Decisión del Consejo de 22 de diciembre de 1986 por la que se adopta el informe anual sobre la situación económica de la Comunidad y se establecen las orientaciones de política económica para 1987.

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea,

Vista la Decisión 74/120/CEE del Consejo, de 18 de febrero de 1974, relativa a la realización de un elevado grado de convergencia de las políticas económicas de los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea (1) modificada por las Decisiones 75/787/CEE (2) y 79/136/CEE (3), y, en particular, su artículo 4,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo(4),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social(5),

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

El Consejo adopta el informe anual sobre la situación económica y las orientaciones de política que debe seguir la Comunidad contenidas en la parte I del informe adjunto a la presente Decisión y establece las orientaciones de política económica que deben seguir los Estados miembros, contenidas en la parte II de dicho informe.

Artículo 2

Los destinatarios de la presente Decisión son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 22 de diciembre de 1986.

Por el Consejo

El Presidente

G. SHAW

INFORME ECONÓMICO ANUAL 1986/87

INFORME ECONÓMICO ANUAL 1986/87

ÍNDICE

Parte I - Reducir el desempleo dentro de una economía europea más dinámica

Por una aplicación efectiva de la estrategia de cooperación comunitaria

..................................................................Paginas

1. Resumen y conclusiones .......................................... 6

2. Evolución de la economía y convergencia ........................ 11

2.1 La economía mundial ............................................ 11

Recuadro: consecuencias económicas ante la caída de los precios del

petróleo............................................................. 16

2.2. Perspectivas económicas de la Comunidad......................... 18

2.3. Convergencias nominal y real en la Comunidad.................... 25

3. La estrategia de cooperación para el crecimiento y empleo......... 36

3.1. Objetivos y métodos ........................................... 36

3.2. Previsiones para 1986 y 1987 desde el punto de vista de la

estrategia de cooperación............................................ 39

3.3. Imperativos de la política macroeconómica de 1987 en adelante... 41

Escenarios a medio plazo de la estrategia de cooperación............. 48

4. Contribución de las políticas a la estrategia de cooperación...... 49

4.1. Orientaciones monetarias y problemas de coordinación ........... 49

4.2. Política presupuestaria ........................................ 54

4.2.1. Déficits presupuestarios, deuda pública, crecimiento y

empleo............................................................... 54

4.2.2 Gastos públicos, fiscalidad, crecimiento y empleo ............. 55

4.3. Salarios y mercado de trabajo ................................. 60

4.3.1. Rentas y costes salariales.................................... 60

4.3.2. Adaptación del mercado de trabajo con vistas a un crecimiento

más generador de empleo.............................................. 62

4.4. Adaptabilidad de los mercados................................... 65

4.5. La financiación de las políticas comunitarias:

presupuesto e ingeniería financiera.................................. 68

4.6. El diálogo social ............................................. 71

4.7. Coordinación internacional de la política económica ........... 72

Parte II - La política económica de los Estados miembros

..................................................................Páginas

Aplicación de la Estrategia de Cooperación para el crecimiento

y el empleo en los Estados miembros en 1987 ......................... 75

Bélgica ............................................................ 76

Dinamarca .......................................................... 79

República Federal de Alemania ...................................... 82

Grecia ............................................................. 85

España ............................................................. 88

Francia ............................................................ 91

Irlanda ............................................................ 94

Italia .............................................................. 97

Luxemburgo ......................................................... 100

Países Bajos ....................................................... 102

Portugal ........................................................... 105

Reino Unido ......................................................... 107

ANEXO

PARTE I

REDUCIR EL DESEMPLEO DENTRO DE UNA ECONOMÍA EUROPEA MÁS DINÁMICA POR UNA APLICACIÓN EFECTIVA DE LA ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN COMUNITARIA

1. RESUMEN Y CONCLUSIONES

1.1. Al aprobar el último informe económico anual (1985/1986) el Consejo, tras tomar nota de los dictámenes favorables del Parlamento, del Comité Económico y Social y de los interlocutores sociales europeos, expresó su acuerdo con la "estrategia de cooperación para el crecimiento y el empleo en la Comunidad" propuesta por la Comisión.

El objetivo de dicha estrategia es reducir de forma significativa y duradera el desempleo en un plazo de varios años. El desempleo que sufre Europa es resultado de graves desequilibrios económicos y sociales, y no puede superarse con medidas específicas que únicamente combaten los síntomas. La estrategia comunitaria tiene en cuenta tanto los aspectos macroeconómicos y microeconómicos del problema como los sociales y trata de combatir el desempleo en sus orígenes. Para ello es necesario, a nivel macroeconómico, que se mantenga durante algún tiempo la moderación en la subida de los salarios reales pero garantizando al mismo tiempo una evolución adecuada de la demanda conforme a las exigencias de estabilidad. Esta combinación refuerza la rentabilidad, la inversión y el empleo. En el plano microeconómico se trata de mejorar la adecuación de los mercados de bienes, servicios, capital y trabajo, sin olvidar los aspectos sociales, y de fomentar la creación de nuevas empresas, la formación profesional y el empleo de nuevas tecnologías. Todo ello facilitará la necesaria transformación estructural, creará una nueva dinámica económica y permitirá seguir mejorando la competitividad de la economía europea, aprovechando las ventajas que ofrece el gran mercado interior europeo.

El crecimiento más dinámico y más creador de empleo producido por tal política alcanzaría, a título ilustrativo, una tasa anual del orden de 3 % a 3,5 % a nivel comunitario para el período comprendido entre 1986 y 1990. Ello supondría un aumento medio del empleo del 1 al 1,5 % anual, lo cual permitiría reducir de aquí a 1990 la tasa de desempleo media de la Comunidad en casi 4 puntos (6). Comparado con la evolución de los últimos años, caracterizada por un aumento o un estancamiento en un alto nivel de desempleo, esto significaría un progreso considerable.

Sin embargo este progreso no supone todavía llegar al pleno empleo. Siguen siendo indispensables una serie de medidas suplementarias relacionadas principalmente con el paro juvenil y de larga duración destinadas a evitar que grupos sociales importantes queden excluidos del mundo laboral durante un período largo de tiempo. Las consecuencias políticas sociales de tal situación podrían ser nefastas. Asimismo, la reconversión sectorial y regional que implica la necesaria adaptación de las estructuras de producción y el progreso técnico hace también necesarias ciertas medidas de acompañamiento de carácter social ; la solución de los problemas sociales será más fácil cuanto más rápida sea la reactivación de la economía de la Comunidad.

El éxito de la estrategia comunitaria exige una transformación, en ocasiones profunda, de las políticas económicas y de los comportamientos con respecto al pasado. Tales transformaciones ya están en marcha ; se trata de acelerarlas y afianzarlas, conseguir que los participantes en la vida económica contribuyan de forma más equilibrada para lograr el éxito de la estrategia y de que aumente la aceptación de la política económica. El diálogo social a nivel comunitario y, sobre todo, a nivel nacional es, pues un importante instrumento para la realización de la estrategia.

1.2. El presente informe económico anual 1986/87 examina los desarrollos y perspectivas económicos y actualiza las líneas directrices de la política económica a la luz de la estrategia comunitaria.

1.3. El entorno económico exterior de la Comunidad ha sufrido profundas transformaciones con la baja de los precios del petróleo, la normalización del tipo de cambio del dólar y la reducción de los tipos de interés. Los países industrializados consumidores de petróleo no habían conocido una mejora tan importante de la relación real de intercambio en tan poco tiempo desde el final de la segunda guerra mundial. La devaluación del dólar se ha producido de forma más concertada, gracias al acuerdo del grupo de los Cinco de septiembre de 1985 y los resultados de la cumbre de Tokio de mayo de 1986. Los tipos de interés más bajos suponen una importante pero insuficiente ayuda para los países en vías de desarrollo altamente endeudados. Asimismo, las últimas negociaciones sobre la deuda exterior y la política de adaptación interna de Méjico pueden considerarse un ejemplo de evolución positiva. El acuerdo adoptado en Punta del Este en septiembre de 1986 de empezar una nueva ronda de conversaciones comerciales multilaterales en el marco del GATT refuerza la esperanza de poder detener e invertir la tendencia al proteccionismo.

A pesar de tales acontecimientos internacionales positivos, todavía son necesarios importantes esfuerzos para solucionar los grandes problemas económicos mundiales. Sigue urgiendo un mejor orden del sistema monetario mundial. La vuelta a un reparto aceptable de los saldos de las balanzas de pagos a nivel mundial hace necesaria una reducción del déficit presupuestario de los Estados Unidos y medidas presupuestarias expansivas del Japón, acompañadas de una nueva revaluación del yen. El mejor apoyo que puede prestar la Comunidad y los países de la EFTA a este proceso de adaptación internacional consiste en afianzar su propio crecimiento sobre una base sólida. El que se produzca una expansión suficiente del comercio mundial depende, en gran medida, de un crecimiento más importante en Japón y en Europa. Del mismo modo, el problema de la deuda de los países en vías de desarrollo sólo puede solucionarse a largo plazo en un contexto de crecimiento mundial más dinámico.

Sin embargo, comparadas con las previsiones actuales, las perspectivas de crecimiento del comercio mundial podrían verse sensiblemente reducidas por los graves peligros que pesan en el entorno económico internacional. Tales peligros pueden enumerarse de la siguiente manera:

- una nueva baja significativa del dólar o movimientos de cambio incontrolados,

- un proceso de ajuste insuficiente o inadecuado en Japón y en los Estados Unidos que podría desembocar en un aumento rápido del proteccionismo - a pesar de las intenciones expresadas en Punta del Este -, en una recesión en los Estados Unidos o en una nueva aceleración de la inflación,

- una nueva variación importante del precio del petróleo,

- una agravación de la situación de los países en vías de desarrollo: ante un continuo deterioro de la relación real de intercambio de las materias primas que exportan y a falta de financiación exterior adecuada o de nuevos mercados para sus exportaciones de productos agrícolas o manufacturados, estos países podrían verse obligados a reducir aún más su crecimiento y sus importaciones.

No obstante, incluso si la economía mundial evolucionara favorablemente, el crecimiento en la Comunidad no recibiría en los próximos años impulsos significativos del comercio mundial. Ello se debe a la naturaleza de los procesos de adaptación necesarios: eliminación del importante déficit comercial de los EE.UU., consolidación de la posición de los países de la OPEP y de los países en vías de desarrollo. Para la Comunidad esto representa una razón más para promover la cooperación internacional con objeto de facilitar los ajustes necesarios a nivel mundial y concentrarse, al mismo tiempo, en reforzar su propio potencial de crecimiento.

1.4. En la Comunidad debería mantenerse el relanzamiento moderado en 1986 y probablemente en 1987. De acuerdo con las previsiones, el crecimiento del PIB real debería acelerarse ligeramente (1985: 2,4% ; 1986: 2,5 %; 1987: 2,8 %); sin embargo, no alcanzaría la proporción que podría y debería tener para reducir de forma clara y duradera el desempleo en la Comunidad. No obstante, el límite a partir del cual el crecimiento económico real se traduce en un aumento del empleo es, en la actualidad, mucho más bajo que en los años 60 ó 70; para 1986 y 1987 se espera un aumento del empleo de aproximadamente el 0,8 % anual. Sin embargo, dado que la población activa sigue creciendo (lo cual responde cada vez menos a causas demográficas y más a comportamientos sociales) la tasa de desempleo media de la Comunidad (EUR-9; 1985: 11,1 %; 1986: 11,0%; 1987:10,8 %) apenas se reducirá. Este resultado sigue siendo muy decepcionante.

También sigue siendo decepcionante el reparto del crecimiento entre las regiones y países de la Comunidad. Antes del primer choque petrolero se produjo un proceso de recuperación de los países y regiones menos desarrollados en términos de PIB real por habitante que, desde entonces, ha quedado detenido o que, en algunos casos, ha invertido su sentido. Parece que en 1986 y 1987 tampoco va a recomenzar este proceso de convergencia real que debe fomentarse por ser un elemento sustancial Para reforzar la cohesión económica y social de la Comunidad.

En términos generales, actualmente el crecimiento de la Comunidad corre a cargo de la demanda interior. Esta transición se inició en la primera mitad de 1986, de forma vacilante al principio, lo cual supuso la necesidad de revisar ligeramente a la baja las previsiones de la primavera pasada. Los elementos más dinámicos de la demanda interior real son la inversión en bienes de equipo (1986: 6,1 % ; 1987: 6,9 %) y el consumo privado (1986: 3,7%; 1987: 3,5%); las inversiones en el sector de la construcción se recuperan mientras que el consumo público sigue creciendo de forma muy lenta. A pesar del empeoramiento del saldo real de la balanza bienes y servicios, que influye negativamente sobre el crecimiento, sigue subiendo provisionalmente el excedente en valor de la balanza de pagos corrientes de la Comunidad (1985: 0,5% del PIB, 1986: 1,2%; 1987: 0,9%).

Estas evoluciones reflejan sobre todo la clara mejoría de la relación real de intercambio como consecuencia de la baja de los precios del petróleo y de la devaluación del dólar. La factura petrolera de la Comunidad se ha reducido a la mitad ; en la mayoría de los países, en 1986 y 1987 aumentará sensiblemente el poder adquisitivo de las economías domésticas; los costes salariales reales per cápita apenas aumentaron en 1986, pero podrían acelerarse de nuevo en 1987; la rentabilidad de las empresas ha mejorado, si bien la media comunitaria está todavía lejos de alcanzar el nivel de la época del primer choque petrolero; en algunos países de la Comunidad, la mejora de la relación real de intercambio ha servido para adoptar medidas fiscales que descargan en parte los presupuestos públicos.

El crecimiento sostenido de las inversiones de las empresas observado en 1986 y previsto para 1987 no sólo constituye un apoyo a la demanda sino que aumenta también las capacidades de producción. No obstante, la tasa de inversión global de la Comunidad (en % del PIB) sigue situándose todavía unos cuatro puntos por debajo de su nivel anterior al primer choque petrolero y el crecimiento de las capacidades de producción y la creación de nuevos puestos de trabajo deben acelerarse todavía progresivamente. Así pues, el mayor esfuerzo de inversión debe mantenerse durante varios años.

Las tasas de inflación se han reducido y se ha afianzado su convergencia hacia una mayor estabilidad. Esta evolución favorable se debe también en gran parte a la mejora de la relación real de intercambio. La baja de los precios de los productos importados, sobre todo de los productos petroleros, pone un freno al alza del índice de precios al consumo privado y conduce, en la mayor parte de los países, a una menor progresión de los salarios y de los costes nominales. Pero hay que ver en ello también la continuación del éxito de las políticas de estabilidad más convergentes llevadas a cabo desde hace algunos años en el SME y en la Comunidad. La tasa de inflación media de la Comunidad (precio del consumo privado en 1986: 3,7 %, en 1987: 3,0 %) se ha reducido a un nivel desconocido desde hace dos decenios ; se trata ahora de mantener y consolidar esta mayor estabilidad y convergencia de los precios. Parece justificado un cierto optimismo al respecto. El índice de utilización de las capacidades de producción ha aumentado, pero el incremento de las inversiones comienza a contribuir al aumento de las capacidades y el punto a partir del cual aparecen tensiones podría alejarse más. Por otra parte, la evolución de los precios de importación no parece amenazar la estabilidad interna en 1987 y hay posibilidades de que la progresión de los salarios nominales tenga en cuenta, en la mayoría de los países, la reducción de las tasas de inflación. En cuanto a este último aspecto, es evidente la importancia del diálogo social.

1.5. La clara mejoría de las condiciones de la oferta en los últimos años y los efectos positivos de la baja de los precios del petróleo no son todavía suficientes para lograr espontáneamente un crecimiento generador de empleo lo suficientemente dinámico como para permitir reducir el paro en la Comunidad al ritmo deseado. Los análisis a medio plazo muestran que, a pesar de la mejoría de las condiciones generales, la media de la tasa de crecimiento de los años 1986 a 1990 podría mantenerse por debajo de 3 % y, en esas condiciones, la tasa de desempleo en la Comunidad de los Doce se situaría en el año 1990 todavía por encima del 10 %. En parte, la explicación se encuentra en el hecho de que, en los próximos años, no cabe esperar del entorno internacional grandes impulsos para el crecimiento. La estrategia comunitaria de cooperación para un mayor crecimiento y empleo decidida el año pasado, que se ha resumido en el punto 1.1, dista de haber perdido su actualidad: al contrario, debe aplicarse ya consciente y decididamente. Así, la mejora actual de las condiciones de la oferta y las modificaciones de los comportamientos pueden ponerse al servicio de un crecimiento más rápido del empleo ; es la mejor forma de utilizar las condiciones favorables resultantes de la baja del precio del petróleo y de las tasas de inflación. Si no se aprovecha esta oportunidad en 1987 y 1988, ya no será posible, de aquí al final de la década, reducir el desempleo de forma significativa en la Comunidad.

La aplicación efectiva de la estrategia comunitaria para el crecimiento y el empleo es también un elemento importante para la realización de los grandes proyectos y tareas a medio plazo de la Comunidad. En este contexto, existe una especial relación de apoyo mutuo. El fomento del progreso técnico y la plena realización del mercado interior aportarán un apoyo esencial al potencial económico y a la competitividad de la Comunidad ; al mismo tiempo, la realización de esta tarea se verá sustancialmente facilitada - también desde el punto de vista social - si la aplicación de la estrategia conduce efectivamente a realizar un crecimiento más vigoroso y más generador de empleo. Este crecimiento facilita en gran medida la puesta a día de las regiones retrasadas y la reconversión de las regiones industriales en declive; simultáneamente, el refuerzo de la cohesión económica y social de la Comunidad y el reinicio del proceso de convergencia real contribuyen a aumentar el potencial económico y la dinámica de conjunto de la Comunidad. Por último, el crecimiento dentro de la estabilidad facilita el desarrollo del SME y de la cooperación monetaria; al mismo tiempo, la creación de una zona de estabilidad monetaria favorece los intercambios, refuerza la integración y atenúa el impacto de los factores perturbadores externos.

1.6. En 1987 y en los años siguientes, debe proseguir el esfuerzo iniciado para mejorar las condiciones de la oferta y la adaptabilidad de los mercados. No obstante, cuando desaparezca el impacto positivo de la mejora de la relación real de intercambio, habrá que continuar apoyando la demanda interior, respetando al mismo tiempo el objetivo de consolidación a medio plazo de la Hacienda Pública.

El elemento más dinámico debe y puede ser las inversiones empresariales. Ante la evolución que se vislumbra, basta cierta aceleración para conseguir la expansión necesaria para lograr los objetivos de la estrategia comunitaria. Las inversiones se basan, naturalmente, en un cálculo objetivo de rentabilidad ; por ello es necesario proseguir los esfuerzos para lograr una mayor rentabilidad, la reducción de los tipos de interés reales sobre una base sana y la promoción de los capitales de riesgo. Pero la decisión de invertir depende también de la confianza y la disposición de los empresarios a asumir riesgos; esta confianza y esta disposición deben fomentarse. La contribución de los empresarios debe consistir sobre todo en responder con la mayor rapidez a la rentabilidad creciente, con inversiones más importantes y más generadoras de empleo.

Las inversiones públicas y las inversiones en infraestructuras en sentido más amplio, que no deben ser necesariamente financiadas con dinero público, deben constituir, asimismo, un elemento dinámico de la demanda. Las inversiones públicas han sufrido los efectos de la consolidación de los presupuestos públicos ; su participación en los PIB de la Comunidad ha descendido en casi 1,5 puntos desde el principio de los años 70. En la actualidad existe una necesidad de recuperación en el terreno de la realización de proyectos económicamente rentables. Se deben, pues, adoptar las iniciativas necesarias, también a nivel comunitario, y aportar los medios financieros públicos y privados que se precisan. A tal fin podría destinarse una parte de los márgenes de maniobra de los presupuestos públicos resultantes de la reestructuración y de los aumentos de ingresos o de las reducciones de gastos producidas como consecuencia de la mejora del crecimiento y del empleo.

También el consumo de las economías domésticas, como agregado más importante de la demanda interior, puede apoyar la demanda en los próximos años. La subida moderada de los salarios reales, el aumento del empleo así como la reducción de las cargas fiscales y sociales como consecuencia de una mayor holgura presupuestaria, harán posible un aumento del consumo privado a medio plazo en una tasa comparable a la del PIB. Para ello es importante que, sin apartarse del objetivo de consolidar las finanzas públicas a medio plazo, las reducciones de impuestos y de cargas fiscales se produzcan en un plazo relativamente corto. En una fase posterior, cuando se haya recuperado más la rentabilidad de las empresas y el empleo aumente más rápidamente, la acelaración del empleo y de los salarios reales podrán apoyar más fácilmente por si mismos el consumo privado y producir, al mismo tiempo, mayores ingresos y menos gastos para los presupuestos públicos.

1.7. La política de la hacienda pública desempeña un papel importante pero muy difícil en la realización de la estrategia comunitaria. Se debe mantener el objetivo de la consolidación a medio plazo de los presupuestos públicos. Al mismo tiempo, todos los márgenes de acción existentes y que surjan se deben aprovechar lo más rápidamente posible y con decisión para mejorar las condiciones de la oferta y la demanda mediante la reducción de impuestos y de las cargas fiscales y un refuerzo de la inversión pública. Estos márgenes proceden de los ingresos suplementarios y de la reducción de gastos resultantes de un crecimiento más vigoroso y del aumento del empleo. Sin embargo, estos márgenes de maniobras se desarrollan de forma muy diferente en los Estados miembros. La situación más favorable se presenta en Alemania y Luxemburgo ; en Francia se están utilizando los márgenes de maniobra existentes, habiéndose ya previsto reducciones impositivas importantes para 1987 y anunciado ulteriores disminuciones para 1988 sí bien, al mismo tiempo, se reducirá el déficit presupuestario en cada uno de esos años. Si la expansión se afianza aún más en el extranjero, sobre todo en la Comunidad, la política presupuestaria de Francia se verá facilitada. En el Reino Unido el Gobierno, en su declaración de otoño, ha previsto un aumento de los gastos públicos del orden de 4,75 miles de millones de libras en el ejercicio 1987/88. Esto significa que los gastos públicos previstos para 1987/88 se sitúan en un nivel aproximado del 2 % más elevados en términos reales que el resultado estimado de 1986/87. En cambio, los déficits demasiado pesados y los niveles de endeudamiento público de Bélgica, Grecia, Irlanda, Italia y Portugal exige que se siga concediendo la prioridad al saneamiento presupuestario. Dinamarca ha ofrecido en los últimos años un ejemplo de que tal saneamiento es compatible con un desarrollo favorable de la inversión empresarial y del empleo. En un último grupo de países (Dinamarca, España, Países Bajos) si bien las limitaciones presupuestarias son menos severas, hay otros aspectos de la evolución a corto plazo que limitan la libertad de maniobra en el plano macroeconómico.

Así pues, en los años 1987 y 1988 probablemente sólo habrá un pequeño grupo de países que pueda influir en las condiciones de la oferta y la demanda a través de su política presupuestaria. Es importante que aumente el número de países en que se confirme una recuperación económica ; se trata ahora de reforzar esta reacción en cadena positiva de forma concertada. Por otra parte, en todos los Estados miembros existe un margen de maniobra suplementario para mejorar las condiciones para el aumento del empleo mediante la reestructuración de los ingresos y los gastos públicos, incluida una reducción selectiva de las subvenciones. No deben infravalorarse estas posibilidades, para lo cual sería necesario un intercambio de experiencias. Este principio de reestructuración debería aplicarse también al presupuesto comunitario.

1.8. A pesar de los profundos cambios que se han producido en la situación monetaria internacional, no hay razón para cambiar las líneas fundamentales de la política monetaria de la Comunidad. Ésta debe seguir orientándose a financiar de forma adecuada el margen de maniobra existente para el crecimiento real y, al mismo tiempo, afianzar los resultados obtenidos en materia de reducción de la tasa de inflación y, en caso necesario, a mejorarlos. Hasta ahora, la tarea de la política monetaria se ha visto facilitada por el desarrollo económico exterior. La devaluación del dólar y el retroceso de los precios del petróleo y de los tipos de interés americanos han aumentado la posibilidad de reducción de tipos de interés europeos, sin que ello suponga un riesgo de mayor inflación. Una nueva caída importante del dólar podría exigir una reacción flexible de los tipos de interés en Europa para hacer frente al peligro de una nueva depreciación excesiva del dólar con las consiguientes consecuencias negativas a medio plazo. Todo ello debe hacerse, sin embargo, con cuidado para evitar que surja un nuevo potencial de inflación. La eliminación de las expectativas de inflación y el aumento del ahorro global deberían traer consigo, en la mayoría de los países, una reducción de los intereses reales a largo plazo sobre una base sólida. Éste es uno de los objetivos de la estrategia. El SME ha demostrado ser un factor estabilizador. La convergencia cada vez mayor combinada con una liberalización del tráfico de capitales ha hecho que sea más urgente una coordinación más estrecha de la política económica de los Estados miembros, tanto de forma interna entre la política monetaria, presupuestaria y fiscal, como a nivel comunitario entre los diferentes estados. Los progresos que se han logrado en la consecución de una zona de estabilidad monetaria sirven para reducir la dependencia del exterior y constituyen las bases para ulteriores progresos en la integración de las economías europeas.

1.9. Debe seguir dándose prioridad a las medidas para mejorar la adaptabilidad de los mercados y del entorno de las empresas, destinadas a promover la creación de nuevas empresas, sobre todo pequeñas y medianas, la formación profesional y el empleo de nuevas tecnologías. La realización plena del mercado interior es un elemento esencial para reforzar la competencia y mejorar los mercados. La política del mercado de trabajo reviste una especial importancia para la realización de un crecimiento generador de empleo. Los interlocutores sociales deberían seguir haciendo durante algún tiempo una política de subida moderada de salarios reales propicia a la creación de empleos ; tal política se debe seguir hasta que las inversiones creadoras de puestos de trabajo resulten suficientemente rentables y la tasa de desempleo se reduzca de forma tangible y progresiva de año en año. En este sentido, la mayoría de los países ha hecho importantes progresos en los últimos años, que deberían traducirse en un aumento del empleo si se pudiera asegurar un incremento adecuado de la demanda. También cierta reducción de las aportaciones a la seguridad social podría contribuir a aumentar el empleo; se trata de aprovechar el margen de maniobra que queda respetando el nivel de las prestaciones y el equilibrio financiero de los sistemas de seguridad social. También la adaptación de determinadas normativas laborales de carácter exagerado y obsoleto podría ayudar a crear nuevos puestos de trabajo. Se han adoptado o se están estudiando muchas iniciativas destinadas a fomentar la creación de puestos de trabajo, sobre todo de empleos independientes o en las pequeñas empresas; tales iniciativas deben favorecerse y ser objeto de un intercambio de experiencias.

Como las medidas de flexibilización de los mercados y en particular del mercado del trabajo, afectan muchas veces a aspectos sociales importantes, deben ser examinadas de forma detallada con los interlocutores sociales. Una parte de ellas corresponde en gran medida a la libertad de convenio de los interlocutores sociales ; tal es el caso, por ejemplo, de las medidas de reestructuración y reducción del tiempo de trabajo que pueden también, por su parte, hacer que el proceso de crecimiento sea más creador de empleo siempre y cuando se mantengan neutras desde el punto de vista del nivel de los costes.

De manera general, conviene seguir en este ámbito el principio ya enunciado en el informe anual del año precedente en los siguientes términos: "El espíritu dentro del cual se desarrolla esta discusión es importante para su éxito. El objetivo de una mayor flexibilidad no consiste en dar al traste con las conquistas sociales sino en crear más puestos de trabajo. Por ello, la eficacia económica así como el mantenimiento y el desarrollo del progreso social deben estar conciliados entre sí en la medida de lo posible."

1.10. Para que la estrategia comunitaria de cooperación para el crecimiento y el empleo constituya un éxito, es importante aplicar efectivamente las orientaciones en todos los Estados miembros tanto en lo que se refiere a las medidas macro y microeconómicas como al diálogo social a nivel comunitario y a nivel nacional.

La Comisión se propone realizar un balance provisional de la aplicación de la estrategia comunitaria en la Comunicación que debe hacer en julio de 1987 al Consejo de ministros de Economía y Hacienda. El debate sobre este balance provisional podría representar la ocasión para que el Consejo ECOFIN llevase a cabo el mandato recibido del Consejo Europeo de La Haya, el cual le invitó "a seguir" los progresos realizados en la estrategia de crecimiento cooperativo decretada a finales de 1985 desde este punto de vista y, para facilitar la elaboración de este informe provisional, la Comisión invita a cada uno de los gobiernos de los Estados miembros a que presenten hasta principio del mes de mayo de 1987 un informe sucinto en el que se expongan las iniciativas y medidas de política económica por ellos adoptadas. Estos informes - completados en su caso por los de los interlocutores sociales - podrán ser examinados en el Comité de política económica y en el marco del diálogo social europeo.

A nivel nacional, el diálogo social sobre los temas de la estrategia comunitaria no ha avanzado suficientemente en muchos países. Ésta es la razón por la que la Comisión invita a los gobiernos de los Estados miembros a adoptar las iniciativas necesarias en aplicación del artículo 3 de la Directiva 74/121 /CEE del Consejo, de 18 de febrero de 1974, relativa a la estabilidad, el crecimiento y el pleno empleo en la Comunidad (7), teniendo en cuenta las condiciones específicas que se registren en cada país.

Además, la Comisión invita a los interlocutores sociales a que inicien, si es necesario por propia iniciativa, el diálogo a nivel nacional sobre los temas de la estrategia comunitaria.

2. EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA Y CONVERGENCIA

2.1 La economía mundial

En los últimos dieciocho meses, la economía mundial se ha caracterizado principalmente por tres hechos: la reducción a la mitad de los precios del petróleo en dólares, la corrección de la sobrevaloración del dólar y la reducción de los tipos de interés. La combinación de estos tres factores permitirá a la economía mundial reanudar un crecimiento más estable a medio plazo. No obstante, las previsiones a corto plazo en cuanto al crecimiento económico mundial no son mucho más optimistas que las del año pasado en la misma época. El crecimiento en la zona de la OCDE en su conjunto debería situarse en un 2,5 % en 1986 y 1987, es decir, ligeramente menor que en 1985.

Los precios del petróleo pasaron de 25-30 dólares/barril en 1985 a 10-15 dólares en este año, lo que, calculado en monedas europeas, representa una reducción todavía más acusada. En efecto, el precio spot, expresado en dólares, experimentó una reducción del 50 %, aproximadamente, a lo largo de los doce meses anteriores a septiembre de 1986, reducción que, traducida a ECUS, fue del orden del 65 %. El impacto de esta evolución no se limitará al mercado del petróleo, sino que tendrá también importantes efectos indirectos, como la reducción de la factura petrolífera, un impulso deflacionista, unas consecuencias positivas sobre la producción potencial de los países industrializados y, por lo tanto, la posibilidad de aplicar políticas económicas adaptadas a una tasa de crecimiento más rápida. La reducción a la mitad de los precios del petróleo es un hecho sin precedentes, por lo que resulta difícil prever con certeza sus efectos sobre la economía mundial.

La caída de los precios a 10-15 dólares/barril debería suponer un aumento considerable del consumo de petróleo y un crecimiento con mayor intensidad energética, tanto más acusado por cuanto que los precios internos de las distintas fuentes de energía tenderían también a la baja. Ahora bien, a nivel interno, estos factores pueden agravar los problemas de protección del medio ambiente. A nivel exterior, el mayor consumo de productos petrolíferos, al conjugarse con la disminución de la oferta de petróleo por parte de los países productores, incrementaría las probabilidades de una rápida recuperación de su precio.

La reducción a la mitad de los precios del petróleo en dólares permite reducir el coste del consumo de petróleo del mundo occidental en unos 220 mil millones de dólares. Como más de la mitad de este petróleo se vende en los mercados internacionales, los pagos efectuados por los países importadores netos de petróleo a los países exportadores netos deberían reducirse en unos 120 mil millones de dólares. La disminución de la factura petrolífera total de la Comunidad (incluida su propia producción), calculada a partir de los niveles de consumo de 1985, representa alrededor de 85 mil millones ; de ECUS (2,5 % del PIB), mientras que la reducción de la factura petrolífera neta (importaciones) se cifra en 60 mil millones de ECUS (1,8 % del PIB).

La caída de los precios del petróleo ha tenido por consecuencia una disminución de la inflación, que, a su vez, ha contribuido a la reducción de los tipos de interés. En Estados Unidos, los tipos de interés a corto plazo bajaron 1,5 puntos porcentuales durante los 12 meses anteriores a julio de 1986, y los tipos de interés a largo plazo experimentaron una reducción todavía mayor, 2,5 puntos. En la Comunidad, se registró una evolución del mismo orden (los tipos a corto plazo bajaron, asimismo, 1,5 puntos porcentuales y los tipos a largo plazo 2 puntos). A este desarrollo ha contribuido de forma significativa la flexibilización de la política monetaria, en particular en Estados Unidos (véanse los gráficos 8 y 9).

La caída de los precios del petróleo y la reducción de los tipos de interés han aumentado la rentabilidad de las industrias usuarias de energía, por lo que es probable que los industriales realicen nuevas inversiones o retrasen la sustitución de las instalaciones más antiguas. Todo esto debería conducir a un cierto crecimiento de la producción potencial inducido por la oferta.

Para los países en desarrollo altamente endeudados, la reducción generalizada de los tipos de interés constituye una gran ayuda, aunque insuficiente. Una reducción general de un punto porcentual representa para dichos países alrededor de 7 mil millones de dólares al año (lo que muestra la amplitud de su deuda a corto plazo y a tipo flotante). Sin embargo, los países en vías de desarrollo han sufrido simultáneamente un nuevo deterioro de sus relaciones reales de intercambio (-1,7% en 1985) y una disminución de sus ingresos de exportación (-1,6 % en 1985 y-0,9 % previsto para 1986). Debido a esto, su déficit por cuenta corriente ha sido muy importante, y les ha impedido aumentar la tasa de crecimiento (4,1 % en 1985 y 3,3 % previsto para 1986). En particular, los países exportadores de petróleo (principalmente los de la OPEP, pero también México, China y Malasia) atraviesan un período de austeridad que exigirá una reducción de sus importaciones. No obstante, las perspectivas son algo mejores para determinados países de reciente industrialización (como Taiwán y Corea del Sur, por ejemplo), cuya competitividad ha experimentado un fuerte aumento como consecuencia del alineamiento de su moneda con el dólar, cuyo tipo de cambio ha bajado.

La devaluación del dólar, ciertamente considerable (33 % con respecto al ECU en los 18 meses anteriores a septiembre de 1986, 40 % con respecto al yen), no basta por sí sola para equilibrar rápidamente la balanza comercial de Estados Unidos. Durante el primer semestre de 1986, la caída de los precios del petróleo compensó los efectos de la depreciación del dólar sobre la relación real de intercambio. No obstante, las previsiones a corto plazo de los servicios de la Comisión no indican nuevas reducciones del precio del petróleo, de forma que el alza de los precios de importación de productos no petrolíferos tendrá por efecto el deterioro de la relación real de intercambio. Con el tiempo, esto supondrá, para Estados Unidos, un ajuste del volumen de exportaciones y de importaciones. Pero, para 1986 y 1987, no cabe esperar todavía una mejora del déficit comercial, ya que los gastos de las importaciones podrían aumentar más rápidamente que los ingresos por exportaciones (efectos de la curva en J). Además, el saldo de la balanza por cuenta corriente se degradará progresivamente debido a la carga que supone el servicio de la creciente deuda exterior de Estados Unidos. Esto significa que, en 1986 y 1987, el déficit corriente de Estados Unidos debería de ser muy superior a 100 mil millones de dólares. El efecto ejercido por los precios del petróleo también tendrá por consecuencia un aumento considerable de los superávit de la Comunidad y de Japón en 1986. El superávit japonés podría representar en 1986 más del 4 % del PIB, es decir, un porcentaje cuatro veces superior al de la Comunidad.

En lo que se refiere a las políticas de ajuste interno de Estados Unidos, con la Ley Gramm-Rudman-Hollings sobre la reducción del déficit, adoptada a finales de 1985, se ha querido imponer una rigurosa disciplina presupuestaria con objeto de liquidar la totalidad del déficit del presupuesto federal en cinco años. Pero las perspectivas de realización de este objetivo son bastante inciertas. Ahora bien, se han ejercido fuertes presiones para reducir el déficit a un importe de 230 mil millones de dólares para el ejercicio 1986, lo que debería suponer la aplicación de una política presupuestaria rigurosa durante varios años. La política presupuestaria de Japón se ha mantenido en su objetivo de saneamiento a medio plazo de la hacienda pública ; en otoño, el gobierno adoptó un programa de medidas de apoyo a la demanda interior que incluía, en particular, 3 000 billones de yenes en gastos de obras públicas, es decir un 1 % del producto interior bruto en términos nominales. A pesar de estas medidas, no parece que la mejora de la relación real de intercambio se refleje plenamente en el conjunto de la economía y en los consumidores en particular, por lo que todavía no ha supuesto el impulso que cabría esperar.

En términos globales, el crecimiento del comercio mundial de productos manufacturados sigue siendo moderado. En 1986, la relación real de intercambio de los países industrializados registró la mejora más importante desde la guerra (del 7,5% en conjunto, pero, si se excluye el comercio intra-OCDE, de más del 30 %). No obstante, el volumen de las importaciones mundiales, con exclusión de las de la Comunidad, ponderadas por las cuotas de mercado de la Comunidad, presenta una progresión muy lenta (en torno al 1,3 % en 1986, 2,4 % en 1987). Este hecho demuestra que cada vez es más necesaria una expansión económica autógena de Europa en su conjunto.

Para 1987, los indicadores económicos actuales no señalan ni un crecimiento importante ni una recesión de la economía mundial. No obstante, nada garantiza que esta perspectiva más bien moderada, se haga realidad, por lo que las hipótesis de la Comisión en materia de comercio mundial podría resultar excesivamente optimistas. En efecto:

i) La depreciación del dólar todavía no ha supuesto un aceleración de la inflación en Estados Unidos. Sin embargo, es sólo cuestión de tiempo que se traduzca en una elevación de los precios de importación y en presiones al alza sobre los precios de las materias primas expresados en dólares. Por lo tanto, no debe subestimarse el peligro de una aceleración de la inflación. Si una política presupuestaria restrictiva adoptada con el deseo de reducir el déficit presupuestario coincidiese con una política monetaria más austera, que pretenda prevenir una reducción excesiva del tipo de cambio del dólar atajar un rápido aumento de la inflación, podrá producirse efectivamente una recesión.

ii) El precio del petróleo podría recuperarse mucho antes de lo que hoy se espera, en especial si los país miembros de la OPEP son capaces de reducir de forma conjunta su producción. Es posible que los contingentes fijados por los países de la OPEP a mediados de 1986 ya hayan desencadenado una evolución en este sentido. Pero también es cierto que, en la actualidad, el precio del petróleo es especialmente volátil en las dos direcciones.

iii) Debido a la deuda externa y a las desfavorables perspectivas de los países en vías de desarrollo, el sistema bancario en su conjunto se enfrenta al riesgo permanente de que importantes países se encuentren en estado de suspensión de pagos.

Durante el año pasado, el entorno económico mundial ha sufrido transformaciones radicales debidas a la caída del precio del petróleo, a la depreciación del dólar y a la reducción de los tipos de interés. En los países industrializados consumidores de petróleo, se produjo paralelamente una mejora de las relaciones reales de intercambio de una amplitud y rapidez sin precedentes desde la guerra. Hay que esperar que la demanda interior de los países industrializados sea suficiente para evitar una disminución de la demanda y la producción tendenciales, a nivel mundial. Ahora bien, el proceso de ajuste económico requiere su tiempo, y existe peligro de que la evolución hacia una situación nueva y más equilibrada de la economía mundial se vea perturbada. Los países industrializados deben, en primer lugar, aplicar políticas específicas y coordinadas dirigidas a aprovechar plenamente la mejora de las condiciones de la oferta y a acelerar el proceso de corrección de los principales desequilibrios de las balanzas de pagos. Además, la situación de los países en vías de desarrollo en materia de endeudamiento sigue siendo precaria, y constituye un peligro para la economía internacional.

