EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea,
Vista la Decisión 90/141/CEE del Consejo, de 12 de marzo de 1990, sobre la consecución de una convergencia progresiva de las políticas y de los resultados económicos durante la primera etapa de la Unión Económica y Monetaria(1) , y en particular su artículo 4,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo(2) ,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social(3) ,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISION:
Artículo 1
Se aprueba el informe económico anual 1991-1992, anexo a la presente Decisión, y se establecen las orientaciones de política económica para la Comunidad enunciadas en dicho informe.
Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión son los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 25 de febrero de 1992.
Por el Consejo El Presidente Vitor MARTINS
(1) DO no L 78 de 24. 3. 1990, p. 23.
(2) DO no C 39 de 17. 2. 1992.
(3) Emitido el 29 de enero de 1992 (no publicado aún en el Diario Oficial).
INFORME ECONOMICO ANUAL 1991 - 1992
INTRODUCCION Y RESUMEN 1991-1992: Dos años de crecimiento más lento
En 1991, el crecimiento de la economía mundial, ha quedado prácticamente estancado, registrando un incremento de tan sólo el 0,2 % en términos reales. Factores cíclicos, reforzados por las repercusiones adversas de la crisis del Golfo, han hecho que las economías de muchos importantes países industrializados, tales como Estados Unidos, Canadá, algunos países de la AELC y el Reino Unido, hayan entrado en una fase de recesión. Por otra parte, la profunda transformación que se está operando en Europa Central y del Este no puede sino provocar una disminución transitoria, aunque considerable, de la producción en los países de la zona, si bien por el momento ello no está teniendo excesiva incidencia en la Comunidad. El final, en algunos países, del período de recesión, unido a una moderada recuperación del comercio internacional permiten concebir la esperanza de
que en 1992 las tasas de crecimiento vuelvan a situarse en torno al 2 %.
La economía de la Comunidad Europea también se ha visto afectada por los factores antes mencionados, pero las repercusiones han sido mucho menores que en otras regiones. La radical mejora del funcionamiento de la economía comunitaria que se logró en la década de los ochenta y el fuerte empuje que la unificación alemana ha supuesto para el crecimiento han permitido que éste se mantenga, si bien a un ritmo reducido. Se estima que la tasa de crecimiento de la Comunidad habrá descendido, en 1991, a alrededor del 1,25 %, frente al 2,8 % registrado en 1990. En 1992 cabe esperar que esta tasa aumente sólo levemente - situándose en torno al 2,25 % para la Comunidad en su conjunto- dado que la esperada recuperación del Reino Unido se verá contrarrestada por una desaceleración en Alemania cuando se atenúen los efectos de la unificación.
Al evaluar la actual desaceleración de la economía ha de tenerse presente el fuerte crecimiento que la ha precedido. La economía comunitaria ha crecido a un ritmo satisfactorio desde 1984. No era fácil que se mantuvieran las tasas exepcionalmente elevadas de aumento de la inversión que han caracterizado los últimos años; en 1990, la inversión de las empresas comunitarias en bienes de equipo superó en cerca de un 50 %, en términos reales, la realizada en 1984. Es posible que, entre 1987 y 1989, las expectativas creadas por el programa del mercado interior, indujeran a las empresas a adelantar sus inversiones en previsión de los efectos reales del mercado interior. Los frutos del mercado interior se irán haciendo patentes en el curso de los próximos años, a medida que se apliquen las decisiones ya adoptadas, de índole tanto política como legislativa, y se proceda a desmantelar de hecho las barreras internas que aún perduren.
La economía de la Comunidad: Indicadores básicos
Promedio
1983-1987
Promedio
1988-1989
1990
1991
( )
1992
( )
1993
PIB real (incremento
porcentual anual) 2,43,7 2,8 1,3 21/4 21/2
Inflación (a) (incremento
porcentual anual) 5,94,3 5,2 5,0 41/2 41/4
Salario real per cápita (incremento
porcentual anual) 1,31,6 2,3 2,0 11/4 11/4
Empleo (incremento porcentual
anual) 0,11,6 1,4 0,5 1/4 1/2
Desempleo (% de la
población activa)10,59,3 8,4 8,6 9 91/4
Déficit presupuestario (b)
(% del PIB) 4,93,3 4,1 4,4 41/2 41/4
Balanza por cuenta corriente
(% del PIB) 0,70 -0,2-0,8-1 - 3/4
( ) Previsiones,
(a) deflactor del consumo privado.
(b) necesidades netas de financiación de las AAPP.
La ralentización del crecimiento representa un riesgo para algunos importantes proyectos comunitarios
Las implicaciones que para la política económica de la Comunidad tiene la actual desaceleración de la economía son de dos tipos:
(i) Por una parte, se trata de un proceso preocupante que, en muchos países, reduce el margen de maniobra para la ejecución de la política económica. Ya en 1991, la disminución del ritmo de crecimiento ha empezado a generar un incremento del desempleo, frenando así la curva descendente que se había venido observando desde 1986. Dado que las consecuencias positivas del actual ajuste estructural tardarán en materializarse, viéndose eclipsadas por los efectos transitoriamente negativos, se corre el riesgo de que aumente la resistencia social al cambio. Quedará entonces interrumpido el proceso de convergencia que debe preceder a la Unión Económica y Monetaria (UEM) y la ralentización del crecimiento complicará aún más la consolidación presupuestaria en los casos que la requieran y creará condiciones menos favorables para un proceso de recuperación rápida.
(ii) Por otra parte, contribuye a resaltar la evidencia de que el ajuste de la política económica llevado a cabo en la década de los ochenta, aun siendo considerable, no fue ni suficiente ni completo. La moderación salarial favoreció una mayor rentabilidad de la inversión, que se había visto seriamente deteriorada tras las dos crisis petrolíferas y como resultaddo de la inestabilidad que éstas crearon. Sin embargo, esta tendencia positiva se detuvo en 1990, cuando aún no había concluido el proceso de corrección. Es necesario, pues, intensificar los esfuerzos encaminados a lograr que la rentabilidad de la inversión vuelva a alcanzar, al menos, el nivel que registraba en los años sesenta.
El fuerte crecimineto alcanzado entre 1988 y 1990 se aprovechó para avanzar en el proceso de ajuste en aquellos ámbitos que lo requerían. Al final de década, las tasas de inflación en algunos Estados miembros, pese a haberse reducido considerablemente en comparación con las registradas a comienzos de los años ochenta, seguían siendo demasiado elevadas para permitir avanzar con rapidez hacia la Unión Económica y Monetaria, conforme al propósito declarado. El ajuste estructural conseguido era insuficiente y el importante aumento del nivel de empleo experimentado entre 1988 y 1990 dio lugar, en 1990, a incrementos salariales inapropiados, mientras que la tasa de desempleo era aún elevada. Igualmente preocupante resulta la situación en el terreno presupuestario, al haberse desaprovechado la excelente oportunidad que brindaban las altas tasas de crecimiento para actuar de manera resuelta y consolidar la situación presupuestaria sin pagar por ello un alto precio. En muchos casos, una consolidación firme hubiera contribuido a impedir el recalentamiento de la economía, con los consiguientes efectos positivos sobre la presión inflacionista. Algunos países seguían teniendo problemas
derivados de la escasa competitividad de su economía, como evidenciaba la persistente fragilidad de sus balanzas de pagos, pero también en este terreno los esfuerzos encaminados a poner remedio a la situación se interrumpieron prematuramente.
Es preciso volver a aplicar, con mayor determinación, las políticas merced a las cuales se consiguió mejorar los resultados económicos de la Comunidad en la década de los ochenta. Dado el grado de interdependencia de la economía mundial, si se mantienen saneadas las variables básicas y se adopta un enfoque flexible se habrá dado un paso importante con vistas a impedir que las condiciones adversas del exterior hagan peligrar la consecución de los objetivos fundamentales de la política económica de la Comunidad.
Persisten las buenas perspectivas a medio plazo, condicionadas a la aplicación de políticas adecuadas
Según las previsiones actuales, la tasa de crecimiento de la Comunidad aumentará hasta situarse en torno al 2,5 % en 1993. La lentitud de esta recuperación obedece a que las políticas de muchos Estados miembros estarán previsiblemente centradas en la reanudación del proceso de ajuste. En tales condiciones, la economía de la Comunidad podría recuperar en el futuro unas tasas de crecimiento más elevadas, a la vez que sostenible tanto desde el punto de vista económico como medioambiental.
Los procesos iniciados con los grandes programas comunitarios - realización del mercado interior, transición hacia la Unión Económica y Monetaria, consolidación de la cohesión económica y social - son irreversibles. Una actitud resuelta y cierta audacia a la hora de tomar decisiones reforzarán la confianza de los agentes económicos y darán un impulso inmediato al crecimiento económico.
Los esfuerzos encaminados a la plena realización del mercado interior han dado lugar a la iniciativa más ambiciosa de la historia de la Comunidad desde la perspectiva de la oferta. Se ha aprobado ya la mayor parte de las Decisiones necesarias. Sin embargo su trasposición al Derecho nacional registra cierto retraso y permanecen sin resolver una serie de asunto delicados. El reciente acuerdo sobre la creación del Espacio Económico Europeo amplificará y consolidará los logros del programa de mercado interior.
