balance del nuevo sistema un año después de su entrada en vigor.

8. Celebra las medidas adicionales adoptadas para comprobar la instalación efectiva de un funcionario en el lugar de destino antes de concederle la asignación por expatriación; pide que se controle sistemáticamente la rigurosa aplicación de dichas medidas y se compruebe periódicamente la validez de las disposiciones relativas a la concesión de la citada asignación; desea saber, por otra parte, si todas 115 instituciones y órganos consultivos de la Unión Europea aplican una política común en este ámbito.

9. Subraya que, en su nota sobre las decisiones de hacer caso omiso de las denegaciones de visado de los Interventores de las instituciones para 1999, de conformidad con el apartado 3 del artículo 39 del Reglamento financiero, el Tribunal de Cuentas comenta los asuntos nos 99/7 y 99/9 relativos al Parlamento, sin tener en cuenta los argumentos sobre los que se ha basado la Mesa para hacer caso omiso de dichas denegaciones de visado; señala que ha solicitado a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que examine esta cuestión y que está a la espera de las conclusiones de la misma.

10. Observa que el Parlamento, junto con las demás instituciones, ha fijado con gran claridad las condiciones de establecimiento del lugar de residencia de los funcionarios jubilados; pide a la administración que lleve a cabo periódicamente un riguroso control del cumplimiento de estas condiciones; pide a la administración que insista en la presentación de justificantes dignos de confianza y proceda a la recuperación de los importes abonados sobre la base de declaraciones probadamente falsas e incoe procedimientos disciplinarios cuando proceda de conformidad con el artículo 86 y con el anexo IX del Estatuto de los funcionarios.

11. Corrobora el apartado 9 de su Decisión, de 23 de mayo de 1996, por la que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto para el ejercicio de 1994 (4), en el que ya pedía que, a la hora de contratar agentes auxiliares, se tenga en cuenta el círculo más amplio posible de candidatos; espera de su Secretario General que para el 1 de julio de 2001 presente un informe sobre el modo en que se ha tenido en cuenta la demanda del Parlamento y sobre los criterios y procedimientos aplicados para seleccionar dicho personal.

Adjudicación de contratos

12. Señala que, según el Informe del Comisión consultiva de compras y contratos (CCCC) para 1998, existe una tendencia a recurrir más a menudo a procedimientos de licitación que a procedimientos basados en negociaciones o trato directo:

- procedimientos de licitación abiertos [1998: 99 (27,5 %); 1999: 107 (33 %)],

- procedimientos de licitación restringidos [1998: 82 (22,5 %); 1999: 64 (19,7 %)],

- trato directo/negociaciones [1998: 181 (50 %); 1999: 153 (47,35 %)].

Constata, en este contexto, que el retroceso de los contratos adjudicados por procedimientos basados en negociaciones o trato directo con respecto a 1999 aún no es satisfactorio, constata que el Parlamento no adoptó su posición sino en el marco de su mencionada Resolución de 6 de julio de 2000 y toma nota de las afirmaciones del Secretario General, según las cuales el número de los contratos adjudicados por trato directo durante el año 2000 se ha reducido a la mitad con respecto a 1998; espera que, como norma general, se apliquen los procedimientos de licitación, siempre que haya lugar, recurriendo a los procedimientos restringidos y a los contratos concedidos por trato directo/negociaciones, únicamente en circunstancias excepcionales, teniendo en cuenta las condiciones fijadas en el Reglamento financiero y las observaciones del Comité de expertos independientes (5).

13. Recuerda que, en su Resolución, de 13 de abril de 2000, sobre el aplazamiento de la aprobación de la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 1998 (6), el Parlamento solicitó al Tribunal de Cuentas que presentara un informe especial sobre la práctica de adjudicación de contratos para la vigilancia de los edificios del Parlamento que comprendiese un examen de su eficiencia; toma nota de la Comunicación, del Tribunal de Cuentas, de 27 de octubre de 2000, sobre las decisiones de desestimación del Parlamento durante el ejercicio 1999, en la que el Tribunal anunciaba que daría continuación a este asunto en el marco de su labor de control del ejercicio 2000.