CUADRO 1

Producción mundial, comercio y precios

(TABLA OMITIDA)

CUADRO 2

Equilibrio ahorro/inversión en Estados Unidos, Japón y la Comunidad (% del PNB/PIB)

(TABLA OMITIDA)

GRÁFICO 1

El precio del petróleo

Precios medios de importación del petróleo crudo en la Comunidad (EUR 12) en dólares, en ECU y en términos reales (indíce 1973 = 100)

(IMAGEN OMITIDA)

Consecuencias económicas de la caída de los precios del petróleo

La caída de los precios del petróleo constituye uno de los principales elementos de la coyuntura económica de 1986. Partiendo de la hipótesis - posible pero no segura - de que el precio medio del petróleo en 1986 fuera de 15 dólares/barril, la reducción ascendería al 45 % respecto de 1985. Pero la importante depreciación del dólar respecto del ECU hace aún más acusada esta disminución: expresado en ECU, el precio del barril de petróleo se habría reducido en un 55 % aproximadamente, respecto de 1985. La amplitud de esta reducción y el papel desempeñado por esta fuente de energía en el conjunto de la economía hacen prever las importantes repercusiones de la caída de los precios del petróleo sobre las perspectivas de evolución de las economías europeas.

Sus consecuencias se manifestarán tanto a corto como a largo plazo, y no afectarán únicamente a la oferta y la demanda, sino también a la política económica. No obstante, deben hacerse dos reservas preliminares.

- Partimos de la hipótesis de que la caída de los precios del petróleo es definitiva y, por consiguiente, se ha supuesto que se dispondrá del tiempo necesario para que sus consecuencias se desarrollen en toda su amplitud (a diferencia de los escenarios que se presentan en el texto, en los que el precio del petróleo experimenta una recuperación a medio plazo). Por ello, no se ha introducido en el comportamiento de los agentes económicos ningún compás de espera mientras que, en la realidad económica, la incertidumbre sobre la duración de la reducción podría retrasar su reacción.

- Por otra parte, en 1986 también se han producido otros acontecimientos importantes (por ejemplo, la depreciación del dólar) que interfieren en las consecuencias propias de la caída de los precios del petróleo. De esta forma, los efectos positivos que cabe esperar para Europa podrían no verse traducidos en una mejora inmediata y proporcionada de la coyuntura europea.

CUADRO 3

Estimación de los efectos de una reducción de los precios del petróleo de 27 a 15 dólares el barril

(TABLA OMITIDA)

A corto plazo, se manifestarán dos efectos directos: una transferencia de renta de los países productores de petróleo a los países importadores netos y una reducción generalizada de los costes de producción para los usuarios. Bajo la hipótesis de que el precio del petróleo sea de 15 dólares/barril, dichas transferencias de renta serán considerables: 1,8 puntos del PIB para la Comunidad Europea, aunque con claras diferencias entre los países miembros en función de su grado de dependencia (desde 4,1 puntos en el caso de Portugal, hasta -0,8 en el del Reino Unido). De forma aislada (8), esto conduciría a un crecimiento más rápido del PIB a precios constantes, cuyo nivel, al cabo de dos años, superaría en un 1,5 % al que hubiera tenido sin la reducción del precio del petróleo. Sin embargo, estos efectos positivos se verán atenuados por la disminución, probablemente brutal, de las importaciones de los países productores de petróleo ; pero, aun así, parece que el impacto sobre los países europeos será positivo. Por otra parte, la caída del precio del petróleo debería permitir reducir los déficit públicos (ahorros en los gastos energéticos, de un 0,1 a un 0,5 % del PIB, incremento en términos reales de las bases imponibles fiscales y parafiscales).

La mejora en la relación real de intercambio resultante de la caída de los precios del petróleo conducirá asimismo a una disminución considerable del ritmo de inflación de los países europeos (probablemente con la excepción del Reino Unido, debido a la devaluación de la libra esterlina): al cabo de dos años podría estar próxima al 2 %. Además, dicha disminución de la inflación ya ha tenido por efecto una reducción importante de los tipos de interés nominales a largo plazo (-2,0 puntos entre julio de 1985 y julio de 1986 para la Comunidad) ; paradójicamente, la reducción de los tipos a corto plazo se muestra más vacilante, ya que está fuertemente vinculada a los movimientos de los tipos de cambio. Esta reducción desempeña un importante papel, porque proporciona una mayor solvencia a los agentes económicos endeudados, incluso a corto plazo, en función de la importancia de su endeudamiento a tipos revisables. Por último, el movimiento de deflación debería facilitar la tarea de las autoridades monetarias.

A largo plazo, la permanencia de los efectos descritos dependerá fundamentalmente de que los precios del petróleo se mantengan a un nivel moderado, pero también de las previsiones de los agentes económicos. Ahora bien, aun en el caso de que el precio del petróleo pudiese mantenerse en un valor próximo a 15 dólares/barril durante algún tiempo, podría volver a aumentar a continuación bajo la presión combinada del crecimiento de la demanda mundial y de la disminución de la oferta. Por lo tanto, sus efectos a largo plazo son inciertos. Por el lado de la oferta, los efectos que, por naturaleza, sólo se manifiestan plenamente a medio o largo plazo, procederían principalmente de un incremento de la capacidad productiva rentable. Gracias a la mejora de su rentabilidad prevista, se podrían realizar ciertos planes de inversión que, de no haberse producido esta caída de los precios del petróleo, no se habrían llevado a cabo, por no poder liberar márgenes de beneficios suficientes. Este impacto podría verse reforzado, en los primeros años, por un aplazamiento de la sustitución de los equipos más antiguos, cuya rentabilidad económica se mantendría gracias a la caída de los precios del petróleo. Aunque su estimación es bastante delicada, los efectos puros por el lado de la oferta podrían permitir a largo plazo un incremento de la capacidad productiva del 2 al 5 % para el conjunto de la Comunidad.

La caída del precio del petróleo también tiene importantes consecuencias para la política económica. En efecto, conduce a la reducción, a plazo más o menos largo según los países, de las restricciones que pesan actualmente sobre las políticas monetarias y presupuestarias: disminución de la inflación, reducción de los déficit públicos y mejora de la balanza por cuenta corriente en la mayoría de los países de la Comunidad. Aumentarían, por lo tanto, las consecuencias indirectas resultantes de la reaparición de márgenes de maniobra para la política económica. Todo esto tendría por efecto facilitar la aplicación de la Estrategia de Cooperación para el crecimiento y el empleo.

2.2 Perspectivas económicas de la Comunidad

Las perspectivas de crecimiento económico a medio plazo en Europa son más optimistas, por los profundos cambios del entorno económico que ya se han mencionado: reducción a la mitad de la factura petrolífera, corrección del tipo de cambio del dólar, caída de los tipos de interés y disminución de la inflación. Sin embargo, a comienzos de 1986, la recuperación económica, por otra parte más bien modesta, ha dado muestras de vacilación. La reducción de la demanda de productos industriales por parte de los países productores de petróleo se produjo con más rapidez que el incremento de la demanda interior de los países consumidores. En particular, los países de la OPEP y del COMECON, que en 1985 representaron más de la tercera parte de las exportaciones totales de la Comunidad con destino a terceros países, podrían llegar a comprimir considerablemente sus importaciones en 1986 (en torno al 25 y 11 %, respectivamente, en volumen). Por otra parte, en 1986, la mayoría de los países en vías de desarrollo no productores de petróleo no han podido desarrollar apenas sus importaciones, debido a las dificultades vinculadas a su deuda exterior, a la caída de los precios de las materias primas y, por lo tanto, a la falta de divisas. Los países de la OCDE no miembros de la Comunidad incrementaron sus importaciones, pero, en conjunto, los mercados de exportación de la Comunidad no se ampliaron prácticamente en 1986. Además, debido a la pérdida de competitividad vía precios, las exportaciones de la Comunidad podrían incluso disminuir ligeramente a precios constantes. Por consiguiente, será esencialmente el dinamismo de las importaciones intracomunitarias el que permitirá que, en 1986, las exportaciones de los Estados miembros aumenten en torno al 2,2 % en volumen, es decir menos de la mitad de la cifra alcanzada en 1985 (5,7 %).

Las importaciones extracomunitarias de los Estados miembros aumentarán, en cambio, con mucha más rapidez. El comercio exterior constituirá, pues, un factor claramente negativo para el crecimiento real de la Comunidad: sin este elemento desfavorable, su crecimiento habría sido superior en más de un punto porcentual. No obstante, este desarrollo negativo de las exportaciones notas reales de la Comunidad favorece claramente la reabsorción de los desequilibrios del comercio mundial. A pesar de la importante modificación del volumen de exportaciones e importaciones, y gracias a la clara mejora de la relación real de intercambio, la balanza por cuenta corriente de la Comunidad registrará en 1986 un excedente claramente superior al de 1985 (alrededor del 1,2% del producto interior bruto en términos nominales frente al 0,5 % en 1985).

Durante el primer semestre de 1986, la debilidad de las exportaciones se ha visto sólo parcialmente compensada por el dinamismo de la demanda interior. Previendo nuevas reducciones de precios, los compradores aplazaron sus compras durante los primeros meses del año. Este fenómeno afectó asimismo a las empresas que procedieron a reducir parcialmente sus stocks de bienes intermedios. En un primer momento, los consumidores, cuya renta real había aumentado de forma inesperada, incrementaron su ahorro. Pero, a partir del segundo trimestre, la demanda final acusó signos de recuperación. Esta evolución se vio asimismo confirmada por una mayor confianza por parte de los consumidores, que constituye un indicador anticipado establecido a partir de encuestas efectuadas periódicamente en la Comunidad. El consumo privado de la Comunidad debería aumentar en 1986 en un 3,7% en volumen, convirtiéndose así en el principal factor de la recuperación. Será Alemania quien registre la mayor tasa de crecimiento del consumo privado (algo menos del 5 %).

Paralelamente al consumo privado, la inversión sigue sosteniendo la recuperación económica, aun siendo las tasas de crecimiento inferiores a las observadas en ocasiones anteriores, por la evolución menos expansionista que está experimentando la inversión en el sector de la construcción.

No obstante, en 1986, este componente de la inversión se incrementará en un 2,3 %, tras haber atravesado una fase de declive en 1985 (-2,6 % en términos reales). En compensación, la inversión en bienes de equipo tiende claramente al alza (progresión real del 6 % aproximadamente). Esta evolución ha quedado confirmada por las últimas encuestas sobre las inversiones industriales en la Comunidad. Según dichas informaciones, los planes de inversión, ya expansionistas, adoptados el último otoño por las empresas industriales para 1986, fueron revisados al alza en casi todos los Estados miembros (del 7 al 10 % en términos reales). Por lo tanto, en 1986, la industria sigue invirtiendo más que el conjunto de la economía. El aumento relativamente rápido de la inversión en 1985 y 1986 sólo ha permitido por el momento estabilizar el número de puestos de trabajo industriales en la Comunidad. Es evidente, por lo tanto, que, en los años venideros, la inversión debe seguir aumentando fuertemente para compensar las pérdidas de puestos de trabajo generadas por el bajo nivel de inversión de la segunda mitad de los años setenta y comienzos de los ochenta (véase el gráfico 10).

Como en los últimos años, el incremento del consumo público es muy inferior a la tasa de crecimiento medio de la demanda interior (1,7 %). En conjunto, la demanda interior de la Comunidad registrará una clara expansión en 1986 (+ 3,8 % en términos reales frente al 2,2 % de 1985).

Contrariamente a lo ocurrido para el crecimiento del producto interior bruto en volumen, el efecto de la relación real de intercambio sobre los precios al consumo se hará sentir casi de inmediato, a pesar de que la reducción de costes no se haya trasladado plenamente a los precios de venta. No obstante, en promedio, el consumidor europeo se ha beneficiado más de la mejora en la relación real de intercambio que el consumidor japonés, ya que en Japón la proporción de beneficios vinculados a dicha mejora, que ha permanecido en el sector empresarial, ha sido mayor.

Como han mostrado las encuestas realizadas a los consumidores en la Comunidad, la estabilización de los precios ha provocado un incremento significativo del poder adquisitivo. En promedio, el alza de los precios al consumo registrada en la Comunidad en 1986 (alrededor del 3,7%) será la más débil de los últimos veinte años.

A pesar de la considerable progresión de las tasas de salarios reales (2,3 %, sobre la base del deflactor del consumo), en 1986, los costes salariales reales per cápita permanecerán estables en la Comunidad (sobre la base del deflactor del PIB). Esta favorable situación, que no se repetirá en los próximos años, se debe a la clara mejora en la relación real de intercambio, que ha reducido los costes de las empresas aumentando al mismo tiempo el poder adquisitivo de los consumidores.

La recuperación, a pesar de no haber sido demasiado dinámica hasta ahora, también ha repercutido en el mercado de trabajo. En 1986, el número de personas en activo ocupadas en la Comunidad debería aumentar en un 0,8 %, cifra claramente superior a la media de los años sesenta y setenta (véase cuadro 4). Desde un punto de vista macroeconómico, parece haber bajado el umbral a partir del cual el incremento de la producción comienza a reflejarse sobre el empleo. No obstante, la progresión del empleo también es imputable a las medidas específicas adoptadas en el marco de la política de empleo y al desarrollo del trabajo a tiempo parcial. El crecimiento del empleo será superior a la media en Dinamarca (1,9 %), en España (1,8 %) y en Alemania y los Países Bajos (1,1 % en ambos países). A pesar del claro incremento del número de puestos de trabajo, la tasa de desempleo comunitaria experimentará en 1986 un retroceso muy ligero (del 12,0 % en 1985 al 11,9 %, EUR 12) debido al continuo crecimiento de la población activa (alrededor del 0,8 % en 1986). Últimamente, dicho incremento se debe más al aumento de la tasa de actividad (en particular, la de las mujeres) que a factores demográficos.

A pesar de la progresiva mejora del mercado de trabajo, en determinados sectores se siguen planteando problemas específicos. Es conveniente señalar, en particular, el continuo crecimiento del peso relativo del desempleo de larga duración en la Comunidad: en la actualidad, alrededor del 40 % de los desempleados están sin trabajo desde hace más de un año, frente al 36 % en 1983. Aunque es difícil establecer comparaciones directas entre los distintos Estados miembros, parece que existen importantes diferencias a este respecto: por ejemplo, en Dinamarca la proporción de desempleados de larga duración sólo asciende al 6 %, mientras que en Bélgica, los Países Bajos y España es superior al 50 % y en Alemania, Francia, Irlanda, Italia y el Reino Unido se sitúa entre el 30 y el 40 %. El número de jóvenes desempleados ha disminuido ligeramente (de 4,6 millones en 1985 a 4,5 millones en 1986, es decir en torno al 35 % de los desempleados en EUR 9). Esta disminución se debe a factores demográficos y a los programas especiales adoptados en los Estados miembros para desarrollar la enseñanza y la formación de base. No obstante, a nivel comunitario, la tasa de desempleo de los jóvenes de 15 a 25 años sigue siendo inaceptable (alrededor del 20 %).

Perspectivas económicas para 1987. El proceso de recuperación progresiva de la actividad económica de la Comunidad entrará en 1987 en su quinto año. De acuerdo con el perfil cíclico normal de períodos de recuperación anteriores, abordaremos así la última fase del proceso y no estaremos lejos de alcanzar el punto máximo del ciclo. Sin embargo, los hechos parecen indicar que esta conclusión no es correcta, ya que esta vez el desarrollo coyuntural difiere sensiblemente de los de etapas anteriores. A diferencia de lo ocurrido en 1972-73 y en 1979-80, la utilización creciente de la capacidad productiva no se ha visto acompañada, hasta ahora, por una aceleración de la subida de los precios, sino, por el contrario, de un descenso de las tasas de inflación. Tampoco los costes salariales unitarios han comenzado a crecer a un ritmo más rápido, como ocurrió generalmente en las últimas fases de los anteriores períodos de recuperación, porque no se ha presentado el problema de escasez de mano de obra característico de los casos precedentes.

No hay ningún indicio de una posible aceleración de la inflación para 1987. En efecto, la Comisión prevé, para el conjunto de los países miembros, una nueva disminución de los precios al consumo en 1987 (3,0 % frente al 3,7 % de 1986), atribuible esencialmente a los progresos realizados en la lucha contra la inflación en los Estados miembros que, hasta ahora, habían registrado un aumento de precios importante (Grecia, España, Portugal e Italia). En los otros países miembros, es probable que la tasa de inflación se estabilice en el nivel relativamente bajo de 1986 o que únicamente experimente un ligero incremento.

En 1987, la demanda interior (+ 3,5 %) seguirá siendo el principal motor del crecimiento ; su progresión debería ser ligeramente inferior a la de 1986. Se mantendrán como factores más dinámicos el consumo privado (3,5% en términos reales) y la formación de capital fijo (5,1 % en términos reales); la inversión en bienes de equipo (6,9 % en términos reales) será mucho más dinámica que la inversión en el sector de la construcción (3,2% en términos reales). El crecimiento del consumo público seguirá siendo relativamente moderado (1,3 %). Además, en 1987 las exportaciones apenas repercutirán en el crecimiento de la economía europea. Tras el estancamiento de 1986, los mercados de exportación de la Comunidad registrarán sin duda una ligera progresión el año próximo (alrededor del 2,4 % en términos reales) por efecto de la recuperación del comercio mundial. Las exportaciones de los países miembros (dentro y fuera de la Comunidad) podrían aumentar de un 3,5 a un 4% en 1987. No obstante, como las importaciones de la Comunidad también experimentarán un fuerte aumento (alrededor del 6,5 %), el comercio exterior seguirá teniendo un efecto negativo sobre el crecimiento real de la Comunidad (probablemente -0,8 % frente al -1,2 % de 1986). Por consiguiente, la Comunidad seguirá contribuyendo a la reabsorción de los desequilibrios que afectan al comercio mundial. A pesar de la desfavorable evolución del comercio exterior de la Comunidad en términos de volumen, el superávit por cuenta corriente será claramente positivo (1987: 0,9 % del PIB, es decir 42 mil millones de dólares, frente al 1,2 % del PIB en 1986, 52 mil millones de dólares).

En conjunto, y habida cuenta de las políticas que se están aplicando en la actualidad, el crecimiento económico de la Comunidad en 1987 debería mantenerse sólo levemente inferior al 3 %. Ahora bien, las tasas de crecimiento se escalonarán entre el 3,6 % de Italia y el -0,2 % de Grecia. A pesar del aumento del nivel de empleo (0,8 % anual en 1986 y 1987), el desempleo sigue siendo excesivamente elevado: en 1987, para la Comunidad de los doce, la tasa de desempleo sólo registrará una ligera disminución, del 11,9 % al 11,7%.

La recuperación económica en la Comunidad continúa. Ello se debe principalmente a la transferencia de renta asociada a la caída de los precios de importación. La demanda interior, en particular el consumo privado y la inversión, constituye el factor de crecimiento más importante, mientras que los mercados de exportación exteriores de la Comunidad acusan, en conjunto, cierta debilidad. La disminución del ritmo de aumento de los precios y la reducción de los tipos de interés son factores de mejora de las perspectivas de crecimiento a medio plazo. En la Comunidad empiezan a obtenerse algunos éxitos en la lucha contra el desempleo, pero son todavía insuficientes en comparación con lo que sería necesario o posible.

CUADRO 4

EUR 12: Principales agregados económicos 1961-1987

(TABLA OMITIDA)

CUADRO 5

Importaciones de bienes de las grandes zonas económicas

(TABLA OMITIDA)

CUADRO 6

Tasas de variación de los componentes de la demanda, EUR 12

(TABLA OMITIDA)

CUADRO 7

Previsiones de crecimiento del producto interior bruto en 1986 y 1987

(TABLA OMITIDA)

CUADRO 8

Indicadores de la evolución del mercado de trabajo

(TABLA OMITIDA)

GRÁFICOS 2 a 5

Evolución de las economías de la Comunidad, Estados Unidos y Japón, 1982 a 1986

2. Producto interior bruto, ajustado estacionalmente

(IMAGEN OMITIDA)

GRÁFICOS 6 a 9

Evolución comparada de las economías de la Comunidad, Estados Unidos y Japón, 1983 a 1986

(IMAGEN OMITIDA)

GRÁFICO 10

Tendencias de la inversión industrial en la Comunidad (indicador extraído de las encuestas realizadas a directores de empresa) en comparación con otros indicadores macroeconómicos

(IMAGEN OMITIDA)

2.3 Convergencias nominal y real en la Comunidad

Los principales acontecimientos políticos registrados en la Comunidad durante el pasado año (acuerdo sobre el programa de plena realización del mercado interior, Acta Única Europea y adhesión de España y Portugal) refuerzan la importancia de la convergencia económica.

El concepto de convergencia se aplica esencialmente a dos objetivos distintos. El primero se refiere a la convergencia hacía una estabilidad de precios, pero también comprende la mejora del control de las evoluciones monetarias, de las rentas nominales y de los grandes equilibrios económicos, como el de la hacienda pública y el de la balanza de pagos ; se le puede denominar convergencia nominal. El segundo objetivo consiste esencialmente en aproximar "hacia arriba", los niveles de vida, medidos por ejemplo a través del PIB real por habitante de las regiones y países miembros de la Comunidad; pero incluye también la aproximación "hacia abajo" de las tasas de desempleo de los distintos países miembros; se le puede denominar convergencia real. Estos objetivos de política económica ya se han enunciado en el preámbulo y en el artículo 104 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea. En el artículo 130 del Acta Única Europea se reafirma y precisa el objetivo de "reducir las diferencias entre las distintas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas", definiéndolo claramente como un objetivo de la coordinación de las políticas económicas de los países miembros y de la acción que la Comunidad realiza a través de sus fondos estructurales y de sus instrumentos financieros (artículo 130 B).

Las convergencias nominal y real no son dos objetivos independientes. La realización de la convergencia nominal es una condición central para un crecimiento económico duradero y dinámico, que debe contribuir a reducir la diferencia que separa a las regiones y Estados miembros más pobres de los más prósperos. Para garantizar la estabilidad en el seno del SME y hacer más previsibles los factores que determinan las decisiones de inversión y ahorro, también son necesarias unas tasas de inflación más bajas y convergentes.

Junto con la plena realización del mercado interior, también la estabilidad monetaria permitiría dar un fuerte impulso a los intercambios intracomunitarios. Por otra parte, la inexistencia de déficits públicos o exteriores importantes hace posible la consecución de políticas que estimulen un crecimiento económico vigoroso.

A continuación se examinan las tendencias recientes de los principales indicadores económicos que son relevantes para una evaluación de la convergencia.

Convergencia nominal. Al igual que en otros países industrializados, la tasa de inflación de la Comunidad ha disminuido considerablemente desde 1982, como se observa en el gráfico 11. La tasa de crecimiento del índice de precios al consumo privado de la Comunidad sería, según las estimaciones, del 3,7 % en 1986, hecho que no se había producido desde hace veinte años. Este movimiento a la baja debería proseguir en el año próximo.

La disminución de la tasa medía de inflación ha ido pareja a una reducción progresiva de las diferencias entre las tasas de inflación de los Estados miembros, en particular a partir de 1984, como se observa en el cuadro 9 y el gráfico 12. En ellos se puede ver que en 1986 y 1987 debería continuar el proceso de convergencia del deflactor del consumo privado. En la situación actual, las previsiones sobre la evolución de este deflactor oscilan entre el 22 % en Grecia - lo que supone un aumento de 4 puntos porcentuales respecto del año pasado - y prácticamente el 0 % para los Países Bajos y Alemania. En el cuadro 9 se observa además, que el reciente fenómeno de convergencia nominal, producido en los últimos años, es todavía más pronunciado en los países que forman parte del SME. El SME ha demostrado ser un catalizador de la convergencia nominal, en la medida en que los países con tasas de inflación relativamente altas fueron sometidos a presiones que favorecieron una mayor estabilidad de precios, durante los períodos cada vez más largos en que los tipos de cambio permanecieron inalterados (véase capítulo 4.1). La reducción y la mayor convergencia de las tasas de inflación deben considerarse como éxitos de las políticas económicas, en particular de la gestión del SME.

La reciente disminución de las tasas de inflación anuales es el resultado de los esfuerzos realizados para reforzar el control de sus determinantes fundamentales (véase gráfico 13). La política monetaria se ha orientado principalmente hacia la estabilidad de los precios, como lo demuestra el menor ritmo de crecimiento de la masa monetaria por unidad producida. Esta desaceleración se debe, en parte, al hecho de que los déficits presupuestarios se financiaron en menor medida mediante creación de dinero. Además, los salarios nominales se ajustaron, lo cual se tradujo en una considerable disminución de los costes salariales unitarios. El hecho de que las condiciones monetarias y los costes salariales unitarios de los Estados miembros hayan, mientras tanto, convergido, demuestra que la mayoría de los países de la Comunidad han aplicado unas políticas de estabilización similares.

La disminución de la inflación durante este año y el próximo va a verse facilitada por factores exógenos favorables, pero reversibles, como la fuerte caída de los precios del petróleo y la importante devaluación del dólar. Pero el efecto deflacionista de estos factores actúa una sola y única vez. Para que la tasa de inflación se mantenga en unos niveles moderados, la evolución de los costes salariales unitarios y de las condiciones monetarias debe ser compatible con la estabilidad de precios. Las previsiones para 1986 y 1987 dan cabida a un cierto optimismo en lo que se refiere a la evolución de las tasas de inflación en Europa en el futuro próximo. La tasa de crecimiento de la masa monetaria y de los costes salariales unitarios debería seguir disminuyendo y las diferencias entre los Estados miembros reducirse.

No obstante, si bien las políticas monetarias se han aproximado, la situación reciente de la hacienda pública, tanto a nivel de la Comunidad como en los distintos Estados miembros, es menos satisfactoria. La disparidad de los resultados de las políticas de reducción de los déficit públicos podría comprometer la consolidación de la convergencia hacia la estabilidad monetaria lograda hasta ahora. Si bien es cierto que en algunos países se ha reducido el déficit público, en muchos otros la necesidad de financiación del sector público sigue siendo excesiva. En estos últimos años la mayoría de dichos países han financiado sus déficit recurriendo a las emisiones de títulos con interés, en lugar de acudir al sector bancario. Esta forma de financiación, más sana, es uno de los elementos de la política monetaria de estabilización de los precios anteriormente mencionada. Por otra parte, la persistencia de altos déficits ha conducido inevitablemente al correspondiente incremento de la deuda pública y ha ejercido una presión al alza sobre los tipos de interés reales en los mercados de capitales. La agravación de la carga de intereses resultante debería contemplarse como una señal para realizar esfuerzos por corregir los desequilibrios de la hacienda pública. Si estos países no consiguen reducir los déficits de sus administraciones públicas respectivas, reaparecerá la amenaza de un incremento de la financiación monetaria de la deuda.

La Comunidad, en conjunto, ha reducido el déficit de las administraciones públicas de un 5,6 % en 1982 a un 5,1 % en 1985. Esta tendencia favorable debería proseguir durante este año y el siguiente, con lo que el déficit sería del 4,1 % en 1987. Sin embargo, esta disminución todavía no ha permitido controlar, en el conjunto de la Comunidad, el crecimiento de la deuda pública en porcentaje del PIB. Este porcentaje que era, en promedio comunitario, del 50 % en 1982, no ha dejado de aumentar y superará el 63 % en 1987 (para más detalles, véase el capítulo 4.2). En la actualidad, algunos países, entre ellos Bélgica, Irlanda e Italia, deben hacer frente a un endeudamiento superior a su PIB anual. Las previsiones para 1986 y 1987 indican que estas preocupantes tendencias no se corregirán todavía.

Aunque la evolución de los déficits presupuestarios todavía deja mucho que desear en algunos países, la situación de los Estados miembros en los que el saldo de la balanza por cuenta corriente plantea graves problemas debería mejorar considerablemente en 1986 y 1987. En el cuadro 10 se observa que Dinamarca, Grecia e Irlanda reducirán su déficit corriente merced a la importante mejora de sus relaciones reales de intercambio y a las medidas orientadas a la reducción del consumo interior.

Convergencia real. La convergencia al alza en lo que se refiere a la evolución del producto interior bruto real por habitante del empleo es determinante para la cohesión económica y social de la Comunidad. Tras las sucesivas adhesiones de países relativamente menos prósperos aunque poblados que han tenido lugar desde 1980, la realización de la convergencia real se ha convertido, evidentemente, en una tarea mucho más ambiciosa. Estas ampliaciones recientes han acentuado las disparidades en la Comunidad, tanto en lo que se refiere al PIB por habitante como al nivel de desempleo. En el cuadro 11, en el que se clasifican los Estados miembros por orden decreciente de renta real por habitante (expresada en patrones de poder adquisitivo) en 1985, se observa que el ciudadano medio de los cuatro Estados miembros más pobres (España, Grecia, Portugal e Irlanda), que representan alrededor del 20 % de la población actual de la Comunidad, disponía de una renta real inferior en la mitad a la del ciudadano medio de los cuatro países más ricos (Alemania, Francia, Dinamarca y Luxemburgo). Si se consideran los extremos, Portugal y Luxemburgo, la relación es prácticamente de 1 a 3.

Durante los años sesenta, cuando el crecimiento de la economía europea era dinámico, cuando se liberalizó el comercio mundial y se instituyó la unión aduanera, la Comunidad realizó rápidos progresos en la convergencia real. El PIB real por habitante y el nivel de desempleo en los Estados miembros siguieron una evolución convergente hasta mediados de los años setenta aproximadamente (véase gráficos 14 y 15). En el gráfico 15 se observa, por ejemplo, que, desde 1960 hasta la primera crisis del petróleo, los cuatro países más pobres de la Comunidad lograron salvar un tercio de la diferencia que los separaba de los cuatro Estados miembros relativamente más ricos. En esta época, la atenuación de la dispersión de los Estados miembros con respecto a la media europa coincidió con una rápida expansión del PIB real per cápita en el conjunto de la Comunidad (4,0 % anual, véase cuadro 11).

Esta experiencia pone de manifiesto que la realización de un crecimiento económico dinámico en la Comunidad es un factor importante para apoyar el proceso de convergencia real. Si la Comunidad fuese capaz de generar una evolución similar a la de los años sesenta en los próximos diez o quince años, el objetivo de convergencia real y de una cohesión económica mayor estaría mucho más próximo. Sin embargo, en la actualidad no se reúnen las condiciones de los años sesenta y la Comunidad debe tenerlo en cuenta.

A partir de 1975, cuando se inició la crisis económica mundial, desencadenada por la primera crisis del petróleo, y se redujo considerablemente la tasa de crecimiento tendencial, el proceso de convergencia real en la Comunidad se detuvo, e incluso se invirtió. Este fenómeno puede observarse tanto en la evolución del crecimiento real como en la del desempleo. El conjunto de los cuatro países relativamente más pobres no alcanzó, desde la primera crisis del petróleo, la tasa de crecimiento global registrada en Europa, debido a la débil expansión de Grecia y, sobre todo, de España. En este mismo período, Alemania y Dinamarca, que son los países más ricos después de Luxemburgo, registraron un crecimiento del PIB por habitante superior al de la Comunidad. Según las previsiones actuales para 1986 y 1987, no parece que el proceso de convergencia real vaya a reanudarse todavía. La evolución de la tasa de desempleo en los distintos países, cuya medición plantea incontestables problemas de comparabilidad, también ha presentado muchas diferencias desde 1975. En efecto, como se recoge en el gráfico 16, el grado de dispersión entre los Estados miembros se ha triplicado en un decenio. Este aumento de la dispersión se debe tanto a la evolución del empleo como a la de las tasas de crecimiento de la población activa, dos variables que han presentado divergencias desde mediados de los años setenta.

A partir de esta fecha, esta evolución contraria a la convergencia real se observó asimismo a nivel de las distintas regiones de la Comunidad Europea, en las que se acentuaron considerablemente las diferencias absolutas (véase gráfico 16). Por otra parte, el indicador de disparidades en la renta real por habitante entre las regiones de cada uno de los grandes Estados miembros se ha mantenido prácticamente constante durante los diez años anteriores a 1984. En ningún país se registró ninguna atenuación notable de las diferencias regionales de renta. También se observó a nivel regional la degradación de la convergencia en lo que se refiere al desempleo. Mientras que, en 1976, la tasa media de desempleo en las 25 regiones más desfavorecidas de la Comunidad era del 8 % frente al 2,4 % de las 25 regiones más ricas, en 1985 dicha tasa ascendió, respectivamente, al 21,1 % y al 6,6 % respectivamente.

Parece, por lo tanto, que un crecimiento económico más dinámico constituye una condición importante para que las regiones relativamente menos favorecidas salven las distancias y las regiones industriales en declive puedan reconvertirse. La aplicación de la Estrategia de Cooperación y la plena realización del mercado interior de la Comunidad contribuirán a crear el indispensable clima macroeconómico favorable. No obstante, para reducir las desigualdades en las rentas reales con respecto a los países relativamente más prósperos de la Comunidad, las regiones relativamente menos favorecidas no deberían limitarse a participar en la expansión económica general de Europa, sino que su tasa de crecimiento debería ser superior a la media europea. Así, es indispensable que, además de crear un entorno general de crecimiento más dinámico en la Comunidad, se establezcan bases sólidas para una expansión económica estable y duradera en las regiones consideradas.

El proceso de recuperación y reconversión a nivel regional debe basarse, entre otras cosas, en una nueva inversión pública y privada, lo cual requerirá la movilización de medios de financiación considerables. Una parte de esos fondos podría obtenerse mediante el fomento del ahorro interior. Ahora bien, la inversión en las regiones y países más pobres no podrá realizarse sin unos movimientos de capital suficientes. En estas zonas de la Comunidad, podrán producirse entradas espontáneas de capitales en la medida en que la rentabilidad prevista sea la adecuada. A tal fin, las autoridades de dichas regiones deberán desarrollar unas políticas dirigidas a crear un entorno económico y político favorable a las empresas. La supresión de los controles sobre los movimientos de capitales, propuesta por la Comisión, también fomentará las transferencias de capitales, ya que disipará los temores de los inversores extranjeros en cuanto a la movilidad de sus fondos. Sin embargo, la experiencia adquirida en el pasado indica que, con frecuencia, las importaciones de capitales privados, por sí mismas, no son suficientes. Es necesario que a ellas se sume una acción deliberada de los poderes públicos, en la que la Comunidad tiene un importante papel que desempeñar a través de sus fondos estructurales, del Banco Europeo de Inversiones y de sus demás instrumentos financieros.

De acuerdo con el artículo 130 D del Acta Única Europea, la Comisión presentará al Consejo una propuesta de conjunto destinada a modificar la estructura y las normas de funcionamiento de los Fondos Estructurales.

Su objetivo es:

- precisar y racionalizar las misiones de dichos Fondos, para que puedan contribuir en mayor medida a la realización de los objetivos de cohesión económica y social ;

- reforzar su eficacia ;

- permitir una mejor coordinación de las intervenciones de los Fondos entre sí y con las de los instrumentos financieros de la Comunidad.

De esta forma, debería facilitarse su contribución a la cohesión económica y social de la Comunidad. Además, la intensificación del proceso de convergencia real también contribuirá a la dinámica del conjunto de la Comunidad.

Durante los últimos años, la Comunidad ha realizado claros progresos hacia una convergencia nominal. La gestión de la política económica global y el funcionamiento del SME haya permitido reducir las tasas de inflación en la mayoría de los países. También se realizan progresos en la corrección de los desequilibrios externos. En algunos países se ha conseguido reducir el déficit público, pero, en otros, las necesidades de financiación del sector público siguen siendo excesivas. Hasta mediados de los años setenta, la Comunidad registro simultáneamente un crecimiento sólido y dinámico y avance en materia de convergencia real. Pero, posteriormente, este proceso se estancó, o, incluso, se invirtió. Para que se reanude es preciso que se cumplan varias condiciones suplementarias. En primer lugar, es necesario crear un marco de crecimiento más dinámico en todo el conjunto de la Comunidad. Éste es uno de los objetivos de la Estrategia de Cooperación. En segundo lugar, es necesario mejorar el clima económico en las regiones relativamente retrasadas o en declive industrial, mediante políticas de ajuste adecuadas cuya responsabilidad deben asumir las autoridades nacionales y regionales. En tercer lugar, es necesario que la Comunidad - a través de sus instrumentos financieros y de las intervenciones del Banco Europeo de Inversiones - complete los esfuerzos de las autoridades de las regiones desfavorecidas por sentar las bases de un crecimiento duradero. Todo esto contribuirá en gran medida a garantizar una mayor cohesión entre las regiones y los Estados miembros de la Comunidad.

CUADRO 9

Precios al consumo privado (deflactor, variación en % anual)

(TABLA OMITIDA)

CUADRO 10

Balanza por cuenta corriente en porcentaje del PIB

(TABLA OMITIDA)

CUADRO 11

PIB real por habitante expresado en patrones constantes de poder adquisitivo

(TABLA OMITIDA)

GRÁFICO 11

Evolución del deflactor del consumo privado

(IMAGEN OMITIDA)

GRÁFICO 12

Deflactor de consumo privado

Media ponderada EUR 12 y tasas de inflación máxima y mínima de los Estados miembros

(IMAGEN OMITIDA)

GRÁFICO 13

Deflactor del consumo privado, costes salariales unitarios, crecimiento de la masa monetaria por unidad producida

Media ponderada de las tasas de crecimiento - EUR 12

(IMAGEN OMITIDA)

GRÁFICO 14

Evolución del PIB real por habitante: disparidades entre los Estados miembros (9)

Desviación típica del PIB real por habitante, respecto de la media comunitaria, en porcentaje

(IMAGEN OMITIDA)

GRÁFICO 15

Cociente de la renta (10) por habitante de los cuatro países más pobres y los cuatro países más ricos de la Comunidad (EUR 12) (en porcentajes)

(IMAGEN OMITIDA)

GRÁFICO 16

Evolución de las diferencias en materia de desempleo (11) entre los Estados miembros y entre las regiones de la Comunidad

Desviación típica con respecto a la tasa de desempleo de la Comunidad

(IMAGEN OMITIDA)

3. LA ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN PARA EL CRECIMIENTO Y EL EMPLEO

3.1 Objetivos y métodos

Con el Informe Económico Anual de 1985/86, el Consejo ha adoptado una estrategia dirigida a reducir la tasa de desempleo de la Comunidad de forma significativa y duradera, de aquí a finales del decenio, combatiendo las raíces mismas del problema. Este objetivo se cifra en una reducción del 30 al 40 % del número de desempleados (es decir entre 4 y 5 millones de personas), lo que significa una reducción de la tasa de desempleo de entre 3 y 4 puntos porcentuales de la población activa.

Tras la adhesión de España y Portugal, el problema de fondo sigue siendo el mismo ; en efecto, estos dos países se enfrentan a un desempleo masivo (en 1986, 21,7 % en España y 8,6 % en Portugal) y con su adhesión la tasa media de desempleo de la Comunidad de los doce se ha elevado en 1986 al 11,9% (12).

Los servicios de la Comisión, en sus análisis a medio plazo parten de la hipótesis de que la población activa de la Comunidad aumentará en los próximos cinco años a un ritmo del 0,3 % anual. En estas condiciones, para reducir la tasa de desempleo entre 3 y 4 puntos porcentuales de aquí a 1990, será necesario un aumento anual del empleo entre el 1 y el 1,5 % hasta el final del decenio.

Como en el último Informe Anual, en este documento se presentan modelos de medio plazo para ilustrar los órdenes de magnitud y las medidas preconizadas (véase el recuadro).

El primer escenario, el escenario de base, ilustra cómo habrá evolucionado la situación económica de no haberse introducido cambios en los comportamientos y políticas del pasado. Ahora bien, en este escenario básico se tienen en cuenta las modificaciones que se han producido en el contexto internacional durante los últimos meses, así como las previsiones elaboradas para los años 1986/87.

En promedio, durante los años 1986-1990, la tasa de crecimiento sería del 2,7 % (EUR 10) y el aumento anual de empleo del 0,7%, lo cual seguiría siendo insuficiente para reducir el desempleo de forma significativa ; en 1990, la tasa de desempleo (EUR 10) ascendería aproximadamente al 9,7 % de la población activa en vez del 10,8 % de 1986. En la Comunidad de los Doce, la tasa de desempleo sería de nuevo superior al 10 %.

En el punto 3.2 de este Informe se realiza un análisis más detallado de los años 1986 y 1987 en lo que se refiere a los imperativos de la Estrategia de Cooperación. Ese análisis permitirá apreciar en qué medida la evolución más favorable de 1986 y 1987 se debe a una modificación de los comportamientos en el sentido preconizado por la Estrategia de Cooperación o es el resultado de la excepcional mejora de la relación real de intercambio de la que ya se ha beneficiado este año la economía europea.

