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Resolución III. Otras disposiciones

Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía del Estado y Fundación CSAI

BOE-A-2026-9858 — 6 de mayo de 2026

Resolución de 4 de mayo de 2026, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado y la Fundación Estatal, Salud, Infancia y Bienestar Social, F.S.P.

📅 6 de mayo de 2026 🏛️ MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES 📄 5 páginas

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Resumen

1. RESUMEN EJECUTIVO

La Abogacía General del Estado y la Fundación Estatal, Salud, Infancia y Bienestar Social (CSAI) han suscrito un nuevo convenio de asistencia jurídica que sustituye al anterior de mayo de 2024. Este acuerdo permite que los abogados del Estado presten servicios de asesoramiento, representación y defensa judicial a la fundación, estableciendo un coste anual de 15.000 euros más IVA y designando coordinadores específicos para mejorar la efectividad del servicio.

2. OBJETO Y ÁMBITO

  • Qué regula: Establece las condiciones para que la Abogacía General del Estado preste asistencia jurídica integral (asesoramiento, representación y defensa judicial) a la Fundación CSAI
  • A quién afecta:
    • Fundación Estatal, Salud, Infancia y Bienestar Social, F.S.P.
    • Abogacía General del Estado
    • Indirectamente, a los beneficiarios de los programas de la fundación
  • Ámbito territorial: Nacional, con efectos en todas las jurisdicciones donde actúe la fundación

3. CONTENIDO PRINCIPAL

Servicios incluidos

  • Asesoramiento jurídico en todas las materias
  • Representación y defensa ante cualquier jurisdicción y orden jurisdiccional
  • Designación de abogados coordinadores para mejorar la gestión de casos

Limitaciones del servicio

  • Contraposición de intereses: No se prestará asistencia cuando existan conflictos entre los intereses de la fundación y el Estado
  • Facultad de elección: La fundación puede optar por representación privada en cualquier momento
  • Exclusión automática: Si la fundación comparece con otra representación, se entiende renunciada la asistencia estatal

Estructura económica

  • Coste anual: 15.000 euros más IVA
  • Pago fraccionado: Por terceras partes (enero-abril, mayo-agosto, septiembre-diciembre)
  • Gestión de costas: Las costas judiciales corresponden a quien resulte condenado

Gobernanza

  • Comisión de seguimiento: Formada por dos miembros de cada parte
  • Reuniones: Al menos una vez al año
  • Control: Vigilancia del cumplimiento y resolución de controversias

4. ENTRADA EN VIGOR Y PLAZOS

  • Duración: 2 años desde su eficacia jurídica
  • Prórroga posible: Hasta 2 años adicionales mediante acuerdo expreso
  • Eficacia: Una vez inscrito en el Registro electrónico Estatal (plazo de 5 días hábiles)
  • Publicación: En el BOE en un plazo de 10 días hábiles
  • Extinción del convenio anterior: Automática al adquirir eficacia el nuevo convenio
  • Plazos de pago: Según artículo 62.2 de la Ley General Tributaria (desde recepción de factura)

5. IMPACTO PRÁCTICO

Para la Fundación CSAI

  • Acceso garantizado a servicios jurídicos especializados del Estado
  • Ahorro potencial en costes de asesoría jurídica externa
  • Obligación de pago de 15.000 euros anuales más IVA en tres plazos
  • Deber de colaboración con los abogados del Estado para la defensa de sus intereses
  • Flexibilidad para elegir representación privada cuando lo considere conveniente

Para la Abogacía General del Estado

  • Ampliación de su ámbito de actuación a una fundación estatal
  • Ingresos adicionales por prestación de servicios
  • Responsabilidad de designar coordinadores especializados
  • Obligación de abstención en casos de conflicto de intereses

Consideraciones operativas

  • La fundación debe mantener actualizada la relación de pleitos en curso
  • Los pagos deben realizarse mediante modelo 069 en entidades colaboradoras
  • Las controversias se resuelven prioritariamente en la comisión de seguimiento
  • En caso de litigio, será competente la jurisdicción contencioso-administrativa
Generado el 06/05/2026 05:48 por Lawly. Este análisis es orientativo y no sustituye la lectura del texto oficial del BOE.