La Unión Económica y Monetaria reforzará los beneficios económicos que se deriven del programa de 1992. Sólo una moneda única permitirá obtener las ventajas que potencialmente encierra el Mercado Unico. Por consiguiente, el objetivo prioritario de la UEM consiste en reforzar la integración de la Comunidad y mejorar sus resultados económicos. Tras muchos años de considerables progresos, en 1989/90 se vio frenado el avance hacia el grado de convergencia nominal necesario para permitir una transición armoniosa hacia la UEM. Son pocos los Estados miembros que se hallan ya en condiciones de iniciar la transición hacia la UEM sin realizar ajustes importantes, por lo que, reconociendo la necesidad de reemprender el camino hacia una mayor convergencia, todos ellos han acometido ambiciosos programas orientados a tal fin. Es preciso actuar con determinación al poner en marcha dichos programas. La culminación con éxito, y con conclusiones claras, de las reuniones de Maastricht, unida a los resultados ya alcanzados por otros
Estados miembros y a la intensificaión de los mecanismos de coordinación a escala comunitaria, servirán de estímulo para aquellos Estados que más distan de haber realizado los ajustes necesarios.
Las prioridades de la política comunitaria exigen coherencia en la aplicación de políticas macroeconómicas adecuadas, así como de políticas de ajuste estructural
Es importante que todos los países continúen desplegando sus esfuerzos para conseguir una mayor flexibilidad de la economía. Que, junto a niveles globales de desempleo muy elevados, se produzcan estrangulamientos en determinados sectores del mercado de trabajo parece indicar que ha de actuarse con mayor determinación para mejorar la formación de los trabajadores y procurar, en lo posible, que éstos desarrollen tareas acordes con su capacitación. Será preciso, asimismo, introducir mayor flexibilidad tanto en la fijación como en la estructura de los salarios. Procede someter a revisión los procedimientos de fijación de salarios, con objeto de que éstos respondan más a consideraciones de índole macroeconómica y a la necesidad de favorecer los ajustes estructurales.
La Comunidad, y el mundo entero, se enfrentan a una penuria de ahorro que podría agravarse en el futuro. Pese a la contención de la demanda de inversión en los países industrializados, en 1991 se están registrando tipos reales de interés a largo plazo elevados, lo cual indica que el ahorro disponible resulta insuficiente para satisfacer la demanda de capital. Esta situación podría deteriorarse aún más cuando se restablezca la actividad inversora y la enorme demanda de capital latente en los países de Europa Central y del Este se traduzca en demanda real de financiación. Las autoridades deberían proceder a una revisión sistemática de todos aquellos factores de orden estructural que impiden el ahorro.
Con todo, la contribución concreta más importante con vistas a un incremento del ahorro nacional, vendría dada por una fuerte reducción, en la mayor parte de los países, de los déficits del sector público. Aunque en distinta medida, los saldos presupuestarios de algunos Estados miembros (Grecia, Italia, Portugal, Bélgica, los Países Bajos, Irlanda y Alemania) registran desequilibrios, que habrán de corregirse para que mejoren las condiciones macroeconómicas de estos países y sea posible una transición sin contratiempos hacia la UEM. El avance necesario hacia los citados objetivos contribuirá también a reducir la insuficiencia global de ahorro y a aliviar la carga que actualmente soporta la política monetaria.
Los mercados han respondido favorablemente a la estabilidad de los precios y de los tipos de cambio que las autoridades monetarias han logrado mantener y se ha producido, así, una sustancial reducción de los diferenciales de tipos de interés entre las monedas que integran el Sistema Monetario Europeo (SME). En el extremo inferior del mercado, estos diferenciales han desaparecido prácticamente entre las monedas de los integrantes iniciales de la banda estrecha de fluctuación. En estas condiciones, la capacidad de maniobra a nivel nacional es muy escasa. Ello hace aún más urgente que se avance hacia la plena unión económica y monetaria. No obstante dado que en la mayoría de los Estados miembros se mantiene la fuerte presión inflacionista, la política monetaria global deberá seguir observando la
necesaria prudencia.
Habida cuenta de los condicionamientos que pesan sobre las políticas monetaria y presupuestaria por el elevado nivel de integración económica y la estabilidad de los tipos de cambio en la Comunidad, la tarea de crear condiciones que favorezcan el desarrollo equilibrado de todos los países y regiones comunitarios recae, aún en mayor medida, en las políticas de ajuste estructural. Estas políticas requerirán la adopción de medidas pertinentes en sectores clave de la economía para facilitar el ajuste necesario. Los Estados miembros y la Comunidad deben velar por que mejoren las condiciones de la oferta en todas partes y se creen nuevos puestos de trabajo. Es preciso que, en aquellos lugares en que el desempleo alcanza cotas elevadas, se den las condiciones que permitan atraer inversión destinada a la creación de empleo. Ello favorecerá el proceso de acercamiento a los países con mayor potencial económico, que podría cobrar mayor impulso con la intensificación de las políticas comunitarias de cohesión. Factores que revisten especial importancia en este proceso son una mejor infraestructura, mayor cooperación, menor rigidez en los mercados laborales y estructuras fiscales que no penalicen la actividad empresarial. Las orientaciones económicas de los Estados miembros deberían conceder prioridad a la mejora de las políticas de la oferta. La cooperación a escala comunitaria y la adopción de políticas en los Estados miembros destinadas a favorecer la oferta constituyen un complemento imprescindible de las orientaciones macroeconómicas.
La mejora de las condiciones de la oferta deberá ir acompañada del mantenimiento de una competencia abierta y sin distorsiones. Al limitar la obtención de ventajas específicas a empresas en competencia, las subvenciones del sector público pueden tener consecuencias negativas sobre el funcionamiento de un mercado competitivo. Se impone, pues, un control más riguroso de las ayudas estatales para lograr una mayor convergencia con vistas a la UEM. La Comisión está intentando restringir la concesión de subvenciones e integrarlas en el contexto de la reestructuración.
El compromiso de establecer un mayor grado de disciplina en materia de subvenciones contribuirá, asimismo, a la implantación de un sistema de comercio internacional más abierto. La rápida conclusión de la Ronda Uruguay, no sólo hará posible el acceso a los mercados y reducirá el proteccionismo en los sectores tradicionales de las negociaciones comerciales, sino que permitirá, además, que las normas acordadas multilateralmente se hagan extensivas a otros sectores de especial importancia para la Comunidad. Es preciso abrir los mercados comerciales de la Comunidad a aquellos productos con los que los países en vías de desarrollo y los de Europa Central y del Este pueden competir eficazmente en el plano internacional, esto es, productos agrarios y textiles, carbón y acero. Esta mejora de las posibilidades de acceso a los mercados no se hará en detrimento de las relaciones comerciales existentes con otros países, entre los que cabe mencionar los países en vías de desarrollo. Sólo con una economía sólida, competitiva y abierta podrá la Comunidad prestar la ayuda que los países en vías de desarrollo y los de Europa del Este requieren en su proceso de desarrollo.
I. SITUACION ECONOMICA Y PERSPECTIVAS 1. Fase de menor crecimiento en 1991 A. Menor dinamismo de la economía mundial
Durante los últimos dos años, ha prevalecido en la Comunidad un clima económico cada vez más desfavorable. Tras alcanzar su máximo en 1988, en torno al 4 %, el crecimiento de la producción mundial, excluida la CE, ha disminuido constantemente llegando a ser próximo a cero en 1991, lo que supone la menor tasa de crecimiento desde 1982. El crecimiento del volumen del comercio mundial (excluida también la CE) se ha reducido aún más, pasando de una tasa superior al 7 % en 1988 a menos del 2 % en 1991 (cuadro 1). La baja de la actividad ha sido más acentuada de lo que se preveía a principios de año, y la esperada recuperación parece menos cercana. La anterior apreciación de las perspectivas económicas había sido claramente demasiado optimista.
B. Ritmos de crecimiento diversos en la Comunidad
La situación en la Comunidad es bastante desigual; la recesión del Reino Unido, que parece haber tocado fondo y el ritmo de actividad en Francia e Italia, relativamente bajo, contrastan con el crecimiento continuo pero decreciente registrado en Alemania, Luxemburgo y España, mientras que los demás países se mueven entre estos dos extremos.
Cuadro 1 PIB real, demanda interna y comercio mundial (% de variación)
1981-
19851986-
198919901991 ( )1992 ( )1993 ( )PIB
Mundo (excepto CE)2,63,81,8-0,22,13,1
EE UU2,93,50,9-0,42,12,2
Japón3,94,45,64,63,53,5
CE1,53,22,81,32,22,4
Demanda interna
EE UU3,73,00,5-1,02,12,1
Japón2,95,65,83,43,73,7
CE0,94,22,91,12,22,6
Comercio mundial
Import. mund. (exce. CE)3,06,03,01,85,16,1
Import. alemanas1,66,111,412,85,04,7
Import. CE ( )2,08,84,72,55,25,5
Balance cuenta corriente (% del PIB)
EE UU-1,2-2,8-1,6-0,1-0,7-0,6
Japón1,93,21,21,51,61,7
CE ( )-0,10,5-0,2-0,8-0,9-0,8
( ) Previsiones.
( ) CE (excepto Alemania).
( ) CE (incluida la Alemania unificada a partir de 1991).