14. Espera del Secretario General que asuma su compromiso de presentar a la Comisión de Control Presupuestario los informes trimestrales de la CCCC, a partir de 2001, en los que se indiquen los contratos celebrados y las compras efectuadas, mencionando el procedimiento seguido en cada caso.

15. Recuerda que, en el punto 5 de su Resolución de 6 de julio de 2000 sobre la concesión de la aprobación de la gestión para el ejercicio 1998 en la que se pedía a todas las instituciones que incluyeran en la cuenta de gestión y en el balance financiero de cada año estadísticas comparables sobre la adjudicación de contratos; pide que se inicie la presentación de estos datos a partir del ejercicio 2000.

Política inmobiliaria

16. Subraya que en su dictamen de 13 de julio de 2000 (7), el Tribunal de Cuentas indica que:

- suscribe en parte la opinión de la Comisión Europea sobre el hecho de que el recurso a la financiación directa para la adquisición de edificios no contradice las disposiciones del Tratado, y

- el Reglamento financiero en vigor ni permite ni prohíbe expresamente el recurso a la financiación indirecta.

17. Señala que la propuesta de la Comisión Europea de proceder a una revisión radical del Reglamento financiero prevé expresamente la posibilidad de una financiación directa de la política inmobiliaria de las instituciones de la Unión Europea, como ha propuesto repetidamente el Tribunal de Cuentas.

18. Reitera su posición de principio a favor de la financiación directa de los gastos inmobiliarios, incluida la adquisición del edificio Louise Weiss; a la espera de una revisión del Reglamento financiero, insta una vez más al Consejo a revisar su posición sobre este asunto.

19. Considera inaceptable que, a pesar de que el Parlamento esté utilizando el edificio Louise Weiss en Estrasburgo desde julio de 1999, el coste definitivo de dicho edificio aún no se haya fijado y resulte muy difícil establecerlo en un futuro inmediato; espera que las autoridades políticas y administrativas competentes de la institución obliguen a las otras partes contratantes a asumir sus responsabilidades con objeto de resolver a la mayor brevedad este problema, cuyas consecuencias financieras son ya palpables.

20. Destaca de nuevo la necesidad de excluir en la mayor medida posible dificultades logísticas adicionales en relación con las futuras necesidades inmobiliarias del Parlamento a resultas de la inminente ampliación; destaca también de nuevo que las futuras decisiones en el ámbito de la política inmobiliaria deberán guiarse por los principios de la funcionalidad y la utilización óptima de los recursos financieros; destaca además que el principio de la funcionalidad no sólo es aplicable a la concentración de los servicios del Parlamento en los distintos lugares de trabajo, sino también a la concentración de los diferentes edificios en los respectivos lugares de trabajo.

Inventario de los bienes del Parlamento

21. Expresa su preocupación por que la primera fase de aplicación (del 1 de diciembre de 1999 al 31 de mayo de 2000) del nuevo sistema de inventario y gestión de los bienes muebles del Parlamento (ELS), aplicado asimismo en el Tribunal de Cuentas, diste mucho de haber satisfecho las expectativas, a pesar de haber registrado algunas mejoras en relación con el anterior sistema IMMO; recuerda que durante el procedimiento de aprobación de la gestión 1998, el Secretario General admitió este hecho y se comprometió a informar a la Comisión de Control Presupuestario sobre los resultados del sistema a lo largo del primer año de aplicación, en el marco del cierre de cuentas de 2000; toma nota del informe presentado el 22 de febrero de 2001 por el Secretario General, en el que se refleja la mejora registrada con la aplicación sistemática del ELS y se señalan los pasos que aún quedan por dar, sobre todo en los próximos seis meses; destaca que continuará siguiendo de cerca la cuestión del inventario de los bienes de la institución.

Cantinas, bares, restaurantes y supermercados (sector CBRS)

22. Pide que se elabore un informe, a tiempo para la primera lectura del proyecto de presupuesto para el ejercicio 2002, sobre el funcionamiento de las cuentas de anticipos, con una referencia especial al sector CBRS (así como a las oficinas de información) y a las medidas que se han adoptado para evitar que se repitan los problemas que se han producido en el pasado en este ámbito.