En cualquier caso, es evidente que el problema del desempleo no se resolverá por sí solo. Por ello, y teniendo al mismo tiempo en cuenta las evoluciones coyunturales recientes, este Informe preconiza algunas medidas que se ajustan a la Estrategia de Cooperación definida el año pasado.

En el punto 3.3 y en el capítulo 4 del presente Informe se describen de forma detallada dichas medidas y sus efectos a medio plazo. El objetivo de las mismas es permitir una reducción del desempleo por dos medios: por una parte, el retorno a un crecimiento sostenido, que debería situarse en promedio, para los años 1986 a 1990, entre el 3 y el 3,5 % ; por otra parte, el mantenimiento e incluso el aumento del contenido en empleo de cada punto de crecimiento. Estas medidas se articulan, fundamentalmente, en torno a dos ejes centrales: a nivel macroeconómico, hay que mantener la demanda a un nivel adecuado, aumentando al mismo tiempo la rentabilidad de las inversiones generadoras de empleo mediante el mantenimiento de un incremento moderado de los costes salariales reales per cápita; a nivel microeconómico, hay que seguir mejorando la adaptabilidad de los mercados de bienes y de los factores de producción y favoreciendo la creación de empresas.

Así, por ejemplo, en el escenario que este año ilustra la Estrategia de Cooperación, la tasa de crecimiento se elevaría, en promedio para los años 1986-1990, al 3,5%, cifra que corresponde a la del año pasado. En este mismo período, la tasa de desempleo podría reducirse en unos 4 puntos porcentuales, para alcanzar, a finales del decenio el 7 % en la Comunidad de los Diez (alrededor del 8 % en la Comunidad de los doce). Sin embargo, un crecimiento medio, para los años 1986 a 1990, del 3,5 % implica su aceleración progresiva. En tales condiciones, el empleo podría aumentar a finales del decenio a un ritmo ligeramente superior al 1,5 %. Una aplicación decidida de la Estrategia permitiría, para 1990, no sólo una reducción significativa del desempleo, sino también un saneamiento de la economía europea, lo cual permitiría esperar para los años siguientes un crecimiento adecuado en la estabilidad así como nuevas y rápidas reducciones de la tasa de desempleo.

En este contexto, las inversiones públicas y privadas constituyen una variable clave.

En el marco de la Estrategia de Cooperación, dichas inversiones suponen, ante todo, una intensificación de la dinámica de la demanda, sin la cual es imposible una aceleración del crecimiento. Desde el punto de vista de la oferta, suponen un incremento del stock de capital. Para volver a una senda duradera de tasas de crecimiento más elevadas, es necesario un aumento más rápido del stock de capital y, por lo tanto, un incremento de los medios financieros que se asignan anualmente a la inversión privada y pública. Ahora bien, éstos siguen siendo en la Comunidad de los Doce inferiores en casi 4 puntos del PIB a su nivel de los años sesenta. La tercera parte de esta disminución se explica por la menor participación de las inversiones públicas en el PIB.

Además, los datos disponibles sobre el sector comercial (con exclusión de las viviendas y la agricultura) en los cuatro mayores países de la Comunidad indican también la necesidad de un aumento significativo de la tasa de inversión. En promedio para dichos países, el crecimiento del stock de capital sigue estancado en su nivel más bajo desde 1980, es decir, en torno a un 2,5 % (véase el gráfico 18). Para que el stock de capital recupere un ritmo de crecimiento duradero de la producción de una amplitud equivalente, la participación de las inversiones en el valor añadido del sector comercial tendría que aumentar de 2 a 3 puntos porcentuales (en la hipótesis de una intensidad en capital constante). Se requiere, por consiguiente, un importante esfuerzo de inversión.

Para lograr reducir la tasa de desempleo en la cuantía deseada es preciso también que siga aumentando el número de puestos de trabajo creados en cada punto de crecimiento. Desde un punto de vista histórico, la relación entre crecimiento y empleo ha experimentado modificaciones desde los años sesenta a favor de este último. Este fenómeno queda bien ilustrado por la reducción de la diferencia entre crecimiento económico y aumento del empleo, es decir, por el mayor crecimiento de la productividad media por persona ocupada (véase el gráfico 17). También es significativa a este respecto la reacción positiva del empleo ante la modesta recuperación del crecimiento a partir de 1983.

El hecho de que el aumento de la productividad por persona ocupada en el conjunto de la economía siga siendo moderado, no significa que Europa deba contentarse con una estrategia defensiva en materia de empleo y renuncie al progreso técnico. Al contrario, una modernización de las instalaciones productivas que vaya pareja a un aumento significativo de la productividad, donde esto sea posible, resulta conveniente para incrementar la eficacia económica y el nivel de vida, y necesario para que Europa pueda aumentar su competitividad y consolide su presencia en los mercados especialmente activos en los que ha perdido terreno durante los años setenta.

Por consiguiente, hay que conciliar la modernización de las instalaciones productivas con una creación de empleo suficiente en el conjunto de la economía. Esto puede lograrse, ya que la relación entre crecimiento y empleo a nivel macroeconómico es, en realidad, el resultado de varios factores:

i) En un contexto de crecimiento más dinámico, puede aumentarse de forma duradera la tasa de utilización del stock de capital, lo cual se traduciría en una mejora de la productividad del capital y en unas condiciones favorables para la creación de puestos de trabajo adicionales.

ii) La reducción y la reordenación de la jornada de trabajo pueden contribuir también a un aumento del contenido en empleo del crecimiento. Dicha reducción puede conseguirse o bien por medio del desarrollo del trabajo a tiempo parcial, o bien acortando la duración de la jornada semanal o anual de trabajo. Ahora bien, estas medidas sólo serán plenamente eficaces para el empleo si no obstaculizan los mecanismos que conducen, a nivel macroeconómico, a un crecimiento más enérgico y más favorable a la creación de empleo, y si son neutras desde el punto de vista de los costes. En tal caso, el incremento de productividad obtenido podría también traducirse por una reducción de la jornada de trabajo. Por otra parte, el aumento del número de trabajadores interinos y por tiempo definido puede contribuir también a un aumento del contenido en empleo del crecimiento, en particular si las empresas renuncian a recurrir a las horas extraordinarias. Esta medidas competen especialmente a los convenios entre los interlocutores sociales, y su aplicación debería ser objeto de un diálogo en profundidad entre ellos.

iii) Por último, existe una tendencia a largo plazo en la relación entre crecimiento y empleo que es el resultado de esta última variable en favor de sectores en los que el aumento de la productividad por persona ocupada es bajo, en particular los servicios, en detrimento de la industria, donde los aumentos de productividad son más elevados. Así, entre 1970 y 1983, la participación de los servicios comerciales y no comerciales en el empleo, para el conjunto de la Comunidad (EUR 6), pasó del 48 al 59 %. Sin embargo, en este mismo período, la productividad de los servicios únicamente se incrementó, en promedio anual, en un 1,6 % y la de la industria manufacturera en un 3,3 %.

Es normal que se registre una evolución diferenciada del incremento de productividad entre los distintos sectores y empresas. No obstante, en condiciones favorables, es preciso que los incrementos de productividad obtenidos en los sectores más productivos sean beneficiosos para el conjunto de la economía y que, en definitiva, sean generadores de empleo. A este respecto, es necesario que el crecimiento de los costes salariales reales per cápita sea moderado en todos los sectores de la economía y que el mecanismo de los precios relativos funcione correctamente.

En efecto, si los sectores en los que los incrementos de productividad son superiores a la media se sirven de dichos incrementos para reducir sus precios en términos relativos, conseguirán aumentar su competitividad y estarán en condiciones de ampliar su propia producción en respuesta a un incremento de la demanda ; pero, además, estos menores precios beneficiarán también a los sectores en los que los aumentos de productividad son más débiles. Estos sectores, debido al correspondiente aumento de los precios relativos de sus propios productos, podrán mantener su rentabilidad y su capacidad de creación de puestos de trabajo. De esta manera se produce una transferencia intersectorial de los incrementos de poder adquisitivo vinculados al progreso técnico, en unas condiciones favorables al empleo (13).

Para un correcto funcionamiento de este mecanismo deseable desde el punto de vista del empleo, deben reunirse dos condiciones principales: el incremento moderado de los costes salariales reales por asalariado debe beneficiar también a los sectores en los que los incrementos de productividad son superiores a la media, además, los mercados deben desempeñar de forma eficaz su papel en la formación de los precios ; la intensificación de la competencia y la plena realización del mercado interior contribuirán a ello. Un entorno monetario estable permitirá, por otra parte, que los agentes económicos perciban con más claridad las señales emitidas por las modificaciones de los precios.

Así, un incremento moderado de los costes salariales reales en el conjunto de la economía, que modifique la remuneración relativa del trabajo y del capital a favor de este último será también beneficioso para el empleo, tanto a nivel microeconómico como macroeconómico. Estas condiciones servirán de estímulo para que las empresas hagan un uso más amplio de sus equipos. Simultáneamente, se crearán condiciones más propicias para el desarrollo de actividades más generadoras de empleo.

De esta forma, queda claramente perfilado un aspecto importante de las medidas preconizadas por la Estrategia de Cooperación: la estrecha complementariedad existente entre ellas, ya sean de tipo macroeconómico o microeconómico. Una aceleración del crecimiento es tanto más favorable a la creación de empleo cuanto más ágilmente puedan responder las empresas a un incremento de la demanda. Ahora bien, una mayor adaptabilidad de los mercados de bienes, de trabajo y de capital, por sí sola, no es un estímulo suficiente para que las empresas efectúen inversiones, sí la rentabilidad de éstas no está también garantizada por unas perspectivas de demanda favorables. En definitiva, una mayor adaptabilidad de los mercados sólo encontrará su plena justificación económica y social en un contexto de crecimiento dinámico. De no ser así, podrían resurgir comportamientos defensivos que cuestionarían nuevamente el fundamento mismo de la renovación de la economía europea.

Si no se produce una inflexión rápida de los comportamientos y de las políticas, la Comunidad se enfrentará de nuevo en 1990 a una tasa de desempleo superior al 10%. Esta perspectiva es inaceptable. Con un crecimiento más fuerte y más favorable a la creación de empleo, del orden del 3 al 3,5% de promedio para los años 1986 a 1990, podría lograrse una reducción significativa y duradera del desempleo. En este sentido, las inversiones desempeñan un papel fundamental. Su participación en el valor añadido debería aumentar deforma progresiva hasta alcanzar un total de 3 puntos porcentuales. Además, es preciso que mejore la relación entre crecimiento y empleo. Ahora bien, esto no significa que Europa pueda contentarse con una estrategia defensiva en materia de empleo. Al contrario, la competencia exterior impone la necesidad de modernizar las estructuras de producción. No obstante, en la relación entre crecimiento y empleo intervienen también otros factores: la reducción y reordenación, neutras en términos de costes, de la jornada media de trabajo y de cada persona ocupada, una creación de empleo más rápida en los sectores en los que los incrementos de productividad son relativamente bajos, y el incremento moderado de los costes salariales reales per cápita en todos los sectores de la economía. Si los sectores con incrementos de productividad superiores a la media se benefician también de un aumento moderado de los costes salariales reales per cápita, podrán reducir sus precios relativos. De este modo aumentarán su propia competitividad y se beneficiará además a los sectores con incrementos de productividad más bajos, cuya rentabilidad y cuya capacidad para crear puestos de trabajo mejorarán en consecuencia. Así, se podrá conciliar a nivel macroeconómico el progreso técnico y el aumento de empleo. Ahora bien, estos factores están muy condicionados por una mayor adaptabilidad de los mercados, que sólo encontrará su justificación económica y social en un contexto de crecimiento más dinámico. De esta suerte, queda subrayada la estrecha complementariedad de las medidas preconizadas por la Estrategia de Cooperación, tanto a nivel macroeconómico como microeconómico.

3.2 Previsiones para 1986 y 1987 desde el punto de vista de la Estrategia de Cooperación

Habida cuenta de los objetivos que pretende alcanzar la Estrategia de Cooperación, las previsiones para 1986 y 1987 son poco satisfactorias. Tanto en 1986 como en 1987, el crecimiento económico (2,5 % y 2,8 %) y el aumento del empleo (0,8 % en promedio) seguirán siendo inferiores al ritmo tendencial necesario. Evidentemente, el retorno a una tasa de crecimiento más fuerte sólo puede realizarse de forma progresiva ; pero la lentitud actual del proceso resulta preocupante, más aún si se tiene en cuenta que la Comunidad se está beneficiando de una mejora considerable de su relación real de intercambio, que, en principio, debería actuar sobre las condiciones de la oferta y la demanda en el sentido deseado por la Estrategia de Cooperación.

En efecto, la mejora de la relación real de intercambio ha dado a las economías europeas la oportunidad de progresar hacía una rentabilidad más satisfactoria, permitiendo al mismo tiempo un aumento relativamente sostenido de las rentas reales de las economías domésticas. La disminución de los precios de los productos de importación beneficia tanto a las empresas como a las economías domésticas. Así, la remuneración salarial real per cápita se mantendría más o menos estable desde el punto de vista de los costes, mientras que la remuneración real per cápita calculada tomando como base el deflactor del consumo privado, que equivale aproximadamente al poder adquisitivo, aumentaría en un 2,3 % con lo que alcanzaría su ritmo más rápido desde 1980.

Por otra parte, la reducción del precio del petróleo repercute positiva y directamente sobre el tamaño de las instalaciones productivas económicamente rentables: ya sea mediante una utilización más extensiva del stock de capital existente, ya sea porque las empresas mantienen en activo durante más tiempo equipos que de otra forma habrían sustituido.

Diferentes indicadores muestran que se ha invertido la tendencia de los años setenta al empeoramiento de las condiciones de la oferta. Este fenómeno data de comienzos de los años ochenta:

- desde 1980, el ritmo de aumento de los costes salariales reales per cápita (salario más gastos de seguridad social) fue del 1 % únicamente, frente al 2,4 % de 1973 y 1980. Por lo tanto, en varios países, los asalariados han realizado grandes esfuerzos, tanto más importantes por cuanto que sus rentas disponibles se han visto gravadas por mayores cargas fiscales y parafiscales,

- los costes salariales unitarios reales, que miden la evolución relativa de la remuneración salarial real y de la productividad del trabajo, han vuelto a alcanzar en la Comunidad un nivel próximo al de los años sesenta,

- el aumento concomitante de la tasa de beneficio macroeconómico (excedente de explotación sobre valor añadido) ha conducido a un nuevo aumento de la rentabilidad del capital productivo (excedente de explotación sobre stock de capital). No obstante, la rentabilidad sólo ha recuperado, en promedio para la Comunidad, una parte del terreno perdido tras la primera crisis del petróleo (véase el gráfico 18),

- por primera vez desde hace por lo menos veinte años, la rentabilidad aumenta de forma sostenida más rápidamente que los salarios reales per cápita.

No obstante, parece que en 1987 se acelerará la evolución de los costes salariales reales per cápita. Según las previsiones más recientes, su progresión sería del 1,3 %, con lo que alcanzaría su ritmo más rápido desde 1980. De acuerdo con estas previsiones, los costes salariales unitarios únicamente disminuirán en un 0,7 % ; éste será su ritmo más lento desde 1981, mientras que, desde el punto de vista de la competitividad externa, la situación presenta también un aspecto menos favorable.

En efecto, entre marzo de 1985 y junio de 1986, el ECU experimentó una apreciación del 42% respecto del dólar, pero sólo del 7,4 % respecto del yen. Ahora bien, es evidente que cada una de las economías europeas, considerada aisladamente, vio amortiguados estos amplios movimientos cambiarios por la relativa estabilidad de las monedas europeas entre si, en particular las que participan en el SME. Sin embargo, la tasa de apreciación media respecto de las monedas de los 19 principales países con los que comercian oscila en la Comunidad entre un máximo del 14,3 % para la República Federal de Alemania y un mínimo del 1,2 % para el Reino Unido. Para el conjunto de la Comunidad, y excluyendo el comercio intracomunitario, dicha apreciación es del 17,8 %. Europa ha perdido, por lo tanto, las ventajas que le concedía, en algunos terceros mercados, la existencia de un dólar fuerte.

Es evidente que las modificaciones del contexto internacional no han dejado inalterados el crecimiento y la estructura de la demanda global. Un mejora de la relación real de intercambio de la amplitud de la que se ha registrado en la Comunidad conduce naturalmente a una reestructuración entre demanda exterior y demanda interior. Sin embargo, las exportaciones han acusado rápidamente los efectos negativos de la apreciación de las monedas europeas y de la disminución del ritmo de crecimiento de los principales países que comercian con la Comunidad. Presionados por otros factores, varios países utilizaron las transferencias de renta procedentes del exterior, por un importe cercano al 2% del PIB, bien para mejorar la situación financiera de las empresas una vez que los salarios nominales se ajustaron rápidamente a las menores tasas de inflación, bien para sanear más rápidamente las finanzas públicas. En esos países, la recuperación de la demanda interna quedó mucho más difuminada y diluida en el tiempo de lo que habría ocurrido si los consumidores hubieran sido los principales beneficiarios de la mejora en la relación real de intercambio.

En total, en 1987 la demanda global (demanda interior más exportaciones) sólo debería aumentar en un 3,6 %, lo que, habida cuenta de la reacción de las importaciones, es insuficiente para conseguir un crecimiento del PIB superior al 3%.

El crecimiento de la demanda interior desde 1985 se debe fundamentalmente a una rápida evolución del consumo privado (3,6 % en promedio para 1986 y 1987) y de las inversiones en bienes de equipo (entre el 6 y el 7 % para 1986 y 1987). La recuperación de las inversiones en el sector de la construcción es visible, pero su incremento sigue siendo bajo (3,2% en 1987).

La parte del PIB correspondiente a los recursos financieros destinados a la inversión y al incremento del stock de capital es todavía inferior a lo que sería necesario a medio plazo. Sin embargo, algunos de los factores determinantes de la inversión empresarial evolucionan favorablemente. La rentabilidad media del stock de capital aumenta (véase el gráfico 18), aunque sólo haya recuperado su nivel anterior a la primera crisis del petróleo en la República Federal de Alemania. En el conjunto de la Comunidad, la tasa de utilización de, la capacidad productiva aumenta rápidamente (véase el gráfico 19 para los cuatro mayores países de la Comunidad). Prosigue el descenso de los tipos de interés nominales, lo que contribuye a modificar el rendimiento de las inversiones financieras respecto de las inversiones productivas en favor de éstas últimas.

Pero la debilidad de la demanda en estos últimos años y las incertidumbres que la acompañan pueden afectar negativamente a la inversión. A este respecto, un análisis más detallado de los gráficos 18 y 19, en los que se relaciona el crecimiento del stock de capital en los cuatro mayores países de la Comunidad con su rentabilidad y su tasa de utilización, permite extraer las dos conclusiones siguientes:

- si, después de la primera crisis del petróleo, se produjo una disminución del ritmo de crecimiento del stock de capital tras la reducción de la rentabilidad, el aumento temporal de esta última entre 1976 y 1978 y el que se desencadenó a partir de 1982 no han tenido suficientes efectos favorables sobre las inversiones,

- desde 1975 parece haberse debilitado el estrecho vínculo que hasta entonces existía entre la tasa de utilización de la capacidad productiva y el crecimiento del stock de capital. Al igual que entre la curva de rentabilidad y la curva de crecimiento del stock de capital, a partir de 1981 se produce una importante diferencia entre el crecimiento del stock de capital y la tasa de utilización de la capacidad productiva.

En 1986, la mejora en la relación real de intercambio ha repercutido favorablemente sobre las condiciones de la oferta y la demanda. En 1987, estos efectos continuarán influyendo de forma positiva sobre la demanda interior. No obstante seguirán siendo insuficientes y, además, es probable que se disipen rápidamente. En la actualidad, sólo cabe esperar una mejora de las perspectivas del empleo como resultado de una aplicación efectiva de la Estrategia de Cooperación.

Por lo tanto, para alcanzar los objetivos de la Estrategia de Cooperación, es necesario que en 1987 se produzca una inflexión, a veces considerable, de los comportamientos y políticas de todos los participantes en la vida económica.

En primer lugar, las empresas deberían responder con más decisión a la mejora en las condiciones de la oferta aumentando las inversiones. Es evidente que cada decisión de inversión se basa en un cálculo económico. Por ello, es conveniente continuar con los esfuerzos por aumentar la rentabilidad, reducir los tipos de interés reales a largo plazo sobre unas bases más sanas y desarrollar el mercado de los capitales de riesgo. Ahora bien, las decisiones de inversión se basan asimismo en la confianza y en la voluntad de emprender. Estos comportamientos también deben modificarse en un sentido favorable al empleo. En primer lugar, un desarrollo más dinámico de las inversiones de las empresas afectaría positivamente a la demanda. En segundo lugar desde el punto de vista de la oferta, permitiría una evolución paralela de la capacidad productiva y de la producción, lo cual conduciría a una relajación de las tensiones inflacionistas que pudieran derivarse del aumento de la tasa de utilización. Así, las economías europeas se beneficiaría plenamente de la situación actual. En efecto, las posible presiones inflacionistas derivadas de una mayor tasa de utilización de la capacidad productiva han sido en la actualidad ampliamente compensadas por la moderación de los costes de las importaciones y de los costes salariales. Además la mejora de la rentabilidad derivada de dicha moderación incita a una utilización más extensiva del stock de capital. En tercer lugar, un ritmo más rápido de creación de empleo justificaría las concesiones hechas por los asalariados en muchos países, y aumentarían así las posibilidades de que el incremento de los salarios reales fuese favorable al empleo durante un tiempo suficiente.

No obstante, las autoridades de política económica deben responder y demostrar con sus acciones que están decididas a contribuir a un mayor dinamismo de la oferta y la demanda en la Comunidad. En cualquier caso, su responsabilidad sigue comprometida.

En 1986, la mejora en la relación real de intercambio ha repercutido deforma favorable tanto sobre la oferta como sobre la demanda. Se ha acelerado el proceso de aumento de la rentabilidad que se había iniciado a comienzos del decenio merced al incremento moderado de los costes salariales reales. Pero, en promedio para la Comunidad, la rentabilidad todavía no ha recuperado el nivel de los años sesenta. Según las previsiones, parece que en 1987 aumentará el ritmo de crecimiento de los costes salariales reales per cápita. Por otra parte, el crecimiento de la demanda global seguirá siendo inferior al necesario desde el punto de vista de la Estrategia de Cooperación. En particular, la inversión no ha aumentado con toda la fuerza que cabría esperara la vista de la favorable evolución de la mayoría de sus principales determinantes, y resultaría muy beneficiada por una mejora en las perspectivas de la demanda. En la actualidad, las perspectivas de empleo sólo pueden mejorar como resultado de una aplicación efectiva de la Estrategia de Cooperación por parte de todos los agentes económicos. Ante la mejora de las condiciones de la oferta, las empresas deberían reaccionar invirtiendo y creando puestos de trabajo todavía más rápidamente para permitir y justificar el necesario mantenimiento de unas tasas moderadas de incremento de los costes salariales reales per cápita. En cualquier caso, las autoridades de política económica también deben intervenir en este proceso.

3.3 Imperativos de política macroeconómica de 1987 en adelante

Los esfuerzos de saneamiento realizados desde el principio de este decenio y las recientes modificaciones del contexto internacional ofrecen una oportunidad excepcional a las economías europeas. La rentabilidad de las empresas está en fase de recuperación. Las presiones inflacionistas de origen interno siguen siendo débiles ; la mejora de las relaciones reales de intercambio ha tenido por efecto una importante desinflación de forma que, en promedio para la Comunidad, la inflación ha alcanzado su ritmo más bajo desde los años sesenta. La reducción de la factura petrolífera ha aligerado las restricciones exteriores y así, a pesar de la debilidad de las exportaciones, la Comunidad ha obtenido un superávit exterior del 1,2% del PIB.

La oportunidad que ahora se le ofrece a la Comunidad debe ser aprovechada con determinación. No sólo para resolver el problema más acuciante a que se enfrentan las economías europeas, el desempleo, sino también para que Europa contribuya a la corrección de los desequilibrios mundiales de las balanzas por cuenta corriente y responda a los problemas de los países en vías de desarrollo.

La dosificación necesaria de la política económica es la misma que la definida en el Informe Anual del año pasado. Ahora, debe ser efectivamente aplicada. Ello implica, asimismo, que el diálogo social que se ha emprendido a nivel comunitario debe extenderse a los Estados miembros para facilitar la coordinación de las contribuciones respectivas de las empresas, los asalariados y los poderes públicos.

A nivel de los distintos países, esta dosificación deberá tener en cuenta los márgenes de maniobra disponibles y los que puedan crearse, pero, además, deberá ser objeto de un diálogo en profundidad a nivel nacional con y entre los interlocutores sociales, ya que su aplicación exige que sea ampliamente aceptada por éstos.

El papel de la política presupuestaria es fundamental ; puede favorecer un crecimiento más generador de empleo mediante la reestructuración de los gastos e ingresos públicos y contribuir al sostenimiento de la demanda. A tal fin, pueden preverse tres tipos de medidas cuyas implicaciones se analizan más detenidamente en el capítulo 4:

- Un nuevo incremento de las inversiones públicas económicamente rentables podría sumarse al de la inversión privada para modernizar las instalaciones productivas europeas. Con ello se aportaría un apoyo directo al crecimiento.

- El incremento moderado de los salarios reales debería ser del mismo orden (alrededor del 1 % anual) que el considerado en el Informe del año pasado y podría completarse con una cierta reducción de las cotizaciones a la seguridad social ; desde el punto de vista de las empresas, esta medida mejoraría las condiciones de la oferta, crearía un clima favorable a la inversión y reduciría los costes salariales indirectos que, en promedio para la Comunidad, representan alrededor del 30 % del coste salarial total; desde el punto de vista de los asalariados, permitiría un aumento más rápido del poder adquisitivo y sostendría la demanda.

Evidentemente, es conveniente mantener una financiación saneada de los sistemas de seguridad social. Pero también hay que tener en cuenta que la crisis económica se traduce, para los regímenes de seguridad social, en un incremento de los gastos y una reducción de los ingresos ; esta situación irá desapareciendo a medida que mejore el clima económico. Los márgenes de maniobra que se obtienen de esta forma deberían utilizarse sistemáticamente para aligerar las cargas que gravan los costes salariales y desandar así parte del camino recorrido durante los años setenta. Habría que considerar con más detenimiento la posibilidad de introducir en el presupuesto los gastos sociales vinculados a la crisis.

- Una reducción de los impuestos directos adeudados por las economías domésticas y las empresas contribuiría asimismo a sostener la demanda y mejorar las condiciones de la oferta.

Estas medidas (14), en su conjunto, no deberían afectar al proceso de reducción del déficit presupuestario a medio plazo. De hecho, en combinación con otras medidas dirigidas a mejorar las condiciones de la oferta, contribuirán a favorecer un crecimiento más fuerte y duradero y a reducir el desempleo. De esta forma, los costes presupuestarios de la crisis irán disminuyendo de forma progresiva y la base imponible fiscal aumentará con mayor rapidez.

Ahora bien, a partir de 1987 seguirá siendo necesaria una aceleración del ritmo de crecimiento, lo cual podría lograrse mediante una mejor coordinación de las políticas económicas con los principales interlocutores de Europa (véase capítulo 4.7). También podría conseguirse mediante una aceleración suplementaria de las inversiones privadas merced a una mayor confianza de los empresarios en la evolución futura de la demanda y de la rentabilidad. En el caso de que se registrase una evolución favorable, podría resultar necesario el considerar un aumento limitado y temporal del déficit presupuestario promedio de la Comunidad, manteniendo el objetivo de la consolidación a medio plazo de la Hacienda Pública.

Ahora bien, esto plantea el problema de la coordinación de las políticas presupuestarias en el seno de la Comunidad. En algunos países, todavía deben realizarse importantes esfuerzos de saneamiento presupuestario, en otros se dispone de márgenes de maniobra o se podría disponer de ellos en un contexto de crecimiento más dinámico.

La tarea de los primeros se facilitaría enormemente en un contexto de este tipo. En el caso de los segundos, un saneamiento presupuestario de sus compañeros realizado en un contexto de crecimiento mediocre podría ser perjudicial para su propio crecimiento. También desde este punto de vista son evidentes las ventajas de adoptar comportamientos cooperativos.

La continuación del movimiento a la baja de los tipos de interés en la Comunidad, que reflejaría la reducción de las tasas de inflación y una mayor convergencia de las mismas, también podría tener efectos positivos sobre la demanda. Además, las autoridades monetarias podrán verse obligadas a aceptar nuevas reducciones de los tipos de interés para combatir las presiones ejercidas sobre el tipo de cambio del dólar. No obstante, a nivel interno, sería conveniente evitar que se forme un potencial de liquidez que más tarde puede afectar a los logros conseguidos en la lucha contra la inflación, garantizando al mismo tiempo una financiación suficiente del crecimiento real. En este sentido, el margen de maniobra de las autoridades monetarias será mayor cuanto más débiles sean las presiones inflacionistas de origen interno y, en particular, la evolución de los costes salariales nominales.

La aplicación de políticas macroeconómicas orientadas hacia las líneas directrices anteriormente definidas justificará plenamente los concesiones hechas por los asalariados. Es también una condición para que las medidas microeconómicas que son necesarias y que van dirigidas a mejorar la adaptabilidad de los mercados sean completamente eficaces para el empleo.

Los esfuerzos de saneamiento realizados desde comienzos del decenio y las recientes modificaciones del contexto internacional ofrecen a las economías europeas una oportunidad excepcional. Esta oportunidad debe aprovecharse con determinación. No sólo para encontrar una solución al problema del desempleo, sino también para que Europa contribuya a corrección de los desequilibrios mundiales de las balanzas por cuenta corriente y responda a los problemas de los países en desarrollo. La política presupuestaria tiene un importante papel que desempeñar mediante la reestructuración de los gastos e ingresos públicos en un sentido favorable a la mejor de las condiciones de la oferta y del empleo y mediante adecuado sostenimiento de la demanda. La reducción de las tasas de inflación y la mayor convergencia de las mismas debería permitir proseguir el movimiento a la baja de los tipos de interés. No obstante, habida cuenta de los problemas resultantes de una nueva devaluación del dólar en los mercados de divisas y de la necesidad de garantizar una financiación sólida y saneada del crecimiento, es conveniente evitar que se acumule un potencial de liquidez que, en el futuro, podría perjudicar la estabilidad. La aplicación de las medidas preconizadas deberá ser objeto de una estrecha cooperación: a) entre los Estados miembros, en particular con objeto de tener en cuenta los diferentes márgenes de maniobra existentes en cada país, y b) entre y con los interlocutores sociales, en particular a nivel nacional, para que dichas medidas puedan contar con una amplía aceptación por parte de los grupos sociales y equilibrar las contribuciones de cada uno.

CUADRO 12

Inversiones públicas y totales de la Comunidad (15)

(TABLA OMITIDA)

CUADRO 13

Indicadores de la oferta y la demanda

(TABLA OMITIDA)

CUADRO 14

Evoluciones sectoriales en Europa, Estados Unidos y Japón (1970 a 1982)

(TABLA OMITIDA)

GRÁFICO 17

PIB y empleo de la comunidad (EUR 12) (variación en % anual) (16)

(IMAGEN OMITIDA)

GRAFICO 18

Rentabilidad (17) y crecimiento del stock de capital (18) en la Comunidad (EUR 4) (19)

(IMAGEN OMITIDA)

GRÁFICO 19

Crecimiento y tasa de utilización del stock de capital (21)(20) (Índice 100: Máximo de los últimos 25 años)

(IMAGEN OMITIDA)

Escenarios a medio plazo de la Estrategia de Cooperación

La evolución de la Comunidad puede ilustrarse de dos formas: por una parte, mediante una proyección a medio plazo basada en la hipótesis de que se mantengan las políticas y comportamientos económicos actuales y, por otra parte, mediante una representación muy esquemática de la Estrategia de Cooperación. Los valores numéricos figuran únicamente a título ilustrativo y no deben interpretarse como objetivos formales de política económica.

Los escenarios han sido construidos con el modelo COMPACT para la Comunidad de los Diez. Este modelo se describe con detalle en Economía Europea nº 27.

Las hipótesis sobre el contexto internacional

Tanto para la trayectoria de referencia como para la Estrategia de Cooperación, se establece la hipótesis de que los precios del petróleo volverán a aumentar de aquí al final del decenio. Esto conducirá en los años 1987 a 1990 a un deterioro de la relación real de intercambio del orden del 7 %. Para los tipos de cambio, se parte de la hipótesis de que se llegará a una casi estabilización de las paridades dólar/ECU y yen/ECU a partir de su nivel medio de 1986.

En Estados Unidos, el déficit de las administraciones públicas se irá reduciendo progresivamente desde el 3,4 % del PIB en 1986 al 1 % en 1990. En Japón, después de haber llegado al 1 % del PIB en 1986, se estabilizará, a partir de 1987, en un 0,5 %. El crecimiento será moderado en Estados Unidos (de 2,7 % a 2,8 % en promedio para 1986 hasta 1990 según los escenarios) y bastante sostenido en Japón (del 3,7 al 3,8 %) para el mismo período.

Un escenario que refleja la Estrategia de Cooperación

El escenario que este año ilustra la Estrategia de Cooperación conduce a un crecimiento igual al presentado en el informe del año pasado (3,5 % en promedio para los años 1986 hasta 1990). En el escenario de cooperación la tasa de crecimiento de la demanda nominal se mantiene aproximadamente al mismo nivel de la trayectoria de referencia (6 % o ligeramente superior). Esta tasa de crecimiento es suficiente para inducir una reducción de la tasa de desempleo de 3,7 puntos porcentuales de la población activa entre 1986 y 1990 y, a finales del decenio, permitirá volver a un aumento tendencial del empleo ligeramente superior al 1,5 % anual. La combinación elegida de política económica tiene como objetivo el suscitar, en un contexto de estabilidad monetaria, un mayor dinamismo de las economías europeas mediante una acción combinada sobre las condiciones de la oferta y la demanda.

Para el incremento de los costes salariales reales per cápita, se ha mantenido la misma hipótesis del año pasado, es decir, un aumento anual del 1 % (promedio para 1986 hasta 1990) ; la diferencia con respecto al aumento de productividad ascenderá, en promedio anual, al 1,3 % al año.

Este moderado incremento de los costes salariales reales se logra por dos medios: en primer lugar, con un esfuerzo en lo que respecta a los salarios reales antes de las cotizaciones sociales de los empresarios: como en el modelo del año pasado, éstos aumentarán en un 1,1 % en promedio durante los años 1986 a 1990 ; en segundo lugar, reduciendo las tasas de las cotizaciones sociales, lo que beneficiará proporcionalmente tanto a los empresarios como a los asalariados. Acumulada sobre un período de cuatro años (1987 hasta 1990), la reducción prevista de las cotizaciones sociales asciende al 1 % del PIB.

La política presupuestaria a medio plazo se caracteriza por una reducción progresiva de los impuestos directos que recaen sobre las economías domésticas y por un aumento de las inversiones públicas. Estas dos medidas acumuladas en cuatro años representarán cada una el 1,2 % del PIB. Además de las reducciones endógenas de determinados pagos de transferencias (en particular los subsidios de desempleo), se ha supuesto que la mejora progresiva de la situación económica permitirá moderar el aumento de los gastos efectuados para aliviar directamente el mercado de trabajo (programas de jubilación anticipada, por ejemplo).

La reducción duradera de la inflación, la mejora de la situación financiera de las empresas, que reduce las tensiones en el mercado de capitales, y una política monetaria que, aun estando orientada hacia la estabilidad, permita financiar un crecimiento real más rápido, conducirán, entre 1986 y 1990, a una reducción de los tipos del interés nominales a largo plazo del orden de 3 puntos porcentuales, en promedio para la Comunidad. El tipo de interés real ascenderá al 3,6 % en promedio para el período.

Entre 1987 y 1990, la suma de las reducciones de impuestos y de aumentos de gasto público a medio plazo ascenderá a un total del 3,2 % del PIB. Este impacto sobre el déficit público se compensa en gran medida con un mayor crecimiento y una reducción de las prestaciones sociales. En 1990, la relación entre déficit público y PIB es un 0,5 por ciento inferior a la de 1986. Esta reducción es sin embargo más lenta que la que se registra en la proyección de base.

En el modelo de cooperación, la balanza por cuenta corriente en porcentaje del PIB, en promedio para la Comunidad, será inferior en 0,5 puntos al valor que se obtiene en la proyección de base (0,1 % del PIB frente a 0,6 %). En el capítulo 4.7 se presenta una variante del escenario de cooperación, en la que supone que la contribución de Japón a la reabsorción de los desequilibrios mundiales será mayor. En este caso, la balanza por cuenta corriente de la Comunidad registra, entre 1986 y 1990, una mejora de 0,3 puntos del PIB en comparación con el escenario de cooperación.

Algunos agregados macroeconómicos importantes que ilustran la Estrategia de Cooperación

(TABLA OMITIDA)

4. CONTRIBUCIÓN DE LAS POLÍTICAS A LA ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN

4.1 Orientaciones monetarias y problemas de coordinación

Los Estados miembros de la Comunidad han hecho nuevos progresos en el camino de la convergencia hacia una política monetaria que deje suficiente margen para un crecimiento real en un entorno monetario estable. La desaceleración del crecimiento de los agregados monetarios y su mayor convergencia constituyen el signo indiscutible de una mayor coherencia de las políticas monetarias nacionales (cuadro 15). Hacia finales del decenio de los setenta, la masa monetaria en sentido amplio todavía crecía en la Comunidad a un ritmo del 15% aproximadamente, (SME 13%), mientras que ahora su tasa de expansión es de alrededor del 9,5 % (SME: menos del 7 %) y, en circunstancias normales, no tendría por qué acelerarse. De este modo, la política monetaria ha contribuido en gran medida a la disminución de la inflación en la. Comunidad. La tasa de inflación media de la Comunidad debería reducirse este año al 3,7%, mientras que en 1980 todavía ascendía al 13 %.

Uno de los primeros objetivos de la política monetaria es conseguir y mantener un alto grado de estabilidad monetaria, lo que responde completamente a las líneas directrices de la Estrategia de Cooperación. La estabilidad monetaria se antepone a la realización de los demás objetivos de política económica. Al reducir las incertidumbres sobre el futuro poder adquisitivo de la moneda, crea condiciones favorables para un comportamiento cooperativo de los agentes económicos y, en particular, restringe la justificación de los mecanismos de indiciación. De esta forma, mejora las condiciones de ajuste de los precios relativos y contribuye, por lo tanto, a una asignación eficiente de los factores de producción.

La elaboración de la política monetaria en una perspectiva de medio plazo permite orientar las expectativas de los agentes económicos en el sentido deseado y de forma duradera, sin que por ello peligren los éxitos logrados en la lucha contra la inflación.

No obstante, al elaborar la política monetaria se debe tener plenamente en cuenta el margen de crecimiento real posible. Si la tasa de expansión del potencial de producción aumentase durante el período de aplicación de la Estrategia de Cooperación, la política monetaria debería reaccionar en consecuencia. Asimismo, en caso de que la reducción persistente de los precios de la energía condujese a un aumento del potencial de producción, sería necesaria una mayor liquidez.

En una política monetaria proyectada a medio plazo y basada en una gran estabilidad de precios, siempre ocupa un lugar importante la fijación de objetivos cuantitativos en lo que se refiere a la masa monetaria o al crédito. No obstante, los agregados monetarios se ven a veces considerablemente afectados por las innovaciones financieras, la creciente liberalización de los movimientos de capitales, las transformaciones estructurales de los mercados monetarios y financieros y las variaciones de comportamiento de la demanda de dinero. Al valorar la evolución monetaria, es conveniente tener en cuenta estos factores. La publicación del objetivo cuantitativo monetario anual constituye una señal indicadora de la trayectoria prevista de la política monetaria. Los empresarios, los sindicatos y los gobiernos pueden ajustar sus decisiones en consecuencia. Al mejorar la información de los agentes económicos, los objetivos fijados para la oferta de dinero reducen los riesgos de fricción y facilitan la concertación de los interlocutores sociales. Los países que sólo disponen de un margen limitado para desarrollar una política monetaria independiente y cuyo principal objetivo es estabilizar el tipo de cambio de su moneda también se beneficiarán de la aplicación, por parte de los grandes países, de una política monetaria proyectada a medio plazo, en la medida en que se estabilicen las expectativas sobre los tipos de cambio y puedan importar y mantener una gran estabilidad de precios.