Fuente: Servicios de la Comisión
a) Expansión en Alemania, aunque a un ritmo menor
Alemania siguió su senda de elevado crecimiento como consecuencia del fuerte efecto expansivo de la política presupuestaria derivado de la unificación. El consumo privado se vio incentivado por la política fiscal, mientras que la rentabilidad de la inversión fue respaldada por la intención de los
inversores de ampliar la capacidad de producción con objeto de abastecer el mercado de los cinco nuevos estados federados. La oferta interna no ha bastado para hacer frente a este aumento de la demanda, habiéndose tenido que recurrir en gran medida a proveedores extranjeros, lo que ha supuesto un deterioro de la balanza por cuenta covriente, que ha pasado de un superávit del 4,7 % del PIB (Alemania occidental), en 1989, a un déficit del 1,1 % del PIB (Alemania unificada), en 1991.
Sin embargo, ni siquiera la disminución de la demanda interna ha bastado para evitar la aparición de tensiones internas. Diversos factores, entre ellos los aumentos de los impuestos indirectos, han contribuido a una subida del nivel de precios. La inflación básica ha aumentado lentamente y actualmente la inflación de Alemania occidental está por encima del 4 %. Se han concertado acuerdos salariales que garantizan unos aumentos salariales del 6 % al 7 %. Con un menor crecimiento de la productividad, ello ha dado lugar a un incremento de los costes laborales unitarios de cerca del 6 % y a una reducción de los márgenes de rentabilidad, cuyo punto de partida era ya elevado.
A causa del fuerte aumento de los pagos por transferencias en el proceso de unificación, la situación presupuestaria ha pasado de una situación de equilibrio en 1989 a un déficit de cerca del 3,6 % del PIB en 1991, a pesar del aumento de los ingresos y de las medidas de reducción del gasto, con un impacto correspondiente al 2 % del PIB aproximadamente, adoptadas a principios de 1991.
Hacia mediados de 1991, el proceso de crecimiento ha ido perdiendo impulso a medida que el efecto expansivo de la unificación ha ido desapareciendo y ha habido que limitar dicho proceso con una política monetaria restrictiva encaminada a combatir las expectativas inflacionistas. Además, las perspectivas de rentabilidad se han deteriorado debido a la subida de los costes laborales unitarios. Al mismo tiempo, el efecto de ampilación de la capacidad que ha tenido la inversión en los últimos años, ha llevado a una cierta reducción de la elevada tasa de utilización de la capacidad a partir de la primavera de 1991. A pesar de que el riesgo de una inflación de la demanda haya disminuido en cierta medida, la actual orientación de la política fiscal, basada excesivamente en el aumento de los ingresos, lleva implícito un riesgo considerable de inflación por aumento de los impuestos y de los costes.
b) Menor crecimiento en el resto de la Comunidad
El Reino Unido registró una profunda recesión en 1991, con una reducción del PIB cercana al 2 %. El consumo privado y particularmente la inversión disminuyeron significativamente como consecuencia de la influencia retardada de la política monetaria restrictiva seguida en 1989 y 1990 para hacer frente al recalentamiento de la economía que se produjo durante el auge del sector de bienes de consumo registrado anteriormente.
El resto de la Comunidad experimentó una tasa de crecimiento del 1,5 %, frente al 2,7 % en 1990, con una disminución del incremento del consumo privado y de las exportaciones, mientras que la inversión llegó incluso a estancarse. La confianza de los consumidores y de las empresas ha sido baja desde el inicio de la crisis del Golfo, no habiendo experimentado a partir
de entonces más que una muy ligera recuperación (véase gráfico 1).
La inversión se estancó por primera vez tras su considerable auge de los últimos cinco años, en los que capital aumentó cerca del 15 % en términos reales en la Comunidad. Esta pausa en el proceso de crecimiento era casi inevitable tras la primera oleada de inversiones que se llevaron a cabo con vistas a la realización del mercado interior. Los efectos de las medidas relativas a la realización del mercado interior se dejarán sentir en los próximos años, a medida que las decisiones políticas y legislativas ya adoptadas se vayan aplicando para culminar en la eliminación de las barreras internas subsistentes (véase cuadro 2).
Sin embargo, la merma del crecimiento habría sido más pronunciada de no haberse producido la unificación económica alemana. De hecho, el crecimiento de los países comunitarios se ha visto muy respaldado por los efectos sobre la demanda derivados de la expansión económica alemana. Se ha estimado que, para el período de 1990-1991, el efecto total de la unificación alemana en la tasa de crecimiento de los demás países comunitarios sería de 0,5 puntos porcentuales por término medio (véase recuadro).
Cuadro 2 Principales indicadores de la economía de la CE 1983-
19871988-
198919901991 ( )1992 ( )1993 ( )Crecimiento del PIB2,43,72,81,32,22,4
Empleo0,31,61,40,50,30,5
Salario real ( )1,31,62,32,01,31,4
Inflación ( )5,84,35,25,04,54,2
Costes unitarios reales de la mano de obra-1,1-1,00,50,6-0,7-0,7
Inversión2,67,94,1-0,52,23,7
En bienes de equipo4,99,94,7-0,42,64,8
( )Previsiones.
( )Salario real per cápita (deflactor del consumo privado).
( )Deflactor del consumo privado.
Fuente: Servicios de la Comisión.
La reducción del crecimiento se ha debido en gran medida a factores coyunturales en países como España, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Irlanda, Italia y Francia. La fase descendiente del ciclo ha sacado a la luz deficiencias estructurales subyacentes en algunos países, que habrían encontrado dificultades par mantener un ritmo más sostenido de actividad económica que sus socios comerciales habida cuenta de la debilidad de sus balanzas de pagos. La competitividad de los precios se ha deteriorado notablemente en Italia. En Francia, la composición sectorial de la balanza comercial es motivo de preocupación; mientras que los excedentes de productos agrarios están creciendo, su superávit de productos manufacturados de mediados de los años ochenta se ha convertido en un déficit significativo, si bien se ha observado cierta mejora en 1991.
Evidentemente, el menor crecimiento ha tenido consecuencias importantes sobre la situación del empleo en la Comunidad, que había evolucionado favorablemente en la década de los años ochenta, con una creación neta de 9 millones de puestos de trabajo (véase cuadro 3). A pesar de que el crecimiento se ha hecho más intensivo en trabajo, el ritmo de aumento del empleo ha disminuido apreciablemente por primera vez desde 1982 dando lugar
a un aumento notable del nivel de desempleo, que era ya demasiado elevado.
Cuadro 3 Empleo en la Comunidad Empleo total
millones
% de variación
Tasa de
desempleo ( )
1980128 6,0
1984124,8-0,6 ( )10,7
1990133,6 1,4 8,4
1991 ( )134,2 0,5 8,6
1992 ( )134,6 0,3 9,1
1993 ( )135,3 0,5 9,2
( ) Previsiones.
( ) En % de la población activa.
( ) Media 1980-1984.
Fuente: Servicios de la Comisión.
No obstante, a pesar de la atonía del mercado de trabajo, las tensiones salariales se han reducido sólo marginalmente: en 1991, el salario nominal aumentó un 7 %, tasa sólo ligeramente inferior a la de 1990 (7,6 %). Con una disminución cíclica del aumento de la productividad, ello se tradujo en un nuevo incremento de los costes unitarios nominales de la mano de obra y, debido a la imposibilidad de subir los precios suficientemente, en una nueva subida de los costes unitarios reales de la mano de obra, con el consiguiente efecto negativo sobre la rentabilidad y la competitividad internacional.
A pesar de este descenso, la rentabilidad sigue siendo elevada. Sin embargo, si bien las tasas de rentabilidad por unidad de valor añadido han recuperado los niveles del período 1961-1973, la rentabilidad del capital aún no lo ha hecho. La productividad del capital disminuyó considerablemente de 1970 a 1983, no iniciándose una ligera recuperación hasta 1985. Como consecuencia de ello, la rentabilidad del capital fijo aún permanece por debajo de su nivel de 1961-1973, por lo que deben continuar los esfuerzos para lograr un completo restablecimiento (véase gráfico 2).
Ciertamente, el deterioro de la rentabilidad en 1990 y 1991 no ha sido profundo (véase cuadro 4). Sin embargo, mientras que a corto plazo los precios relativos de los factores y la rentabilidad sólo tienen efectos limitados sobre la inversión, a largo plazo sus efectos son mayores. Por consiguiente, si se mantiene esta inestabilidad de la rentabilidad, ello iría en detrimento de la recuperación de la inversión y el empleo. Desde 1985, la inversión se ha recuperado considerablemente gracias a una importante mejora de la rentabilidad: actualmente, la inversión real es aproximadamente un tercio superior a la de 1985. No obstante, el coeficiente inversión-PIB es aún inferior en más de un punto porcentual a su valor medio del período 1961-1973. Aun serían necesarios nuevos aumentos de dicho coeficiente para reducir el elevado nivel de desempleo de la Comunidad.
Las constantes tensiones salariales y los aumentos impositivos registrados en algunos países no permitieron una reducción de los incrementos de precios a pesar de la ralentización coyuntural. Los precios al consumo y al
deflactor del PIB se incrementaron al mismo ritmo que en 1990 (en torno al 5 %).
Cuadro 4 Factores de oferta en la Comunidad (% de variación anual, salvo indicación en contrario) 1981-
19861987-
19891990-
19911991 ( )1992 ( )Inversión total0,17,11,8-0,52,2
-bienes de equipo1,79,42,2-0,42,6
-construcción-1,04,91,7-0,51,8
Capital2,32,72,92,82,8
Productividad del capital-0,60,7-0,8-1,5-0,6
Salario real por persona empleada ( )0,91,72,12,01,3
Costes unitarios reales de la mano de obra-1,0-0,70,50,6-0,7
Rentabilidad ( )73,890,292,591,692,9
Tipo de interés real a largo plazo ( )4,35,05,35,1:
( )Previsiones.