23. Pide que se revise la política de reducción de subvenciones al sector CBRS sobre la base de datos reales tal y como han evolucionado en los últimos años.

Grupos políticos

24. Subraya que, como respuesta a las observaciones del Tribunal de Cuentas sobre la financiación de los grupos políticos, el Parlamento ha procedido a la creación de una nueva partida presupuestaria (3 7 0 1) cuyas normas de utilización de créditos fueron aprobadas por la Mesa el 13 de diciembre de 2000.

25. Lamenta que el Tribunal de Cuentas no haya llevado a cabo una auditoría de los gastos de los grupos políticos el 1999, año en que se celebraron las últimas elecciones al Parlamento Europeo; recuerda al Tribunal su posición, adoptada en su Resolución de 13 de abril de 2000, en el sentido de que el Tribunal de Cuentas debía llevar a cabo una auditoría de las finanzas de los grupos políticos cada dos años y pide al Tribunal de Cuentas que dedique, si fuere necesario, recursos adicionales a la auditoría de los fondos gastados por los grupos políticos durante los años en los que se celebren elecciones al Parlamento Europeo.

Asunto relativo a la Caja de los Diputados

26. Señala que se ha iniciado y se encuentra en fase preparatoria el procedimiento previsto en el artículo 22 del Estatuto de los funcionarios, con objeto de establecer las responsabilidades en cuanto a la diferencia de 4136125 francos belgas entre la tesorería existente y las cuentas correspondientes a 1982.

Evaluación de los recursos humanos y financieros previstos para el desempeño del papel institucional y político del Parlamento

27. Estima que, por lo que respecta a la utilización de los recursos disponibles, a excepción de los fondos relativos a la política inmobiliaria, la evaluación anual debe centrarse fundamentalmente en los servicios directamente relacionados con las competencias institucionales del Parlamento; destaca a este respecto los poderes legislativos que le confieren los Tratados así como las nuevas perspectivas que abre el Tratado de Niza, pendiente de ratificación.

28. Toma nota de las medidas adoptadas con miras a que las estructuras administrativas y los servicios ofrecidos respondan a las prioridades institucionales y políticas de la institución y destaca la necesidad de reforzar aún más los programas de formación profesional.

29. Opina que dichas medidas -y otras que puedan adoptarse en el mismo sentido- deberán conducir a resultados cuantitativos y cualitativos comparables relacionados con la contribución del Parlamento a la definición y ejecución de la labor legislativa de la Unión Europea.

30. Destaca que la "imagen" del Parlamento se refleja en la calidad de los textos producidos, que son, sin embargo, el resultado de trabajos internos, lo que entraña la colaboración de numerosos servicios.

31. Considera, en consecuencia, que el método empleado para medir la influencia del Parlamento en la labor legislativa de la Unión Europea no debe limitarse a datos estadísticos primarios (por ejemplo, número de enmiendas aprobadas por el Pleno), sino incluir también el tratamiento de dichos datos con miras a obtener una evaluación más específica y concreta de su labor legislativa.

Política de información

32. Considera que esta modalidad de enfoque cualitativo de la labor legislativa debe tenerse en cuenta en la política aplicada en lo referente al programa de visitantes; destaca en especial la necesidad de registrar y evaluar la información primaria sobre los intereses de la opinión pública acerca de la Unión Europea que el Parlamento puede obtener de sus grupos de visitantes; solicita que, para la primera lectura del proyecto de presupuesto del 2002, se presente un informe sobre las medidas que deben adoptarse en este sentido.

33. Pide la creación de un grupo de trabajo compuesto por los Vicepresidentes responsables y los ponentes respectivos de las comisiones competentes con el fin de examinar la eficacia de los gastos del Parlamento en política de información, en particular en los Estados miembros y, si procede, proponer nuevas prioridades.

Asuntos varios

34. Expresa su satisfacción por cómo se ha tratado el tema de la adquisición de un segundo ordenador para los despachos de los diputados (8).

35. Recuerda el punto 24 de su Resolución de 19 de enero de 2000(9) y el punto 27 de su Resolución de 16 de enero de 2001 (10), en los que se encargaba al Secretario General que presentara propuestas para la creación de un archivo seguro; toma nota de que la Mesa adoptó estas propuestas el 14 de febrero de 2001; pide al Secretario General que aplique sin demora la decisión de la Mesa, garantizando de esta manera facilidades en Bruselas y Estrasburgo; subraya que facilidades de transporte seguras constituyen una condición previa para el nuevo sistema.