De momento, la evolución del ciclo coyuntural es prácticamente la misma en la mayoría de los Estados miembros: la mayoría de ellos está atravesando una fase de recuperación moderada y todos (excepto Grecia) están importando la estabilidad gracias a la fuerte reducción de los precios de importación. Hoy en día no se prevé, por lo menos a corto plazo, una nueva aceleración de la inflación, aunque, sin duda, la baja tasa de inflación actual subestima la tasa de inflación tendencial. Sin embargo, de ello no debe inferirse que todos los Estados miembros deban reaccionar de la misma forma ante la estabilidad de precios importada.

Los países en los que la tasa de inflación y las expectativas inflacionistas ya se han estabilizado a un nivel moderado no deben llevar a cabo una profunda reorientación de su política monetaria, adoptada antes de que se iniciase la caída de los precios de importación, ya que ésta sostendrá así un crecimiento real más alto. Por otra parte, una desviación inicial y temporal con respecto al objetivo monetario no obliga necesariamente a realizar una corrección, ya que en dichos países no es muy probable que tal desviación modifique las expectativas. Si las condiciones actuales conducen efectivamente a una elevación de la tendencia del crecimiento real para 1987, la política monetaria debería tener en cuenta dicho elemento al definir el objetivo monetario cuantitativo.

Los países que han logrado resultados apreciables en la lucha contra la inflación, pero en los que la tasa de inflación sigue, siendo a pesar de ello, muy superior a la media comunitaria - por ejemplo, Italia - deberían consolidar la parte de estabilidad importada, cuyo efecto inicial únicamente afecta al nivel de los precios, e intentar reducir la inflación de forma duradera. Este objetivo puede alcanzarse a condición de que se dé a conocer sin ambigüedades y de que esté apoyado por medidas monetarias creíbles. Una política monetaria dirigida a moderar la expansión de la masa monetaria no constituiría un obstáculo para una nueva reducción de los tipos de interés. Al contrario, a medida que las expectativas inflaccionistas se estabilicen a la baja, también descenderán los tipos de interés nominales y reales a largo plazo.

Por último, los países en los que la tasa de inflación es actualmente baja, pero las expectativas inflacionistas son superiores a lo que garantiza el ritmo actual de aumento de los precios (por ejemplo, Francia), deben limitarse a una expansión moderada de la masa monetaria que sea compatible con el objetivo de crecimiento real a medio plazo. El declive y la estabilización de los tipos de interés recientemente observados en Francia, donde los tipos a largo plazo se han reducido en un 3 % y los tipos a corto plazo en un 2 %, en enero y agosto de 1986, son la señal de una nueva credibilidad de la política monetaria. La estabilización de los tipos de interés a un nivel bajo depende de la estabilización las expectativas inflacionistas.

La orientación de la política monetaria que aquí preconizamos presupone no obstante que las consideraciones de orden coyuntural queden relegadas a un segundo plano, a riesgo comprometer los progresos realizados hacia un alto grado estabilidad de precios. Tampoco debe olvidarse que una política monetaria proyectada a medio plazo tiende asimismo a estabilizar el ciclo coyuntural. En una fase de recesión, la masa monetaria aumenta a un ritmo relativamente rápido en comparación con el del PIB, y se incrementa la liquidez, aunque sin repercutir de forma desfavorable sobre las expectativas inflacionistas. En cambio, en una fase de expansión, la reducción de liquidez modera las expectativas inflacionistas, pero sin los penosos efectos de una política de estabilización.

No obstante, en un régimen de tipos de cambio flexibles, las exigencias internas y externas pueden entrar en conflicto. La política monetaria podría exigir, por consiguiente, una gestión flexible en función de las evoluciones de los tipos de cambio en el exterior de la Comunidad, con objeto de evitar perturbaciones reales y fuentes de distorsión que terminen por hacer peligrar el objetivo prioritario de la estabilidad monetaria. Ahora bien, una reacción de este tipo no debería afectar en profundidad a las orientaciones elegidas.

En los últimos años, los tipos de interés nominales han experimentado una disminución importante en Europa. En 1981, el tipo nominal medio a corto plazo era del 15 % para la Comunidad, mientras que, en la actualidad, se ha reducido al 8,8 %, lo que prácticamente corresponde al tipo medio de los años setenta (cuadro 16). Se supone que en un futuro próximo continuará esta disminución de los tipos de interés, aunque más lentamente. A pesar de los éxitos obtenidos en la lucha contra la inflación, los tipos de interés reales a largo plazo todavía se consideran relativamente elevados. No hay que olvidar, sin embargo, en lo que se refiere al nivel actual de los tipos de interés reales, que en algunos países la tasa de inflación actual es inferior a la tasa de inflación a medio plazo y que, por lo tanto, se sobrevalora el nivel de los tipos de interés reales. Unos tipos de interés reales demasiado bajos no reflejan adecuadamente la escasez relativa de capitales. En los años setenta, se tradujeron en una intensidad de capital excesiva en la producción, lo que denota una distribución macroeconómica defectuosa de un ahorro relativamente escaso e implica el deterioro de la rentabilidad. Además, unos tipos de interés demasiado bajos desalientan el ahorro en una economía y suprimen así la base misma de una aceleración del crecimiento. Como se muestra en el gráfico 20, el nivel de los tipos de interés reales previsto para 1986 corresponde prácticamente al nivel de finales de los años sesenta. En cambio, la tasa de rendimiento del capital fijo todavía no ha recuperado dicho nivel.

Por una parte, son necesarios unos tipos de interés suficientemente elevados para evitar una asignación inadecuada de los recursos y para salvaguardar un crecimiento más generador de empleo impulsado por la oferta. Por otra parte, sería ciertamente deseable que los tipos de interés, tanto los nominales como los reales, se reduzcan a medida que las expectativas inflacionistas se estabilicen a un nivel moderado y que el ahorro global se reconstituya. Una estrategia monetaria basada en el medio plazo, constituye el medio adecuado para lograr, sobre unas bases saneadas, la deseada reducción "orgánica" de los tipos de interés reales.

El SME ha contribuido de forma decisiva a la convergencia de las políticas monetarias y a la lucha contra la inflación obligando a los países participantes a observar una disciplina clara en materia de tipos de cambio. En los períodos cada vez más largos de estabilidad de los tipos de cambio, los países que registraban una inflación bastante elevada pudieron importar una cierta estabilidad de precios, lo que reforzó el proceso de deflación. Ahora bien, el SME logró este aumento de estabilidad gracias a la estricta observación de un objetivo común de estabilidad. Por consiguiente, la mayor estabilidad de los tipos de cambio ha sido a la vez causa y efecto de una mayor estabilidad de precios y costes en el SME. Los reajustes de los tipos de cambio realizados en abril y agosto de 1986 no han afectado en absoluto a esta interdependencia fundamental.

A pesar de todo, el SME sigue siendo un sistema de tipos de cambio estables pero ajustables. En caso de una inadecuada coordinación de las políticas económicas, las diferencias entre los grandes determinantes de los tipos de cambio requieren ajustes periódicos, pero una política de este tipo no admite, en principio, divergencias entre las tendencias económicas de partida. En el futuro, será necesaria una mayor liberalización de los movimientos de capitales para que los mercados financieros puedan integrarse más estrechamente. En el seno del SME, ya se ha registrado una considerable aproximación de los tipos de interés. En efecto, tras el reajuste, la diferencia entre los tipos alemanes y franceses se ha reducido al 2%, en tanto que antes era del 3 %. También en Bélgica se registró una caída espectacular de los tipos de interés a largo plazo.

El reajuste de los tipos de cambio ha tenido, por consiguiente, una incidencia concreta sobre los tipos de interés. Las monedas para las que se preveía un reajuste a la baja tuvieron que resistir estas presiones mediante una elevación de los tipos de interés, lo que demuestra que, en los países en los que la erosión monetaria es más fuerte, el aplazamiento del reajuste ha tenido un efecto estabilizador importante.

Dado que se prevé un aumento de los movimientos de capitales, la creciente liberalización de su circulación representa, al principio, un riesgo virtual para la estabilidad del SME, que, no obstante, puede neutralizarse mediante una mayor convergencia de las políticas monetarias y de las políticas económicas globales. Así, la prosecución del programa de liberalización de los movimientos de capitales está directamente relacionada con una integración más estrecha de las economías de la Comunidad y con el desarrollo del Sistema Monetario Europeo sobre unas bases sólidas.

Una mayor integración monetaria requiere una mejor coordinación, tanto de las políticas monetarias de los países que participan en el SME, como en lo que se refiere a la concertación a nivel nacional de los instrumentos de la política económica general: éstos deben dosificarse de forma que no amenacen el sistema de tipos de cambio fijos. Pero lo más importante es que una política monetaria basada en la estabilidad interna y externa esté apoyada por la política presupuestaria y por una evolución adecuada de las rentas. En el seno del SME, en particular entre los grandes Estados miembros, la necesidad de coordinación se ha hecho más imperiosa. Ante todo es preciso reforzar el acuerdo sobre los objetivos de la política de estabilidad.

Ahora bien, una acción coordinada en materia de política monetaria no es sinónimo de uniformidad de políticas para todos los países. En efecto, en cada país se plantean problemas diferentes, y son precisos métodos diferentes para poner fin al hecho grave de la falta de convergencia de las políticas presupuestarias y a las divergencias concomitantes que todavía existen en cuanto a las expectativas inflacionistas. Cada país debe buscar, en la medida de sus posibilidades, las políticas que le permitan adecuarse de la mejor manera posible al objetivo común de crecimiento duradero, no inflacionista y más generador de empleo.

En la orientación general de la política monetaria de los países del SME se deberá tener en cuenta asimismo la evolución exterior al sistema. Cuanto mayor sea la convergencia de las economías y la liberalización de los movimientos de capitales, menor será la posibilidad de que efectos externos amenacen la estabilidad del SME, ya que su importancia relativa disminuirá en una zona monetaria integrada. Los movimientos de capitales entre la zona SME y los países exteriores ya no supondrán un peligro tan grande para la estabilidad del SME debido a que países participantes se verán afectados en la misma medida. A este respecto, el fortalecimiento del papel desempeñado por el ECU reviste una importancia especial. En caso de que el dólar dejase de atraer capitales, dicho reforzamiento permitiría que una parte de éstos refluyese hacía el ECU en vez de invertirse en el marco alemán, como ha ocurrido a menudo. Habida cuenta de la incertidumbre en cuanto a la evolución futura del dólar, resulta especialmente adecuada una mayor integración de la política europea en el plano monetario y en lo que se refiere a los tipos de cambio, lo que, además, supondría la ventaja para Europa de facilitarle una acción concertada dirigida a reabsorber los desequilibrios de los pagos internacionales.

La política monetaria de la Comunidad debería tener por objetivo una financiación adecuada del margen disponible de crecimiento real así como la salvaguardia y, en caso necesario, el fortalecimiento de los resultados obtenidos en la lucha por una reducción duradera de la inflación tendencial. Hasta ahora, su tarea se ha visto facilitada por las evoluciones exteriores. La devaluación del dólar y la caída de los precios del petróleo y de los tipos de interés americanos han ampliado el margen de actuación para la reducción de los tipos de interés europeos sin el riesgo de nuevas presiones inflacionistas. Si el dólar sigue bajando deforma significativa, podría ser necesario adoptar una gestión flexible de los tipos de interés europeos con objeto de evitar el peligro de una nueva y acusada depreciación del dólar con las consecuencias desfavorables que ello implica a medio plazo. Sin embargo, es importante evitar que se acumulen nuevamente factores potencialmente inflacionistas. El SME ha demostrado ser un factor de estabilización. Los progresos realizados en el camino hacia la convergencia y la liberalización de los movimientos de capitales han hecho todavía más necesaria una estrecha coordinación de las políticas económicas, tanto a nivel interno - entre políticas monetaria y presupuestaria y evolución de las rentas - como entre los Estados miembros. El éxito logrado en la creación de una zona de estabilidad monetaria atenúa el impacto de los factores externos y constituye una etapa importante para una mayor integración de las economías europeas.

CUADRO 15

Desaceleración y convergencia del crecimiento de la masa monetaria

(TABLA OMITIDA)

CUADRO 16

Evolución de los tipos de interés

(TABLA OMITIDA)

GRÁFICO 20

Rendimiento del capital y tipos de interés en la Comunidad

(IMAGEN OMITIDA)

4.2 Política presupuestaria

4.2.1 Déficit presupuestario, deuda pública, crecimiento y empleo

Las perspectivas de crecimiento en la Comunidad pueden mejorarse mediante un juicioso equilibrio de los saldos presupuestarios de los Estados miembros. En 1986, la reducción de los déficit presupuestarios ha sido, en su conjunto, algo más rápida que el año anterior. En el conjunto de la Comunidad (EUR 12), la necesidad de financiación neta se redujo del 5,1 % del PIB en 1985 al 4,7% en 1986, mientras que la reducción en 1985 fue únicamente de tres décimas de punto porcentual (cuadros 17 y 18). La reducción de la necesidad de financiación neta se acusó más en los países en que el déficit era muy elevado (Grecia e Italia), así como en Dinamarca, cuyo presupuesto para 1986 pasa a ser excedentario. En 1987, debería proseguirse la reducción de los déficit.

No obstante, en muchos países, estas reducciones no son suficientes para permitir la estabilización, y mucho menos la disminución de la relación entre la deuda pública y el PIB. En efecto, durante el período 1986 y 1987, la deuda pública expresada en porcentaje del PIB aumentará en 4 puntos porcentuales o más en la mitad de los Estados miembros de la Comunidad (Bélgica, España, Irlanda, Italia, Países Bajos y Portugal, cuadro 19). La persistencia de unos déficit presupuestarios elevados es la causa de esta evolución. En varios países, la carga de intereses asciende a un importe más o menos igual al déficit global. En tres países, Alemania, Luxemburgo y sobre todo Dinamarca, se espera, por el contrario, que disminuya la tasa de endeudamiento público.

Los déficit presupuestarios que se traducen por un endeudamiento público elevado tienen dos consecuencias macroeconómicas importantes. En primer lugar, los agentes sólo estarán dispuestos a invertir una parte mayor de sus activos en títulos públicos si se elevan todavía más los tipos de interés. En segundo lugar, dichos déficit presupuestarios aumentarán el riesgo de una recuperación inflacionista de la expansión monetaria, lo que implica un aumento adicional de los tipos de interés reales, asimilable a una prima de riesgo. El alto nivel de los tipos de interés reales provoca un efecto de expulsión de la inversión privada con sus consecuencias negativas para el crecimiento a medio plazo.

Así pues, a medio plazo, los efectos de un déficit público elevado y de una deuda pública importante son predominantemente negativos ; por lo tanto, su reducción sólo podría ser beneficiosa para la economía. Puede ocurrir que, en un primer momento, este ajuste tenga efectos negativos sobre la demanda, pero, si inicialmente existe una amenaza de inestabilidad financiera, este fenómeno debería ser pasajero. La experiencia danesa de los últimos años es un buen ejemplo de ello.

En cambio, cuando el riesgo de inestabilidad financiera no es muy grande y el cociente entre la deuda pública y el PIB está en baja, los aspectos negativos de la contracción presupuestaría sobre la demanda adquieren mayor importancia. Ahora bien, en ese caso, el deterioro inicial del saldo presupuestario puede compensarse con bastante rapidez, por lo menos en parte, mediante una reducción de impuestos y la adopción de otras medidas en favor de la oferta.

Por consiguiente, atendiendo al nivel de la deuda pública y de su ritmo de crecimiento en estos últimos años, Bélgica, España, Grecia, Irlanda, Italia y Portugal deberían mantener como objetivo prioritario una reducción importante del déficit presupuestario en porcentaje del PIB.

Podría conseguirse una fuerte reducción de los tipos de interés nominales y reales mediante medidas convincentes de saneamiento presupuestario a medio plazo combinadas con una estabilización monetaria efectiva. De esta forma, se podría limitar el esfuerzo necesario de restricción de los gastos presupuestarios esenciales.

Aun cuando en la mitad de los Estados miembros la reducción de los déficit presupuestarios es indiscutiblemente prioritaria, no constituye un objetivo en sí misma si la hacienda pública está suficientemente saneada. De hecho, cierta tasa de endeudamiento público respecto del PIB es compatible con el equilibrio financiero a medio plazo de la economía. Principios presupuestarios normativos orientados hacia la oferta, como los que ha adoptado el Consejo de Expertos Económicos en Alemania, por ejemplo, permiten demostrar la legitimidad de un cierto aumento anual de la deuda pública. Dicho Consejo considera que, para Alemania, el crecimiento "legítimo", según la definición de la "hacienda pública", se cifra en un 1,5 % del potencial de producción.

Al elegir una estrategia de política presupuestaria siempre debe tenerse siempre en cuenta la oferta y la demanda. En las actuales condiciones, existen razones que justifican tanto la opción de un refuerzo de la oferta como la de un apoyo a la demanda. Alemania, Francia y el Reino Unido son los principales Estados miembros en los que la deuda pública prácticamente se ha estabilizado. En Alemania se registra, in uso, una disminución. En Francia se están utilizando los márgenes de maniobra existentes, habiéndose ya previsto reducciones impositivas importantes para 1987 y anunciado ulteriores disminuciones para 1988, si bien al mismo tiempo se reducirá el déficit presupuestario en cada uno de esos años. Si la expansión se afianza aún más en el extranjero, sobre todo en la Comunidad, la política presupuestaria de Francia se verá facilitada. En el Reino Unido el Gobierno, en su declaración de otoño, ha previsto un aumento de los gastos públicos del orden de 4,75 miles de millones de libras en el ejercicio 1987/88. Esto significa que los gastos públicos previstos para 1987/88 se sitúan en un nivel aproximado del 2 % más elevados en términos reales que el resultado estimado de 1986/87. Así pues, si la Estrategia de Cooperación se convirtiese al aplicarla en el fundamento de la acción económica del conjunto de la Comunidad, alguno de esos tres países podría justamente considerar una combinación de reducción de impuestos y realización de inversiones públicas, cuya dosificación variaría de un país a otro. Cabe esperar que, en un plazo razonablemente corto, se produzca una compensación parcial gracias a los ingresos suplementarios y a la reducción de los gastos relacionados con la crisis, que ya no serían necesarios debido al mayor crecimiento.

La política presupuestaria debe desempeñar un papel preponderante en la aplicación de la Estrategia de Cooperación. Aproximadamente la mitad de los Estados miembros de la Comunidad deben seguir teniendo por objetivo prioritario la consolidación de los déficit presupuestarios y de la deuda pública. En los demás Estados miembros cuya participación en el PIB de la Comunidad es aproximadamente igual a dos tercios, se registran unos déficit tolerables y se dispone de cierto margen para la adopción de medidas presupuestarias de ayuda directa al crecimiento. En dichos países se debería considerar, si no se ha hecho ya, una aplicación rápida y coordinada de acciones presupuestarias para fortalecer las condiciones de la oferta y de la demanda. La elevación del nivel de actividad de dichos países permitirá a los demás Estados miembros alcanzar los objetivos de saneamiento presupuestario en un contexto de mayores niveles de actividad y de empleo.

4.2.2 Gastos públicos, fiscalidad, crecimiento y empleo

El concepto de "margen de maniobra" presupuestario se ha vinculado a veces excesivamente al tema de los déficit presupuestarios, que es sin duda importante, pero sólo parcial. Ahora bien, cuando se trata de definir una estrategia de crecimiento a medio plazo, el volumen y la estructura de los impuestos y del gasto público son elementos todavía más importantes. En estos dos aspectos, todos los países de la Comunidad disponen efectivamente de un amplio "margen de maniobra" para adoptar medidas de política en el sentido deseado, con objeto de contribuir de forma significativa a la elevación de la tasa de crecimiento a medio plazo de la producción, la inversión, el ahorro y el empleo. Un punto importante del diálogo social es la consecución de un mayor consenso en cuanto a la forma de contribuir a la realización de los objetivos de la Estrategia de Cooperación, actuando sobre el volumen y la estructura del gasto público y de los impuestos.

Nivel y estructura del gasto público. Puede resultar útil distinguir tres grandes categorías de gastos públicos:

i) La primera categoría es la de las inversiones en infraestructura y algunas otras inversiones, en particular, en los sectores de la investigación y desarrollo y de la educación. Estas inversiones, en sentido amplio, pueden ser financiadas en parte por el sector privado. Siempre que estos programas de inversión estén gestionados de forma eficaz y se ajusten a criterios de rentabilidad social elevada o suficiente, no hay ninguna razón para reducir estas partidas de gastos. En una economía dinámica, es normal que una parte importante de los medios financieros se destinen a inversiones de este tipo, con tasas de rentabilidad elevadas o suficientes. Los programas de inversión pública se han visto afectados por las restricciones presupuestarias en una medida superior a la proporcional, reduciéndose del 4 al 2,5 % del PIB entre 1975 y 1985. Estos programas, siempre que se ajusten a criterios de eficacia, podrían ahora desarrollarse durante varios años en el marco de la Estrategia de Cooperación.

Como se expuso en el Informe Económico Anual del año pasado, un programa de grandes obras de infraestructura en el que se incluyan proyectos de interés comunitario tiene cabida en el marco de la estrategia. Estos proyectos de interés europeo pueden comprenderse y financiarse bajo responsabilidad del sector privado. Se trata, en particular, de los proyectos siguientes:

- la creación de una red transfronteriza de telecomunicaciones (en torno a 3 mil millones de ECU) ;

- 3 redes de enlace: por carretera, ferrocarril y vías navegables (20 a 25 mil millones de ECU) ;

- el enlace París-Bruselas-Colonia por ferrocarril de gran velocidad (3 mil millones de ECU) ;

- el enlace fijo a través del Canal de la Mancha (4 mil millones de ECU).

En total, se puede prever, a medio plazo, un volumen de inversión de 30 a 35 billones de ECU distribuido sobre un período de cinco a siete años. Además, a largo plazo podrían realizarse otros proyectos: enlace por autopista con los países escandinavos a través de Dinamarca y los estrechos del Mar Báltico, enlace Venecia-Munich, instalaciones maremotrices en el Severn, puente sobre el estrecho de Messina, etc.

Este tipo de proyectos crearía además posibilidades de inversión pública nacional en el sector de las infraestructuras. Por otra parte, en casi todos los países existen posibilidades de inversión en campos como la renovación urbana y el medio ambiente (depuración de aguas, etc). En determinadas regiones, en particular en los nuevos Estados miembros, la mejora de la infraestructura reviste un carácter urgente. En conjunto, no faltan, por lo tanto, proyectos de inversión de rentabilidad social suficiente. La realización de progresos en el desarrollo de dichos proyectos contribuiría de forma importante y útil al crecimiento y al empleo.

Dado que existe una estrecha relación entre crecimiento empleo y tecnología, la mayoría de las autoridades públicas han reconocido la importancia que tiene una política dinámica de investigación y desarrollo para un crecimiento económico más sólido. A este respecto, habría que subrayar en concreto, la tendencia a apoyar de forma prioritaria los trabajos de investigación sobre las tecnologías avanzadas con objeto de favorecer cada vez más la innovación y una mayor relación entre investigación básica e industria. Los éxitos europeos en acciones como AIRBUS, JET, ESPRIT y BRITE destacan el valor y la eficacia del potencial de ID de Europa. Ilustran, asimismo, distintas posibilidades de financiación mediante programas europeos y una participación financiera de la investigación industrial precompetitiva. La Comunidad ha adoptado programas marco para conseguir una mayor eficacia de los programas de investigación comunitaria. Además, es conveniente señalar la iniciativa EUREKA que expresa la voluntad de los gobiernos de encontrar nuevas sinergias financieras y económicas en el plano de la cooperación europea en el sector industrial.

Junto con las inversiones en infraestructura, el Estado tiene un importante papel que desempeñar en la mejora del capital humano mediante la formación y el perfeccionamiento profesionales. También aquí sería necesario, que, mediante una estrecha cooperación entre los poderes públicos y las partes interesadas, se encontrasen formas de financiación adecuadas, habida cuenta de las posibilidades y beneficios que cada una obtendrá de una mejor calificación profesional (véase también capítulo 4.3.2).

ii) La segunda categoría es la de los servicios públicos corrientes, como la salud y la jubilación. Desde un punto de vista social, es deseable un alto grado de distribución de dichos servicios. Ahora bien, en este sector se plantean importantes problemas de gestión, y es preciso mantener una disciplina razonable en términos económicos, habida cuenta de que las demandas de ampliación de estos programas pueden ser superiores a la capacidad de la economía. Tanto por razones de eficacia de gestión como de justicia social, la dosificación entre sector público y sector privado en la organización de dichos programas constituye asimismo, una cuestión importante. A pesar de ello, la posibilidad de una privatización parcial de los servicios de salud y de jubilación debe estudiarse con una prudencia extrema, en particular porque la transferencia de las cotizaciones sociales a sistemas de seguro privados no reducirá necesariamente su coste. Puede ocurrir, por ejemplo, que la reducción de las cotizaciones sociales se vea compensada por una elevación de las cotizaciones contractuales, pagadas a las organizaciones privadas y deducidas de la misma forma por los empresarios. El impacto sobre los costes salariales totales y sobre las reivindicaciones salariales no sería, por consiguiente, demasiado significativo. A fin de cuentas, dichos programas deben gestionarse de una forma razonablemente económica, pero no deben suprimirse.

iii) La tercera categoría es la de las prestaciones sociales que son consecuencia del mal funcionamiento del sistema económico. Los subsidios de desempleo son su mejor ejemplo, por lo menos por encima de un determinado nivel mínimo de desempleo. Sin embargo, esta categoría de gastos públicos "evitables" es, de hecho, mucho más amplia ya que en ella se incluyen también los subsidios familiares suplementarios en favor de los desempleados, la ampliación de los programas de jubilación anticipada y, en muchos países, los programas de pensión de invalidez que han sido ampliados a personas sin ninguna o con sólo una ligera invalidez. En los últimos 15 años, el total de estos gastos públicos "evitables" ha aumentado, en promedio para la Comunidad, por lo menos en un 5 % del PIB. En términos de aumento de las cotizaciones sociales, estas partidas representan alrededor del 10% de los costes salariales, una cifra evidentemente enorme habida cuenta de los debates que están teniendo lugar sobre el nivel económicamente justificado del coste de la mano de obra.

La aplicación de la Estrategia de Cooperación debería permitir una reconsideración de la pertinencia de tales programas, a medida que mejoren las perspectivas de empleo. Por ejemplo, podrían reconsiderarse los criterios de admisión a determinados programas especiales de jubilación en el marco de una política dirigida a incrementar la tasa de participación de la población en edad de trabajar y a absorber el desempleo. Ello respetando siempre los derechos adquiridos de las personas que ya hayan obtenido la jubilación anticipada. Se está considerando este tipo de iniciativas en muchos países, como Italia y los Países Bajos, donde los programas de jubilación especiales en favor de personas en edad de trabajar fueron extendidos a más del 10 % de la población activa. También en otros países gastos similares condujeron a un aumento de las cotizaciones sociales, lo cual contribuyó a frenar el empleo. Por consiguiente, una reducción de los gastos públicos y de las cotizaciones sociales en esta dirección podría formar parte integrante de un nuevo "Círculo virtuoso" de creación de empleo y de reducción de impuestos. Además, los gastos sociales pueden ser más eficaces si sirven para incrementar las posibilidades de empleo de los beneficiarios de dichos programas.

Posibilidades de reforma fiscal. Los grandes objetivos de política económica de una reforma de los niveles y de la estructura de los impuestos corresponden a los 4 sectores siguientes: a) demanda de mano de obra, b) oferta de mano de obra, c) nivel del ahorro y, por lo tanto, de acumulación de capital y d) eficacia de la asignación de recursos.

Fiscalidad, costes salariales y demanda de mano de obra. Es probable que una gran parte de las cargas fiscales y sociales soportadas por los asalariados se traslade a los costes salariales, lo que puede conducir al aumento de éstos. Dado que una evolución de este tipo tiende, generalmente, a frenar la demanda de mano de obra por parte de las empresas, el empleo en el sector privado se vería desalentado y el crecimiento económico debilitado, lo que demuestra la importancia de las medidas de reducción de las cargas sociales y fiscales anteriormente mencionadas.

Fiscalidad y oferta de mano de obra. Los tipos impositivos marginales altos conducen, por naturaleza, a frenar la propensión al trabajo y a debilitar, por lo tanto, los fundamentos del crecimiento económico.

Impuestos, renta disponible y ahorro de las economías domésticas. Hay otros factores que influyen de forma indirecta en el empleo, porque desalientan el ahorro y, por lo tanto, la acumulación de capital. Un aumento de los impuestos sobre la renta, de las economías domésticas reduce su renta disponible y, por consiguiente, su ahorro. Si el Estado dedica a gastos de consumo una fracción de sus ingresos, netos de transferencias, más importante que la de las economías domésticas, el ahorro nacional disminuye.

Impuestos y asignación de recursos. Si las categorías de rentas o de gastos que se benefician de exenciones fiscales son muy numerosas, se registrarán distorsiones en la asignación de los recursos cuya productividad media disminuirá. En este caso, los tipos impositivos aplicables en general deberán ser más elevados, lo que, como ya hemos visto, tendrá un efecto negativo sobre la propensión al trabajo, al empleo, al ahorro y a la inversión. Por ello, es conveniente verificar que cada exención fiscal aún existente está justificada económica o socialmente, teniendo en cuenta que su supresión permitiría ampliar la base imponible y reducir consiguientemente los tipos del régimen común. Éstas son las razones que han motivado la reciente reducción de los tipos y las exenciones del impuesto sobre la renta en Estados Unidos.

En la Comunidad, existen varios proyectos de reforma fiscal que merecen ser señalados.

En lo que se refiere al impuesto sobre el beneficio de las sociedades, muchos países están reduciendo su tipo (Reino Unido, Francia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo), y compensan parcialmente dicha baja con la reducción de las amortizaciones. En algunos países se prevé reducir o suprimir otros impuestos sobre sociedades que no gravan los beneficios, como el impuesto sobre el patrimonio de las sociedades en Alemania, el impuesto profesional en Francia y el impuesto comercial en Alemania.

En lo que se refiere al impuesto sobre la renta de las personas físicas, Francia, Alemania y el Reino Unido han iniciado un proceso de reducción progresiva de los tipos marginales elevados, que está financiada en parte por una ampliación de la base imponible (Reino Unido) y en parte por ahorros presupuestarios generales. En estos tres países, uno de los principales objetivos de los gobiernos para los próximos años es el de introducir nuevas reducciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas.

Con motivo de la caída de los precios de los productos petrolíferos muchos países han aumentado los impuestos sobre el consumo de petróleo con objeto de reducir sus déficit (Dinamarca, España, Grecia, Italia, Irlanda y Portugal).

Las propuestas de la Comisión en materia de aproximación de la legislación sobre impuestos indirectos también podrían implicar una modificación de la estructura de las exacciones obligatorias en determinados países.

La adopción de medidas especificas que afecten al nivel y a la estructura del gasto público y de los impuestos contribuirá en gran medida a la aplicación de la Estrategia de Cooperación. Podrían incrementarse más las inversiones públicas que presenten una rentabilidad social suficiente, lo que favorecería también el desarrollo del potencial de producción y la inversión privada. A medio plazo habría que reducir las exacciones sociales. La mejora del crecimiento y del empleo, junto con el aumento de los ingresos públicos y la disminución de los pagos por transferencia resultantes, podrían crear un "círculo virtuoso". Deberían realizarse asimismo reformas fiscales encaminadas a reducir los tipos impositivos sobre las rentas, a modificar la estructura de la imposición en un sentido más favorable al empleo y a facilitar la aproximación de los impuestos indirectos en la Comunidad.

CUADRO 17

Ingresos y gastos de las administraciones públicas (22), EUR 12

(TABLA OMITIDA)

CUADRO 18

Necesidad (-) o capacidad (+) de financiación de las administraciones públicas

(TABLA OMITIDA)

CUADRO 19

Deuda pública (23)

(TABLA OMITIDA)

CUADRO 20

Evolución de los gastos de protección social de las administraciones públicas de 1970 a 1983

(TABLA OMITIDA)

4.3 Salarios y mercado de trabajo

4.3.1 Rentas y costes salariales

La Estrategia de Cooperación propone el acuerdo entre los interlocutores sociales sobre una evolución de los costes salariales compatible con un aumento significativo del empleo. El escenario que refleja la Estrategia de Cooperación prevé a este respecto que los salarios, definidos de una forma parecida a la que se adopta normalmente en las negociaciones salariales, es decir, deducidas las cotizaciones sociales pagadas por los empresarios, se incrementarán, en términos reales, a un ritmo moderado, próximo al 1,1 % anual, en promedio para los años 1986/90. A los efectos de este incremento moderado se sumarán los de una cierta reducción de las contribuciones sociales pagadas por los asalariados. Durante este mismo período, el aumento de la productividad media per cápita será del 2,3 %. La reducción de las cargas sociales pagadas por los asalariados y de los impuestos directos y las modificaciones en la relación real de intercambio conducirán a un incremento algo más rápido del poder adquisitivo del salario neto, en promedio para 1986/90.

Tanto a los empresarios como a los asalariados les interesará comprometerse a respetar estas evoluciones de los costes salariales totales y de las rentas salariales totales netas, dado que deberían conducir a unos resultados claramente mejores en el plano del empleo, una mayor rentabilidad para las empresas y un aumento moderado de las rentas reales de los asalariados.

Desde comienzos de los años ochenta, todos los países han realizado progresos en la moderación del crecimiento de los salarios reales con respecto al de la productividad. Han aumentado, por consiguiente, los beneficios. Sin embargo, entre 1981 y 1985, estos progresos han sido muy distintos según los países (véase el cuadro 21).

Ahora bien, en 1986, podría llegarse, en el seno de la Comunidad, a un nivel de convergencia mayor. En efecto, la mejora en la relación real de intercambio ha permitido a países como Bélgica, Francia e Italia, que hasta 1985 eran los que menos habían progresado, conseguir este año una importante mejora en la rentabilidad de las empresas. En el caso de Bélgica, esto se explica por la existencia de mecanismos de indiciación todavía bastante rígidos, de forma que la reducción de la inflación pudo reflejarse automáticamente sobre los salarios nominales. En Francia, en el marco de la política contractual, dirigida a conseguir una acomodación ex ante de los salarios nominales a los aumentos de precios prefijados, se ha tenido en cuenta que la reducción de la inflación ha sido más rápida de lo previsto.

Sólo en cinco países, Bélgica, Grecia, España, Francia e Italia, el aumento de los costes salariales reales per cápita será, en 1987, inferior o próximo al 1 %. En los tres últimos países, parece justificado un aumento de los costes salariales reales inferior a la media de la Comunidad si se tiene en cuenta que la recuperación del empleo es todavía débil y que el nivel de desempleo es especialmente elevado. Lo mismo ocurre en Bélgica y Portugal donde el aumento de los costes salariales reales per cápita será del orden del 1 %.

En los demás países de la Comunidad, el aumento de dichos costes se situará entre el 2 y el 3 % (véase el cuadro 22). En estos países, sería deseable que los interlocutores sociales tuviesen en cuenta, en las negociaciones salariales, la evolución del empleo y el nivel de desempleo. Por ejemplo, la inflexión de la evolución de los costes salariales podría ser menos acentuada en Alemania, donde el nivel de desempleo es relativamente menos elevado y la rentabilidad ha aumentado con bastante rapidez. En cambio, en el Reino Unido, el problema de un rápido aumento de las remuneraciones salariales reales reviste una mayor gravedad debido a la elevada tasa de desempleo.

El imperativo de moderación salarial implica una gran responsabilidad para los interlocutores sociales. Los salarios se determinan en cada país de acuerdo con procedimientos tradicionales, que con frecuencia están establecidos hace mucho tiempo. Sin cuestionar tales procedimientos, sería necesario, sin embargo, que permitiesen observar algunos principios.

Tal como se preconiza en la Estrategia de Cooperación, los acuerdos salariales deberían permitir que, cuando se produzcan fuertes modificaciones en la relación real de intercambio, que por otra parte son difícilmente previsibles, puedan tenerse en cuenta con rapidez. Los interlocutores sociales deberían plantearse la oportunidad de mantener, en un caso como éste, cierta flexibilidad en la evolución efectiva en los salarios nominales. Una de las opciones posibles sería la de introducir en los acuerdos sociales unas cláusulas de salvaguardia destinadas a proteger en cierta medida a ambas partes. De esta forma, se evitaría que, en caso de deterioro de la relación real de intercambio, la recuperación de la rentabilidad se viese amenazada, o, en caso contrario, se podría acelerar dicha recuperación manteniendo al mismo tiempo una evolución de los salarios reales satisfactoria. Los esfuerzos realizados en los últimos años por flexibilizar los mecanismos de indiciación deberían proseguir. El actual contexto de estabilidad debería facilitar la realización de este objetivo.

En el interior de cada país, es conveniente preservar cierta flexibilidad en la formación de los salarios a nivel regional. Una mayor cohesión social y económica en el seno de la Comunidad requiere también una convergencia a la baja de las tasas de desempleo entre las distintas regiones sin que ello implique la despoblación de las regiones más pobres.

A la realización de este objetivo pueden contribuir las transferencias de recursos, por parte de los Estados miembros o de la Comunidad. Ahora bien, para que sean plenamente efectivas deben completarse con la afluencia de capitales privados atraídos por la existencia de unas tasas de rentabilidad por lo menos iguales a las de las regiones más favorecidas.

Por último, el aumento moderado de los costes salariales reales per cápita debería ser general y beneficiar a todos los sectores y empresas.

A tal fin, los aumentos de productividad conseguidos en los sectores más rentables deberían utilizarse ante todo para mejorar la competitividad y la rentabilidad de la economía y no sistemáticamente para establecer, en dichos sectores, incrementos salariales superiores a la media. De esta forma podría aumentarse el margen de maniobra de los sectores con ganancias de productividad menos elevadas. Dichos márgenes podrían utilizarse entonces para crear empleo.

Ahora bien, podría resultar ventajoso preservar, a nivel de empresas, cierta flexibilidad coyuntural de las remuneraciones salariales. Tal flexibilidad constituye una contrapartida necesaria de la estabilidad del empleo ante las variaciones coyunturales de la demanda o de los precios. En este sentido, una de las técnicas que se podría utilizar consistiría, por ejemplo, en dividirlas remuneraciones salariales en una parte fija y otra vinculada a los beneficios de la empresa, lo que podría contribuir además a aumentar la motivación dejos asalariados. Esta flexibilización puede contribuir asimismo a que las empresas existentes dispongan de los márgenes necesarios para llevar a cabo las reestructuraciones necesarias sin dejar de mantener cierto nivel de empleo.

Los distintos aspectos de la formación de salarios que hemos mencionado conciernen ante todo a los interlocutores sociales. En el marco del diálogo social, estas cuestiones deberían examinarse en profundidad para llegar al adecuado equilibrio entre adaptabilidad del mercado de trabajo y protección de los asalariados.

La evolución de los costes salariales ha permitido que en estos últimos años se haya producido cierto incremento de la rentabilidad de las empresas ; por tanto, dicha evolución contribuirá a aumentar el nivel de empleo. Estas tendencias se han visto reforzadas por la caída de los precios del petróleo. A medio plazo, es preciso llegar a un consenso sobre un aumento moderado de los salarios reales combinado, en la medida de lo posible, con una reducción de las exacciones sociales, lo que garantizaría una mejora duradera de la rentabilidad y de la competitividad. Para aumentar las posibilidades de reducir el desempleo conviene velar porque los procedimientos de formación de los salarios respondan con suficiente flexibilidad tanto a las imprevisibles evoluciones del contexto internacional como a las disparidades regionales. A nivel de empresas, podrían considerarse modalidades que conlleven una cierta flexibilidad de las remuneraciones salariales, lo cual permitiría aumentar la motivación de los asalariados y estabilizar el empleo ante las variaciones coyunturales de la demanda o de los precios. Ahora bien, los aumentos de productividad superiores a la media de los sectores y empresas más rentables deberían utilizarse ante todo para mejorar la competitividad en el conjunto de la economía y no para introducir, en dichos sectores, incrementos de salarios superiores a la media.

4.3.2. Adaptación del mercado de trabajo con vistas a un crecimiento más generador de empleo

Junto con los grandes determinantes macroeconómicos del empleo ya estudiados - demanda global, nivel de las remuneraciones y costes de seguridad social - existe asimismo toda una serie de instrumentos microeconómicos que pueden fomentar o frenar la propensión de la economía a crear empleo. Entre ellos, los principales son los siguientes:

- la ordenación del tiempo de trabajo,

- los sistemas de protección del empleo,

- las posibilidades de cualificación o readaptación profesionales,

- las normativas sobre creación de pequeñas empresas y sobre el establecimiento de trabajadores independientes y de empresas cooperativas, y

- las medidas dirigidas a favorecer la reintegración de los desempleados de larga duración en la vida activa y la inserción profesional de los jóvenes sin empleo.