( )Datos corregidos por el deflactor del consumo privado.
( )Rentabilidad neta del capital neto (1961-1973 = 100).
( )Ajustado por el deflactor del PIB.
2. Perspectivas para 1992 y 1993; progresiva recuperación Tras un cambio de tendencia en la segunda mitad de 1991, se espera una recuperación moderada de la actividad en 1992 basada sobre todo en factores internos. Aunque se espera que el entorno exterior mejore como consecuencia del despegue de la producción y el comercio mundial, los Estados miembros de la Comunidad sólo podrán beneficiarse hasta cierto punto de esta recuperación, ya que esta evolución positiva se verá contrarrestada por la desaparición gradual del efecto sobre la demanda originado por la unificación alemana. Por lo tanto, no se espera que el saldo exterior respalde significativamente el crecimiento del PIB en la mayoría de los países. En cualquier caso, se prevé que los mercados no comunitarios desempeñen un papel más importante en el crecimiento de las exportaciones comunitarias que el que han desempeñado en los últimos años. Por ello el mantenimiento de la competitividad exterior es fundamental.
Se espera un restablecimiento progresivo de la confianza que lleve a una recuperación moderada del consumo privado y la inversión en 1992. Asimismo, se espera que la aplicación de políticas adecuadas conduzca a una mejora de los resultados en materia de precios y costes, poniendo fin a la deterioración de la rentabilidad registrada durante el período 1990-1991.
Como consecuencia del menor ritmo de actividad, se prevé una nueva disminución del crecimiento del empleo, que pasaría de una tasa media del 1,5 % en el período 1988-1990 al 0,5 % en 1991 y al 0,3 % en 1992. Este menor crecimiento del empleo, junto con el constante aumento de la mano de obra de la Comunidad, supondrá un nuevo aumento de la tasa de desempleo, que pasará del 8,6 % en 1991 al 9,1 % en 1992.
Para 1993 se prevé un fortalecimiento del proceso de recuperación, con un crecimiento del PIB real en torno al 2,5 % Con todo no se espera que el mayor nivel de actividad dé lugar a una creación de puestos de trabajo suficiente para compensar el aumento de la mano de obra, por lo que se
producirá un nuevo aumento, aunque marginal, de la tasa de desempleo.
Los factores de riesgo que pueden afectar a esta evolución tienen claramente su origen más dentro de la Comunidad que fuera, aunque la incertidumbre derivada de factores externos también pueda afectar apreciablemente a los resultados de la Comunidad. La realización de un proceso de recuperación gradual depende en gran medida de la aplicación de políticas adecuadas.
Es probable que una mejora de los resultados en materia de costes, tras su deterioro en 1990-1991, contribuya a una recuperación gradual de la inversión. Sin embargo, si no se llegase a concretar dicha mejora, la reacción de la inversión sería incierta. Sin embargo, debe lograrse un mayor crecimiento con el fin de reducir el aún elevado nivel de desempleo y facilitar el ajuste estructural necesario para la realización del mercado interior y la transición hacia la Unión Económica y Monetaria.
II. AVANCE INSUFICIENTE HACIA LA CONVERGENCIA ECONOMICA 1. Menor convergencia nominal, aunque los factores fundamentales siguen siendo positivos Tras haberse deteriorado notablemente en 1990, la convergencia de precios (determinada mediante la dispersión de los deflactores del consumo privado)(1) mejoró algo en 1991, si bien en torno a una inflación media menos favorable que la del período 1987-1989 (véase gráfico 3). Ello se debió principalmente a un incremento de la inflación media en los países que han participado desde el principio en el sistema de banda estrecha (EUR-7), atribuible esencialmente a la particular evolución de Alemania y los Países Bajos, mientras que los resultados en materia de precios mejoraron generalmente en los demás países que participan en el mecanismo de cambio del SME. En los países que no han participado desde el principio en el sistema de banda estrecha se produjo una disminución de los aumentos de precios, particularmente en el Reino Unido. No obstante, la evolución de los precios en la Comunidad sigue constituyendo motivo de preocupación, ya que la tasa media de inflación es cercana al 5 %, en un momento de ralentización de la actividad económica.
La evolución salarial y los aumentos de los impuestos parecen haber sido los principales factores del deterioro de los resultados en materia de precios. En 1991, la evolución salarial registrada en los países que participaron desde el principio en el sistema de banda estrecha fue poco satisfactoria (véase gráfico 4), existiendo en Alemania el riesgo de que aparezca una inflación de costes.
La tendencia cada vez mayor a recurrir al aumento de los ingresos para corregir los déficit presupuestarios no deja de entrañar riesgos para los precios, al poder revivar la lucha por la distribución de la renta.
En el marco de la UEM, los resultados de la Comunidad en materia de precios y costes son aún poco satisfactorios. Para lograr la UEM, sería conveniente reducir la tasa media de inflación hasta el 2 o 3 %, al mismo tiempo que se reduce la divergenccia.
En el ámbito presupuestario la falta de mejora de la convergencia, al igual que ocurre en el ámbito de precios y costes, se debe principalmente a una situación menos favorable en los países que obtuvieron buenos resultados en años anteriores. En 1990, la situación presupuestaria se deteriró en la mayoría de los países, a pesar de un nivel de actividad aún sostenido,
siendo particularmente acusado dicho deterioro en Alemania y el Reino Unido (véase cuadro 5). En 1991, de nuevo la situación presupuestaria menos favorable de la Comunidad en su conjunto se debió principalmente al déficit creciente del Reino Unido y de Alemania. En la mayoría de los restantes países, el déficit se estabilizó, expresado en porcentaje del PIB, en un contexto de menor actividad, de alú que ni siquiera los estabilizadores automáticos hayan podido ejercer plenamente sus efectos, lo que era necesario para evitar un nuevo aumento del déficit presupuestario.
La unificación alemana también ha contribuido a un cambio significativo de la posición exterior de la CE. La balanza por cuenta corriente de la CE se ha deteriorado constantemente desde 1986, pasando de un superávit equivalente al 1,4 % del PIB a una previsión de déficit para 1991 cercana al 1 % del PIB (véase cuadro 6). Esto se debe a un deterioro de la balanza por cuenta corriente de la mayor parte de los países, a excepción de Dinamarca, Irlanda y los Países Bajos. El deterioro fue especialmente acentuado en el Reino Unido (de 1986 a 1989), España (de 1987 a 1989) y Alemania (de 1989 a 1991). No obstante, también en Francia e Italia las balanzas de pagos empeoraron de forma significativa, si bien en menor medida. El déficit comercial francés se estabilizó en 1990 reduciéndose en 1991. En la mayoría de los países, este deterioro fue el reflejo de una demanda interna excesivamente elevada respecto de la capacidad de producción.
El hecho más destacado de los últimos años por lo que respecta a la balanza de pagos, es la total desaparición del superávit de la balanza por cuenta corriente alemana. La contrapartida de este superávit desaparecido no se encuentra totalmente dentro de la Comunidad.
Alrededor de la mitad del efecto de la unificación alemana sobre la demanda parece haberse ejercido fuera de la Comunidad, en función de las cuotas de mercado de los socios comerciales de Alemania fuera de la Comunidad. El deterioro de las balanzas de pagos ha sido particularmente acusado en el sector del comercio de productos manufacturados; las importa
Cuadro 5 Capacidad (+) y/o necesidad (-) neta de financiación de las administraciones públicas ( ) (en % del PIB)
( )19811985198919901991 ( )1992 ( )CE- 5,3- 5,2- 2,9- 4,1- 4,4- 4,4
Grecia-11,0-13,8-18,3-19,8-17,3-14,0
Italia-11,4-12,5-10,1-10,6- 9,9- 9,3 ( )
Bélgica-12,8- 8,5- 5,7- 5,6- 6,3- 6,2
Portugal- 9,3-10,1- 3,4- 5,8- 5,4- 4,6
Países Bajos- 5,5- 4,8- 5,2- 5,3- 4,4- 4,1
Alemania- 3,6- 0,9- 0,2- 1,9- 3,6- 3,4
Irlanda-13,4-11,2- 3,5- 3,6- 4,1- 4,1
España- 3,9- 6,9- 2,7- 4,0- 3,9- 3,6
Reino Unido- 2,6- 2,8- 1,3- 0,7- 1,9- 3,6
Dinamarca- 6,9- 2,0- 0,5- 1,5- 1,7- 1,5
Francia- 1,9- 2,9- 1,2- 1,6- 1,5- 1,7
Luxemburgo- 3,5- 5,3- 4,3- 4,7- 1,9- 2,0
( ) Previsiones considerando que no se modifican las políticas económicas.
( ) Clasificación por orden decreciente de volumen de déficit en 1991.
( ) No incluye en su totalidad los efectos de las medidas del programa de
convergencia.
Fuente: servicios de la Comisión.