36. Recuerda el punto 24 de su Resolución, de 13 de diciembre de 2000, sobre la reforma de los procedimientos e instituciones de control presupuestario (11), en el que concedía mandato a la Mesa para establecer un servicio de auditoría interna completamente operativo antes del 1 de enero de 2002; pide al Secretario General que informe a la Comisión de Control Presupuestario, antes del 1 de julio de 2001, acerca de los progresos realizados en la puesta en práctica de este mandato.

37. Expresa su satisfacción por el programa Euroscola como vehículo de aproximación entre el Parlamento y los electores que representa, pero pide información acerca de la manera en que es gestionado, sus distintas fases, las escuelas seleccionadas y los calendarios de visitas; recuerda el punto 18 de la Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de octubre de 2000, sobre el presupuesto general de la Unión Europea (12), en el que se decidió aumentar las dotaciones de este programa para 2001.

38. Insta a que, como norma general, los documentos relacionados con las reuniones de delegación se impriman en el lugar en que se celebren dichas reuniones (Bruselas), con el fin de garantizar que los miembros de la delegación de que se trate dispongan a tiempo de los mismos.

39. Estima que la decisión de concesión de la aprobación de la gestión debe materializarse en el marco de un diálogo permanente entre las autoridades competentes del Parlamento y la Comisión de Control Presupuestario, representada por el correspondiente ponente para la aprobación de la gestión y el miembro responsable de los gastos administrativos de la institución.

Defensor del Pueblo

40. Subraya que, a instancias del Parlamento en el marco del procedimiento de elaboración del presupuesto para 1999, el Defensor del Pueblo Europeo elaboró un proyecto de reestructuración de su Secretaría con objeto de transformar gradualmente la mayoría de los puestos temporales en puestos permanentes, y de establecer una distinción entre los servicios administrativos y jurídicos; espera que los puestos permanentes así creados se proveerán de conformidad con el artículo 29 del Estatuto de los funcionarios.

41. Señala la necesidad de evitar la anulación de una parte importante de los créditos disponibles, como ocurrió en 1999:

- créditos de 1999: 14,46 % (1998: 8,58 %),

- créditos transferidos automáticamente de 1998: 38,09 % (de 1997 a 1998: 36,05 %).

Pide al Defensor del Pueblo una mejor utilización de los recursos que pone a su disposición la autoridad presupuestaria.

42. Concede a su Secretario General la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto para el ejercicio 1999.

43. Aprueba la concesión de la aprobación de la gestión al Contable para el ejercicio 1999.

44. Encarga a su Presidenta que transmita la presente Decisión a la Comisión, al Consejo, al Tribunal de Justicia, al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo Europeo, y que disponga su publicación en el Diario Oficial (serie L).

El Secretario General

Julian Priestley

La Presidenta

Nicole Fontaine

__________________

(1) DO C 342 de 1.12.2000.

(2) DO L 234 de 16.9.2000, p. 20.

(3) DO C 328 de 26.10.1998, p. 111.

(4) DO C 166 de 10.6.1996, p. 189.

(5) Segundo informe, capítulo relativo a la adjudicación de contratos; selección del procedimiento, en particular los apartados 2.2.23 y 2.2.26.

(6) DO C 40 de 7.2.2001, p. 398.

(7) Véase el punto 11 de la mencionada Resolución de 13 de abril de 2000.

(8) Véase el punto 28 de la mencionada Resolución de 13 de abril de 2000.

(9) Resolución del Parlamento Europeo que contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión por la que se aprueba la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 1997 (DO L 45 de 17.2.2000, p. 37).

(10) Resolución del Parlamento Europeo sobre el Informe de la Comisión sobre las medidas adoptadas a la luz de las observaciones del Parlamento Europeo en su resolución de aprobación de la gestión presupuestaria 1997 (textos aprobados, punto 6).

(11) Textos aprobados, punto 15.

(12) Textos aprobados, punto 2.

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