En estas áreas se han tomado recientemente, o se están estudiando, iniciativas en los distintos Estados y en el plano comunitario. Asimismo, en la nota titulada "Crecimiento del empleo en la perspectiva de la década de los años noventa. Estrategia para el mercado de trabajo" enviada en junio de 1986 al Consejo de Ministros de empleo y asuntos sociales por los ministros irlandés, italiano y británico, se recogen un gran número de medidas concretas encaminadas a mejorar el mercado de trabajo.

La reordenación y reducción de la jornada laboral pueden hacer que el crecimiento genere empleos con la condición de que sean neutrales en términos de costes. Puede alcanzarse ese objetivo en el marco de una reorganización del proceso de producción que combine la reducción de la jornada laboral con un aumento de la jornada de utilización de la capacidad de producción y una mayor flexibilidad en la asignación de la mano de obra en el seno de la empresa. Una fórmula de ese tipo podría incrementar la productividad del capital y contribuir así a impulsar la inversión privada. La posibilidad de utilizar la capacidad existente para producir más con un mayor número de trabajadores también podría paliar la insuficiencia del stock de capital respecto de lo que exigiría un alto nivel de empleo.

Dado que las incertidumbres y los costes de ajuste vinculados a una reorganización del trabajo pueden ser considerables, es conveniente integrar este proceso en un enfoque cooperativo, evitando en particular el aumento de los costes del capital y del trabajo. En muchos casos, también deberá intervenir el Estado para fomentar las experiencias, los intercambios de información e incluso para asumir los costes del ajuste. En varios Estados miembros, los poderes públicos han aplicado diversos medios para facilitar dicha reestructuración.

La desregulación de los sistemas de protección del empleo no debe constituir un objetivo en sí mismo. La existencia de un marco legislativo general en materia de empleo, como el existente en todos los países europeos y en Japón, permite garantizar unas condiciones de empleo estables y equitativas. Asimismo, la legislación sobre protección del empleo puede formar parte integrante de un contrato social en sentido amplio en cuyo marco se realice un enfoque conjunto de las relaciones sociales basado en una política de previsión de las empresas en materia de empleo.

La gran diversidad de los sistemas de protección del empleo existentes en la Comunidad e inscritos todos ellos en un marco jurídico global, demuestra cómo una normativa demasiado restrictiva puede ser perjudicial para la generación de empleo en una economía. De las encuestas de la Comisión realizadas a los directores de empresa se desprende que, en algunos países, la normativa sobre despidos y suspensiones del contrato se considera especialmente nefasta para el empleo. En casos parecidos, deberían reconsiderarse los costes, los procedimientos y las vías de recurso ante los tribunales en materia de contratación y de despido, sin perjudicar por ello los derechos sociales fundamentales. Dichas reformas deberían ser compatibles con los objetivos definidos en el artículo 118 A del Acta Única Europea.

En el equilibrio entre calidad y cantidad de puestas de trabajos ofrecidos influyen también en gran medida las normas reguladoras del trabajo a tiempo parcial y de los contratos por tiempo definido. Por otra parte, el número creciente de ofertas de empleo de este tipo y de personas dispuestas a aceptarlas es suficientemente importante, habida cuenta de la escasez de empleo en la Comunidad, para procurar que este tipo de contratos de trabajo no sea objeto de una regulación demasiado severa. De hecho, para lograr un aumento de la tasa de actividad, cosa que es indispensable a la vista de los problemas estructurales previstos a nivel demográfico, la Comunidad deberá basarse, en parte, en dichas formas de contratación, que se ajustan especialmente bien a las preferencias de determinados grupos (por ejemplo, segundo empleo en una familia o trabajadores de edad avanzada). En la situación actual, estas formas contractuales presentan asimismo la ventaja de reducir los costes marginales que imponen la legislación y los convenios a la hora de contratar nuevos trabajadores, sin que ello afecte a la seguridad del empleo de los trabajadores permanentes ; contribuirán además a garantizar un crecimiento más generador de empleo. No obstante, deben tomarse precauciones para limitar los riesgos de precariedad del empleo y garantizar la calidad de tales contratos, que podrían regularse, por ejemplo, por unas normas de cobertura social mínima y otras normas laborales, como la fijación de salarios mínimos.

La educación, la formación y la readaptación profesional son variables clave del proceso de ajuste económico. Por lo tanto, al adoptar iniciativas políticas en materia de empleo, no deben ser olvidadas, si se quieren evitar estrangulamientos importantes y atenuar las consecuencias sociales de reestructuración industrial. El papel fundamental que desempeñan en la actualidad la educación y la formación en los Estados miembros queda subrayado por el creciente reconocimiento de los vínculos existentes entre formación, productividad y éxito en los negocios, así como por la importancia que conceden las empresas a unas mayores inversiones en formación. Como instrumento de ajuste social, la readaptación profesional debe utilizarse, en particular, en el caso de cierre de empresas y de contracción sectorial y, todavía más, en las zonas en declive industrial.

A tal fin y en el marco del diálogo social a nivel comunitario (Val Duchesse), el grupo de trabajo sobre la formación y la motivación de los trabajadores ante las nuevas tecnologías intenta contribuir a la creación de un entorno favorable. Ello es especialmente importante en lo que se refiere al programa para la formación profesional y las nuevas tecnologías de la información (Euro-Tecnet) y a la decisión por la que se adopta el programa de cooperación entre la universidad y la empresa en relación con las formaciones de alto nivel (Comett).

Es necesario realizar un esfuerzo especial para garantizar una gestión efectiva de los recursos humanos a nivel local y regional. Este esfuerzo debe apoyarse con inversiones en formación suficientes, financiadas por los sectores público y privado, y capaces de garantizar una elevación y modernización generalizadas de las cualificaciones a todos los niveles. Las PYMES sufren especiales problemas de formación y readaptación profesional (a nivel de progresos en las actividades de gestión y asesoramiento, de acceso a la formación y de flexibilidad de entregas). Se invita a los Estados miembros a responder positivamente a las propuestas de la Comisión sobre un conjunto completo de medidas en este sentido. La necesidad de una mayor flexibilidad de la mano de obra en el seno de la empresa subraya también la importancia que reviste la elevación del nivel de formación para una mayor movilidad interna.

La contribución de la formación y de la cualificación a una mayor flexibilidad regional del mercado de trabajo en la Comunidad ha sido reconocida por la Decisión del Consejo relativa a la correspondencia de las calificaciones de formación profesional entre los Estados miembros de las Comunidades Europeas, que se aplica, en particular, a los trabajadores semicualificados (de nivel 2). Con dicha Decisión se completa la acción de la Comunidad dirigida a la aceleración de un reconocimiento mutuo de los certificados y de otros títulos acreditativos de la conclusión de la formación profesional. Beneficiará ante todo a los trabajadores de los sectores en los que la movilidad entre Estados ya ha alcanzado un alto nivel. Esto constituye una etapa en la realización de la dimensión humana del mercado interior.

Dos de los principales factores que condicionan la adaptabilidad del mercado de trabajo, desde la óptica de un crecimiento más generador de empleo, son las normativas y los convenios en materia de: a)tiempo de trabajo y b)protección del empleo. Las recientes encuestas realizadas por la Comisión (24) demuestran que tanto los empresarios como los asalariados desean una flexibilización de determinadas normas que regulan el mercado de trabajo. Esta voluntad debería aprovecharse para profundizar el diálogo social sobre estos temas.

Como ya se indicó en una Comunicación de la Comisión al Consejo de 1984 (COM(84) 484 final), los desempleados de larga duración serán de los últimos en beneficiarse de cualquier mejora de los resultados económicos globales. Las políticas dirigidas a promover el crecimiento general y el del empleo deben completarse con medidas específicas en favor de ese grupo de personas. Así, la Comisión ha propuesto un conjunto de medidas cuyo objeto es a la vez prevenir el desempleo de larga duración y reintegrar a los desempleados que hayan permanecido en el paro durante 12 meses o más. Dichas medidas constituyen la base de la Resolución del Consejo de diciembre de 1984 (25), en la que se contiene el compromiso de combatir el problema mejorando la eficacia de las políticas sociales y de empleo existentes, en el marco de una acción comunitaria efectiva para combatir el desempleo. Con estas medidas se completa la Resolución del Consejo de enero de 1984 en la que se aborda el tema del desempleo juvenil y en la que los Estados miembros han dado su consentimiento a una serie de medidas dirigidas a promover la formación y el empleo de los jóvenes.

El Fondo Social Europeo y el Programa de lucha contra la pobreza (26) han propiciado con sus intervenciones toda una serie de iniciativas específicas de ayuda a los desempleados de larga duración. En muchos Estados miembros se han introducido medidas nuevas o ampliado las ya existentes en favor de esta categoría de desempleados. No obstante, el porcentaje de desempleados censados que permanecen sin empleo durante un año o más no ha dejado de aumentar y, en la actualidad, representa un 40 % en promedio para la Comunidad. Además, el porcentaje de desempleados que llevan dos años o más en paro también se ha incrementado considerablemente. Es evidente que la acción de la Comunidad no responde a las dimensiones del problema: es necesario un compromiso político y financiero mucho mayor para lograr los objetivos fijados en la Resolución de 1984. Podrían tomarse en consideración, por lo tanto, medidas concretas, como la reducción de las cotizaciones sociales en caso de contratación de desempleados de larga duración.

Por otra parte, en lo que se refiere al desempleo juvenil, es evidente la necesidad de prestar especial atención a las medidas capaces de aumentar las posibilidades de un empleo ulterior, más que a aquellas que se limitan a retrasar la entrada en el mercado de trabajo.

También deben ser objeto de especial atención los problemas de los jóvenes desempleados mayores de 20 años, que en muchos casos pueden convertirse ya en desempleados de larga duración, una vez agotadas las posibilidades de contratos en prácticas o de contratos temporales.

A finales de 1986, la Comisión examinará los progresos realizados en la aplicación de las acciones previstas en la Resolución del Consejo. A comienzos de 1997, presentará al Consejo un informe en forma de comunicación con propuestas de nuevas acciones. Dicho informe se basará en las informaciones comunicadas por los Estados miembros y en las conclusiones de los recientes informes elaborados por la Comisión y por otros organismos interesados en la lucha contra el desempleo de larga duración.

Existen muchas normativas o iniciativas en materia de creación de puestos de trabajo que podrían conducir a una economía más generadora de empleo. Deberían integrarse de forma coherente en una política macroeconámica positiva como la prevista en la Estrategia de Cooperación. La Comunidad no debería orientarse hacia una desregulación generalizada en materia de protección del empleo, pero las Estados miembros deberían, en determinados casos, ajustar las normativas demasiado restrictivas para no desanimar el crecimiento de diversas formas de empleo, siempre que se respeten los principios fundamentales de la seguridad social además de otras condiciones. La ordenación del tiempo de trabajo, con arreglo a modalidades neutras desde el punto de vista de los costes, también puede contribuir a un crecimiento más generador de empleo. Para atenuar el problema del desempleo de larga duración y el desempleo juvenil es indispensable realizar acciones más incisivas. La Comunidad procederá dentro de poco a un nuevo examen de dichas medidas.

CUADRO 21

Costes salariales unitarios males (Desviaciones de los costes salariales reales per cápita respecto de la productividad)

(Índice 100: Media 1961/73)

(TABLA OMITIDA)

CUADRO 22

Costes salariales y empleo previstos para 1987 (27)

(TABLA OMITIDA)

4.4. Adaptabilidad de los mercados

Entre las líneas de acción de la Estrategia de Cooperación, la mejora de la capacidad de adaptación de los mercados es un elemento esencial para el proceso de recuperación de la competitividad de las empresas y de sus resultados, en particular en materia de empleo. Esta mayor adaptabilidad podría ciertamente lograrse a medio plazo, pero sus efectos sólo se manifestarían de forma progresiva. No obstante, la política propuesta también puede traducirse en efectos positivos más inmediatos en la medida en que contribuye a orientar y estabilizar las expectativas de los agentes económicos. El objetivo propuesto es afianzar el funcionamiento de los mecanismos de mercado mediante:

- la creación de un espacio sin fronteras interiores que garantice la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales,

- la creación, en el plano nacional, de unas condiciones más favorables para el desarrollo de las empresas y para la promoción del espíritu de empresa.

La consolidación del potencial de crecimiento y los resultados concomitantes en materia de empleo van necesariamente acompañados de un ajuste estructural. Ahora bien, dicho ajuste será más fácil de realizar si se desarrolla en un contexto de crecimiento dinámico en el que pueda tomarse en consideración más fácilmente la dimensión social.

Avanzar hacia la, consecución del mercado interior. En junio de 1986, el Consejo Europeo de La Haya subrayó la necesidad de mejorar, de forma sustancial, el proceso de decisión relativo a la consecución del mercado interior, con objeto de alcanzar tanto los objetivos fijados para el año en curso como el objetivo final para 1992. En efecto, deben realizarse progresos considerables para pasar del actual estado de unión aduanera avanzada a un espacio económico sin fronteras en 1992.

Entre los principales ámbitos de acción contemplados en el Libro Blanco sobre el mercado interior, se puede considerar que los resultados económicos más apreciables deberían derivarse de:

- La supresión de obstáculos a los intercambios intracomunitarios: se trata, en primer lugar, de la eliminación de las barreras fronterizas cuyo principal resultado será una disminución del coste de los intercambios intracomunitarios y, por lo tanto, un estímulo para que se reanude su crecimiento que, tras la fuerte expansión registrada de 1958 a 1973 (período en el que la participación de estos intercambios en el conjunto del comercio de la Comunidad se elevó del 34 al 53 %) pasó por una fase de relativo estancamiento. Se trata, además, del mercado común de los servicios y, en particular, de los servicios financieros, respecto a los cuales se espera, gracias a un incremento de la competencia, la disminución del coste de los servicios prestados (intermediación financiera, precios de los servicios) tanto a las empresas como a los consumidores finales.

- La apertura de la contratación pública a la competencia: la importancia de la contratación pública es considerable. En efecto, las compras de bienes y servicios (incluida la formación bruta de capital fijo) de las administraciones públicas representaron en 1985 alrededor del 18 % del total de los gastos públicos, es decir el 9 % del PIB de la Comunidad (en esta evaluación no se incluyen las compras de un número considerable de empresas públicas del sector competitivo reguladas por el derecho privado). La apertura de dichos mercados a la competencia se traducirá en ahorros presupuestarios que, según las primeras estimaciones, serán especialmente apreciables en determinados sectores. Por otra parte, también tendrá efectos positivos para las empresas proveedoras que podrán especializarse más y aprovechar las economías de escala.

- El desarrollo de efectos de mejora de la oferta: debido a la intensificación de la competencia intraeuropa, los más evidentes resultarán de una mayor especialización de las empresas y, por consiguiente, de la aparición de economías de escala, por lo menos en determinados sectores. Otros factores pueden aumentar la importancia de estos efectos, en particular una cooperación industrial intraeuropea más intensa y una mayor concentración y eficacia de los gastos de investigación y desarrollo. Por último, aparecerán unos efectos de oferta muy positivos como resultado de la supresión de las disparidades en materia de especificación técnica (reglamentos técnicos, normas, procedimientos de certificación) que tanto los poderes públicos como las empresas dominantes utilizan en la actualidad como instrumentos para segmentar los mercados y reducir por consiguiente la competitividad en el conjunto de la economía comunitaria.

- Por último, la aproximación de las legislaciones en materia de imposición indirecta podría constituir un elemento importante para intensificar la competencia intracomunitaria, en particular mediante la mayor transparencia de los precios finales de consumo en los distintos países. Además, en algunos casos o en determinados países podría ser una oportunidad para adoptar una estructura de exacciones obligatorias más adecuada desde el punto de vista de la política de la oferta (véase el punto 4.2).

Aunque es difícil prever con exactitud los efectos concretos resultantes de una mayor integración económica en materia de producción, de productividad y de empleo, es evidente que la plena realización del mercado interior tendrá por efecto acelerar el proceso de transformación estructural. En esta perspectiva es conveniente garantizar que se tome plenamente en cuenta la dimensión social, como se preconiza en el artículo 118 A del Acta Única Europea. Además, para evitar injusticias o bloqueos sociales, hay que procurar que no recaiga todo el peso del ajuste sobre determinados grupos y que sean otros los que se beneficien del mismo. A tal fin, las políticas económicas y sociales, incluidos los instrumentos normalmente utilizados para facilitar la adaptación a la transformación estructural (Fondo Social, FEDER ...), deberán esforzarse especialmente por garantizar un reparto equitativo de los costes y beneficios de la integración y por promover una mayor cohesión económica y social.

Es importante, asimismo, dar al gran mercado interior su plena dimensión financiera.

En efecto, el objetivo general de garantizar la mejor asignación posible de los recursos exige la liberalización de los movimientos de capitales. Dicha liberalización deberá basarse en una estrecha convergencia de las políticas económicas y monetarias, factor de estabilidad y confianza, favorable a los comportamientos de inversión y a un crecimiento duradero en el conjunto de la Comunidad.

En concreto, la liberalización de los flujos de capitales, por ir acompañada de progresos paralelos en la creación de un mercado común de servicios financieros, reforzará el atractivo del espacio financiero europeo y favorecerá el desarrollo de una gama completa de instrumentos acordes con las técnicas más recientes. Además, ofrece a los ahorradores una mayor diversificación de inversiones y a las empresas de cualquier dimensión la extensión internacional de sus posibilidades de financiación, lo que debería permitir una movilización del ahorro europeo a mayor escala y su disponibilidad para la inversión y la creación de empleo a costes más bajos.

En esta perspectiva, la Comisión adoptó, el 21 de mayo de 19 86, una Comunicación al Consejo por la que se presentaba un programa para la liberalización de capitales en la Comunidad. El programa propuesto tenía dos fases.

La primera ya se ha iniciado. Tiene por objetivo lograr una liberalización efectiva, en toda la Comunidad, de las transacciones de capital más directamente necesarias para el correcto funcionamiento del mercado común y para la interconexión de los mercados financieros.

Esto significa, en primer lugar, el progresivo desmantelamiento de los regímenes derogatorios relativos a las obligaciones comunitarias en vigor. Es importante que puedan suspenderse progresivamente las restricciones que sigan estando autorizadas, en virtud de cláusulas de salvaguardia previstas en el Tratado en el caso de Irlanda, Italia y Grecia, o con arreglo al Acta de adhesión en el caso de España y Portugal.

Pero también implica la extensión de las actuales obligaciones de liberalización. En junio de 1986 se remitió al Consejo una propuesta de Directiva en este sentido cuyo objeto es extender la obligación de liberalización a los créditos a largo plazo ligados a transacciones comerciales, a la adquisición de títulos no cotizados en bolsa y a la admisión de valores mobiliarios en los mercados nacionales de capitales.

En una segunda fase, debería reconocerse el principio de una plena liberalización de los movimientos de capitales que, por lo tanto, se extendería a los créditos financieros y a las inversiones de naturaleza monetaria (depósitos, valores del mercado del dinero). El ritmo de liberalización de dichas operaciones debería fijarse teniendo en cuenta la diversidad de situaciones económicas de los Estados miembros y la actual desigualdad en el control de cambios. En 1987, la Comisión presentará al Consejo nuevas propuestas.

Garantizar unas condiciones más favorables para el desarrollo de las empresas. La actividad de las empresas deberá disfrutar de un entorno más estable y favorable a su desarrollo para incrementar la capacidad de adaptación de los mercados a las fluctuaciones de la oferta y la demanda y a las perturbaciones exteriores.

La mejora del entorno fiscal, financiero y reglamentario de las empresas constituye un objetivo político permanente de la Comisión. Dicha mejora - basada normalmente en recomendaciones en favor de una acomodación a las mejores prácticas nacionales en el seno de la Comunidad - contribuirá a incrementar la transparencia y a aproximar las condiciones de actividad de las empresas en la Comunidad ; también tenderá a reducir el recurso a medidas discrecionales que puedan afectar a la competencia. Después de su Comunicación de 1983 sobre las medidas fiscales y financieras en favor de la inversión, la Comisión tomó varias iniciativas dirigidas a mejorar el entorno de las empresas en los planos fiscal (traspaso de pérdidas, reducción del derecho de aportación), financiero (promoción de una actividad europea de capital a riesgo) y reglamentario (estudio del impacto de las regulaciones comunitarias y nacionales sobre las pequeñas empresas y las cooperativas). Esta política se proseguirá de forma activa pero su impacto será tanto mayor cuanto más se vea impulsada y reforzada a nivel nacional por la acción de los poderes públicos tanto centrales como regionales.

El énfasis dado al papel de la competencia en el afianzamiento de la capacidad de adaptación de las economías dé la Comunidad ha llevado a algunos países a adoptar medidas dirigidas a incrementar los márgenes de maniobra de las empresas o a flexibilizar y aumentar la eficacia de su gestión. Así, en muchos países, se ha iniciado un movimiento de retorno a la libertad de las empresas en materia de fijación de precios, que se ha visto facilitado en la mayoría de los casos por la desinflación. Además, en la mayoría de los países miembros se considera que la flexibilidad de precios es un elemento especialmente importante para la mejora de los resultados de crecimiento y empleo. En particular, los incrementos de productividad superiores a la media conseguidos en los sectores con mejores resultados pueden, merced al juego de la competencia, propagarse al conjunto de la economía en forma de una disminución relativa de los precios de sus productos. Así, la demanda suplementaria dirigida a dichos sectores intensifica su proceso de crecimiento y empleo. Este mecanismo permite asimismo mejorar la rentabilidad de los sectores menos rentables y, por consiguiente, hacerlos capaces de crear empleo.

Por otra parte, con objeto de conseguir una mayor eficacia económica, los gobiernos de algunos países se han esforzado por reducir la intervención del Estado en sus economías. Aunque adopte distintas formas, como la desregulación emprendida en algunos sectores (transportes, energía ... ), el paso (o retorno) al sector privado de determinadas actividades anteriormente confiadas al sector público, o incluso la voluntad declarada de reducir el volumen de las intervenciones públicas, en forma de ayudas, el objetivo sigue siendo incrementar la eficacia económica. En este sentido, la consecución del mercado interior, en la medida en que supone más rigor en materia de ayudas del Estado, requiere una mayor transparencia y una evaluación periódica del conjunto de las intervenciones públicas en favor de las empresas en todas sus formas (subvenciones, bonificaciones, gastos fiscales, garantías, participaciones, etc.) con objeto, en particular, de apreciar mejor los efectos y la eficacia en términos de competitividad de las empresas comunitarias.

Aunque la mejora del entorno de las empresas y la intensificación de la competencia constituyen acciones por sí mismas favorables a las PYMES, la Comisión se propone, por su importancia para la creación de empleo, desarrollar una política más dinámica y especifica respecto de las PYMES y las cooperativas. A tal fin, ha adoptado un programa de acción (28) cuyo objetivo es, además de crear un entorno más favorable a la creación y desarrollo de las PYMES, dar respuesta a las necesidades específicas de dichas empresas en materia de capitalización y de capacidad de adaptación y de previsión de mercados (flexibilidad). Las acciones propuestas al respecto se refieren especialmente a la formación (readaptación profesional del personal, formación de gerentes y directores de PYMES) ; al fomento de la fórmula de una ventanilla única a nivel nacional y al establecimiento de ventanillas comunitarias piloto para la información de las PYMES; la ayuda a las PYMES para el acceso a mercados de terceros países; el apoyo a la creación, la innovación y la asociación entre grandes empresas y PYMES; la adaptación de los instrumentos de financiación comunitarios a las necesidades de las PYMES y el desarrollo de una actividad europea de capital riesgo.

Estas acciones, que han sido objeto de un diálogo y de consultas con los interlocutores sociales (organizaciones representativas de las PYMES y sindicatos), deben permitir, en conjunto, dinamizar el proceso de desarrollo y de creación de esas empresas, y constituyen por tanto un eje importante de la Estrategia de Cooperación para el crecimiento y el empleo.

Las medidas previstas por la Comunidad y los Estados miembros para mejorar el funcionamiento de los mercados de bienes, de servicios y de capitales desempeñan un papel importante en el marco de la Estrategia de Cooperación. Las principales iniciativas propuestas por la Comisión en el programa de consecución del mercado interior de la Comunidad se refieren, en particular, a: a) la supresión de barreras técnicas a los intercambios y de los costes de cruce de fronteras ; b) la competencia en materia de contratación pública; c) la aproximación de los sistemas de imposición indirecta; d) la liberalización del mercado de capitales. Tampoco debe olvidarse, en este contexto, la dimensión social. La Comisión ha hecho propuestas para la mejora del entorno fiscal y jurídico de las empresas, teniendo en cuenta deforma especial las necesidades de las pequeñas y medianas empresas.

4.5. La financiación de las políticas comunitarias: presupuesto e ingeniería financiera

El ajuste estructural y la convergencia de las economías de los países miembros constituyen, junto con la resolución del problema de la financiación de la política agrícola común, los objetivos prioritarios del presupuesto de la Comunidad ampliada. Conforme a la Estrategia de Cooperación, el presupuesto de la Comunidad podrá contribuir en mayor medida a objetivos como un crecimiento más creador de empleo, el refuerzo de la cohesión económica y social, la integración armoniosa de los nuevos miembros y la mejora del mercado interior. Los instrumentos financieros de que dispone la Comunidad deberían ponerse al servicio de esa estrategia, de la manera más ingeniosa y eficaz posible.

Además, basándose en las conclusiones del Consejo Europeo de Fontainebleau, la Comisión prevé proponer al Consejo un aumento del tipo máximo del IVA a partir de 1988.

El presupuesto comunitario: la precaria situación del presupuesto comunitario refleja la dificultad de encontrar el equilibrio entre la financiación de la política agrícola común decidida por el Consejo y la evolución de los gastos no obligatorios, cuyo papel en la búsqueda de una mayor cohesión económica social en el interior de la Comunidad ha adquirido una importancia aún mayor tras la ampliación. Por lo que respecta a los gastos agrícolas, el problema se ve agravado por el hecho de que su volumen depende asimismo de factores externos. Así pues, para este capítulo de gastos, ha debido revisarse en 1986 el marco de referencia de disciplina presupuestaria adoptado por el Consejo, como consecuencia de la disminución de los precios de los productos agrícolas y de una mayor competencia por parte de otros productores en terceros mercados.

En este contexto, los objetivos prioritarios contemplados por la Comisión en sus orientaciones sobre "un futuro para la agricultura europea" se refieren a la reducción progresiva de la oferta en los sectores excedentarios, la mejora cualitativa de la producción y una política de estructuras más adaptada a las realidades del mercado. Además, con arreglo al artículo 130 del Acta Única Europea, la Comisión racionalizará el funcionamiento de los Fondos Estructurales, instrumentos de la solidaridad financiera comunitaria, para que puedan participar de forma óptima en el objetivo de cohesión económica y social, y en la reducción del retraso de las regiones menos favorecidas y de las regiones industriales en declive. Esta decisión de racionalización se inserta en la Estrategia de Cooperación que, al garantizar un crecimiento dinámico, debería conducir a una aproximación de los niveles de vida de los Estados miembros y de las regiones.

El mantenimiento del esfuerzo presupuestario en favor de la industria, la investigación y la innovación, permitirá facilitar y acelerar el ajuste estructural y aumentar la competitividad de las empresas. En efecto, este último tipo de gastos reviste especial importancia para el éxito de la Estrategia de Cooperación en la medida en que mejoran la base científica y tecnológica de las empresas, crean un entorno educativo favorable a la penetración de las tecnologías de la información y afinanzan el proceso de constitución del mercado comunitario actuando sobre la oferta industrial.

El presupuesto comunitario para 1987 está en proceso de elaboración, pero el anteproyecto presentado por la Comisión asciende a 36 600 millones de ECU y, por lo tanto, no supera el margen del 1,4 % del IVA. El escaso crecimiento de los gastos del FEOGA, sección "Garantía" (3,8 %), a pesar de suponer todavía el 62,5 % de los gastos presupuestarios, ha permitido aumentar considerablemente los gastos estructurales.

El presupuesto adoptado por el Consejo en primera lectura ascendía a 35 900 millones de ECU, aunque se habían reducido las cantidades asignadas a los fondos estructurales y a la investigación.

La ingeniería financiera: La escasez de recursos presupuestarios y la abundancia de fondos de origen privado disponibles definen un nuevo contexto financiero del que la Comunidad propone sacar partido, haciendo especial hincapié en el desarrollo de una actividad de ingeniería financiera. Para realizar esta actividad se ha insertado un nuevo capítulo en el anteproyecto de presupuesto para 1987 presentado por la Comisión.

Esta nueva actividad consistiría en estimular al mercado para que cree o desarrolle instrumentos o mecanismos que puedan facilitar la financiación de acciones y proyectos de especial interés para la Comunidad. Se trataría de utilizar, de la mejor forma posible, los instrumentos existentes (préstamos y subvenciones) con objeto de ejercer un efecto catalizador, enriquecer el ámbito y las modalidades de intervención comunitaria y concebir una articulación entre financiaciones de origen comunitario y financiaciones privadas que permitan al mercado ofrecer nuevas formas de financiación adaptadas al proyecto de innovación, al proyecto tecnológico y al proyecto de empresa.

A juicio de la Comisión, en efecto, en la Comunidad existen muchos proyectos cuyo lanzamiento y realización podrían facilitarse si se dispusiese de modalidades de financiación adecuadas. La Comisión ha seleccionado, para el período inmediato, tres campos de aplicación prioritarios de una actividad de ingeniería financiera para los cuales estudia, en estrecha colaboración con el BEI, las posibilidades de desarrollo:

- Los proyectos de alta tecnología, que se encuentran en los primeros pasos de la cadena que une la investigación a la industrialización y que consisten, en particular, en proyectos de seguimiento industrial de los programas de investigación común en cuya financiación interviene la Comunidad. Dado que la mejor forma de financiación de dichos proyectos es mediante fondos propios, la Comisión ha lanzado algunas ideas (creación de sociedades privadas de inversión, respaldadas por un mecanismo de garantía) cuya pertinencia ha verificado en medios financieros.

- Las pequeñas y medianas empresas, especialmente innovadoras, que se enfrentan a dificultades de financiación particulares. En este campo, la gama de instrumentos financieros que pueden utilizarse es la más amplia (capital riesgo, fondos de garantía, seguro-crédito, organismos de asesoramiento ... ) ; la Comisión se esforzará por desarrollarlos.

- Los grandes proyectos de infraestructura, de aparición especialmente difícil y cuya realización exige la reunión de una masa de capital considerable de acuerdo con formas y modalidades especiales. El papel que podría desempeñar la Comunidad en este sentido consistiría en:

- garantizar las condiciones necesarias para el lanzamiento de grandes proyectos ("declaración de utilidad europea", aportaciones presupuestarias) ;

- mejorar el entorno para los inversores privados ;

- movilizar el mercado mediante una forma de intervención comunitaria renovada (por ejemplo, la financiación de los proyectos).

La ampliación de la Comunidad, la realización del mercado interior y la necesidad de reducir el desempleo aumentan el grado de transformación estructural de la Comunidad. El presupuesto comunitario debería facilitar este proceso a través de sus distintas dotaciones. También a juicio de la Comisión, podría contribuir a ello una actividad de ingeniería financiera que incitase al mercado a garantizar la parte esencial de la financiación de acciones o de proyectos a los cuales la Comunidad atribuye un interés especial ; los ámbitos de aplicación prioritarios de esos instrumentos financieros serían los referentes a proyectos de alta tecnología, innovación en las pequeñas y medianas empresas y determinados proyectos de infraestructura de grandes dimensiones.

CUADRO 23

Presupuesto general de las Comunidades Europeas, 1985 a 1987: Créditos para pagos

(TABLA OMITIDA)

CUADRO 24

Financiación de las inversiones de la Comunidad Europea por medio de empréstitos contraídos en el mercado de capitales y de préstamos

(TABLA OMITIDA)

4.6. El diálogo social

El éxito de la Estrategia de Cooperación exige una inflexión, a veces considerable, de los comportamientos y de las políticas económicas. El aumento del desempleo en los años setenta y el bajo crecimiento han ido acompañados por la intensificación de los comportamientos defensivos que muchas veces eran reacciones dirigidas a preservar posiciones y derechos legítimos en un contexto trastocado por la crisis del petróleo. Ahora bien, muy a menudo, estos comportamientos no tuvieron suficientemente en cuenta el ascenso del desempleo y han hecho más difícil la solución del problema.

Esta actitud defensiva caracterizó tanto a las empresas, que no se decidían a invertir en un contexto que consideraban incierto, como a los asalariados que intentaban proteger su poder adquisitivo y la estabilidad de los puestos de trabajo existentes, pero también a las autoridades de política económica que, teniendo en cuenta la duración y el coste del saneamiento de comienzos de los años ochenta, dudaban en utilizar sus márgenes de maniobra.

Los desequilibrios actuales son el resultado de la conjunción de dichos comportamientos. Y de su inflexión simultánea dependerá la renovación de la economía europea. La propensión a invertir de la empresas aumentará si las perspectivas de rentabilidad y de demanda son más seguras. Los asalariados podrán aceptar de mejor grado un crecimiento moderado de los salarios reales y una mayor adaptabilidad del mercado de trabajo si, en compensación, los efectos sobre el empleo son tangibles y se tienen plenamente en cuenta las consecuencias sociales de dichas medidas. El riesgo de que políticas macroeconómicas más decididamente orientadas hacia el crecimiento conduzcan a una nueva aceleración de la inflación y a un resurgir de los desequilibrios exteriores, será tanto menor cuanto mejor se controlen los costes internos, las empresas aumenten paralelamente las capacidades productivas y el contexto comunitario sea más dinámico.

El objetivo del diálogo social debe ser la inflexión simultánea de los comportamientos de todos los participantes en la vida económica.

Se hace pues evidente, que el diálogo social debe abordar todos los temas de la Estrategia de Cooperación, tanto a nivel macrocconómico como microeconómico. Dado que en él se reúnen los representantes de los empresarios y de los asalariados, así como los de los gobiernos, debe permitir llegar a un amplio consenso sobre sus respectivas contribuciones a dicha Estrategia. Por el hecho de reunirse a intervalos regulares y suficientemente próximos para tener en cuenta las evoluciones coyunturales, los participantes podrán verificar la aplicación efectiva de la Estrategia de Cooperación y modular sus acciones en función de las evoluciones recientes. El diálogo social, a todos los niveles, debe permitir asimismo un mejor control de las consecuencias sociales, y los efectos sobre el empleo, de las transformaciones estructurales y tecnológicas necesarias.

Por impulso de la Comisión se ha iniciado, a nivel comunitario, un fructífero diálogo con y entre los interlocutores sociales, representados por la Unión de Industrias de la Comunidad Europea (UNICE), la Confederación Europea de Empresas Públicas (CEEP) y la Confederación Europea de Sindicatos (CES). Los trabajos realizados en el seno de dos grupos, uno para temas macroeconómicos y otro para los microeconómicos, han permitido llegar a un acuerdo sobre varios puntos. Dicho acuerdo puede resumirse de la forma siguiente:

- necesidad, para todas las partes, empresas, asalariados y poderes públicos, de aplicar de forma efectiva la Estrategia de Cooperación para reducir el desempleo en la medida deseable ;

- necesidad de llegar con rapidez a una reasignación de los recursos en favor de la inversión generadora de empleo, mejorando aún más la rentabilidad de las empresas mediante un incremento moderado de los salarios reales y reduciendo, en la medida de lo posible, el tiempo transcurrido entre el aumento de la rentabilidad y la actividad de inversión ;

- necesidad de mantener un marco de estabilidad monetaria y de reducir la inflación donde sea todavía demasiado elevada ;

- necesidad de promover la investigación y el desarrollo así como la formación de la mano de obra ;

- necesidad de lograr rápidamente la plena realización del mercado interior, tomando plenamente en cuenta su dimensión social ;

- necesidad de completar las inversiones de las empresas con un nuevo incremento de las inversiones públicas económica y socialmente rentables.

Es lógico que surjan algunas divergencias, en particular, en lo que se refiere al papel del Estado en la vida económica, tanto a nivel de gastos e ingresos como de regulación de mercados, y al papel que puede desempeñar, para la creación de empleo, la reordenación y la reducción del tiempo de trabajo neutras desde el punto de vista de los costes.

A nivel comunitario, la Comisión, por su parte, seguirá profundizando el diálogo social. Pero como ha declarado en su comunicación de julio de 1986 (COM(86) 364 final), la voluntad de cooperación, de que hacen gala los interlocutores sociales a nivel europeo, no se ha utilizado plenamente a nivel nacional. Los gobiernos de todos los Estados miembros deberían hacer esfuerzos concretos, teniendo en cuenta las tradiciones nacionales, pero también superándolas, por iniciar a nivel nacional el diálogo sobre todos los temas de la Estrategia y por crear un clima favorable al mismo a nivel de ramas y de empresas (29). En los países en que los gobiernos, por razones especiales, no puedan suscitar ellos mismos el diálogo social, los interlocutores sociales quedan invitados a tomar la iniciativa ; de esta forma, también en estos países, podrá iniciarse el diálogo sobre los temas de la estrategia comunitaria entre los interlocutores sociales y, en la medida de lo posible, con la participación del gobierno.

El diálogo social es un elemento importante de la Estrategia de Cooperación. La reunión de los representantes de los empresarios y los asalariados, así como de los gobiernos, tiene como objetivo particular, la inflexión necesaria de los comportamientos de todos los agentes económicos y crear un amplio consenso sobre sus respectivas contribuciones. Los tenias abordados deberían abarcar todos los aspectos económicos y sociales de la Estrategia de Cooperación. A nivel comunitario, y por impulso de la Comisión, ya se ha iniciado un fructífero diálogo con y entre los interlocutores sociales. Los gobiernos de los Estados miembros deberían adoptar iniciativas concretas dirigidas a fomentar, a nivel nacional, el diálogo sobre todos los temas de la Estrategia, apoyándose en la voluntad de cooperación que han demostrado los interlocutores sociales a nivel europeo y teniendo en cuenta las circunstancias especificas de la situación de cada país.

4.7. Coordinación internacional de la política económica

Hace ya más de un año que se ha iniciado el proceso de corrección de los grandes desequilibrios exteriores que sufre la economía mundial desde 1982. A partir de marzo de 1985, momento en que el dólar alcanzó su punto máximo, los tipos de cambio de las principales monedas han iniciado una evolución más compatible con los datos económicos fundamentales. Además, dicho proceso se ha visto estimulado por el acuerdo del Grupo de los Cinco, quienes en septiembre de 1985, en Nueva York, convinieron que era necesaria una depreciación del dólar y la correspondiente apreciación de las otras grandes divisas para que la estructura de los pagos internacionales pudiese recuperar unas bases más sólidas.

A finales de septiembre de 1986, las monedas de los otros países miembros del Grupo de los Cinco habían experimentado una fuerte apreciación respecto del dólar. El tipo efectivo del dólar había bajado en un 22 %, mientras que el del yen había subido un 38 % respecto de su nivel medio de 1985. Los tipos efectivos de las monedas europeas registraron una apreciación menos clara, debido a que aproximadamente la mitad de su comercio exterior se efectúa entre países europeos. En la actualidad, son probablemente suficientes los ajustes efectuados en el tipo de cambio, por lo menos del ECU respecto del dólar.

No obstante, si se consideran los enormes desequilibrios acumulados con el transcurrir de los años, en particular en Estados Unidos y en Japón, estos ajustes de los tipos de cambio deben completarse con políticas de ajuste interno que reduzcan el déficit americano o el excedente japonés a proporciones más aceptables. Aun cuando el Grupo de los Cinco ha reconocido la necesidad de un nuevo equilibrio, prácticamente queda todo por hacer.

Esto implica que el déficit americano y el excedente japonés pueden seguir siendo exageradamente elevados en 1986 y 1987. En lo que se refiere al superávit de la Comunidad en su conjunto, debería experimentar un aumento temporal respecto de su nivel de 1985, que en cualquier caso se mantendría dentro de límites razonables. Sin embargo, la distribución global de los superávit y de los déficit entre los Estados miembros podría hacer necesarios determinados ajustes, aun cuando resulte claro que no es preciso que las balanzas por cuenta corriente de los países miembros estén estrictamente equilibradas.