Cuadro 6 Balanzas por cuenta corriente (en % del PIB)
1980
1986
1990
1991 ( )
1992 ( )
CE-1,21,4-0,2-0,8-0,9
Bélgica-4,32,11,01,01,1
Dinamarca-3,7-5,40,81,42,2
Alemania-1,74,43,2-1,1-0,9
Grecia0,5-5,3-6,1-4,1-3,4
España-2,41,6-3,5-3,1-3,2
Francia-0,60,5-1,0-0,7-0,8
Irlanda-11,8-2,93,42,32,0
Italia-2,20,5-1,4-1,3-1,5
Luxemburgo18,739,431,228,126,1
Países Bajos-1,52,73,84,14,4
Portugal-5,92,4-0,3-1,1-1,5
Reino Unido1,5-0,9-2,6-1,1-1,4
( ) Previsiones.
Fuente: servicios de la Comisión.
ciones de productos manufacturados procedentes de fuera de la Comunidad han aumentado, por término medio, más rápidamente que las importaciones intracomunitarias; en concreto en lo que se refiere a los productos de alta tecnología, los productores comunitarios parecen haber cedido terreno a los no comunitarios. Además el incremento de las exportaciones de productos manufacturados también ha sido moderado, manteniéndose muy por debajo de la tasa de crecimiento de las exportaciones intracomunitarias. Esta tendencia parece indicar una reorientación de los flujos comerciales hacia un mercado interior particularmente dinámico.
No obstante, es motivo de gran preocupación el hecho de que este deterioro también indique una menor competitividad, particularmente en mercados no comunitarios, y muy especialmente en el mercado de la alta tecnología. Las monedas de los Estados miembros se han apreciado constantemente en términos reales desde 1984, dando lugar a una disminución de sus cuotas de mercado. Este hecho pone en tela de juicio la fortaleza de la economía de algunos Estados miembros así como su capacidad para competir eficazmente con el mundo exterior. Por consiguiente la competitividad de los salarios es una cuestión que merece ciertamente un examen más detenido en los países cuyas posiciones exteriores siguen siendo inestables, particularmente si el crecimiento de la demanda interna se acelerase respecto de los mercados exteriores.
Así pues, con el fin de mejorar la convergencia durante la primera etapa de la UEM, se ha pedido a los Estados miembros que elaboren «programas de convergencia», que deben ser objeto de discusión y aprobación a escala comunitaria en el marco de un sistema de vigilancia multilateral. Con vistas
a lograr progresos duraderos en materia de convergencia, la mayor parte de los Estados miembros han presentado o están elaborando programas de este tipo.
2. Disminución de la convergencia real En los últimos años los países immersos en el proceso de recuperación, a excepción de Grecia, han logrado reducir sus diferencias de renta respecto de la media comunitaria (véase cuadro 7). A este resultado han contribuido unas políticas internas adecuadas y la duplicación de los recursos facilitados a través de los Fondos estructurales. En España y Portugal, la inversión ha constituido el motor de la recuperación, debido al considerable incremento de la rentabilidad y a la apertura del mercado comunitario. Entre 1986 y 1990, la parte que representa la inversión en el PIB se incrementó en cerca del 25 % (véase cuadro 8). El ahorro interno fue insuficiente para respaldar dicha expansión, lo que dio lugar a la aparición de un déficit en las balanzas de pagos por cuenta corriente que fue apreciable en el caso de España. Por lo tanto, la continuación del proceso de recuperación en estos países dependerá entre otros importantes factores, de la generación de un ahorro interno suficiente, que procedería principalmente de una mayor reducción del desahorro del sector público.
Cuadro 7 Proceso de recuperación en la Comunidad
(PIB per cápita, CE = 100)
España
Grecia
Irlanda ( )
Portugal
197581,957,362,752,2
198074,258,164,055,0
198672,855,963,452,5
1991 ( )79,052,568,956,3
1992 ( )79,952,168,956,3
Diferencias:
1986-1980-1,4-2,2-0,6-2,5
1991-19866,2-3,45,53,8
( ) Previsiones.
( ) La utilización del PIB puede suponer una sobreestimación de los progresos realizados en la medida en que las transferencias de renta al extranjero pueden haber superado el crecimientodel PIB nominal.
Fuente: servicios de la Comisión.
Sin embargo, en Irlanda fueron las exportaciones el principal motor de la aceleración del crecimiento. Los esfuerzos de consolidación presupuestaria y la moderada evolución salarial
Cuadro 8 Inversión y exportaciones (en % del PIB) y costes unitarios reales de la mano de obra en los países immersos en el proceso de recuperación GR
ES
IRL
PT
EUR 4
EUR 8
Inversión (en % del PIB)
1986 18,519,518,122,119,618,9
1990 18,924,418,626,723,720,3
1992 ( ) 18,524,118,726,023,419,6
Exportaciones (en % del PIB)
1986 22,419,955,233,223,828,0
1990 22,617,262,136,422,828,9
1992 ) 21,217,365,030,022,029,9
Costes unitarios reales de la mano de obra
(1961-1973 = 100)
1986102,391,192,898,494,298,1
1990102,487,588,993,890,896,8
1992 ( ) 95,086,392,597,690,096,9
( ) Previsiones.
Fuente: servicios de la Comisión.
redujeron la demanda interna, al mismo tiempo que la mejora de la competitividad fomentaba las exportaciones. Esta expansión debida al aumento de las exportaciones hizo a Irlanda más vulnerable que España y Portugal al deterioro de la situación económica internacional. Ahora que Irlanda ha sentado las bases para la continuación de su proceso de recuperación, debe ponerse más énfasis en el desarrollo de la capacidad de producción interna. El coeficiente de inversión es aún relativamente bajo, no habiendo aumentado de forma significativa. En particular, es necesaria una mejora de la oferta.
En Grecia, el proceso de recuperación se ha debilitado en los últimos años como consecuencia de unas políticas inadecuadas. El programa de estabilización y ajuste estructural de 1991, adoptado por el gobierno, constituye un serio intento de poner fin al deterioro de la situación macroeconómica del país y restablecer su potencial de producción. Los objetivos generales del programa son la reforma fiscal y una renovación de las estructuras. Las medidas de reforma fiscal y ajuste estructural son interdependientes y, de aplicarse eficazmente, permitirían a Grecia beneficiarse del proceso de integración euopea. Sin embargo, la evolución reciente indica que la aplicación del programa ha tropezado con serias dificultades y ha sufrido retrasos. Si no se consigue la total aplicación del programa, se retrasará aún más la reanudación del proceso de recuperación.
III. PRIORIDADES DE LA POLITICA ECONOMICA DE LA COMUNIDAD Con un entorno internacional que probablemente sólo mejorará moderadamente en los próximos años, reviste especial importancia para la Comunidad el fortalecimiento de su potencial interno. Por consiguiente, las políticas económicas deberán contribuir a la pronta relización de los principales proyectos comunitarios.
La realización del mercado interior sigue constituyendo un objetivo prioritario para la Comunidad, quedando aún un volumen considerable de trabajo por llevar a cabo ya que de las 282 propuestas incluidas en el Libro Blanco, 69 están aún pendientes de una decisión del Consejo. La incorporación de las directivas a las distintas legislaciones nacionales debe agilizarse. Han entrado en vigor 166 medidas del Libro Blanco, de las que 134 necesitan medidas de aplicación nacionales. De estas medidas
nacionales ya se han adoptado el 71 % por término medio (Véase gráfico 5). Los Estados miembros parecen haber reconocido sus responsabilidades y la necesidad de acelerar el proceso.
El programa de realización del mercado interior ya constituye una fuerza motriz decisiva que ha mejorado las perspectivas y la prosperidad de la CE; los agentes económicos ya han previsto, hasta cierto punto, el entorno altamente competitivo y las nuevas oportunidades y condiciones de funcionamiento del mercado que prevalecerán a partir de 1993, lo que ha dado lugar a una fuerte expansión de la inversión en el período 1986-1990.
Los efectos reales de las medidas encaminadas a la realización del mercado interior se dejarán sentir en los próximos años, sobre todo a medida que se supriman las barreras internas subsistentes. Las decisiones y acciones resueltas tendrán un efecto muy positivo sobre la confianza de los agentes económicos y darán un nuevo impulso al crecimiento económico.
Una Unión Económica y Monetaria en la Comunidad producirá una ampliación de los beneficios económicos que se derivarán del programa para 1992. De hecho, sólo una moneda única permitiría conseguir plenamente los beneficios potenciales de un mercado único.
El objetivo principal de la UEM es fortalecer la integración de la Comunidad y mejorar sus resultados económicos. La UEM garantizará un clima de estabilidad que permita el fortalecimiento del proceso de crecimiento sostenido. La experiencia de los años ochenta ha demostrado claramente que no existe a largo plazo una relación directa entre una mayor inflación y un menor desempleo. Por el contrario, cada vez está más extendida la idea de que un clima de estabilidad constituye un requisito esencial para lograr una mejora de los resultados económicos.
Las diferencias de renta entre los países inmersos en el proceso de recuperación y la media comunitaria siguen siendo considerables, por lo que serán necesarios varios años para lograr su desaparición. Este proceso únicamente podrá basarse en un crecimiento apropiado, que aumente la capacidad de producción interna.
Las políticas económicas de los Estados miembros y de la Comunidad en su conjunto deberán sentar las bases para lograr constantemente un mayor crecimiento del PIB real, sin tensiones inflacionistas ni desequilibrios internos o externos insostenibles. La responsabilidad de una rápida convergencia económica y social recae, principalmente, en los propios países menos favorecidos. La experiencia reciente ha confirmado que la aplicación de políticas económicas adecuadas constituye una condición esencial para mejorar las condiciones internas de crecimiento de estos países con todos los medios a su alcance.