Estados Unidos ha pedido en varias ocasiones a los países en superávit, en particular Japón y Alemania, que relancen su demanda interior para acelerar la reducción de sus superávit externos y, por lo tanto, del déficit americano. Sin embargo, no hay demasiadas posibilidades de que una aceleración del crecimiento en estos dos países, que únicamente absorben el 15 % de las exportaciones americanas, tenga suficiente peso para reducir dicho déficit. Si todos los países industrializados, con excepción de Estados Unidos, estimulasen su demanda interior, el impacto sería evidentemente mayor, ya que de esta forma afectaría al 60% de las exportaciones americanas aproximadamente. Ahora bien, si bien es cierto que la aceleración del crecimiento en todos los países industrializados distintos de los Estados Unidos contribuiría a reducir el déficit americano, sin embargo no tendría prácticamente ningún efecto sobre los superávit japonés y alemán. En efecto, el aumento de la demanda desde los demás países industrializados hacia Japón y Alemania tendería a neutralizar la expansión de las importaciones resultante de un crecimiento más rápido de la demanda interior de estos dos países.

Para reducir el déficit exterior de Estados Unidos a proporciones aceptables, sería necesario que disminuyese la demanda interior de dicho país, lo que supondría un período de crecimiento relativamente más lento en Estados Unidos que en los demás países industrializados. Al contrario de las exportaciones, las importaciones americanas presentan una elasticidad-renta muy elevada por lo que, en principio, deberían reaccionar vivamente ante una disminución de la demanda interior. En el cuadro 25 se muestra, partiendo de la hipótesis de que los tipos de cambio reales permaneciesen invariables respecto de su nivel de mediados de 1986, la distribución de los superávit y déficit de las transacciones por cuenta corriente que cabría prever si Estados Unidos practicase una política presupuestaria más restrictiva. Hacia finales de los años ochenta, el déficit americano quedaría reducido aproximadamente a un 2 % del PIB y el superávit comunitario desaparecería, pero el superávit japonés seguiría siendo excesivo.

En tales condiciones, una aplicación decidida de la Estrategia de Cooperación durante los cuatro próximos años podría tener algún efecto negativo sobre la balanza exterior de la Comunidad. Esto podría ciertamente aceptarse, pero constituiría un equilibrio duradero. Los principales beneficiarios, desde el punto de vista de la balanza de pagos, serían de los demás países europeos y los países en vías de desarrollo. El impacto de esta evolución sobre los saldos de la balanza por cuenta corriente de Estados Unidos sería relativamente modesto y, además, sólo se conseguiría retrasar más la reabsorción del superávit japonés (véase cuadro 26). Por lo tanto, esta opción no es la adecuada. Ahora bien, una dosificación internacional de medidas destinadas a reducir los desequilibrios a un nivel aceptable requeriría, además de una fase de crecimiento relativamente moderado en Estados Unidos y un crecimiento más rápido en la Comunidad, una nueva apreciación del yen acompañada de un estímulo presupuestario en Japón. En el cuadro 27 se muestra la distribución de los saldos de la balanza por cuenta corriente que podría obtenerse sí Japón aplicase un estímulo presupuestario del 1 % del PIB por año de 1987 a 1990 y si el tipo de cambio efectivo del yen se elevase de nuevo en un 20 % durante el período 1987/88. Dicha dosificación, a la que se sumarían medidas de apertura de mercados de bienes y de capitales, reduciría el superávit japonés de forma sustancial. Este ejemplo demuestra que el resultado global sería claramente mejor gracias a la cooperación. La participación de los países de la AELC, que ya se han manifestado dispuestos a realizar este esfuerzo, lo mejoraría aún más.

La evolución reciente de la producción internacional y del comercio mundial no ha sido muy favorable a los países en desarrollo. La lentitud del crecimiento en el mundo industrializado ha afectado a la tasa de expansión en volumen de las exportaciones de dichos países y ha provocado una caída de los precios de las materias primas, hasta tal punto que el poder adquisitivo de sus exportaciones (ingresos por exportación deflactados por los precios de importación) debería haber disminuido en un 11 % este año ; además, el déficit agregado de la balanza por cuenta corriente de este grupo de países acusa nuevamente, tras cuatro años de constante mejora, un fuerte deterioro, a pesar de la reducción de los pagos por intereses sobre sus deudas exteriores. El aumento de sus exportaciones es la mejor forma de mejorar su posición exterior. Para restaurar la credibilidad de los países en vías de desarrollo es fundamental una mayor apertura de los mercados a sus productos. También son necesarios nuevos capitales para lograr la reestructuración y el ajuste de las economías de los países endeudados y orientados hacia un crecimiento más fuerte, como se ha propuesto en la iniciativa Baker. Las recientes negociaciones sobre la deuda exterior y la política de ajuste interno de México constituyen un ejemplo positivo en este sentido.

En los países en desarrollo es indispensable que se reanude el crecimiento para evitar un nuevo deterioro del nivel de vida de la población y para progresar en la resolución de sus problemas de endeudamiento. A este respecto, es esencial que los ajustes de las balanzas por cuenta corriente entre los países industrializados no conduzcan, en conjunto, a una contracción del crecimiento de los países en vías de desarrollo endeudados. En efecto, un mayor crecimiento en dichos países puede contribuir de forma significativa a una continua expansión del comercio mundial.

Los acontecimientos de los últimos años han demostrado la existencia de un amplio margen para la mejora de las modalidades de coordinación internacional de la política económica. Los países participantes en la cumbre de Tokio han acordado que el mejor medio de lograrlo sería sin duda alguna crear un conjunto de indicadores que permitiesen especificar sus objetivos en términos cuantitativos suficientemente precisos y seguir de cerca su realización. De acuerdo con dicho proyecto, se realizaría un control de la coherencia interna y la mutua compatibilidad de las previsiones nacionales con objeto de detectar futuras fuentes de tensiones y determinar las nuevas orientaciones de política económica que permitiesen evitarlas. Los indicadores servirían, a continuación, para medir los resultados de los países en función de los objetivos fijados y definir, en su caso, los ajustes pertinentes. Evidentemente, un sistema de este tipo dista mucho de ser un remedio universal a los problemas de la cooperación económica internacional. No obstante, en la medida en que propone un marco analítico cuantitativo más completo para la evaluación de las políticas de los grandes países y de sus consecuencias, tanto para el país de que se trate como para los demás, debería incrementar las posibilidades de evitar incompatibilidades graves entre las políticas de los países participantes con todas las tensiones que implican.

La decisión adoptada en septiembre en Punta del Este de iniciar una nueva ronda de conversaciones multilaterales en el marco del GATT refuerza la esperanza de que pueda ser frenada e invertida la tendencia hacia un mayor proteccionismo. Esta es una condición esencial para el desarrollo de un sistema multilateral de intercambios más abierto y duradero. Además, dichas negociaciones deberían afianzar las estructuras y las disciplinas del GATT, en un momento en que parecen haberse debilitado por circunstancias desfavorables. En este contexto, un intento concertado por incluir en las mismas los intercambios de productos agrícolas será especialmente significativo. En último lugar, aunque no por ello menos importante, el GATT debería adaptarse a los nuevos desarrollos en la estructura del comercio. La decisión de incluir la liberalización de los servicios en las negociaciones constituye un paso importante en este sentido, con el que se introduce un importante sector en el seno del sistema multilateral de intercambios.

La evolución reciente de los tipos de cambio ha creado condiciones más favorables para la corrección de los grandes desequilibrios exteriores acumulados en años precedentes, pero, por sí misma, no será suficiente para suprimirlos por completo. La recuperación de una estructura más aceptable de los saldos exteriores requerirá ante todo cierta austeridad presupuestaria por parte de Estados Unidos, y medidas presupuestarías expansionistas acompañadas por una nueva apreciación del yen por parte de Japón. En la hipótesis de que las políticas económicas siguiesen dicha orientación, los principales desequilibrios exteriores de Estados Unidos y Japón podrían reabsorberse de aquí a 1990. La mejora de la tendencia del crecimiento lograda en la Comunidad mediante la aplicación de la Estrategia de Cooperación para el crecimiento y el empleo, así como en los países de la AELC, tendrá efectos positivos sobre el comercio mundial. La nueva ronda de negociaciones multilaterales en el marco del GATT debería reforzar dicha tendencia. Esto debería afectar positivamente a las exportaciones de los países en vías de desarrollo e incrementar las posibilidades de consolidación a medio plazo de su posición exterior.

Proyección de las balanzas por cuenta corriente en porcentaje del PIB 1986 a 1990

CUADRO 25

Políticas actuales y tipos de cambio a mediados de 1986 (escenario de referencia)

(TABLA OMITIDA)

CUADRO 26

Estrategia de Cooperación (sin acciones cooperativas específicas de Japón)

(TABLA OMITIDA)

CUADRO 27

Combinación de la Estrategia de Cooperación con una expansión presupuestaria y una nueva apreciación del 20 % del tipo efectivo del yen en Japón

(TABLA OMITIDA)

PARTE II

LA POLÍTICA ECONÓMICA DE LOS ESTADOS MIEMBROS

APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN PARA EL CRECIMIENTO Y EL EMPLEO EN LOS ESTADOS MIEMBROS EN 1987

Al examinar la evolución del empleo en los últimos años, se impone la conclusión de que es necesaria una acción decidida en todos los Estados miembros, para reducir el nivel de desempleo de forma sensible, excepto en Luxemburgo, donde su nivel es bajo. En promedio anual para 1986, la tasa de desempleo sólo disminuye en cuatro de los doce países y, para 1987, en la mitad de los países, pero únicamente en dos de ellos (Alemania y Países Bajos) durante los dos años. En 1986, el crecimiento del producto interior bruto sólo alcanza en dos países (Alemania y Portugal) el nivel de 3 a 3,5 % lo cual se considera necesario a medio plazo para reducir la tasa de desempleo sustancialmente. Estos resultados son bastante mejores para 1987, ya que no son sólo seis los países que se encontrarán en ese caso, sino que tres de ellos tienen una participación relativa elevada en el PIB de la Comunidad (Alemania, España, Italia) y el resultado para Francia y el Reino Unido únicamente se apartará en un cuarto de punto del límite inferior del intervalo considerado. Por lo tanto, si los progresos se realizan en la dirección adecuada, es especialmente importante verificar si y en qué condiciones, pueden estos progresos consolidarse y mejorarse en cada uno de los Estados miembros en 1987 y años posteriores y en qué medida la política económica debe diferir de un país a otro para tener en cuenta las características de la situación económica de cada país.

Como ya se subrayó en el Informe Económico Anual 1985/86, la aplicación aislada de medidas dirigidas a mejorar el empleo es muy difícil, si no imposible, y el éxito de toda acción de este tipo depende, además, de la intensificación del diálogo social, no sólo a nivel de la Comunidad, sino también en cada Estado miembro. La interacción, tanto de las iniciativas gubernamentales como de los interlocutores sociales, será una condición esencial para el éxito de cualquier acción de recuperación del empleo.

La consideración de las características de las situaciones económicas nacionales no implica necesariamente que deban diferenciarse, de un país a otro, todas las acciones recomendadas en la primera parte del presente informe.

Parece deseable, asimismo, aplicar de forma homogénea y sincronizada las propuestas hechas en las secciones 4.3 a 4.6 del capítulo 4 de la primera parte.

Los esfuerzos a realizar por los Estados miembros deberán ser ampliamente comparables en lo que se refiera al perfeccionamiento del funcionamiento de los mercados de bienes, servicios y capitales y a la aplicación del programa elaborado por la Comunidad para la realización del gran mercado interior. A lo sumo podrían preverse regímenes transitorios para tener en cuenta problemas planteados en los países miembros.

Sería deseable, asimismo, el mayor paralelismo posible en la acción que los Estados miembros realicen sobre los mercados del empleo y en materia de costes salariales (en particular, moderación del crecimiento de los salarios reales, reducción del tiempo de trabajo neutra desde el punto de vista de los costes, ordenación del tiempo de trabajo, reducción de las cotizaciones sociales, mejora de los reglamentos para estimular la contratación de trabajadores, estímulo de la creación de empresas individuales).

El sostenimiento de la demanda interior, que, habida cuenta de los objetivos de la Estrategia, podría constituir una necesidad real en 1987, cuando empiecen a desaparecer los efectos estimulantes derivados de la mejora de la relación real de intercambio, deberá diferenciarse necesariamente de un país a otro para tener en cuenta los imperativos dictados por la situación de cada uno de ellos.

Desde el punto de vista monetario, la continuación del proceso de disminución de los tipos de interés es un elemento estimulante y altamente deseable para el desarrollo de las inversiones. No obstante, en países como la República Federal de Alemania y los Países Bajos, los tipos ya han caído de forma significativa gracias a la fuerte deflación. Una reducción forzada podría amenazar los objetivos de estabilidad inherentes a una política monetaria sana. En la mayoría de los otros Estados miembros, en particular en Francia e Italia, la atenuación de las expectativas inflacionistas permite prever, en cambio, la prosecución de las tendencias a la reducción.

Ahora bien, estos objetivos de carácter interno solamente podrán realizarse si los Estados miembros se ocupan de forma conjunta y en el marco de la cooperación monetaria internacional de los aspectos externos de dicha problemática. Muy probablemente, en 1987 la presión a la baja ejercida sobre el dólar seguirá siendo considerable, habida cuenta de la necesidad de un profundo ajuste de las cuentas exteriores de Estados Unidos. No sería interesante para la Comunidad tolerar una depreciación excesiva del dólar que pudiese tener efectos negativos sobre su propio crecimiento. Sin embargo, las adaptaciones que deban realizarse en la política monetaria interna y que podrían ser implícitamente necesarias para evitar dicha evolución no podrán superar determinados límites más allá de los cuales serían contraproducentes.

De estas consideraciones se infiere que, en el policy-mix, la política monetaria todavía puede tener, en determinados Estados miembros, un efecto estimulante sobre el crecimiento, mientras que en otros su papel es muy limitado.

En el campo de las finanzas públicas las posibilidades de acción son todavía más variadas. En la República Federal de Alemania y en Luxemburgo, la situación presupuestaria parece suficientemente cómoda para dejar un cierto margen de maniobra a los poderes públicos ; en el Reino Unido, el Gobierno, en su declaración de otoño, ha previsto un aumento de los gastos públicos del orden de 4,75 miles de millones de libras en el ejercicio 1987/88. Esto significa que los gastos públicos previstos para 1987/88 se sitúan en un nivel aproximada del 2% más elevados en términos reales que el resultado estimado de 1986/87. En Francia, ya se prevén para 1987 importantes reducciones de impuestos y para 1988 se han anunciado reducciones suplementarias; el déficit presupuestario debe reducirse simultancamente en ambos años. En cambio, en Bélgica, en Grecia, Irlanda, Italia, y Portugal, el estado de las finanzas públicas y sobre todo el alto nivel de la deuda pública exigen que se continúe la política de saneamiento. En un tercer grupo de países (Dinamarca, España y Países Bajos) las limitaciones presupuestarias son menores, pero determinados aspectos de las perspectivas para 1987 limitan la libertad de maniobra a nivel macroeconómico.

En consecuencia, sólo los países pertenecientes a un grupo bastante restringido podrán actuar globalmente sobre las condiciones de la oferta y de la demanda. En cualquier caso, todos los Estados miembros podrán crear condiciones más favorables al desarrollo del empleo mediante la modificación de la estructura de los gastos e ingresos públicos.

No obstante, puede preverse que en 1987 se ampliará el margen de maniobra de un número de países cada vez mayor y que las posibilidades de acción de los países en que ya existe dicho margen se harán más evidentes. Esto sería lógicamente así si, como parece probable, la mejora de las condiciones fundamentales del equilibrio económico que ha tenido lugar en 1986 se confirmase en 1987.

BÉLGICA

En 1986, el crecimiento económico en Bélgica debería rebasar claramente las tasas registradas durante el período 1981-1985 ; esta aceleración no sólo se deberá a la caída de los precios del petróleo sino también a los plazos de puesta a punto de un nuevo programa de saneamiento presupuestario. La renta real disponible de las economías domésticas y el consumo privado, que han estado estancados durante varios años, deberán incrementarse en más del 2,5 %. Por otra parte, las inversiones de las empresas también registrarán un fuerte aumento, debido a la mejora de los márgenes de beneficios. En contrapartida, en 1987, el crecimiento se verá frenado por el efecto de la moderación de las rentas familiares resultante del programa de saneamiento presupuestario decidido en la primavera de 1986. A partir de dicho momento el crecimiento estará sostenido principalmente por las inversiones de las empresas y por las exportaciones. El aumento de los precios debería seguir siendo moderado, debido a la importante disminución de la inflación en 1986 (de 4,9% a 1,3%). Durante los dos años estudiados, la balanza por cuenta corriente deberá liberar un superávit importante. En cambio, en 1986, la necesidad de financiación de las administraciones públicas sólo registrará una ligera mejora, aunque en 1987 debería reducirse en 1,5 a 2 puntos del PIB. Los esfuerzos de saneamiento de las finanzas públicas tendrán efectos negativos sobre el nivel de empleo en el sector público, que se verán compensados en gran medida por su incremento en el sector privado, en particular gracias a los acuerdos celebrados en el marco de la negociación interprofesional. En los años 1986 y 1987, el nivel del empleo total y la tasa de desempleo prácticamente no se modificarán.

La evolución de las rentas en 1986 y 1987 se inscribe en la línea política adoptada en 1982 y, hasta ahora, dirigida hacia una evolución moderada de los salarios reales con objeto de salvaguardar el nivel de competitividad alcanzado desde 1982 y de promover el reparto del empleo. El cumplimiento de estos objetivos se verá facilitado, en 1986, por la disminución de la inflación, que se traducirá rápidamente, a través del sistema de indiciación, en una deceleración del crecimiento de los salarios nominales. Las negociaciones salariales relativas a los años siguientes a 1986 se desarrollan bajo la presión de las facultades de que dispone el gobierno para hacer que se cumplan las condiciones de competividad. En efecto, si los acuerdos salariales sectoriales difiriesen demasiado de las recomendaciones generales consignadas en el Acuerdo nacional celebrado en septiembre de 1986 entre los interlocutores sociales, los cuales son compatibles con el mantenimiento de dicha competitividad y la promoción del empleo, principalmente de los jóvenes, podría utilizarse el mecanismo legal de aplicación coactiva. La moderación del crecimiento de los salarios ha provocado una reducción del coste salarial real por unidad producida de casi el 9 % entre 1981 y 1986. Paralelamente, se ha incrementado la rentabilidad de las empresas y ha mejorado su situación financiera. Además, se ha decidido una nueva reducción del impuesto sobre la renta de las sociedades, por la que el tipo impositivo máximo se reducirá en 1988 del 45 al 43 %. Por último, la política monetaria se ha articulado en torno a la máxima reducción posible de los tipos de interés a corto plazo compatible con el mantenimiento de un tipo de cambio estable, de forma que el tipo de interés sobre los créditos de inversión se redujo al 8,25% en abril de 1986, frente al 12,75 % de comienzos de 1985. Sin embargo, ha habido que esperar a 1986 para que estas condiciones favorables generasen un crecimiento sensible de las inversiones de las empresas, probablemente porque la incertidumbre sobre la evolución de las rentas de las economías domésticas, ante las medidas de saneamiento presupuestario, frenó la realización de nuevos proyectos. Gracias a la ratificación legislativa del consenso a que han llegado los interlocutores sociales sobre la generalización de una mayor flexibilidad horaria, pronto será mayor la flexibilidad en materia de tiempo de trabajo y así, tras la entrada en vigor de los nuevos convenios salariales, será posible una mayor adaptación de las empresas a las fluctuaciones de la demanda.

En cambio, la situación de la hacienda pública impone como única prioridad un importante y rápido saneamiento que pueda romper la espiral "cargas de interés-endeudamiento". En la primavera, el Gobierno belga elaboró el programa de saneamiento presupuestario anunciado en su declaración de investidura de diciembre de 1985, y dirigido a reducir el saldo neto que debe financiar el Tesoro al 8 % del PNB en 1987 y al 7 % en 1989, mientras que en 1985 todavía representaba el 11,5 %. El esfuerzo se centra principalmente en la compresión de los gastos. Se ha mantenido el programa de reducción de la presión fiscal sobre las personas físicas anteriormente decidido, y se ha rechazado cualquier aumento de los impuestos sobre los productos petrolíferos. Estos programas, en su conjunto, contrarrestarán temporalmente las recientes evoluciones favorables al empleo y la demanda interior. No obstante, la caída de los precios del petróleo permite a la economía belga mantener un crecimiento relativamente favorable durante el período de ajuste interno.

La situación de la hacienda pública limita necesariamente las posibilidades de sostenimiento de la demanda por vía presupuestaria. Como hemos indicado anteriormente, debería darse prioridad a restaurar el equilibrio de las finanzas públicas y a la supresión de las rigideces que afectan a la oferta, dado que para conseguir un crecimiento más sólido y duradero es preciso superar estas dos limitaciones. La realización de una política monetaria que permita la máxima reducción de los tipos de interés compatible con el mantenimiento de la paridad del franco en el SME depende asimismo en gran medida de una reducción de las necesidades de financiación del sector público.

La amplitud del desequilibrio presupuestario supone que el objetivo del gobierno relativo al saldo neto que debe financiarse se realice de forma efectiva y en los plazos previstos, tanto más cuanto que, en varios aspectos, el contexto internacional es relativamente favorable y la compresión de los gastos vendrá facilitada en 1986 y 1987 por la reducción de los tipos de interés. Antes de que expiren las facultades especiales, podría ser necesaria la aplicación de nuevas medidas correctoras con objeto de garantizar la realización del objetivo (que el saldo neto del Tesoro que haya que financiar sea del 8 % del PIB en 1987) y evitar así cualquier desviación resultante de un menor rendimiento de las medidas proyectadas, o de una evolución menos favorable de los factores exógenos. El único margen de maniobra disponible a corto plazo en materia de política presupuestaria es el relativo a la estructura de los ingresos, que podría adaptarse de forma que generase un crecimiento más rico en empleo. Una de las posibles vías de acción consistiría en aumentar los impuestos indirectos en general, o la imposición sobre los productos petrolíferos en particular, para compensar la reducción de las exacciones de seguridad social sobre los salarios.

Dado que durante el período de ajuste interno la economía belga debe seguir siendo competitiva frente a la demanda exterior, sería deseable mantener una posibilidad de control de la evolución salarial, una vez que hayan expirado los poderes especiales correspondientes. El mantenimiento de una política de rigidez salarial durante un largo período podría justificar, sin embargo, que se permitiesen ahora casos limitados de flexibilidad para responder a las señales procedentes del mercado de trabajo en caso de que se produzcan estrangulamientos y sea difícil reabsorberlos mediante medidas de reorientación profesional.

CUADRO 28

Bélgica: Principales agregados económicos, 1961 a 1987

(TABLA OMITIDA)

DINAMARCA

En Dinamarca, la economía ha realizado progresos notables en los últimos años el crecimiento del PIB ha sido importante, tanto en 1984 como en 1985, años en los que ha alcanzado el 3,9 y el 3,8% respectivamente ; el empleo ha aumentado simultáneamente en un 2,4 y un 3,1 %; y si bien el aumento de la oferta de trabajo ha respondido rápidamente al de la demanda, la tasa de desempleo ha descendido de un máximo del 10,2 % en 1983 a un 8,2 % a finales de 1985. Este impulso ha sido sostenido por una fuerte reactivación de la formación de capital fijo debida a una acentuada mejora de la rentabilidad, relacionada a su vez con la política de rigor salarial de principios del presente decenio.

El claro aumento del empleo desde 1983 (un 2 % anual) es el resultado más notable de la política seguida a partir de 1982, muy acorde con la Estrategia cooperativa de crecimiento adoptada por el Consejo en 1985. Esa política se ha dirigido principalmente a estimular la oferta, restringiendo la progresión de los salarios reales y nominales, comprimiendo el gasto público y fijándose un objetivo de estabilidad interior y exterior de la moneda en el seno del SME. De hecho, los salarios reales disminuyeron entre 1983 y 1985, y aumentaron lentamente a continuación, gracias a unos acuerdos paritarios moderados y a la supresión de la indiciación. El incremento consiguiente de la rentabilidad ha ayudado a estimular la inversión privada. Por otra parte, gracias a una severa restricción del gasto público y a un ligero aumento de los ingresos, se ha podido reducir la necesidad de financiación del sector público, de un 9,3 % del PIB en 1982 a un 1,9 % en 1985, mientras que en 1986 se debería conseguir un superávit de un 3 %. La contracción presupuestaria ha ampliado el ámbito disponible para el desarrollo del sector empresarial. Debido al acento puesto en los ingresos y en las finanzas públicas, la política monetaria ya no se ha visto obligada a soportar ella sola el peso de la estabilización y, como consecuencia, se ha producido una fuerte reducción de los tipos de interés.

A pesar de esta importante corrección presupuestaria el déficit de la balanza por cuenta corriente ha aumentado notablemente entre 1983 y 1985 bajo el efecto simultáneo de un deterioro de la balanza comercial y de un aumento considerable de los pagos netos por intereses, debido este último al efecto combinado del alza del dólar hasta mediados de 1985, que infló el importe de la deuda en moneda nacional, y del continuo aumento de la propia deuda. Por consiguiente, mientras que en 1985 el déficit comercial se había reducido en 4,4 puntos del PIB respecto a 1979, el déficit por cuenta corriente seguía en un 4,4%, apenas inferior al 4,7 % de 1979 y claramente superior al 3,3 % de 1984.

En 1986, la demanda interior ha seguido aumentando sensiblemente durante el primer trimestre, superando de nuevo a la oferta potencial. Esta vitalidad se ha debido principalmente a una reducción del ahorro de las economías domésticas, que han recurrido en mayor medida al crédito. A pesar de las medidas gubernamentales de diciembre de 1985 y marzo de 1986, encaminadas a contener su deterioro, la balanza de pagos ha seguido empeorando. No obstante, después de estas medidas, la demanda de las economías domésticas se ha estabilizado, y la actividad en el sector de la construcción, aunque sigue siendo intensa, ha mostrado signos de debilitamiento. El resto de la inversión privada ha experimentado un crecimiento moderado, con la excepción de algunos sectores, como la energía y la construcción naval. Aunque la balanza comercial deberá mejorar a lo largo del año, los intereses de la deuda exterior siguen siendo elevados y es posible que el déficit por cuenta corriente no disminuya en el conjunto de 1986. La desaceleración del crecimiento del PIB real, en virtud de las medidas restrictivas adoptadas, a un 3 % ha tenido, por otra parte, un efecto negativo sobre la creación de puestos de trabajo, con lo que la tasa de desempleo se ha estabilizado en un 7,75 %. El aumento de los precios al consumo se situará en torno a un 3,5 %, frente al 5% en 1985, a pesar del aumento de los impuestos indirectos.

En octubre de 1986, se tomaron nuevas medidas para estimular el ahorro de las economías domésticas y desalentar la utilización de créditos: reducción de los plazos de gracia para los nuevos préstamos para la construcción, aumento de los impuestos de timbre de los documentos relativos a los préstamos y un impuesto especial sobre los intereses de los préstamos al consumo otorgados a los particulares. Además, los principales acontecimientos que influirán sobre las evoluciones económicas durante el año próximo serán: la aplicación, el 1 de enero de 1987, de la reforma fiscal adoptada a principios de 1986 y los acuerdos salariales que se producirán, en marzo de 1987. El objetivo esencial de la reforma fiscal es aumentar el ahorro de las economías domésticas. Dicha reforma podría estimular también ligeramente la demanda de consumo de las economías domésticas en 1987, transfiriendo una parte de la carga fiscal directa que soportan a las empresas y a otras instituciones, incluidas las que no tienen fin lucrativo y que actualmente están exentas de impuestos. Sin embargo, este efecto quedará compensado por el aumento de los impuestos recaudados por los entes locales y las medidas adoptadas en octubre de 1986. La reducción de la jornada de trabajo, compensada por un aumento equivalente del salario/hora, y el proyecto de ampliación de los subsidios de enfermedad provocarán un aumento del salario per cápita de más del 3 % a principios de 1987, limitando el margen disponible para nuevas subidas cuando se celebren los acuerdos bienales de marzo de 1987. Tras la fuerte subida de 1984 a 1986, la inversión en bienes de equipo será en 1987 mucho menos dinámica, sobre todo en el sector energético. En conjunto, el crecimiento será considerablemente inferior al de 1986 y dependerá más de factores exteriores. La tasa de desempleo será ligeramente superior a su nivel probable de 1986. Los precios al consumo deberán aumentar, por término medio, entre un 3,5 y 4 %, aumento parecido al de 1986 que incluye los efectos del incremento de los impuestos sobre la energía para eliminar el impacto de los precios más bajos del petróleo y los efectos del tipo de cambio del dólar sobre el poder adquisitivo de los consumidores (30). La balanza de pagos corrientes deberá mejorar de forma considerable.

La deriva salarial observada en 1986, como consecuencia de los desequilibrios sectoriales del mercado de trabajo y de las perspectivas de aumento de la productividad, hace aconsejable una moderación en los acuerdos salariales acorde con la tendencia anterior, teniendo en cuenta, en especial, la reducción en el impuesto sobre la renta prevista para 1987.

Si no se tienen en cuenta los pagos netos de intereses, parece que el déficit de la balanza por cuenta corriente se debe esencialmente más a un exceso de demanda que a una alteración de la relación competitividad-precio. El reciente debilitamiento de la corona danesa en el seno del SME muestra, sin embargo, que el margen de maniobra de las autoridades sigue siendo pequeño, y que la política monetaria debe tener en cuenta las necesidades de la financiación exterior. Por tanto, la adopción de medidas encaminadas al aumento del ahorro de las economías domésticas y a la reducción de su deuda, del tipo de las adoptadas en octubre, adquiere una importancia primordial. Podría también contribuir a ello la ampliación a una mayor parte de la población, eventualmente en el marco de los acuerdos salariales, de los regímenes de pensiones basados en cotizaciones voluntarias. A corto plazo, el condicionante exterior perdería fuerza, mientras que a más largo plazo un mayor ahorro permitiría financiar un volumen de inversión más importante y mejoraría el potencial de crecimiento sin comprometer el equilibrio exterior.

Es importante asimismo adaptar las estructuras de la economía a las modificaciones del entorno internacional. Se han adoptado ya algunas medidas, y hay otras en preparación, para desarrollar la formación profesional y la investigación allí donde estas iniciativas puedan resultar especialmente eficaces. Deberían examinarse y debatirse con los interlocutores sociales las posibilidades de modificar la organización actual del trabajo, de suavizar su normativa y de aumentar la adaptabilidad del mercado.

Consecuencia de pasados déficits, el endeudamiento exterior bruto se encuentra ya cerca del 40 % del PIB, compartido a partes casi iguales por la deuda pública y la privada. Con un crecimiento medio del PIB nominal del 6 % en los próximos años, la relación entre la deuda exterior y el PIB podría mantenerse estable, con un déficit corriente del 2,5 % del PIB. Esta relación tendería a reducirse con un déficit inferior. Como primer paso, parece urgente, a partir de 1988, reducir el déficit a un nivel compatible con la estabilidad de la carga relativa de la deuda, lo que a corto plazo apenas se podría conseguir sin un persistente rigor presupuestario, de acuerdo con los objetivos oficiales. Para disminuir esa carga, habría que intensificar la reducción del déficit exterior en años ulteriores. Para 1987, el excedente de financiación del conjunto de las administraciones, implícitamente incluido en el proyecto de presupuesto, no se modificará respecto al nivel de 1986 (alrededor de un 3 % del PIB) y corresponde a ni ligero superávit en el presupuesto del gobierno central. Teniendo en cuenta el condicionante exterior y la necesidad de garantizar un desarrollo equilibrado de la economía habría que alcanzar este objetivo mediante una aplicación muy rigurosa de la política encaminada a conseguir un crecimiento real nulo del gasto público, política seguida en los últimos años.

CUADRO 29

Dinamarca: Principales agregados económicos, 1961 a 1987

(TABLA OMITIDA)

REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

En la República Federal de Alemania, la reactivación ha entrado en 1986 en su cuarto año. A principios de año, sin embargo, el crecimiento se vio desfavorablemente afectado por varios factores excepcionales, como el rigor del invierno, las incertidumbres inherentes a la evolución del dólar y del precio del petróleo y el número particularmente bajo de días laborables. A pesar de la recuperación de la actividad a partir del segundo trimestre, la tasa de crecimiento real para 1986 debería superar ligeramente el 3 %, es decir, algo menos de lo que se preveía todavía a principios de año. Los elementos que han determinado el crecimiento han sido, esencialmente, el consumo privado y la inversión de las empresas. El consumo privado se ha visto estimulado por el aumento de los salarios, el cual, teniendo en cuenta la estabilidad de hecho de los precios, habrá provocado en 1986 el más fuerte crecimiento en volumen de los gastos de consumo desde 1971. Por su parte, la inversión se ha mantenido debido al aumento de las ventas en el mercado interior y a un nuevo aumento de los beneficios por efecto del juego de la relación real de intercambio. La progresión real de las exportaciones y el rápido crecimiento de las importaciones, fenómenos observados desde finales de 1985, han conducido ciertamente a un deterioro considerable (un 1,4 % del PIB) de la balanza exterior real, lo que no ha impedido que el superávit de la balanza por cuenta corriente alcance un nuevo máximo absoluto de cerca de 63 mil millones de DM gracias a la considerable mejora de la relación real de intercambio.

Aunque el efecto de los factores excepcionales que la han sostenido en 1986 debería atenuarse, la demanda interior debería reforzarse por sí misma en 1987, mientras que las posibilidades de exportación, en particular al área del SME, deberían mejorar de nuevo ligeramente. La reactivación continuará, pues, por quinto año consecutivo. El crecimiento del PIB real debería alcanzar un 3,25 %. Al mantenerse inalterada la relación real de intercambio, los precios seguirán la evolución de los costes interiores y registrarán de nuevo un aumento moderado. El saldo de la balanza por cuenta corriente se reducirá de un modo considerable, estableciéndose en 44 mil millones de DM, es decir, un 2,1 % del PIB.

Con toda probabilidad, el empleo aumentará en 280 000 puestos de trabajo, en promedio, en 1986, y en 250 000 en 1987. Si en las fases de recuperación anteriores el aumento del empleo se había producido esencialmente en el sector de los servicios, en la fase actual es igualmente notable en la industria manufacturera, con unas tasas del 1,5 % y el 1 % respectivamente. A pesar de la multiplicación de las acciones encaminadas a flexibilizar el mercado de trabajo, el número de desempleados sólo disminuirá en 80 000 en 1986, y en un poco más de 90 000 en 1987, es decir, mucho menos rápidamente de lo que aumentará el empleo, ya que la mayoría de los puestos de trabajo que se creen serán ocupados por solicitantes de empleo hasta ahora inactivos.

Aunque en estos últimos años la situación económica haya seguido siendo más favorable en la República Federal de Alemania que en los países europeos vecinos, el problema del desempleo sigue siendo importante. Es, pues, prioritario emprender una acción decidida para ponerle remedio. En años pasados, los interlocutores sociales ya tuvieron en cuenta los cambios producidos en el mercado de trabajo al negociar los convenios colectivos ; éstos supusieron una reducción de la parte salarial de más de 4 puntos porcentuales entre 1981 y 1985. Acomodada por la mejora en la relación real de intercambio, esta tendencia continuará en 1986, aunque la evolución favorable, pero inesperada, de los precios interiores en 1986 no haya podido repercutirse anticipadamente en los convenios colectivos.

El aumento moderado de los salarios reales ha contribuido enérgicamente en estos últimos años a mejorar los beneficios de las empresas y a aumentar, en consecuencia, la rentabilidad de las inversiones. Esta mejoría del clima inversor ha generado ya un crecimiento del conjunto de las inversiones de las empresas, que se ha traducido últimamente en una reactivación de la expansión de la capacidad productiva, con lo cual se ha asistido, por vez primera, a un notable desarrollo de la construcción no dedicada a viviendas.

La inversión en viviendas ha tenido una evolución menos favorable, debido al descenso demográfico y a la disparidad entre la evolución de los costes de construcción y la de las rentas, que han acentuado intensamente la tendencia básica a la desaceleración de la demanda. El porvenir del sector, dependerá de su capacidad para conseguir que sus costes aumenten proporcionalmente menos que el aumento del nivel general de precios. Además, la reorientación de la inversión en viviendas hacia una mejor conservación del patrimonio y hacía un incremento de su calidad permitirá aumentar en el futuro su potencial de creación de empleo.

La crisis de la construcción se ha visto agravada, en los últimos años, por el retroceso de la inversión pública. En efecto, los progresos en la consolidación presupuestaria se han logrado a costa de esta categoría de inversiones, sobre todo a nivel municipal. Con todo, la inversión pública ha vuelto a aumentar desde 1985, y su progresión ha alcanzado un 6% en 1986 en términos nominales. Las inversiones en infraestructura, en protección del medio ambiente y en renovación urbana se han visto estimuladas por nuevas medidas, de las que también se ha beneficiado la inversión privada. Por último, la primera etapa de la reforma fiscal y la ligera disminución del 0,1 % de las cuotas del seguro de desempleo han contribuido asimismo a mejorar las condiciones de la oferta, sosteniendo al mismo tiempo la demanda. Además, los programas financieros a medio plazo de los entes territoriales prevén, de aquí a 1990, una progresión nominal de la inversión pública del 4 al 5 %. Al contrario de lo sucedido en los últimos años, la inversión pública debería pues crecer a un ritmo acorde con el crecimiento del conjunto de la economía.

La política monetaria ha seguido fijando prioritariamente su atención en el logro de la estabilidad, lo que ha permitido reducir aún más la tasa de inflación y, de acuerdo con la tendencia del mercado, bajar los tipos de interés deudores a un mínimo histórico. Hasta ahora, esta evolución se había visto favorecida por influencias externas. En 1986, la expansión del "stock de dinero del banco central" ha superado constantemente el límite superior de la horquilla establecida, lo que ha incitado al Bundesbank a considerar con reservas cualquier nueva reducción de los tipos de interés a corto plazo.

Las condiciones de la oferta han mejorado para las empresas. Es cierto que el proceso de diferenciación de los salarios en función de las cualificaciones profesionales no ha avanzado en todas partes, pero en muchos sectores se han pactado reducciones del tiempo de trabajo y se han implantado un número cada vez mayor de regímenes en esta materia dirigidos a la mejora de las posibilidades de empleo. Habida cuenta de la evidente escasez de trabajadores cualificados que se ha producido entre tanto, los empresarios deberían multiplicar sus esfuerzos en el terreno de la formación y de la reconversión profesionales.

En conjunto, los esfuerzos de la política monetaria, la política presupuestaria y la política salarial para crear un ambiente propicio a un crecimiento generador de un nivel de empleo más elevado han empezado a dar frutos. Hay que añadir que la demanda interior, sostenida por la mejoría de la relación real de intercambio, se ha hecho más dinámica. No obstante, teniendo en cuenta la disipación progresiva de los efectos de la caída de los precios del petróleo, la política económica futura deberá demostrar de nuevo que es capaz de garantizar un crecimiento continuo y suficiente.

Gracias a la política presupuestaria de estos últimos años, ha sido posible reducir el déficit público en la medida, precisa para disminuir el impuesto sobre la renta en dos etapas, aplicables en 1986 y en 1988, sin comprometer por ello el saneamiento alcanzado. De hecho, el déficit del Estado central (Bund y Lander) se reducirá aún más en 1986. El déficit estimado para 1987 (cerca de 2% de PIB) puede considerarse razonable a la vista de las perspectivas actuales de crecimiento. Teniendo en cuenta, en especial, los riesgos que podría implicar para la actividad económica la evolución exterior, la política presupuestaria debería estar en condiciones de reaccionar con rapidez ante cualquier señal de debilitamiento de la demanda global.

La segunda etapa de la reforma fiscal, que implicará en 1988 una reducción de la presión fiscal sobre las economías domésticas estimada en 10 mil millones de DM, unida a una menor progresividad del impuesto, supondrá un estímulo para el esfuerzo, al mismo tiempo que un sostenimiento de la demanda. La reforma anunciada para la próxima legislatura debería reforzar asimismo la propensión al esfuerzo y afianzar, por consiguiente, los factores de crecimiento.

Cuanto antes se determinen sus modalidades, más probabilidades tendrá de conseguirlo. Si fuese posible determinar al mismo tiempo la naturaleza de las reducciones de gastos indispensables, se podría llevar a cabo con más facilidad el proyecto, tantas veces anunciado, del desmantelamiento metódico de las subvenciones a las empresas. Además, podría tratarse de aumentar, en función de las capacidades disponibles, los gastos en inversiones públicas rentables más allá de lo que prevén los proyectos actuales. Por último, convendría cuestionar la oportunidad de reducir las cotizaciones sociales a la Oficina Federal del Trabajo, cuyo presupuesto es excedentario desde hace varios años y seguirá siéndolo cada vez más en el futuro con la disminución del desempleo.

También la política salarial deberá seguir aportando su contribución al mantenimiento del empleo, con tanta más facilidad cuanto más se confirmen las perspectivas de la demanda. La progresión de los salarios reales per cápita debe seguir siendo inferior al aumento de la productividad global. A este respecto, los interlocutores sociales deben darse cuenta de que, a diferencia de lo sucedido excepcionalmente en 1986, la relación real de intercambio ya no liberará en 1987 una plusvalía que pueda repartirse y de que, en la medida de lo posible, habrá que evitar repercutir en los precios de exportación la degradación sustancial de la competitividad - evidentemente perjudicial para la rentabilidad de las empresas - resultante de la apreciación del marco respecto al dólar.

Hay que mantener el objetivo actual de la política monetaria, que consiste en financiar a medio plazo un crecimiento satisfactorio del potencial de producción, manteniendo al mismo tiempo la estabilidad de los precios. Siempre que los costes salariales no ejerzan una presión alcista sobre los precios, una política de este tipo debería permitir disponer de un margen de maniobra frente a las nuevas reducciones de los tipos de interés más representativos, siempre que las tendencias del mercado siguieran esta dirección. En cambio, si por razones externas hubiese que reducir a corto plazo estos tipos, tal reducción podría influir desfavorablemente sobre las expectativas de los tipos de interés en el mercado a largo plazo, teniendo en cuenta el ritmo de la expansión monetaria.

En el pasado ya se han adoptado gran número de medidas que afectan a los mercados de bienes y de factores de producción con el fin de mejorar las condiciones de la oferta en el plano microeconómico. Sin embargo, los obstáculos administrativos y, en muchos sectores, el peso excesivo de la intervención del Estado siguen representando un obstáculo para una asignación más eficaz de los recursos. Es necesaria una actuación más enérgica para eliminar tales obstáculos.

CUADRO 30

Alemania: Principales agregados económicos, 1961 a 1987

(TABLA OMITIDA)

GRECIA

En Grecia, las medidas de estabilización adoptadas en octubre de 1985 para restablecer las condiciones apropiadas para un crecimiento duradero y para una convergencia ulterior de la economía con el resto de la Comunidad suponen una inflexión en la política económica que había propiciado que se agravasen los desequilibrios. En 1985, las necesidades netas de financiación del sector público se habían situado en un 18 % del PIB y el déficit de la balanza por cuenta corriente ascendía a 3 300 millones de dólares USA, es decir, un 10 % del PIB. Ante esta situación, el Gobierno puso a punto, en octubre de 1985, un riguroso plan de recuperación económica que suponía, en particular, una devaluación del dracma del 15% y que establecía un depósito obligatorio, y no remunerado, sobre parte de las importaciones. El plan bienal implantado intenta conseguir una desaceleración pronunciada del aumento de los costes salariales, una reducción masiva de las necesidades de financiación del sector público y una fuerte restricción de la oferta monetaria. En su esfuerzo por conseguir el equilibrio de la balanza de pagos, el Gobierno ha recibido la ayuda de un empréstito comunitario, cuyo primer tramo ha sido desembolsado inmediatamente y el segundo lo será a principios de 1987.

La política salarial descansa a partir de ahora en la adaptación de los salarios a un ritmo de aumento de precios no ya constatado, sino programado, y que excluye la incidencia de los precios de importación. Si se aplica con determinación, conseguirá reducir los salarios reales en 1986 en más de un 7 % y limitar a un 13 % el aumento de los costes salariales por unidad producida en la industria manufacturera, frente al 20,5 % de 1985. Esta evolución, combinada con una política de cambio antiinflacionista, ya que compensa el diferencial de costes salariales unitarios y no el de los precios al por menor, junto con una adaptación moderada de los precios administrados en 1986, permitirá desacelerar el aumento de los precios al consumo, rebajándolo de un 25 % a finales de 1985 a un 16 % a finales de 1986. No obstante, a causa de la importante inflación habida a finales de 1985, esta desaceleración no es perceptible en la media anual, la cual debería alcanzar el 22,5 % en 1986, frente al 19,3 % de 1985 (31).

En materia de finanzas públicas, en donde el acento se ha puesto más en el aumento de los ingresos que en la contención del gasto, las necesidades de financiación del sector público se situarán de nuevo en 1986 en torno al 14 % del PIB, lo que supone una mejora de 4 puntos porcentuales respecto a 1985, conforme a la decisión del Consejo sobre concesión del empréstito comunitario, pero notablemente inferior a la prevista al presentar el presupuesto. Además, una gran parte de esa mejora - alrededor de 2,5 puntos - se habrá debido a la caída del precio del petróleo, que el Gobierno ha decidido compensar, en su mayor parte, con un aumento de los impuestos sobre los productos petrolíferos. En materia monetaria, por otra parte, existe el riesgo de que se supere el objetivo de crédito total interior, no sólo a causa de los decepcionantes resultados de la colocación de valores del Estado entre el público, sino también porque el margen de crecimiento del crédito al sector privado se ha calculado en gran medida considerando la evolución efectiva del déficit público.

Existen otros factores que han contribuido a retrasar el ajuste de la demanda. El consumo, después de largos años de crecimiento, ha reaccionado muy lentamente a las medidas de estabilización, dando muestras de una inercia básica propiciada por la existencia de la economía paralela. A ello se ha sumado la espera, durante los primeros meses, de una nueva devaluación, cuyos efectos se han visto ampliados por el elevado grado de liquidez de la economía, al que contribuyó, en el primer semestre, el exceso de crédito interior en relación con las normas establecidas. Desde entonces, la demanda interior real sólo ha registrado, para todo el año 1986, un retroceso relativamente débil, debido sobre todo a la regresión de las inversiones del sector público, mientras que el consumo privado apenas se ha desviado de su nivel en el año precedente. Por consiguiente, las importaciones no han disminuido en la medida prevista, mientras que las exportaciones por su parte, se han comportado menos dinámicamente de lo esperado. En conjunto, el PIB registrará en 1986 un ligero crecimiento. La tardía recuperación de la balanza exterior real, imputable también a una estructura momentáneamente desfavorable de las exportaciones y a los mediocres resultados alcanzados en el sector turístico, junto con el efecto negativo que ha ejercido inicialmente la devaluación sobre la relación real de intercambio, ha determinado que, a pesar de una sensible mejoría en el segundo semestre, la balanza por cuenta corriente pueda presentar, para el conjunto del año 1986, un déficit comprendido entre el 4,5 y el 5 % del PIB, y un poco superior al objetivo fijado de 1700 millones de dólares.

Esta evolución debe incitar a perseguir con determinación la aplicación del plan de recuperación económica en 1987.

La política salarial debería garantizar una progresión moderada de las remuneraciones nominales, sobre la base de una tasa de inflación reducida de nuevo a un 10 % a mediados de 1987 - excluidos los efectos de la introducción del IVA - y supuesta la aplicación rigurosa del sistema de indiciación adoptado a finales de 1985. No obstante, los efectos deflacionistas de la política salarial en 1987 serán limitados, por lo que habrá que poner el acento principal de la política de estabilización en la gestión presupuestaria y monetaria.

Debe proseguirse con rigor el saneamiento de las finanzas públicas, con el fin de restablecer las necesidades netas de financiación del sector público en 1987 a un nivel compatible con el objetivo presupuestario fijado en el programa de recuperación económica. Teniendo en cuenta la dinámica de la carga de los intereses, este objetivo implica una gestión muy severa de los demás gastos, en especial los de consumo público. Además, habrá que reducir fuertemente las transferencias a las empresas, mediante, entre otras, la limitación de las ayudas a la exportación, de las subvenciones agrícolas y de las ayudas financieras a las empresas en situación difícil. El aumento necesario de los ingresos vendrá de la ampliación de la base imponible y de la intensificación de la lucha contra el fraude, así como del aumento de recursos que producirá la introducción del IVA el 1 de enero de 1987.

La estricta gestión de la hacienda pública deberá ir acompañada de una expansión del crédito al sector privado nuevamente inferior a la tasa de crecimiento del PIB nominal, estimada en un 12%. Con este fin, la política de tipos de interés deberá ser en 1987 más activa: habrá de confirmarse la evolución de los tipos reales hacia valores positivos, que reflejen la escasez de capital, y tendrá que continuar la unificación de los tipos de interés sobre los créditos ya iniciada en 1986. Además, deberá desarrollarse la colocación entre el público de valores del Estado a medio plazo. Una política de este tipo permitirá una asignación más racional de los medios de financiación y estimulará el ahorro, así como la afluencia de capital extranjero, ejerciendo al mismo tiempo un efecto netamente deflacionista.

Esta acción estabilizadora, indispensable para el restablecimiento de los equilibrios macroeconómicos, no es, sin embargo, suficiente para asegurar el desarrollo futuro de la economía, que sólo podrá venir de la realización de inversiones apropiadas para reforzar y modernizar el aparato industrial del país. Es así como se podrá mejorar la competitividad de la economía a fin de superar de forma duradera el condicionante exterior y, al mismo tiempo, aumentar la actividad en la medida precisa para reducir el desempleo. Es necesario, en este contexto, seguir por el camino de la liberalización de los precios y de los márgenes, así como del mercado de trabajo.

La aplicación de la política descrita permitiría confirmar, en 1987, los resultados obtenidos en la segunda mitad de 1986 y, en especial, seguir reduciendo el déficit exterior y la tasa de inflación. La disminución de la renta disponible real de las economías domésticas y la política presupuestaria restrictiva, provocarán la contracción del consumo, en tanto que debería reactivarse la inversión industrial, en respuesta a la mejora prevista de la rentabilidad de las empresas, sin que ello se traduzca en un correspondiente aumento del conjunto de la inversión en bienes de equipo, habida cuenta de las restricciones presupuestarias impuestas a las empresas públicas. La contracción así producida en la demanda interior provocará una nueva reducción de las importaciones, en tanto que las exportaciones se mantendrían en virtud de un entorno relativamente dinámico. En conjunto, no obstante, el PIB podría registrar un ligero retroceso en términos de volumen para el conjunto de 1987. Puesto que estas perspectivas no permiten la mejora del empleo, existe el riesgo de que aumente la tasa de desempleo. Por otra parte, sin embargo, si los precios del petróleo se mantienen en el nivel de 1986, el déficit de la balanza por cuenta corriente podrá reducirse a 1300 millones de dólares, es decir, un 3,5 % del PIB, nivel aún relativamente elevado.

Por eso habrá que aplicar con rigor en 1987 el programa de recuperación económica encaminado a la restauración de los equilibrios básicos. A más largo plazo, habrá que seguir una política de ajuste basada en esfuerzos de reestructuración y enmarcada por una política monetaria y presupuestaria prudente.

Sólo con esa condición podrá la economía griega volver a ser competitiva y lograr una expansión duradera.

CUADRO 31

Grecia: Principales agregados económicos, 1961 a 1987

(TABLA OMITIDA)

ESPAÑA

En España, el crecimiento económico se ha acelerado claramente en 1986, el producto interior bruto, sostenido por una notable reactivación de la demanda interior, podría aumentar en un 3 % en términos de volumen. El consumo de las economías domésticas no sólo se ha beneficiado de una cierta mejoría de los salarios reales, sino también, por primera vez desde la primera crisis del petróleo, de una notable reactivación del empleo y de la inversión de la tendencia continua al aumento de la tasa de desempleo. La formación bruta de capital fijo ha sido sensible a los efectos favorables del aumento de los beneficios, a las mejores perspectivas de ventas y a la necesidad de modernización industrial ligada principalmente a la ampliación de la Comunidad. A causa de la debilidad de los mercados de exportación y del incremento de las importaciones en términos de volumen, en especial de productos manufacturados, la contribución del sector exterior al crecimiento ha sido muy negativa en términos reales. No obstante, la balanza de pagos por cuenta corriente ha mejorado mucho, gracias a la mejora muy importante de la relación real de intercambio producida por la caída de los precios de las materias primas y de los productos energéticos. La aceleración observada a principios del año como consecuencia de la introducción del IVA y la fuerte subida de los precios de los productos alimenticios a mediados del año no afectaron gravemente al proceso de reducción de la inflación en 1986. Sin embargo, en términos medios anuales, el diferencial de inflación entre España y los demás Estados miembros es considerable.

Para 1987, la tasa de crecimiento del PIB en términos de volumen debería ser, por lo menos, del mismo orden de magnitud que en 1986, es decir, de un 3 %. Debido a la esperada reactivación del crecimiento de los mercados de terceros países, las exportaciones deberían mostrar un mayor dinamismo y contribuir al mantenimiento de un gran superávit exterior. La demanda interior podría beneficiarse de las mismas influencias favorables que en 1986 ; en cambio, el consumo, tanto público como privado, debería desarrollarse un poco menos rápidamente que el año precedente. El ritmo de aumento de los precios debería reducirse bastante, aunque seguirá siendo superior a la media comunitaria. El empleo total debería proseguir su mejora en 1987 bajo el impulso de un clima económico favorable. No obstante, el desempleo seguirá siendo muy elevado (un 21,5 % de la población activa), debido principalmente a que la población activa seguirá creciendo con rapidez (a un ritmo superior al 1 % anual).

La política económica aplicada desde 1983 corresponde, en sus intenciones y en muchos aspectos, a las líneas maestras de "la estrategia cooperativa para el crecimiento y el empleo" adoptada en el otoño de 1985 por la Comunidad, y el diálogo social está muy desarrollado. En particular, se persigue, mediante una adecuada moderación de los salarios reales, estimular las inversiones creadoras de empleo, asegurando al mismo tiempo una expansión suficiente de la demanda interior y el mantenimiento de la competitividad de la economía española. Además de conseguir notables avances en la lucha contra el desempleo - que es mucho más importante que en los demás Estados miembros - esta política se propone responder al reto que representa la adhesión a la Comunidad.

Tras el pronunciado aumento de los costes salariales observado después de la primera crisis del petróleo, la evolución en los últimos años ha sido más moderada. En 1985 y en 1986 se ha mantenido el objetivo del mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios, en el marco del Acuerdo Económico y Social suscrito en octubre de 1984. El Acuerdo establecía subidas salariales nominales en función de la tasa de inflación programada. Ahora bien, puesto que dichas subidas han ido acompañadas de un importante deslizamiento de los salarios, en 1986 se ha interrumpido el proceso de desaceleración de la progresión del salario nominal per cápita observado en los últimos años.

Se han registrado avances significativos en el restablecimiento de las condiciones fundamentales del equilibrio. Por primera vez en muchos años, el aumento de los precios al consumo se cifró en 1985 en una tasa de un solo dígito. Las tendencias a la disminución de la inflación se han visto reforzadas en 1986 por la caída de los precios de importación provocada por la disminución del precio del petróleo y demás materias primas, pero la introducción del IVA y el alza de los precios de los productos alimenticios han actuado en sentido contrario. Por otra parte, la progresión de los costes salariales unitarios nominales se ha acelerado literalmente debido a una desaceleración de la productividad, que contribuye, en particular, a aumentos de precio todavía mayores en el sector de los servicios. La balanza de pagos por cuenta corriente, deficitaria hasta 1983, presenta a partir de dicho año crecientes superávits, a los que ha contribuido el aumento continuo del saldo positivo en el capítulo de servicios y, en especial, en el turismo.

Gracias a la mejora del clima económico, los beneficios de las empresas, que habían caído a un nivel relativamente bajo a principios del decenio de los ochenta, se han recuperado con firmeza, debido en parte a la aplicación de medidas fiscales que autorizan, para 1985 y 1986, la amortización total de las inversiones. Estas últimas responden esencialmente a criterios de racionalización y, hasta hace poco, a una preocupación por el ahorro de energía. Por otra parte, la notable afluencia de inversiones directas extranjeras producida en los últimos años ha continuado firmemente en 1996, debido sobre todo a las favorables perspectivas que ofrece la adhesión.

Los esfuerzos encaminados a reducir las necesidades de financiación de las administraciones públicas, que en 1985 alcanzaban el 6,2 % del PIB, deberían permitir su contención en menos de un 5 % del PIB en 1986, a pesar del aumento relativamente rápido del déficit de las administraciones locales. En cuanto a los ingresos fiscales, el efecto de la introducción del IVA parece haber sido ligeramente positivo más que neutro, y dos tercios, aproximadamente, de la reducción del precio del petróleo se han convertido en ingresos fiscales. En lo que se refiere a los gastos, lo que más ha contribuido a la reducción del déficit en 1986 es un menor aumento de la carga de intereses y la estabilización de las transferencias de capital. La política monetaria permitirá sin duda alcanzar, para el conjunto de 1986, el objetivo de desacelerar la tasa de crecimiento del agregado monetario (ALP). Sin embargo, la desviación registrada durante el primer semestre ha implicado un endurecimiento de dicha política y una escalada de los tipos de interés, que sólo han reanudado su descenso a partir de julio. Aunque siguen siendo relativamente elevados en términos nominales, en términos reales resultan bastante inferiores a la media comunitaria. En cuanto a la política de tipo de cambio, ésta se ha fijado como objetivo una estabilización del tipo de cambio efectivo nominal de la peseta respecto a las monedas, de los demás Estados miembros, lo cual, debido al mayor aumento relativo de los precios interiores, ha ocasionado una ligera pérdida de competitividad en 1986.

Por el lado de la oferta, la política de ajuste positivo se ha intensificado a partir de 1983. El esfuerzo realizado en las principales áreas económicas se ha acentuado en marzo de 1986 con la adopción de disposiciones encaminadas sobre todo a estimular el ahorro y la inversión, a liberar la economía de trabas burocráticas, y a aumentarla flexibilidad del mercado de trabajo.

La consolidación de los apreciables resultados ya obtenidos en lo que se refiere al restablecimiento de los equilibrios básicos y la consecución de una política de ajuste enérgica son indispensables para una recuperación duradera del empleo y para una disminución gradual del desempleo. Las opciones elegidas por el Gobierno formado tras las últimas elecciones van todas en esta dirección.

Debido al desequilibrio, particularmente acentuado, entre la oferta y la demanda de trabajo, el objetivo que debería perseguirse en el marco de la renovación del Acuerdo Económico y Social es el control estricto de los costes salariales reales per cápita. Es éste el camino que ha de recorrer una economía caracterizada por un importante desmantelamiento de su "tasa de protección" y por la existencia de un gran número de pequeñas y medianas empresas vulnerables, si se quiere preservar su competitividad, proseguir el proceso de desinflación y asegurar su integración armoniosa en el gran mercado común.

En cuanto a la política macroeconómica, la política presupuestaria para 1987 debería seguir ajustándose a los objetivos a medio plazo fijados por las autoridades. Los nuevos progresos que se hagan en la recaudación del IVA y en la lucha contra la evasión fiscal deberían traducirse en una evolución relativamente sostenida de los recursos presupuestarios. Por otra parte, debería continuarse la política de moderación de los gastos corrientes, con objeto de abrir posibilidades para una evolución más sostenida de la inversión pública. Para 1987, parece aconsejable tratar de reducir las necesidades de financiación de las administraciones públicas a un 4 %, aproximadamente, del PIB. Esta reducción permitirá, por otra parte, aliviar la tarea de la política monetaria y, en particular, favorece una disminución de los tipos de interés, así como una nueva reducción del endeudamiento exterior.

CUADRO 32

España: Principales agregados económicos, 1961 a 1987

(TABLA OMITIDA)

FRANCIA

En Francia, el consumo de las economías domésticas ha sido en 1986 más firme que en 1985, debido a una notable aceleración del poder adquisitivo resultante, entre otras causas, del progreso de la deflación. Bajo el efecto de la mejor situación financiera de las empresas, se ha mantenido, por otra parte, la recuperación de la inversión y se ha confirmado su difusión al comercio y a los servicios. La demanda interior se ha mostrado, pues, bastante más dinámica que en años anteriores. Como consecuencia de lo anterior, se ha alcanzado un elevado nivel de importaciones, en tanto que las exportaciones sólo registraban un ligero aumento, con nuevas pérdidas en las cuotas de mercado. Habida cuenta de los plazos de reacción habituales, el ajuste monetario de abril sólo conseguirá contener muy parcialmente, en 1986, la tendencia al empeoramiento de la balanza exterior real. Con todo, la amplitud de la mejora de la relación real de intercambio permitirá una mejora neta de la balanza comercial en valor. Por otra parte, la desaceleración de los costes salariales y la fuerte disminución de los costes de abastecimiento de energía y de materias primas han permitido considerables progresos en materia de deflación, habiéndose producido, en promedio, un aumento de los precios al consumo del 2,4 %. En este contexto, el crecimiento del PIB debería alcanzar el 2,3 % en términos reales, y el empleo en el sector de empresas presentará un ligero aumento, aunque insuficiente para invertir la tendencia al aumento del desempleo.

En 1987, la demanda interior debería presentar tendencias análogas a las de 1986, siempre y cuando la mejora persistente de la situación financiera de las empresas se traduzca, como es previsible, en un aumento de la inversión. Por otra parte, los efectos diferidos del aumento de competitividad derivado del ajuste monetario de 1986 deberían reducir la incidencia negativa de los intercambios exteriores sobre el crecimiento. En conjunto, la tasa de crecimiento del PIB debería situarse en un 2,5 %, lo que permitiría un aumento algo mayor del empleo, aunque insuficiente todavía para reducir el desempleo. El aumento de los precios al consumo tendería aún a reducirse un poco, y la balanza comercial a seguir mejorando.

Los esfuerzos de saneamiento realizados desde 1983 y la mejora de la relación real de intercambio han permitido lograr, por consiguiente, una aceleración significativa del crecimiento, aunque no el comienzo de la esperada recuperación de la situación del mercado de trabajo. En efecto, si bien ha vuelto a aumentar ligeramente el número de personas ocupadas, las medidas adoptadas en el marco del tratamiento social de desempleo no han bastado para compensar el efecto positivo del movimiento natural sobre la población activa, con lo cual la tasa de desempleo ha experimentado un ligero incremento.

Preocupado por la insuficiencia de los resultados obtenidos en materia de empleo, el Gobierno formado tras las elecciones del 16 de marzo de 1986 ha adoptado, o se dispone a adoptar, un conjunto de medidas sociales encaminadas a estimular la contratación de trabajadores. En consecuencia, ha procedido a distintas modificaciones en la legislación laboral, con objeto de incitar a las empresas a la contratación, flexibilizando las condiciones de empleo. Tras los cambios introducidos en la normativa sobre la jornada de trabajo al final de la legislatura anterior, el nuevo órgano legislativo ha adoptado otras disposiciones, dirigidas a flexibilizar el régimen de suspensión de los contratos de trabajo, para el que no será necesaria, a partir del 1 de enero de 1987, la autorización administrativa previa. Actualmente, los interlocutores sociales negocian sobre nuevos procedimientos de suspensión del contrato laboral. Con otra serie de medidas, adoptadas por decreto, se pretende ampliar el ámbito de los contratos de trabajo de duración definida, el de trabajo a tiempo parcial y el de trabajo intermitente. Por último, sumándose a las medidas ya adoptadas en la legislatura precedente acerca del tratamiento social del desempleo, se ha introducido, en el presupuesto rectificativo de junio de 1986, un mecanismo que tiende a estimular directamente a las empresas a contratar jóvenes de 16 a 25 años mediante la reducción temporal de la cotizaciones sociales, y se encuentran en preparación otras medidas de fomento del empleo.

Sin embargo, la recuperación del empleo depende fundamentalmente de la competitividad de la economía y de la rentabilidad de sus empresas. Son éstas, en efecto, las que condicionan la ampliación de la reactivación de la inversión que se requiere para que aumente la capacidad productiva. La insuficiencia de la inversión del sector competitivo desde hace muchos años, su defectuosa distribución sectorial, su tardía reactivación y su orientación predominante hacia la racionalización han hecho que el aparato productivo sea inadecuado para responder de modo suficiente a una demanda en proceso de cambio y, al mismo tiempo, de aceleración. El Gobierno pretende, pues, prestar un apoyo directo o indirecto al esfuerzo que aún deben hacer las empresas para satisfacer esta exigencia prioritaria.

Por lo tanto, se ha mantenido activamente la política de liberalización destinada a devolver a las empresas el control de sus precios, a eximirlas de las trabas que sufrían sus operaciones de cambio con el extranjero y a facilitar su financiación. En materia de precios, desde de otoño de 1985 se han introducido una serie de medidas que, a finales de 1986, habrán conducido a la libertad casi total de los precios industriales y de los márgenes comerciales, y a la libertad total de los precios y márgenes de los servicios. Habrá quedado suprimido, en lo esencial, el control de cambios, tanto para las empresas como para los particulares. Por último, se han realizado importantes reformas en el funcionamiento del mercado financiero, entre otras: la apertura del mercado monetario a los agentes no financieros y la adopción de un conjunto de disposiciones encaminadas a restablecer la competencia entre los intermediarios financieros mediante la supresión de ciertos privilegios en materia de captación del ahorro, el abandono del control del crédito a cambio de una regulación de la liquidez a través de los tipos de interés y la progresiva liberalización de los tipos bancarios. Este conjunto de medidas de flexibilización intenta crear un clima más propicio para la iniciativa de las empresas, poniéndolas en condiciones de adaptarse más fácilmente a las tendencias de los mercados.

En materia salarial, la política seguida por el sector público, así como los comportamientos del sector privado, deberían seguir presididas por una gran moderación, y no implicar sino un aumento limitado del poder adquisitivo de las remuneraciones. De este modo podría reforzarse la competitividad de las empresas y poner a su disposición la facultad de invertir hasta el punto de lograr la aceleración progresiva del desarrollo de sus capacidades.

La política de las finanzas públicas debería tender también hacia el mismo objetivo, en la medida en la que intenta simultáneamente reducir la presión de las cargas fiscales obligatorias, y la del déficit público, sobre la economía. Es cierto que la disminución de la presión ya aplicada o prevista, en el capítulo de los impuestos directos, se verá parcialmente compensada por el aumento de ciertas cargas fiscales destinadas a impedir la aparición de un desequilibrio en la seguridad social, pero el mecanismo aplicado debería ser globalmente neutro para las economías domésticas, aunque favorable para las empresas, en el sentido no sólo de disminuir la presión, con el consiguiente beneficio directo para éstas, sino también de favorecer la afluencia de fondos al mercado financiero. Si el mantenimiento de los equilibrios básicos condujese a un nuevo esfuerzo de contracción de los gastos y en ese contexto, exigiese la eliminación de ciertas subvenciones, las empresas, a su vez, tendrían que conseguir mayores ventajas de la reducción de los tipos de interés, lo cual facilitaría la contracción del déficit. Al pretender, con las modalidades descritas, reducir el saldo neto a financiar del presupuesto del Estado, y las necesidades de financiación de las administraciones públicas, a cerca del 2,6 % del PIB, la política presupuestaria para 1987 ha emprendido decididamente el camino del saneamiento, favoreciendo de forma simultánea el desarrollo de la capacidad productiva y del empleo.

La política monetaria se ha mantenido en una línea de gran prudencia que, sin embargo, ha permitido una sensible disminución de los tipos de interés nominales. La afluencia de capitales producida tras el ajuste monetario de abril de 1986 ha permitido el pago anticipado de determinadas deudas exteriores. Esta asignación ha contribuido, junto con otros mecanismos de neutralización, a mantener el crecimiento de la masa monetaria en torno al objetivo del 5 %, en sensible retroceso respecto a la tasa de crecimiento del PIB en términos de valor. La misma prudencia debería prevalecer en 1987, con el fin de consolidar los resultados ya ampliamente alcanzados en materia de desinflación. Siempre que el contexto internacional se preste a ello, esta prudencia no debería exluir una nueva reducción de los tipos de interés que debería derivarse de la mejora en el equilibrio financiero de las empresas y del Estado.

CUADRO 33

Francia: Principales agregados económicos, 1961 a 1987

(TABLA OMITIDA)

IRLANDA

En Irlanda, las perspectivas económicas inmediatas han mejorado claramente. Algunos factores exteriores favorables han reforzado de forma considerable la actual reactivación. El consumo privado ha empezado a crecer de nuevo en 1985/86, lo cual tiene que verse desde la perspectiva del acusado retroceso que experimenté en la primera mitad del decenio. La inversión total no se ha estabilizado aún, pero podría reforzarse progresivamente en 1987 debido, en particular, a la desaceleracíón de la caída de la inversión pública. Hasta ahora, la construcción no ha dado señales de recuperación. En cambio, las inversiones del sector privado en bienes de equipo que habían retrocedido tras haber alcanzado en 1984/85 el punto más alto de su ciclo de reposición, deberían experimentar en 1987 una evolución más favorable. Por último, si bien ya no aumentan al elevado ritmo de los últimos años, los volúmenes de exportación siguen incrementándose, aunque más moderadamente, mientras que la tendencia de las importaciones, hasta ahora más irregular, debería reflejar la firmeza de la demanda final. Todo ello explica que en 1987, cuando se hagan sentir plenamente los efectos favorables de la disminución de los precios del petróleo registrada a principios de 1986, el incremento del PIB en términos reales teniendo como base las políticas actuales deba superar el 3 %, y la subida de precios deba mantenerse en un 3 %, la cifra más baja desde 1966, mientras la balanza por cuenta corriente acusa un ligero déficit. En el pasivo de este balance hay que señalar la relativa lentitud de los progresos en la reducción del déficit público y el carácter todavía preocupante de la situación del mercado de trabajo. En 1986 se ha desacelerado el descenso del empleo y se ha estabilizado la tasa de desempleo.

La aceleración de la emigración neta y la disminución de las tasas de actividad han frenado, al menos temporalmente, el aumento de la población activa, y han estabilizado la tasa de desempleo en torno al 18 %. Durante el año finalizado en abril de 1986 se ha registrado una emigración de 30 000 personas, lo que ha provocado por primera vez un ligero descenso de la población. Sin embargo, a medio plazo los factores demográficos deberían producir un incremento medio de la oferta de trabajo del 0,5 %. Para reducir rápidamente el desempleo es, pues, necesario que el empleo progrese a un ritmo mucho más rápido. En última instancia, sólo podrá conseguirse el crecimiento necesario si se estimula enérgicamente el potencial de creación de empleo de la economía. Ello implica una política macroeconómica apropiada, destinada, en particular, a suavizar las limitaciones que impone el volumen del déficit público, a moderar la subida de los salarios reales y a dotar de una mayor flexibilidad y eficacia al funcionamiento de los mercados. Los programas de formación y de creación de empleo adicional, recientemente ampliados, tienen por su parte una importante función que desempeñar. El programa de empleo social, iniciado a principios de 1985, que ofrece a 10 000 desempleados de larga duración la posibilidad de intervenir en trabajos casi siempre organizados por las autoridades locales, ha alcanzado, tras unos comienzos bastante lentos, la tasa de participación fijada como objetivo, a mediados de 1986. Otros programas, en particular el dirigido a ayudar a los desempleados a crear su propia empresa, y el que subvenciona los aumentos de plantilla, se han visto igualmente coronados por el éxito, por lo menos si éste se mide por el número de beneficiarios.

El carácter muy abierto de la economía impone una política salarial que no tienda solamente a mejorar las perspectivas de rentabilidad de la inversión y a frenar la tendencia a invertir para ahorrar mano de obra, sino también a mantener la competitividad. El reciente empeoramiento de ésta, derivado de la debilidad de la libra inglesa, ha obligado, en agosto de 1986, a devaluar un 8 % la libra irlandesa en el seno de SME. Ahora bien, contemplada bajo estos diversos aspectos, la evolución reciente de los salarios en Irlanda resulta bastante preocupante. Para el conjunto de la economía, las remuneraciones reales per cápita, medidas por el deflactor del consumo, disminuyeron ligeramente a principios de este decenio, tras un período de fuerte crecimiento. No obstante volvieron a aumentar a continuación, y tanto en 1986 como en 1987 deberían crecer aún un 3 % (es decir un 1,25 % y un 2,75 % respectivamente, medidas por el deflactor del PIB). La tasa de crecimiento relativamente elevada de 1987 se debe en parte al acuerdo salarial en vigor en la función pública que prevé una subida real del 3 %. La progresión de los salarios reales ha sido en general mayor en la industria manufacturera que en el conjunto de la economía. Además, si bien la diversidad de montantes y vencimientos de las retribuciones que se ha utilizado en las negociaciones salariales ha devuelto un cierto margen de maniobra a las empresas más débiles, lo cierto es que éstas están sufriendo el efecto de la evolución de los salarios en el sector protegido de la economía, donde ha prevalecido un menor rigor en materia de costes reales.

Una de las características específicas de la economía irlandesa es el papel dominante que desempeñan en la exportación las filiales de empresas extranjeras, generalmente especializadas en actividades de alta tecnología. Aun reconociendo la importancia de la implantación de tales empresas extranjeras, la política actual pretende equilibrar mejor la producción y el empleo, incitando a las empresas nacionales a dedicarse más a la exportación y a las actividades anejas, lo que requerirá una mayor inversión. A este respecto, las limitaciones que recaen sobre el gasto público y, en particular, la creciente selectividad de las ayudas económicas, han determinado que la inversión dependa, hoy más que antes, del nivel de rentabilidad de las empresas. A ello hay que añadir que el elevado nivel de los tipos de interés ha venido a anular la ventaja fiscal que éstas obtenían al endeudarse con los bancos. En este marco, si bien se observa en los últimos años una recuperación global de los beneficios, hay que señalar que los mejores resultados de las empresas extranjeras significan que los de muchas empresas nacionales han sido poco satisfactorios.

En tales condiciones, la mejora general de los beneficios por efecto del descenso de los precios del petróleo podría servir para consolidar la situación financiera de las empresas antes que para generar nuevas inversiones. Habida cuenta de que la reciente recuperación de la inversión en bienes de equipo procede más de un esfuerzo de sustitución o de productividad que de la deseada ampliación de capacidad en las empresas nacionales, podría ocurrir que la inversión en la industria manufacturera quedase a un nivel sensiblemente inferior al necesario para garantizar el 7 % de crecimiento anual de la producción previsto en el Libro Blanco de 1984 sobre política industrial.

Si bien la actual recuperación económica puede favorecer un mejor equilibrio entre la inversión y la producción y una reactivación del crecimiento del empleo, sigue siendo necesario intensificar los esfuerzos para asegurar una moderada progresión de las rentas. En este contexto, deben acogerse favorablemente las recientes orientaciones del Gobierno sobre los convenios salariales. No es menos esencial acelerar el saneamiento de las finanzas públicas. A medio plazo, una disminución sensible del déficit del Tesoro es el único medio para frenar la progresión de la deuda pública ; además contribuiría a la reducción de los tipos de interés reales, favorecería una disminución de la presión fiscal y, en general, crearía un clima más favorable para un crecimiento sano de la producción y del empleo. La política definida en el plano macroeconómico a medio plazo (32) debería permitir en 1987 una contención del déficit justo por encima del 10% del PNB, es decir, en un 8,5 % del PIB. Sin embargo, es probable que este objetivo de limitación del déficit a un 10,75 % del PIB en 1986 se supere en un punto. Aun cuando los factores causantes sean en parte excepcionales, determinados elementos, en particular la incidencia durante el año de las medidas de suavización del impuesto sobre la renta adoptadas en 1986, y el acuerdo actual sobre las remuneraciones en la función pública, hipotecan en la medida correspondiente el margen de maniobra disponible para alcanzar el nivel de ajuste previsto para 1987. Con todo, las autoridades deberían esforzarse por alcanzar el objetivo deseado y, en cualquier caso, por reducir el déficit del Tesoro en alrededor de 1,5 puntos porcentuales del PIB con respecto al 12 % previsto para 1986. Por lo demás, también reviste una importancia similar el que, en la elaboración de la política presupuestarla para 1987, las autoridades ponderen suficientemente las perspectivas a medio plazo, eviten compromisos presupuestarios que puedan reducir las posibilidades de ajuste en 1988 y, posteriormente, decidan con efectos inmediatos restricciones del gasto que sean adecuadas para invertir su tendencia en el futuro próximo, aun cuando sus efectos sólo se hagan sentir después de 1987. Estas restricciones deben ser tanto más importantes cuanto que cualquier disminución de los tipos tributarios, reducción fiscal, o cualquier expansión de la inversión pública ha de tener en cuenta las limitaciones que pesan sobre los recursos globales.

CUADRO 34

Irlanda: Principales agregados económicos, 1961 a 1987

(TABLA OMITIDA)

ITALIA

En Italia, las disposiciones encaminadas a reducir la aplicación de mecanismos automáticos a las reviciones salariales y las medidas fiscales dirigidas, entre otras cosas, a equilibrar más adecuadamente la imposición directa entre los trabajadores asalariados y los autónomos, frenaron el consumo privado a principios de año. Sin embargo, este factor temporal de desaceleración de la actividad se vio compensado por el vigor de las exportaciones. Más tarde se aceleró el conjunto de la demanda interior, estimulada por el efecto que el pronunciado descenso de los precios de importación ejercía sobre la capacidad adquisitiva de las economías domésticas y sobre los beneficios de las empresas, en tanto que las exportaciones se mantenían bien orientadas. En conjunto, el PIB en términos reales debería crecer en 1986 un 2,6 %, con un aumento del empleo del 0,5 %. La aceleración conseguida ha ido acompañada de un fuerte descenso del ritmo de inflación, con lo que el deflactor del consumo, en promedio anual, ha bajado del 9,4 % en 1985 al 6,2 % en 1986. En el mismo período, y a pesar de la gran elasticidad de las importaciones, la balanza comercial se ha recuperado enérgicamente como consecuencia de la considerable mejora de la relación real de intercambio. En definitiva, la balanza de pagos por cuenta corriente debería reflejar en 1986 un excedente del orden del 1,2 % del PIB, en lugar del déficit del 1 % registrado en 1985.

En 1987, la demanda de consumo se verá estimulada por la entrada en vigor de los nuevos convenios colectivos, cuya conclusión se espera para finales de 1986, y por la siempre rápida progresión de las rentas no salariales, al mismo tiempo que se acentuará todavía más la propensión de las empresas a la inversión. Por su parte, la demanda exterior debería mantenerse. Cabe prever, por tanto, un año caracterizado por una fuerte demanda y por una tasa de crecimiento del PIB en términos reales del orden del 3,5 %, lo que supondrá, muy probablemente, una sensible reducción del superávit exterior. La tasa de inflación no llegaría al 4 %, recuperando así un ritmo desconocido desde finales de la década de los sesenta.

Este contexto debe incitar a un nuevo esfuerzo para restablecer las condiciones de un crecimiento regular y duradero mediante la reducción de los desequilibrios estructurales del empleo y de las finanzas publicas. Esos dos problemas no son independientes el uno del otro, ya que la absorción de recursos por el sector público, todavía excesiva, frena los progresos del sistema productivo en dirección a una mayor eficacia y a un nivel más alto de empleo.

Aunque el contexto coyuntural arriba descrito debería haber sido propicio a corto plazo, para una progresiva mejora del mercado de trabajo y para la disminución de la tasa de desempleo, estas tendencias no se han producido aún en 1986. De hecho, las empresas han empezado a reabsorber a los trabajadores en desempleo temporal y a recurrir a los márgenes autorizados de horas extraordinarias, antes que proceder a nuevas contrataciones. Además, las mejores perspectivas de empleo han influido positivamente sobre la tasa de actividad. Por consiguiente, la tasa de desempleo no ha iniciado el esperado retroceso, manteniéndose en el 10,6%.

Esta evolución poco satisfactoria no refleja aún los esfuerzos desplegados por los poderes públicos en los tres últimos años para la renovación del mercado de trabajo. En efecto, desde 1984 las empresas tienen la facultad de elegir, entre los solicitantes de empleo que figuran en las listas de colocación, en función de las cualificaciones profesionales, en lugar de tener que ajustarse al orden de inscripción en las listas. Se ha favorecido asimismo el desarrollo de los contratos de trabajo de duración definida y de los contratos de formación para los jóvenes trabajadores ; aunque con un éxito limitado. Además, el Ministerio de Trabajo ha elaborado un importante programa a medio plazo de reforma del mercado de trabajo, que pretende modificar las estructuras del mismo y aumentar su flexibilidad. En él se basa un plan de urgencia para la contratación en dos años de 40 000 jóvenes en el sector público y semipúblico, con la intervención del Estado. Por último, a finales de septiembre, el Gobierno ha dispuesto la concesión de créditos para obras de infraestructura y de reconstrucción en el sur de Italia, que deberían permitir la creación de unos 200 000 puestos de trabajo temporales.