Los países con mayor potencial económico también deberán contribuir a este proceso prestando su apoyo a un crecimiento dinámico a medio plazo.
La Comunidad deberá tener en cuenta el objetivo de reforzamiento de la cohesión económica y social al aplicar sus políticas comunes y al proceder a la realización del mercado interior. Las medidas comunitarias de política económica deberán colaborar con las políticas económicas nacionales para mejorar los resultados económicos de los Estados menos favorecidos. Los Fondos estructurales y otros instrumentos financieros mejorarán
considerablemente las condiciones de demanda y de oferta de los países receptores, siempre que se utilicen eficazmente en un marco nacional apropiado.
El medio ambiente y su influencia sobre la calidad de vida está siendo objeto de una atención cada vez mayor por parte de la Comunidad. La Comisión ha esbozado recientemente una estrategia comunitaria coherente encaminada a estabilizar las emisiones de CO2 en la Comunidad a partir del año 2000 al nivel de las registradas en 1990. La estrategia consta de una seria de medidas de control, de incitación y fiscales posibles adoptadas a escala comunitaria junto con programas nacionales complementarios. Se considera que una condición importante para alcanzar de la forma más rentable el objetivo comunitario de estabilización de las emisiones de CO2 es la propuesta de utilización de instrumentos fiscales, entre los que se puede destacar un nuevo impuesto combinado sobre el CO2 y la energía que respete la neutralidad fiscal. Estableciendo los precios adecuados, todos los agentes económicos se verán inclinados a adoptar comportamientos favorables al medio ambiente. Para lograr una prosperidad y estabilidad económica a largo plazo, así como para preservar el medio ambiente, se han incluido satisfactoriamente consideraciones ambientales en las otras políticas comunitarias, principalmente en las políticas energética, de transportes y agraria.
IV. POLITICAS MACROECONOMICCAS Y POLITICAS DE AJUSTE ESTRUCTURAL 1. La política monetaria y el SME El objetivo del SME consiste en contribuir tanto a la estabilidad precios como a la convergencia nominal en la Comunidad, por medio de unos tipos de cambio estables y de la política monetaria adecuada, situación que se ha hecho más difícil de alcanzar durante el pasado año. En otoño de 1990, a consecuencia de la subida de los precios del petróleo, tuvo lugar un endurecimiento de las condiciones monetarias en la Comunidad; en 1991, por el contrario, los tipos de interés de mercado han sido inferiores, por término medio, a los del año anterior, en tanto que, en muchos países de la Comunidad, la presión inflacionaria se ha mantenido igual, o incluso ha aumentado, a pesar de la caída de los precios del petróleo tras la guerra del Golfo. No obstante, en la segunda mitad del año han vuelto a subir los tipos de interés a corto plazo.
Con la desaceleración de la economía comunitaria en 1991, se ha producido una flexibilización monetaria, que no parece haber influido negativamente sobre las expectativas de inflación a largo plazo; las curvas de rendimiento han mostrado este año una tendencia descendente, en lugar de aumentar como consecuencia de unos tipos de interés a largo plazo inferiores a los del año anterior en la mayor parte de los mercados. Las políticas monetarias siguen siendo contractivas, con una subida de los tipos de interés a corto plazo en la segunda mitad del año. Efectivamente, es de vital importancia conseguir que la convergencia nominal aparezca acompañada de una estabilidad de precios absoluta y no relativa, y resulta asimismo esencial que el SME continúe siendo un importante factor de preservación de la estabilidad de precios hasta la plena unión económica y monetaria.
A este respecto, los mecanismos que han gobernado el relajamiento de la política monetaria en la Comunidad en este año presentan determinados
aspectos problemáticos. Durante la década de los ochenta, el proceso de deflación que tuvo lugar en la Comunidad vino determinado por Alemania, y se extendió a través del mecanismo de tipos de cambio (MTC) a los demás países comunitarios integrados en la banda estrecha de fluctuación del SME. Este vínculo se hizo aún más fuerte tras la última realineación de enero de 1987, cuando gradualmente desapareció toda expectativa de ulteriores realineaciones. La estrategia alemana, basada en la consolidación fiscal y en un uso apropiado de los agregados monetarios, situó la inflación a niveles bajos, -aunque con tendencia al alza-, incluso cuando los objetivos monetarios fueron aplicados con mayor flexibilidad, como consecuencia de la coyuntura exterior.
La progresiva desaparición de las expectativas de realineación ha alterado significativamente este panorama. La tendencia expansiva experimentada por la política fiscal alemana a raíz de la unificación, junto con una política monetaria orientada hacia la estabilidad, debe llevar teóricamente a una apreciación real de la moneda, con una demanda real superior a la oferta interna real. De hecho, la excesiva presión de la demanda ha tenido gran influencia en el proceso de formación de salarios, ya que ha fomentado un paulatino aumento de los precios. Este proceso se ha agravado por la fuerte tendencia a tomar medidas en lo que respecta a la renta, como recurso para limitar el impacto fiscal de la unificación. Esta política económica, unida a la prevención de la consiguiente apreciación real a través del ajuste nominal de los tipos de cambio dentro del MTC, han ocasionado una presión adicional considerable sobre los tipos de interés en Alemania y, por consiguiente, en otros países que participan en el MTC.
Los mercados han reflejado en repetidas ocasiones la incertidumbre existente acerca de la capacidad del Bundesbank para seguir manteniendo este tipo de política económica. Esta incertidumbre junto con las expectativas de cambio estables y las diferencias decrecientes en las tasas de inflación han provocado en el MTC una reducción importante de los diferenciales de los tipos de interés frente al marco alemán, donde se puede decir que han desaparecido las primas de riesgo de cambio.
Puesto que el conjunto de la Comunidad sigue sufriendo los efectos de una considerable presión inflacionaria, no puede asegurarse que se vaya a dar una mayor flexibilidad de la política monetaria a escala global. Dado el carácter colectivo inherente al SME, no sólo Alemania, sino todos los restantes países participantes en el MTC, y en especial aquellos países de mayor influencia económica, deben aceptar su parte de responsabilidad en la formación de una política monetaria comunitaria coherente con los niveles más bajos de subida de precios, y que posibilite la convergencia a la baja de los Estados miembros con altas tasas de inflación.
En los dos países que no se han incorporado aún al MTC, Portugal y Grecia, la inflación es muy superior a los niveles compatibles con una convergencia nominal, si bien ha experimmentado un descenso. En Portugal, donde la inflación, medida mediante el índice de precios al consumo, cayó por debajo del 10 % en el último trimestre de 1991, el objetivo prioritario inmediato consiste en mantener una política económica lo suficientemente contractiva como para reducir el recalentamiento del mercado laboral. Debido a la
sustancial entrada de capitales, los tipos de cambio reales experimentarán durante algún tiempo un cierto aumento. La idea es que Portugal se una al mecanismo una vez que la economía se haya enfriado lo suficiente para que la disciplina inherente al propio mecanismo no provoque un relajamiento inadecuado de la política monetaria.
En Grecia, la política monetaria debe seguir tratando de contener la presión inflacionaria provocada por el considerable déficit presupuestario. Sin embargo, el problema de las finanzas públicas no puede ser resuelto mediante la política monetaria por tiempo indefinido, y la única manera de que Grecia alcance una convergencia nominal rápida y duradera consiste en que se atenga a los límites máximos presupuestarios fijados por el programa de estabilización.
2. Política presupuestaria Puesto que las competencias en materia presupuestaria seguirán ejerciéndose a nivel de los Estados miembros, el progreso hacia la unión económica y monetaria exige la presencia de un alto grado de coordinación, a través de la aplicación de normas y principios generales que garanticen que las políticas fiscales no perjudicarán a la estabilidad en la Comunidad.
Un primer grupo de países, integrado por Grecia e Italia, ha registrado déficits presupuestarios excesivos durante muchos años y han incrementado uniformemente la deuda pública (véanse cuadro 5 y gráfico 6).
En Grecia, la evolución presupuestaria de 1991 se aleja de las tendencias anteriores, debido a la puesta en marcha del nuevo plan trienal de convergencia. Sin embargo, las reformas y ajustes presupuestarios no han conseguido los objetivos previstos. El plan debe ser aplicado con mucho más rigor si quiere conseguirse una reducción significativa del déficit presupuestario y una estabilización del coeficiente de deuda pública.
La evolución presupuestaria de Italia sigue siendo diferente de la del resto de los países participantes en la banda estrecha de fluctuación del MTC. A pesar de los repetidos esfuerzos por controlarlo, el déficit presupuestario continúa situándose alrededor del 10 % del PIB, lo que ha producido un coeficiente deuda pública/PIB que superó la cota del 100 % en 1990, y que sigue subiendo. Estos resultados no son debidos a una carencia de programas de ajuste, sino a la poco vigorosa aplicación de éstos. Se debe insistir más en los instrumentos utilizados para conseguir los objetivos fijados, y en las medidas estructurales encaminadas a mejorar las finanzas públicas. Sin embargo, aun aplicando enérgicamente el programa actual, se corre el riesgo de no obtener los resultados previstos, puesto que se basa en unas previsiones de crecimiento muy optimistas. El plan resulta, además, demasiado centrado en los impuestos, lo que puede tener como consecuencia un ascenso de la presión inflacionaria, ya que el incremento de la imposición directa generará en los contribuyentes una demanda de aumento salarial. Con todo, tine un valor esperanzado el propósito expresado por el Gobierno italiano, de adoptar medidas correctoras si no se consiguen los resultados apetecidos.
Un segundo grupo de países, formado por Bélgica, Países Bajos, Portugal e Irlanda, mantienen aún un déficit considerable y un coeficiente de deuda pública excesivamente alto. En Bélgica, los esfuerzos de consolidación
realizados durante el período de fuerte crecimiento, esto es, 1988-1990, no fueron suficientes para evitar que en 1991, cuando la actividad económica se ralentizó, se produjese un nuevo aumento del coeficiente de deuda pública. La doble norma del gobierno, destinada a detener el gasto real de interés nulo y a mantener el déficit de las administraciones públicas en un valor constante en términos nominales, no ha tenido efectos satisfactorios, y debe hacerse extensible a todos los niveles de la administración, incluida la seguridad social. Es imprescindible reducir significativamente el déficit para situar el coeficiente de deuda pública, que es aún el doble de la media comunitaria, en una tendencia claramente descendente.
Tampoco en los Países Bajos han resultado suficientes los esfuerzos de consolidación realizados en 1988-1990, el momento de mayor expansión. En 1991 se han adoptado determinadas medidas adicionales, a fin de poder alcanzar los objetivos fijados en lo que respecta a las finanzas públicas. No obstante, si persiste la incapacidad de ahorro público, el Gobierno podría plantearse una aplicación estricta de las medidas encaminadas al logro de los objetivos a medio plazo (déficit del 3 % del PIB en 1994) con el fin de reducir el coeficiente de deuda pública.
En Portugal, se ha verificado en los últimos años una reducción del desequilibrio de las finanzas públicas, resultado del efecto conjunto de la revisión total del sistema tributario, que lo hizo más eficaz, del esfuerzo por controlar el gasto, de la expansión económica cíclica y del proceso de privatización. No obstante, los niveles relativos del déficit de las administraciones públicas y de la deuda pública superan aún la media comunitaria. Por tanto, para apoyar el proceso de deflación, es imperativo que el ajuste fiscal continúe siendo una de las más urgentes prioridades de la política económica, y que siga siendo enérgicamente aplicado.
Irlanda obtuvo un notable éxito en la consolidación de las finanzas públicas a finales de los 80. Desde entonces, no obstante, este proceso de consolidación se ha visto frenado debido a un menor crecimiento de los ingresos y a que el gasto público ha sufrido cierta presión por efecto del creciente desempleo y del aumento en los pagos del sector público. Los esfuerzos de consolidación deben ser mantenidos a medio plazo, con el fin de que el coeficiente de deuda pública permanezca en una firme evolución descendente.
Alemania y el Reino Unido constituyen dos casos aparte.
En Alemania, com consecuencia directa de las considerables necesidades financieras originadas por la unificación,el gasto público ha sido muy cercano al 4 % del PIB entre 1989-1991, a pesar de un nivel de actividad económica sostenido. Aun cuando el actual déficit no resulte muy preocupante, aunque debe considerarse que contribuye a una política monetaria desequilibrada, las perspectivas de consequir controlar el déficit a medio plazo son extremadamente inciertas. Aunque se reduzcan los gastos de consumo, se verán gradualmente sustituidos por la inversión de infraestructura a gran escala; el efecto combinado de un agudo endeudamiento del sector público y del pago de intereses provocará una mayor presión sobre el gasto. La consolidación fiscal será por todo ello un importantísimo reto en los años venideros.
Por otra parte, se ha hecho recientemente mucho hincapié en el incremento de los ingresos. No obstante, el aumento de la imposición, sea directa o indirecta, causará probablemente una elevación de las demandas salariales, para compensar la pérdida de renta. En estas condiciones, recurrir en exceso a la subida de los impuestos puede desencadenar un nuevo ciclo de exigencia creciente de distribución de la renta. Existen aún muchas posibilidades de reducir el déficit presupuestario disminuyendo los gastos; además, los sistemas de ayudas a las rentas se deben concebir de tal manera que se garantice su carácter temporal.
En el Reino Unido, el deterioro del saldo presupuestario es debido, en primer lugar, a los efectos de los estabilizadores automáticos durante la grave recesión. El objetivo de las autoridades, a medio plazo, sigue siendo el de alcanzar el equilibrio presupuestario mediante ajustes cíclicos. Es aún conveniente practicar una política prudente, a fin de cumplir a medio plazo con el objetivo de un presupuesto equilibrado y un ahorro público continuado.
En el último grupo de países (Dinamarca, España, Francia y Luxemburgo) el equilibrio presupuestario y la deuda pública están, en general, bajo control. Estos países arrojan un saldo positivo de ahorro público, y tienen un coeficiente de deuda pública inferior a la media comunitaria. Pese a todo, se debe mantener en estos países una política prudente, ya que algunos de ellos tienen fuertes presiones inflacionarias y elevados déficit exteriores (Espana) o una alta deuda exterior (Dinamarca).
La insistencia en la consolidación presupuestaria viene motivada por numerosas consideraciones. En primer lugar, está encaminada a equilibrar la política económica actual, con una política fiscal relativamente expansiva por un lado, y una política monetaria contractiva por el otro. Incluso aunque el déficit presupuestario sea justificable por factores temporales y excepcionales, seguiría siendo adecuado reducirlo lo más rápidamente posible, para conseguir una política económica más equilibrada. En segundo lugar, existe la necesidad de un mayor nivel de ahorro dentro de la Comunidad, para lo cual la reducción de los déficit públicos representarían una aportación significativa. Por último, una política fiscal más restrictiva tendría probablemente como consecuencia una evolución salarial más equilibrada, lo que contribuiría a una mejor convergencia.
El deseado incremento adicional del coeficiente de inversiones suscita el problema de la adecuación de ahorro. Si bien existen pocos signos de que el bajo nivel de ahorro haya tenido efectos decisivos sobre la actividad económica hasta el presente, sí es cierto que ha contribuido a mantener en cotas altas los tipos de interés a largo plazo. Sin embargo, la insuficiencia de ahorro corre el riesgo de ser uno de los más importantes obstáculos para el crecimiento en el futuro, especialmente para las economías de reciente apertura en Europa Central y del Este y para los países en desarrollo. Ahora bien, la existencia de un excedente de ahorro es posible sólo en el caso de que el considerable desahorro público comunitario y de otros países occidentales invierta sus términos. Por tanto,
la generación de un ahorro público suficiente resulta ser condición sine qua non para el despegue satisfactorio de las economías de mercado en Europa
Central y del Este.
Finalmente, en el contexto de una unión económica y monetaria plenamente desarrollada no existirán márgenes de maniobra muy amplios para la política fiscal, ni tampoco, con mayor razón, para la monetaria. Por consiguiente, se deberá poner mayor énfasis en las medidas estructurales, a fin de poder levar a cabo los ajustes necesarios en las economías comunitarias.
3. Políticas de ajuste estructural Los esfuerzos realizados para implantar el mercado único han originado el desarrollo de la más ambiciosa iniciativa de demanda en toda la historia de la Comunidad. Sin embargo, como consecuencia de la dinámica creada por la evolución hacia el mercado interior, además de elevarse el potencial de crecimiento, se ha puesto de manifiesto la rigidez presente en algunos mercados, factor que se hace más visible con el aumento de la competencia. Actualmente, dado el difícil contexto internacional, es también importante que la Comunidad refuerce el crecimiento interno.
Siempre que vayan acompañadas de políticas industriales adecuadas, las políticas de ajuste estructural impulsan la adaptabilidad y eficiencia de las economías comunitarias. En el contexto de la aplicación del programa para 1992,la Comisión ha subrayado la necesidad de adoptar medidas de política industrial en determinados sectores, y ha realizado varias propuestas a tal efecto. Las políticas de ajuste estructural deben acompañar la realización del mercado interior a fin de garantizar la obtención plena de todos los beneficios que de él se deriven.
Por otro lado, aquellos países que se integren plenamente en la unión económica y monetaria no podrán utilizar los tipos de cambio nominales como instrumentos de ajuste. Será, por tanto, necesario que todos los mercados observen una flexibilidad creciente, a fin de asegurar el desarrollo equilibrado de todas las áreas de la unión. En la UEM, la adaptabilidad del mercado laboral será un factor de ajuste esencial para evitar que siga aumentando el desempleo.
Junto con una política macroeconómica cautelosa, y la política de cohesión económica y social de la Comunidad,que deberá experimentar mayor reforzamiento, las políticas de ajuste estructural nacionales y comunitarias desempeñarán un papel fundamental para que la Comunidad recupere una tasa de crecimiento sostenible superior al 3,5 % anual, sin lo cual no se podrá reducir el alto nivel de paro. En particular, cuatro áreas necesitan mejoras estructurales de gran alcance: la cooperación, el mercado laboral, la política de la competencia y el comercio internacional.
La cooperación puede mejorar las condiciones de funcionamiento de las empresas y reforzar la competitividad de la Comunidad en la escena internacional por medio de la utilización controlada de la energía y de la innovación.
Una política que mejore la infraestructura, y especialmente la de transporte, es un elemento indispensable en la creación del mercado interior. Es igualmente un elemento del proceso de cohesión ya que una mejor infraestructura de trabajo reduce los costes de transporte y comunicaciones y acerca al centro las regiones periféricas de la Comunidad.