Por otra parte, a finales de 1985, el arbitraje del Gobierno permitió modificar sustancialmente el sistema de indiciación de los salarios por acuerdo tácito y para un período de cuatro años ; actualmente, la indiciación sólo compensa la mitad, aproximadamente, de la inflación. En un clima social en calma, se ha podido firmar en mayo un acuerdo marco en el sector industrial que prevé la liquidación de la disputa sobre los decimales de la escala móvil impagados en 1985 (33) y una serie de medidas para favorecer la contratación de jóvenes, cuya tasa de desempleo es particularmente elevada en Italia. La celebración de los convenios colectivos trienales en el sector industrial sancionará el acuerdo marco firmado en mayo en un clima más distendido de lo habitual, en el que sólo la reducción de la jornada de trabajo plantea todavía un seno problema.

El diálogo social ha sido, por tanto, propicio a una sensible reducción de los costes de producción, reforzada por la fuerte disminución de los precios de importación, y que se extenderá progresivamente desde los sectores estrechamente ligados a las importaciones petroleras hasta los que no están tan vinculados a éstas.

Los progresos realizados en materia de reducción de la inflación así como la previsible aceleración de la actividad económica, tenderán espontáneamente a estabilizar en 1987 la presión del déficit público sobre el mercado financiero, aunque a un nivel todavía demasiado alto, lo cual sigue siendo un problema prioritario y justifica la intención expresada por el Gobierno de eliminar gradualmente la parte del déficit que exceda la carga de intereses. La coyuntura del 1987 ofrece una oportunidad privilegiada para marcar una etapa concreta en el sentido indicado por el plan de saneamiento del ministro del Tesoro. Para garantizar el resultado, en junio se ha aprobado un nuevo procedimiento presupuestario. De acuerdo con él, el Parlamento aprobará cada año, antes de finales de julio, un documento de programación económico-financiera trienal que incluirá los principales objetivos macroeconómicos y los grandes agregados presupuestarios. La discusión parlamentaria de otoño podría, pues, desarrollarse dentro de los límites convenidos, ya que una cláusula de salvaguardia permitiría bloquear créditos hasta el nivel de los ahorros previstos por las leyes que aún no hubiesen sido aprobadas. El documento, elaborado por los tres ministros competentes (Tesoro, Hacienda, Presupuesto) y aprobado por el Parlamento con un importante retraso, relacionado con la crisis gubernamental, prevé para 1987 un cuadro macroeconómico cercano a las previsiones de la Comisión e implica la intención de situar las necesidades de financiación del Tesoro por debajo del objetivo previsto para 1986 y reducido en 100 billones de liras y un 12,2 % del PIB, frente a 110 billones y un 14,6 % del PIB en 1986. La consecución de este objetivo, a igualdad de presión fiscal respecto a 1986, implica que se efectúa, como lo puso de manifiesto el Gobierno, un nuevo desplazamiento de la fiscalidad hacia los impuestos indirectos, así como una estricta limitación de los gastos corrientes al ritmo de la inflación, y de los gastos de capital al ritmo de crecimiento del PIB nominal.

La política monetaria se orienta hacia una reducción progresiva de los tipos de interés, compatible con la atenuación real de los factores de inflación. Con todo, las tres reducciones sucesivas del tipo de descuento producidas en marzo, abril y mayo de 1986 han ido algo más lejos que el retroceso de la inflación, a causa de la reducción de los tipos de interés internacionales. Esta evolución podría incluso acentuarse en un futuro próximo, como consecuencia de la aplicación efectiva de la política presupuestaria anunciada. Al tiempo que afirmaba su voluntad de defender la posición de la lira en los mercados de cambios, el Gobierno se ha comprometido a seguir una política de liberalización prudente, aunque decidida, de los movimientos de capitales.

Los ejes principales de la política económica arriba esbozados permiten vislumbrar ya los signos de un restablecimiento en profundidad de los equilibrios básicos, como acredita, en particular, la renovada estabilidad de la cotización de la lira en el seno del SME. Conviene perseverar en esta dirección y en particular, continuar la política de rigor presupuestario adoptando, todas las medidas necesarias para limitar efectivamente el déficit del Tesoro a los 100 billones de liras señalados por el presupuesto para 1987.

Por otra parte, la decepcionante evolución del empleo demuestra que el ajuste de las tasas salariales reales a la productividad parece todavía inadecuado, y que la base productiva no se desarrolla aún al ritmo deseado. Estas insuficiencias, en vías de atenuación en el norte y en el centro siguen siendo muy evidentes en el sur. Por ello, además de la aplicación de una política prudente en materia salarial, la situación podría inducir a tratar de modular los ingresos, sin alterar el equilibrio global de la hacienda pública, a fin de aligerar más las cargas sociales en las regiones meridionales. Con el mismo objeto, la mejora de la estructura financiera de las empresas, conseguida, en particular, mediante la orientación del ahorro hacia la inversión en acciones, así como la continuación del saneamiento de las ramas deficitarias del sector público, pueden contribuir a la mejora de la competitividad de la economía y, en consecuencia, al fomento del empleo sobre una base más estable.

CUADRO 35

Italia: Principales agregados económicos, 1961 a 1987

(TABLA OMITIDA)

LUXEMBURGO

En Luxemburgo, la actividad económica se ha mantenido a un alto nivel en 1986, gracias al dinamismo de la demanda interior, cuyo motor ha sido el consumo privado, beneficiario del aumento de la renta disponible de las economías domésticas. Las exportaciones totales han crecido a un ritmo mas lento que el año anterior, debido a los efectos de un ligero debilitamiento de las ventas de productos siderúrgicos. En conjunto, el crecimiento del producto interior bruto alcanza aproximadamente el 2,5 %. La inflación se ha atenuado mucho y la tasa de desempleo ha descendido ligeramente.

En 1987, el producto interior bruto debería crecer a un ritmo sensiblemente igual al registrado en 1986. Una estabilización del nivel de ventas de productos siderúrgicos y la progresión, todavía dinámica, de las entregas de otros productos determinarán un mayor crecimiento de las exportaciones totales. En cambio, podría frenarse el desarrollo de la inversión de las empresas. El aumento de los precios al consumo privado podría acelerarse ligeramente, debido a la mayor progresión de los costes salariales en el sector de servicios y a los riesgos inflacionistas de procedencia exterior a los que está expuesta una economía abierta. En el mercado de empleo, el aumento de las plantillas irá acompañado, como en el año anterior, de una disminución del número de desempleados y de una fuerte reducción del número de personas empleadas en el marco de programas específicos.

En la mayoría de sus aspectos, la política económica seguida por el Gobierno es compatible con las orientaciones de la Estrategia de Cooperación para el crecimiento y el empleo. La política presupuestaria ha contribuido a ello con determinadas medidas de sostenimiento de la demanda. En efecto, el margen de maniobra que quedaba disponible tras la reestructuración de la siderurgia se ha utilizado en parte para reducir los impuestos sobre las personas físicas en 1986 y permitirá, en 1987, aligerar de nuevo la presión fiscal, tanto sobre las economías domésticas como sobre las empresas. Por lo demás, se podrá alimentar a los fondos de inversiones públicas para garantizar la financiación de sus programas a medio plazo. Han proseguido los esfuerzos de diversificación de la estructura de la economía luxemburguesa mediante una acción selectiva a favor de nuevas empresas.

En cuanto a la evolución salarial, el movimiento de recuperación desencadenado desde finales de 1984 ha provocado aumentos en 1986 y 1987 que compensan las pérdidas sufridas anteriormente. En términos reales, el aumento de los salarios per cápita podría superar al de la productividad de la mano de obra. Aunque sus efectos a corto plazo sobre la demanda interior sean positivos, se corre el riesgo de que dicho aumento empeore la posición competitiva de las empresas, estimule las inversiones de racionalización, poco propicias a la creación de nuevos puestos de trabajo, y frene la diversificación industrial. En consecuencia, las próximas negociaciones salariales adquieren especial importancia.

La inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo exigirá un esfuerzo adicional de adaptación de la formación profesional a las necesidades de mano de obra especializada de las empresas, con el fin de evitar la persistencia de un núcleo permanente de jóvenes desempleados al mismo tiempo que se hace necesario contratar trabajadores no residentes para los nuevos puestos de trabajo. La ordenación del tiempo de trabajo en función de las necesidades de las empresas es cada vez más conveniente en el contexto de la competencia internacional. Una legislación más flexible debería ofrecer a los interlocutores sociales la posibilidad de negociar, al nivel de las empresas, una mayor flexibilidad en la organización del tiempo de trabajo.

Como consecuencia de la débil progresión de los ingresos fiscales, debida en parte a la reducción de los impuestos directos y al sostenido aumento de los gastos, en particular los sueldos y las transferencias, la capacidad de financiación de la administración pública disminuirá en 1986 y en 1987. Aunque las reservas de los fondos de inversión sean suficientes para financiar los proyectos dirigidos a conseguir una infraestructura adecuada, tanto en el terreno de las inversiones públicas tradicionales como en el de las telecomunicaciones y la informática, habrá que observar una cierta prudencia en la gestión de los demás gastos, con el fin de mantener el equilibrio del presupuesto del Estado central, procurarse así un cierto margen de maniobra para el futuro.

CUADRO 36

Luxemburgo: Principales agregados económicos, 1961 a 1987

(TABLA OMITIDA)

PAÍSES BAJOS

En los Países Bajos, la evolución económica en 1986 ha estado caracterizada por un menor crecimiento del volumen de exportaciones, debido a la contracción de las ventas de gas natural. En cambio, la mejora de la capacidad adquisitiva de las economías domésticas - como consecuencia de la reducción de las cotizaciones de seguridad social y del retroceso de la inflación debido a la mejora de la relación real de intercambio en un contexto de salarios nominales en gran parte establecidos con anterioridad - ha provocado un fuerte aumento del consumo privado. El crecimiento de las inversiones de las empresas se ha mantenido a un ritmo vivo, pero la demanda de viviendas y la inversión pública siguen mostrando debilidad. En conjunto, con una tasa del 1,6 %, el crecimiento del producto interior bruto será un poco inferior al del año anterior, aun cuando la producción de las empresas, con exclusión del sector de la energía, aumentará un 2,7 %. La inflación ha sido nula y los tipos de interés han disminuido casi un punto porcentual. La evolución, menos favorable, de la balanza comercial y de las transferencias ha provocado una ligera disminución del superávit de la balanza de pagos por cuenta corriente, a pesar de una mejora del 2,6 % en la relación real de intercambio, ya que la adaptación de los precios de exportación del gas natural a la caída del precio del petróleo se produce con un desfase importante.

En 1987, el ritmo de crecimiento del producto interior bruto no debería acelerarse más que muy ligeramente, hasta situarse en cerca del 1,8 %. Las exportaciones crecerán en conjunto a un ritmo mayor, ya que la contracción del volumen de ventas de gas natural será menor que la de 1986. Teniendo en cuenta el retraso con que se producirá la reacción de los precios del gas natural, la caída de los precios del petróleo de 1986 determinará una redistribución de las rentas en 1987 del orden del 3 % del PIB, a favor de las economías domésticas, las empresas y el sector exterior, y en detrimento del presupuesto del Estado. A pesar de las medidas adoptadas en materia de gastos e ingresos para impedir un aumento excesivo del déficit público, que ocasionarán una desaceleración del consumo privado, la demanda interior debería crecer, en conjunto, a un ritmo comparable al de 1986. El aumento de la rentabilidad de las empresas y el incremento de la tasa de utilización de la capacidad productiva seguirán estimulando la inversión de las empresas, y la construcción de viviendas aumentará ligeramente sin duda, en tanto que debería disminuir la inversión pública. El nivel general de precios podría bajar en relación con el de 1986. El empeoramiento de la relación real de intercambio, de más de un 1 %, debería afectar al superávit de la balanza por cuenta corriente. Aumentará el empleo como consecuencia del desarrollo de la producción manufacturera y, gracias asimismo a la ordenación del tiempo de trabajo, disminuirá la tasa de desempleo, que, no obstante, seguirá siendo muy alta (11,1 %).

La política económica de estos últimos años, basada en el programa gubernamental del otoño de 1982, se inspira en orientaciones que, consideradas retrospectivamente, presagiaban determinadas líneas maestras de la Estrategia de Cooperación para el crecimiento y el empleo. Se ha procurado, en efecto, mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo y lograr la moderación salarial, así como aplicar una política de restablecimiento del equilibrio presupuestario. Los esfuerzos para mejorar la capacidad de adaptación del mercado de trabajo se han referido, sobre todo, a la descentralización de las negociaciones salariales, a la congelación del salario mínimo, a la reducción de la jornada laboral, a la ampliación de las posibilidades de empleo a tiempo parcial y a la jubilación anticipada. La capacidad de oferta ha resultado asimismo favorecida por la reducción, en dos etapas, del impuesto sobre sociedades. Las subidas de los salarios reales han sido, en los últimos años, moderadas ; la política de descentralización de las negociaciones ha funcionado satisfactoriamente y el Gobierno no ha intervenido directamente en la elaboración de los convenios. En el sector público se ha implantado un bloqueo del nivel nominal de los sueldos y el Gobierno impone ahora límites muy estrictos a las negociaciones salariales en este sector, que deberán tener en cuenta las limitaciones de la política presupuestaria. Esta política salarial provocó, en 1984/85, un debilitamiento de la demanda de las economías domésticas; en 1986, sin embargo, la reducción de las cotizaciones a la seguridad social a cargo de los trabajadores elevará la capacidad adquisitiva real de las economías domésticas, quienes se benefician además del retroceso de la inflación. La reducción de los tipos de interés ha reforzado el efecto estimulante que ejerce sobre la inversión el aumento de la rentabilidad de las empresas.

La gestión del banco central, centrada en particular en el mantenimiento de la paridad del florín respecto al DM en el seno del SME, ha contribuido a mantener baja la tasa de inflación y ha permitido seguir el movimiento internacional a la baja de los tipos de interés. Se han podido aplicar medidas de liberalización en los mercados financiero y monetario para facilitar el acceso de las instituciones bancarias extranjeras al mercado neerlandés y la utilización, por las empresas neerlandesas, de nuevos instrumentos de financiación. La política presupuestaria ha tenido, que dar prioridad a la reducción del déficit público a medio plazo para dominar mejor la gestión del presupuesto y favorecer el saneamiento estructural de la economía, la cual ha dejado poco margen para el mantenimiento del crecimiento de la economía a corto plazo. A pesar de la sustancial reducción del déficit conseguida en 1985, los acontecimientos en los mercados de la energía han acentuado el problema presupuestario. Para limitar un aumento excesivo del déficit de 1987, ha habido que tomar decisiones para la contención del gasto y para el aumento de los - impuestos indirectos, por lo que el sostenimiento de la demanda por la vía del presupuesto del Estado va a ser casi imposible.

La reducción del déficit presupuestario, la estabilización -incluso reducción - de la presión fiscal y parafiscal, el mantenimiento de la capacidad adquisitiva y la reducción del desempleo son los objetivos de la política económica del nuevo Gobierno. A causa del elevado nivel de desempleo, convendría seguir examinando prioritariamente todas las vías que conduzcan a un aumento del número de puestos de trabajo y continuar aplicando las medidas ya adoptadas, aún cuando algunas de ellas, como la reducción del tiempo de trabajo, no hayan permitido el número de nuevas contrataciones compensatorias previsto. Tiene, pues, especial importancia conseguir que el acuerdo entre los interlocutores sociales y el programa gubernamental encaminado a impartir una formación profesional o una posibilidad de preparación en la propia empresa a los jóvenes desempleados se apliquen lo antes posible. La aparición de estrangulamientos en ciertos sectores del mercado de trabajo refuerza, por otra parte, la urgencia de mejorar la cualificación profesional.

Las negociaciones salariales descentralizadas parecen compatibles con el mantenimiento de la posición competitiva de las empresas. Del mismo modo, la abstención del Gobierno en las negociaciones salariales no debería influir en la evolución del gasto público, ya que ha sido suprimido el vínculo entre la revisión de las remuneraciones y las transferencias sociales en el sector público y la de los salarios en el sector privado, y no hay intención de restrablecerlo. Sin duda, el sector público no podrá eludir totalmente una cierta modulación salarial, por lo menos en cuanto a ciertas categorías, para poder contratar el personal cualificado que empieza a hacerle falta.

La importante disminución de los ingresos del gas natural, a partir de 1987, agravará sensiblemente las dificultades a las que se enfrenta la reducción del déficit presupuestario del Estado, que debería quedar fijado, según el programa del Gobierno, en un 5 1/4 % de la renta nacional neta en 1990, y que alcanzará el 6,7% en 1986. Es inevitable un empeoramiento del saldo neto a financiar del conjunto de las administraciones públicas (con exclusión de los reembolsos anticipados de los préstamos para viviendas sociales), que en 1987 superará el 8 % de la RNN, cifra de la cual un 7,9 % corresponderá al Estado. Este resultado exige ya la aplicación de un vasto programa de compensación del lucro cesante imputable a la evolución de los precios de los hidrocarburos, tanto por la vía de los ahorros en los gastos como de la obtención de nuevos ingresos. En 1987, la deuda pública excederá al 7% del PIB y es, pues, imperativo mantener el rigor presupuestario para contener el saldo neto del Estado a financiar dentro de los límites previstos por el presupuesto y para asegurar las condiciones necesarias para su ulterior reducción.

Esta orientación no excluye en absoluto una política de reestructuración de los gastos y, en la medida de lo posible, de los ingresos, dirigida a estimular el dinamismo del sector privado y que incluya aquellas medidas directas en favor del empleo que hayan producido ya resultados satisfactorios.

CUADRO 37

Países Bajos: Principales agregados económicos, 1961 a 1987

(TABLA OMITIDA)

PORTUGAL

La economía portuguesa, que, debido a su elevada dependencia de la energía importada, se ha beneficiado particularmente de la reducción de los precios del petróleo, ha continuado su expansión a un ritmo superior a la media comunitaria en 1986. La tasa de crecimiento del PIB en volumen, estimada en cerca del 4 %, ha sido parecida a la registrada en 1985. Al mismo tiempo, la fuente principal de dinamismo se ha desplazado de las exportaciones a la demanda interior. Tras algunos años de retroceso, los salarios reales han iniciado un movimiento de recuperación más acentuado de lo previsto, debido en particular a que la tasa de inflación, si bien todavía muy superior a la media comunitaria, ha sido sensiblemente inferior a las previsiones iniciales. En consecuencia, se ha impulsado enérgicamente el consumo privado. Las inversiones fijas, que hasta 1985 habían disminuido mucho, se han recuperado gracias a la mejora de la posición financiera de las empresas y al constante apoyo ofrecido por las medidas de estímulo a favor de las inversiones productivas y de la vivienda, así como por el programa de inversiones públicas. La progresión de las exportaciones se ha desacelerado, debido, sobre todo, a una contracción de las ventas a terceros países. No obstante, gracias a la fuerte mejora de la relación real de intercambio, el superávit de la balanza de pagos ha alcanzado un nivel récord (5,4 % del PIB). El descenso del empleo se ha detenido, y la tasa de desempleo ha disminuido por primera vez en muchos años.

En 1987, el consumo privado será un poco menos dinámico, pero la progresión de la formación bruta de capital fijo podría acelerarse bajo el impulso del descenso de los tipos de interés y del fuerte desarrollo de la inversión pública. El crecimiento del PIB en volumen sería un poco inferior al de 1986, del orden del 3,5%. La evolución de los mercados exteriores de Portugal debería permitir una moderada recuperación de las exportaciones ; a pesar de un cierto empeoramiento, el saldo de la balanza de pagos por cuenta corriente debería seguir siendo claramente positivo. La desinflación debería continuar su progresión, aun cuando el aumento de los precios al consumo (+ 9 %) seguirá siendo netamente superior a la media comunitaria. El empleo se beneficiará de la coyuntura favorable. No obstante, la tasa de desempleo sólo podrá descender lentamente (del 8,6 % de la población activa en 1986 al 8,5 % en 1987) debido principalmente a un nuevo aumento de la población en edad activa.

En cuanto a la evolución de los salarios en 1986, el Gobierno ha aprobado un aumento del 16,5 % para los funcionarios, y ha recomendado subidas del 17 % en el sector privado. Las negociaciones colectivas han concluido inicialmente con aumentos que con frecuencia han sido aún mayores, sobre todo en las empresas públicas. No obstante, al confirmarse las perspectivas de una menor tasa de inflación (12 % anual, en lugar del 14 %), las autoridades han revisado a la baja sus orientaciones en materia salarial y se ha desacelerado el aumento de los salarios nominales per cápita. Globalmente, los costes salariales en términos nominales han progresado mucho más que la media comunitaria. Sin embargo, ha disminuido la parte de los salarios en la renta nacional, aunque hayan aumentado, en términos de poder adquisitivo (deflactados por los precios de consumo), los salarios reales.

La formación bruta de capital fijo ha mostrado un comportamiento favorable. Después de una caída acumulada del 25,5 % en términos reales durante los tres años anteriores, las inversiones han aumentado en 1986 un 8 % en volumen y para 1987 se espera una tasa similar, incluso más elevada.

El nivel y la rápida expansión de la deuda pública (47,4 % del PIB en 1980, y 81,2% en 1985) han inducido a las autoridades a intentar, para 1986, una fuerte reducción de las necesidades de financiación de las administraciones públicas. Hasta hora, la política presupuestaria se había aplicado con una óptica de corto plazo que había provocado distorsiones en la asignación de recursos, debido en particular al apoyo a empresas públicas no rentables y al efecto de expulsión en perjuicio de las empresas privadas. En adelante, las autoridades tienen la intención de perseguir como objetivo un saneamiento a medio plazo basado, en particular, en una mayor transparencia de las cuentas de la administración central, en un esfuerzo por controlar el gasto público, en la aplicación de un sistema de incentivos fiscales a la inversión y en la cobertura de las necesidades de financiación mediante el recurso creciente al mercado.

A pesar de ciertos progresos observados en la modernización de los circuitos de financiación, éstos siguen siendo inadecuados para sostener un desarrollo suficiente del ahorro a largo plazo y del capital de riesgo. Esto contribuye al mantenimiento de tipos de interés muy elevados, debidos, principalmente, a la gran demanda de medios de financiación por parte de las administraciones y empresas públicas, a la inestabilidad de la cotización del escudo y a las expectativas de una fuerte inflación.

El reto principal de la economía portuguesa consiste en salir del círculo vicioso de la alternancia de fases de contracción y de expansión, que ha afectado grandemente a su desarrollo durante la década anterior, para abordar los problemas de fondo, y, en particular, la modernización del aparato productivo, más urgente ahora tras la adhesión del país a la Comunidad. Por falta de inversiones suficientes, la estructura de las exportaciones apenas se ha diversificado, mientras que cualquier recuperación de la demanda interior choca enseguida con el condicionamiento exterior. El Gobierno que tomó posesión en otoño de 1985 se ha fijado precisamente como objetivo prioritario la reactivación de la inversión y la mejora de las condiciones del crecimiento económico, mediante el saneamiento de la hacienda pública, la eliminación del diferencial de inflación respecto al resto de la Comunidad y, en el plano microeconómico, la mayor adaptación de los mercados.

En 1987, la eliminación de los desequilibrios subyacentes de la economía deberá registrar notables progresos. Para ello, habrá que reducir sensiblemente las necesidades de financiación del sector público, que actúa como una variable estratégica determinante. Debería mantenerse el esfuerzo de moderación de los gastos corrientes y de limitación de las subvenciones a las empresas públicas. Debe continuar asimismo la acción contra la evasión y el fraude fiscales. Con ello podría rebajarse el saldo neto a financiar del Estado central a menos de 8-8,5 % del PIB. Esta política permitiría, en particular garantizar la necesaria desaceleración del crédito interior, y favorecería las tendencias a la estabilización de la cotización del escudo. Estas condiciones son indispensables para asegurar la consecución de un ambicioso objetivo en materia de aumento de precios (inferior al 10%), una evolución de los salarios reales compatible, conforme al acuerdo tripartito concluido el pasado junio, con una mejora de la competitividad de la economía portuguesa, y una inserción en buenas condiciones en el gran mercado común.

CUADRO 38

Portugal: Principales agregados económicos, 1961 a 1987

(TABLA OMITIDA)

REINO UNIDO

En el Reino Unido, la actividad económica, tras una desaceleración a finales de 1985 y en la primera mitad de 1986, ha comenzado a progresar moderadamente. El PIB crecerá probablemente un 2,25% en términos reales en 1986, y algo más en 1987 (2,75 %). En estos dos años, el motor principal del crecimiento será el consumo privado, cuyo vigor se debe a la continua progresión de las remuneraciones, a la nueva desaceleración de la inflación en 1986 y a las nuevas reducciones del impuesto sobre la renta personal. Los demás elementos de la demanda son poco dinámicos, aunque se espera una ligera aceleración de las exportaciones y de la inversión en 1987.

El crecimiento previsto del PIB es suficiente para asegurar un nuevo aumento del empleo ; no obstante, puesto que se refiere tan sólo a los recién llegados al mercado de trabajo que se dedican a una actividad independiente o asumen una ocupación a tiempo parcial, todavía no es lo suficientemente intenso como para reducir el desempleo. Entre marzo de 1983 y marzo de 1986, el empleo total ha aumentado en un millón de unidades aproximadamente, aun cuando el número de desempleados ha crecido en más de 150 000. La tasa de actividad registra, pues, una subida de 3 puntos; en los próximos años esta tendencia no se mantendrá al mismo ritmo. El aumento del empleo ha beneficiado a medio millón de trabajadores independientes y a más de 550 000 mujeres con empleo a tiempo parcial, mientras que el número de asalariados a tiempo completo ha disminuido.

La fuerte reducción del precio del petróleo ha tenido en el Reino Unido, que es un importante productor de hidrocarburos, efectos diferentes a los producidos en la mayoría de los demás países de la Comunidad. Si bien, como ha sucedido en otras partes, han bajado los precios de la energía para uso industrial y doméstico, la economía en su conjunto ha sufrido un deterioro de la relación real de intercambio, al que se han sumado los ajustes a la baja del tipo de cambio de la libra esterlina a comienzos de 1986 y en el verano de este mismo año, en especial frente a las demás monedas europeas. La situación financiera de las empresas no petrolíferas ha mejorado sensiblemente, pero, en términos globales, los beneficios de las empresas han descendido a causa de su degradación en el sector petrolífero.

La reducción del precio de las exportaciones petrolíferas ha supuesto la desaparición del superávit de la balanza por cuenta corriente, y se espera que ésta presente un déficit de 0,6 puntos del PIB para 1987. Asimismo, los ingresos presupuestarios procedentes del petróleo han disminuido casi a la mitad, hasta 5 mil millones de libras para el ejercicio 1986/87, aun cuando la evolución, más favorable de lo previsto, de los demás ingresos fiscales ha limitado la incidencia de esa disminución sobre los ingresos totales. Los ritmos de expansión de la masa monetaria difieren mucho según la definición que se adopte ; considerando la masa monetaria en su sentido más amplio, ésta ha superado considerablemente su objetivo. No obstante, aunque los tipos de interés han seguido la tendencia internacional a la baja, siguen siendo elevados en términos reales, en parte quizá debido a la prima de riesgo inherente a las incertidumbres relativas a la futura evolución de la inflación y de los tipos de interés.

La moderación de las subidas salariales, tanto nominales como reales, es una de las claves para mejorar las perspectivas de empleo. Ahora bien, tras una fuerte desaceleración a principios del decenio actual, las remuneraciones nominales han mantenido desde mediados de 1982 un ritmo de progresión anual medio del orden del 7,5 %, en tanto que el deflactor del consumo privado aumentaba en un 5 %, o incluso algo menos. Debido al descenso de los precios de la energía y de las materias primas, este deflactor ha crecido, en 1986, alrededor de un 4%, y los precios al por menor un 3 %, sin que esta desaceleración haya tenido hasta la fecha ninguna incidencia sobre los convenios salariales. Teniendo en cuenta los mejores resultados de los demás países industrializados en materia de desinflación, la competitividad de la economía se ha visto de nuevo erosionada. Aunque esta pérdida se haya visto compensada holgadamente por el ajuste del tipo de cambio en 1986, su persistente debilidad constituye una amenaza para el empleo.

A pesar de la continua subida de los salarios reales, la rentabilidad de las empresas ha mejorado claramente, debido, en los tres primeros años del período de recuperación, a un aumento de la productividad superior al de los salarios reales y, más tarde, a la disminución de los costes salariales. Según un estudio del Banco de Inglaterra, la tasa de rentabilidad, antes de impuestos, de las empresas industriales y comerciales había pasado del 6 % en 1981 al 12 1/2 % en 1985. Habrá bajado en 1986, debido a la disminución de los beneficios de las compañías petrolíferas pero, en conjunto, habrán aumentado los beneficios obtenidos por las empresas de los demás sectores: su tasa de rentabilidad, que había descendido al 3 % en 1982, estaba ya en un 8 % en 1985.

A pesar de esta mejora, el crecimiento de la inversión privada ha registrado una desaceleración en los dos últimos años, a causa sin duda de su progresión, relativamente intensa, en los años 1982/84, y del reciente aumento de los tipos de interés reales. Las modificaciones introducidas en el impuesto de sociedades con objeto de reducir las distorsiones entre los distintos tipos de inversión, entre las fuentes de financiación y asimismo entre el capital, en conjunto, y el trabajo, han afectado también a la evolución de la inversión. Este cambio ha consistido en la reducción del tipo tributario del 50 al 35 %, en tres etapas, y en una supresión gradual de las posibilidades iniciales de amortización acelerada. Durante los últimos años, el elevado nivel de inversión en los servicios ha ido acompañado de un notable aumento del empleo, si bien gran parte de los nuevos empleos son a tiempo parcial, mientras que, en la industria manufacturera, la recuperación de la inversión ha ido más moderada y no ha bastado para invertir la tendencia a la reducción de plantillas.

Es en el campo de la moderación del crecimiento de los salarios donde se impone hacer los progresos más rápidos. Unos convenios que supusiesen una moderación de los aumentos desacelerarían la inflación, mejorarían la competitividad de la economía, reforzarían más la rentabilidad de las empresas, y permitirían reducir los tipos de interés, tanto nominales como reales. Las inversiones de ampliación serían más atractivas, y el crecimiento generaría más puestos de trabajo. Ahora bien, a pesar del elevado nivel de desempleo, el mercado de trabajo funciona actualmente de tal modo que apenas se detecta una desaceleración de las subidas salariales. El Gobierno se ha esforzado por aumentar su flexibilidad y, en particular, el proceso de determinación de las remuneradores, reduciendo la posibilidad de los comités paritarios de fijar remuneraciones mínimas para los jóvenes, y presentando propuestas dirigidas a implantar un sistema de participación en los beneficios que supone vincular a tales beneficios una parte de la remuneración bruta. Teniendo en cuenta el objetivo anunciado por los poderes públicos de prevenir cualquier deficiencia de la demanda en la economía británica, los contactos entre el Gobierno y los representantes de los empresarios y de los trabajadores pueden favorecer una mayor toma de conciencia, entre las partes interesadas, de la importancia de la moderación salarial para la creación de empleo.

Durante los últimos años, las principales preocupaciones de la política presupuestaria se han centrado en la reducción del déficit en proporción del PIB, en la contracción del gasto y en la reducción de los tipos y la revisión del régimen fiscal para estimular el espíritu de empresa y el empleo. Para el ejercicio que ha terminado en marzo de 1986, el saldo neto a financiar del sector público se ha situado en un 1,7 % del PIB, es decir, un poco por debajo de lo previsto, y los gastos de las administraciones han bajado al 44,5 %, esto es, dos puntos porcentuales por debajo de la tasa de 1984/85. En el presupuesto de marzo de 1986, la política presupuestaria se mantiene, en lo esencial, inalterada, salvo por un ligero aumento del saldo neto del sector público a financiar, que se eleva al 1,9 % del PIB. A pesar de la fuerte disminución de los ingresos petrolíferos el Gobierno ha podido introducir en dicho presupuesto una nueva reducción del impuesto personal, igual a un punto porcentual del tipo base del impuesto, lo que ha contribuido a reducir la diferencia entre el coste de las remuneraciones para el empresario y la renta neta percibida por el asalariado. Como en tiempos anteriores, se han producido durante el año ciertos excesos en los gastos, pero su incidencia sobre el saldo neto a financiar ha sido compensada holgadamente por la aceleración del programa de privatización.

Antes de la declaración de otoño, las perspectivas presupuestarias para 1987 hacían pensar que el Gobierno dispondría de nuevo, en el marco de su estrategia financiera a medio plazo, de un determinado margen de maniobra para reducir la presión fiscal o incrementar los gastos del ejercicio 1987/88. Esta situación se encuentra ahora superada por el hecho de que el Gobierno ha anunciado en su declaración de otoño un aumento de los gastos públicos de unos 4,75 miles de millones de libras en 1987/88. Esto significa que los gastos públicos se situarán en 1987/88 en un nivel aproximado del 2 % más elevado en términos reales que el resultado estimado de 1986/87. Si la producción creciese a un ritmo inferior al del potencial de producción (alrededor del 2,25 %), podría resultar útil permitir un cierto aumento del saldo neto del sector público a financiar, por encima de los 7 000 millones de libras (1,7 % del PIB) considerados en la estrategia financiera a medio plaza, a condición de que no tienda a reactivarse la inflación. No obstante, no existen vínculos automáticos entre el nivel apropiado del saldo neto del sector público a financiar y la situación de la coyuntura. Toda flexibilización relacionada con la estrategia financiera a medio plazo debería ir necesariamente acompañada de una limitación del crecimiento de los salarios reales y de la consecución de una política monetaria estricta, con objeto de evitar que empeore el círculo vicioso de aumentos de salarios y precios provocados por el riesgo de una depreciación adicional del tipo de cambio. Esta flexibilización debería ser examinada igualmente en el marco de una acción convenida al nivel comunitario.

El Gobierno se ha comprometido a utilizar, al menos en parte, el margen de maniobra presupuestario para proceder a una nueva reducción del impuesto personal sobre la renta con fines de estímulo y de aumento de la renta disponible. No obstante, si se tiene en cuenta que la renta real de las economías domésticas seguirá creciendo sin duda a un fuerte ritmo en 1987, se podría conseguir un crecimiento más equilibrado sí se utilizase una parte de ese margen para apoyar a otros componentes de la demanda, que no sean en consumo privado. Convendría examinar la posibilidad de inversiones de infraestructura pública adicionales que ofreciesen un nivel aceptable de rentabilidad, porque a corto plazo podrían tener una incidencia sobre el empleo mayor que las reducciones de impuestos, y tenderían, al igual que éstas, a reforzar el potencial de producción.

El Gobierno ha continuado su programa de medidas concretas encaminadas a mejorar las condiciones de la oferta y a estimular el espíritu de empresa. Ha seguido aplicándose el programa de privatización de las empresas del sector público y diversas circunstancias favorecen la constitución de un mercado de servicios financiero más competitivo. Durante el verano, se han presentado nuevas propuestas, en el marco de la continuación del programa de desregulación, para aliviar el peso que recae sobre las empresas. Tales propuestas contienen disposiciones encaminadas a simplificar los procedimientos fiscales y contables de las pequeñas empresas y a facilitar la obtención de los permisos necesarios para cambiar el uso de los edificios, así como a modificar el derecho de trabajo en determinadas circunstancias. El programa de desregulación complementa, por otra parte, otras medidas de creación y expansión de empresas y supone particulares ventajas para los trabajadores independientes y para las pequeñas empresas, que tienen un peso importante en la creación de empleo.

CUADRO 39

Reino Unido: Principales agregados económicos, 1961 a 1987

(TABLA OMITIDA)

(1) DO nº L 63 de 5. 3. 1974, p. 16.

(2) DO nº L 330 de 24. 12. 1975, p. 52.

(3) DO nº L 35 de 9. 2. 1979, p. 8.

(4) DO nº C 322 de 15. 12. 1986.

(5) DO nº C 333 de 29. 12. 1986.

(6) 1990: EUR 10 aprox. 7%, EUR 12 aprox. 8%.

(7) DO nº L 63 de 5. 3. 1974, p. 19.

(8) Este impacto sólo se producirá bajo el supuesto de ceteris paribus, en particular la situación económica, y se superpondrá por tanto a los efectos de las otras perturbaciones (ley Gramm-Rudman-Hollings, debilidad del dólar,...).

(9) Las disparidades se han medido por el coeficiente de variación ponderado.

Dicho coeficiente (desviación típica ponderada/media x 100) indica el grado de dispersión relativa con respecto a la media.

Una disminución del coeficiente indica una disminución de la dispersión.

(10) PIB por habitante a precios y patrones constantes de poder adquisitivo de 1980.

(11) Las diferencias se han medido por las desviaciones típicas ponderadas por la población. Las regiones se eligieron en el nivel II de desagrepción. Se trata, por ejemplo, de las "Provinces" en Bélgica, las "Regicrungsbezirke" en Alemania, las "Régions" en Francia, las "Reggioni" en Italia, las "Provincies" en los Países Bajos y los "groups of counties" en el Reino Unido. En ninguno de los agregados se incluye Grecia. Las cifras de los primeros años corresponden a EUR 9.

(12) Al calcular el promedio para la Comunidad de los Doce las cifras que se han utilizado para Grecia, España y Portugal no son completamente comparables con las de los demás países ; véase a este respecto el cuadro 8.

(13) Para la evolución relativa del empleo, de la productividad y de precios de los distintos sectores en la Comunidad, véase capítulo B.3 de la Memoria Económica Anual 1986/87. En el cuadro 14 de dicho informe puede observarse además que el mecanismo ha desempeñado un papel especialmente importante en Japón ; en efecto, en dicho país se registraban entre la industria y los demás sectores unas diferencias en los incrementos productividad y unas modificaciones de los precios relativos particularmente elevadas. El dinamismo de la industria japonesa también ha beneficiado a los demás sectores de la economía, o (en conjunto) fueron los únicos en los que aumentó el nivel empleo.

(14) En el recuadro se abordan estas medidas con más detalle.

(15) Excluidos Grecia, Irlanda, España y Portugal.

(16) Las líneas paralelas a la abcisa representan el crecimiento anual medio del período.

(17) Excedente neto de explotación entre stock de capital bruto al coste de reposición.

(18) Stock de capital bruto a precios constantes (variaciones en % anual).

(19) República Federal de Alemania, Francia, Italia, Reino Unido.

(20) Crecimiento del stock de capital bruto.

(21) Índice de utilización calculado mediante encuesta.

(22) Definición de las cuentas nacionales, con exclusión de los préstamos, los anticipos y la participación.

(23) Administraciones públicas, excepto Bélgica, Grecia, Irlanda y los Países Bajos.

(24) "Problèmes de l'emploi: opinions des chefs d'entreprise et des travailleurs", Economie Européenne, nº 27, marzo de 1986.

(25) Resolución del Consejo, de 19 de diciembre de 1984, relativa ala lucha contra el desempleo de larga duración.

(26) COM 83 (211) final, 25 de abril de 1983.

(27) Previsiones de octubre de 1986.

(28) Programa de acción para las PYMES, COM(86)445, de 16 de julio de 1985.

(29) Véase el artículo 3 de la Directiva 74/121/CEE del Consejo, de 18 de febrero de 1974, sobre la estabilidad, el crecimiento y el pleno empleo en la Comunidad, DO nº L 63 de 5. 3. 1974, p. 19.

(30) Las previsiones del texto tratan de tener en cuenta los efectos de las medidas adoptadas en octubre, a pesar de que no ha sido posible proceder a la correspondiente revisión de las cifras del cuadro 29.

(31) En noviembre de 1986, el Gobierno decretó un bloqueo de los precios válido hasta finales de enero de 1987 a fin de evitar un alza excesiva de precios como consecuencia de la introducción del IVA.

(32) Expuesta en el documento oficial "Building on Reality".

(33) La Confederación Italiana de la Industria y los sindicatos discrepan sobre la interpretación de una disposición de los acuerdos paritarios de 1983, que modificaron por primera vez el sistema de indiciación pero que no establecieron claramente si las fracciones decimales quedaban anuladas o tan sólo se aplazaban para tenerlas en uenta más adelante.