Se deberán llevar a cabo mayores esfuerzos en el área de la innovación,
investigación y desarrollo. Las políticas de investigación y desarrollo estimulan la competitividad de las empresas comunitarias, pero, en un período de cambios tecnológicos profundos que normalmente acarrean costes de desarrollo considerables, los resultados de este tipo de esfuerzos deben ser más ampliamente difundidos por medio de una mayor cooperación. Esto acelerará el ajuste de nuestras economías a los nuevos avances tecnológicos.
Igualmente, en las áreas de la reestructuración sectorial y del medio ambiente, una cooperación mayor facilitará probablemente el ajuste. La colaboración en estas áreas proporcionará a la Comunidad una mejor posición competitiva en el contexto internacional. La Comunidad puede desempeñar un importante papel fomentando una mayor cooperación entre las empresas.
Los mercados laborales en la Comunidad han estado mostrando signos de mayor adaptabilidad sin ser, no obstante, suficientes. Las crecientes presiones salariales, en un momento en que más del 9 % de la problación activa se encuentra en situación de desempleo, hacen pensar que existen aún problemas estructurales importantes en los mercados de trabajo.
Actualmente, con reducido crecimiento de la economía comunitaria y el superior nivel de competitividad internacional, la realización del mercado interior implica que tanto las empresas como los trabajadores tengan que adaptar sus prácticas y métodos de trabajo a estas nuevas circunstancias. La flexibilidad de adaptación de las empresas ante el nuevo entorno operativo tiene que ir acompañada del mismo grado de flexibilidad del mercado laboral en lo que respecta a la formación profesional, así como a las prácticas y condiciones de empleo.
En la mayor parte de los países, el ajuste de los costes salariales son aún insuficientes para conseguir el pleno empleo. Aunque deba evitarse el aumento del desempleo, los interlocutores sociales, en las negociaciones, también deben tener en cuenta la necesidad de efectuar ajustes. En consecuencia, las autoridades de los Estados miembros deben hacer más visibles los objetivos y estrategias de la política económica, a fin de que las perspectivas macroeconómicas puedan tener mayor peso específico en la negociación salarial. Este tipo de aproximación se consigue a través de un compromiso serio de convergencia por parte de los gobiernos.
Además, la rígida estructura salarial, las prácticas de empleo y la falta de formación son factores que han acentuado los problemas de las personas que no forman parte de la población activa. El elevado número de parados sin formación ilustra el problema de los costes y la adecuada especialización con respecto a su potencial productivo. Los Estados miembros deben estudiar su legislación en materia de mercado de trabajo y de seguridad social, para rectificar los elementos que impiden el acceso o regreso de los trabajadores al mercado laboral.
Por último, parece oportuno fomentar una política laboral más activa, con mayor énfasis en la reconversión profesional que en el suministro de fondos para subsidios de desempleo.
Necesariamente, la competencia se intensificará con la realización del mercado interior y la sistemática reducción de las barreras. Las empresas europeas deben estar preparadas para esa mayor competencia, que ya ha generado una ola de fusiones dentro de la Comunidad. Para prevenir la
aparición de posiciones dominantes, que reducen la competencia y el bienestar general, la Comunidad lleva a cabo una política muy activa en este ámbito.
El mayor nivel de competencia puede también llevar a más solicitudes de ayuda por parte de empresas o sectores que sufren mayor presión como consecuencia de tal competencia. Sin embargo, las ayudas estatales pueden amenazar el funcionamiento del mercado, al limitar las ventajas específicas a empresas competitivas y también impedir la necesaria reestructuración de la industria. Por lo tanto, la Comisión se esfuerza por limitar la concesión de ayudas, situándolas en un contexto de reestructuración.
Los países con mayor potencial económico de la Comunidad deben resistir la tentación de compensar el mayor grado de competencia resultante de la apertura de los mercados por medio de ayudas estatales ya que ello implicaría el riesgo de suprimir las ventajas competitivas ganadas por los países menos favorecidos en sectores específicos.
La competencia libre y sin distorsiones en la Comunidad requiere una supervisión eficiente de las ayudas estatales.
La Comisión ha realizado dos encuestas sobre ayudas públicas en la Comunidad Europea en 1988 y 1990, y, de acuerdo con sus resultados, se esfuerza por obtener una mayor transparencia en este campo. Las ayudas estatales absorben aún una parte significativa de los recursos públicos de los Estados miembros (véase cuadro 9). La segunda encuesta determinó el total de las ayudas estatales nacionales en un 2,2 % del PIB, es decir, más del doble del presupuesto comunitario. Las diferencias entre Estados miembros son considerables; Dinamarca y Reino Unido emplean en ellas sólo el 1 % del PIB, pero Bélgica, Grecia, Italia y Luxemburgo gastan el 3 % o más.
Cuadro 9
(TABLA OMITIDA)
Las ayudas estatales están enormemente concentradas: el sector de la producción se lleva un 41 %, el de transportes 30 %, la siderurgia 16 % y la agricultura (ayudas nacionales) 13 %.
En la recta final hacia la unión económica y monetaria, el gasto nacional dedicado a ayudas estatales se debe someter a un mayor grado de vigilancia, con el fin de alcanzar la convergencia. De igual manera, se puede obtener un sistema comercial internacional más abierto por medio del respeto de una mayor disciplina en la aplicación de ayudas estatales.
Un factor que resulta preocupante es el resurgimiento de tendencias proteccionistas en el comercio internacional.
Se ha producido un cierto grado de conflicto entre los interlocutores comerciales, especialmente en lo que respecta a la subvención de la agricultura y de algunas industrias en declive. Se ha observado también, en diversas partes del mundo, una intensificación del empleo de medidas no arancelarias para la protección de productos nacionales.
La Comunidad espera de la Ronda Uruguay, que se encuentra actualmente en una fase crucial, unos resultados ambiciosos, globales y equilibrados.
Esto es necesario para reforzar el sistema de comercio multilateral y para invertir la tendencia hacia el proteccionismo. De producirse mayores retrasos, se podría ver minada la estrategia de ajuste de muchos países en
desarrollo de Europa Central y del Este, que han adoptado un planteamiento de crecimiento y desarrollo orientado hacia los mercados exteriores. Los principales países industrializados tienen una gran responsabilidad en este campo, y deben esforzarse para obtener una conclusión lo más rápida posible de la Ronda Uruguay.
Un desenlace satisfactorio de la Ronda Uruguay traería consecuencias que no sólo serían positivas para los intereses de la Comunidad, dado que asegurarían el acceso al mercado y un menor grado de proteccionismo en las áreas tradicionales de intercambio comercial, sino que también permitirían la extensión de las normas multilaterales aplicables a nuevas áreas de gran importancia para la Comunidad, como por ejemplo el sector de servicios, los derechos de propiedad intelectual y la inversión internacional.
Se están concluyendo las negociaciones entre la Comunidad y los países de la AELC encaminadas a la construcción de un Espacio Económico Europeo que extenderá los beneficios derivados del mercado interior a un área geográfica de mayores dimensiones. El acuerdo determinará un mayor grado de competencia, y mejorará la oferta, ya que facilita el movimiento de mercancías, servicios, capital y trabajo entre la Comunidad Europea y la AELC.
Finalmente, la Comunidad desempeña un activo papel en la asistencia a los países de Europa Central y del Este,para acelerar la reforma política y económica. Además de gestionar los programas de ayuda de la Comunidad, la Comisión coordina el grupo G-24, integrado por los principales países industrializados.
Se ha concedido asistencia de formas muy variadas, tales como apoyo a la reconstrucción económica, ayuda alimentaria, ayuda de urgencia, asistencia técnica, apoyo a las balanzas de pagos, inversión financiera y créditos a la exportación. La Comunidad se ha convertido en la principal fuente de créditos para los países de Europa Central y del Este, ya que proporciona aproximadamente la mitad de la ayuda total que estos países reciben.
Además, la Comunidad ha concluido la negociación de Acuerdos de asociación con Hungría, Polonia y Checoslovaquia. Estos Acuerdos permitirán a los países de Europa Central y del Este la participación activa en el proceso de integración europea. Revisten, por tanto, una enorme importancia política y económica, en un momento en que las reformas de estos países atraviesan una fase crucial y han visto desaparecer su principal mercado de exportación tradicional, la URSS. El libre comercio tendrá el efecto de fomentar la inversión privada en estos países, una de las principales condiciones para que las reformas económicas tengan éxito. La Comunidad está dispuesta a negociar Acuerdos similares con otros países de Europa Central y del Este, siempre que se cumplan las condiciones necesarias desde el punto de vista político y económico.
La Comunidad ha demostrado su voluntad de facilitar el acceso a sus mercados a Europa Central y del Este en aquellos sectores en los que estos países pueden competir eficazmente en la escena mundial: agricultura, industria textil, carbón y acero. Debe tomarse nota de las implicaciones y dificultades de estos sectores y regiones afectadas en la Comunidad. Este incremento de la accesibilidad al mercado no supondrá un perjuicio para las
relaciones comerciales que la Comunidad mantiene ya con otros países, especialmente aquellos países en vías de desarrollo con los que existen acuerdos de cooperación. Este acceso al mercado es esencial para la satisfactoria evolución de estas economías.
PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 1989-1993
COMUNIDAD EUROPEA, ESTADOS UNIDOS Y JAPON
(TABLA OMITIDA)